Bitácora de un preso político: Testimonio de Roberto Campos, el «profe del torniquete»

En junio del presente año se abrió la posibilidad de levantar una candidatura a la Diputación por el Distrito 10, sin embargo, al momento de su inscripción fue rechazada, debido a que existe una acusación penal en mi contra. Todo esto comenzó el 17 de octubre del año 2019, día que en contexto de protesta golpeé un torniquete que ya se encontraba roto en el Metro San Joaquín; a los pocos días la Policía de Investigaciones me arrestó y trasladaron al 12° Juzgado de Garantía de Santiago.

Nunca había estado en un tribunal, mucho menos como imputado en una audiencia de formalización que se desarrollaba en mi contra. Alejandra Pablaza, la jueza que conoce de mi causa, a pesar de no contar con antecedentes penales consideró que la conducta colaborativa que sostuve durante la detención era perjudicial, en sus propias palabras señaló:

“Efectivamente el imputado es un peligro para seguridad de la sociedad (…) es una persona que presta labores de docencia, tiene un contacto directo con la población y lo que hace en definitiva es ponerse al margen de la norma, y tan al margen de la norma que no le importa entregar las zapatillas, los pantalones ni nada como podría ser cualquier delincuente. Otro había huido. ¡Él no, él se siente validado en su acción y esa es una conducta aún más peligrosa! (…) el Tribunal va a acceder a la solicitud del Ministerio Público y los querellantes y va a ordenar el ingreso a prisión preventiva.”

Noventa días de prisión preventiva decretó la jueza Apablaza en la Cárcel de Alta Seguridad, esto a modo de un castigo ejemplificador por parte del Poder Judicial. Esta grotesca escena fue exhibida en tiempo real a través de todos los medios de prensa oficial, quienes se dedicaron a satanizar mi imagen, expusieron mi nombre y me construyeron una reputación delictiva.

De esta forma, mi encarcelamiento fue una de las primeras señales que el Estado estaba orquestando para criminalizar la protesta social, y la señal que querían dar con toda esta situación era muy clara: amedrentar a todo aquel que osara sublevarse. Sin embargo, mis persecutores no contaban con que tantas personas experimentarían indignación ante los desproporcionados castigos que me estaban aplicando: se levantó un movimiento social completo en mi defensa y exigían la libertad del profe Roberto.

La primera etapa del juicio fue extraordinariamente veloz, en menos de dos meses mi caso había pasado por 8 audiencias y se levantaron cargos en mi contra en tiempo récord, en los cuales exigían una pena de hasta 10 años de presidio por el delito de daños agravados. Con el transcurrir de las audiencias fueron desestimando cargos, hasta que finalmente pusieron fin a la prisión preventiva y me concedieron la libertad el día 23 de diciembre de 2019, todo esto gracias a la presión social. Sin embargo, reemplazaron la prisión preventiva por otras 4 medidas cautelares: arresto domiciliario nocturno, firma semanal, arraigo nacional y la prohibición de usar el Metro.

Durante todo el año 2020 la Fiscalía no hizo más que pedir una ampliación del plazo de investigación sin ningún motivo plausible, lo cual se extendió hasta que agotaron el tiempo máximo de investigación que establece nuestro ordenamiento. Tras 15 meses de incertidumbre, el Estado decidió presentar la acusación en la cual solicitaban 8 años de presidio, pena que correspondía a dos delitos distintos: por un lado, solicitaban 5 años de presidio menor en su grado máximo por la aplicación del artículo 6 letra c) de la Ley N° 12.927 de Seguridad del Estado, y por otra parte, solicitaban 3 años de presidio menor en su grado medio y una multa de 11 UTM por el delito de daños agravados, el cual consta en el artículo 485 N°6 del Código Penal.

Con mi abogado, Mario Araya, decidimos escalar y acudir al Tribunal Constitucional presentando un recurso de inaplicabilidad por inconstitucionalidad, esto específicamente por la aplicación de la Ley de Seguridad del Estado en mi contra. Este recurso fue declarado admisible, derrota feroz para la Fiscalía frente a la cual los medios de prensa hegemónicos han guardado un silencio cómplice; desde entonces han transcurrido 5 meses y actualmente mi juicio se encuentra suspendido, además de no existir indicios que vaya a avanzar en el corto plazo.

El hecho de que el Poder Judicial, a través de sus tribunales y jueces, no respete el principio del debido proceso ni los mínimos que lo componen, aplazando injustificadamente los tiempos de investigación y las demás diligencias, es tremendamente irregular. Esto es un claro gesto de hostigamiento político, es insostenible concebir que al día de hoy, tras 22 meses de inactividad, el juicio en mi contra siga estancado en burocracias, que no se haya realizado la audiencia de preparación del juicio oral y sigan vigentes las cuatro medidas cautelares decretadas en mi contra. ¡Es vergonzosamente inaceptable!

Actualmente las intenciones de ser candidato a Diputado por el Distrito 10 se ven frustradas debido a la acusación penal en mi contra: al arriesgar pena aflictiva en un principio, el Tribunal comunicó a SERVEL la suspensión de mis derechos cívicos y políticos, lo cual tiene como consecuencia mi exclusión del padrón electoral y, por el contrario, me incluyen en la Nómina de Inhabilitados para ejercer mis derechos políticos. Frente a lo anterior, tuve que levantar una reclamación al Segundo Tribunal Electoral el cual se pronunció a mi favor, lo cual significa que SERVEL debe incluirme en el padrón electoral y así ejercer mi derecho a sufragio; sin embargo, esto aún no está zanjado, debido a que necesito presentar otra reclamación por el rechazo de mi candidatura ante el TRICEL, esperando que el fallo sea favorable y ordene al SERVEL a inscribirme como candidato.

En mi caso se conjugan muchas operaciones: el Poder Legislativo que juzga parcialmente a un ciudadano de a pie, transforma una simple falta en un delito de alta peligrosidad, luego el Estado levanta toda su maquinaria infame, invocando leyes y movilizando persecuciones, luego se suman los medios de comunicación empresariales —y un ejército de bots— para generar opinión pública que le convenga a su relato criminalizador cuyo objetivo es perpetuar el statu quo. La prisión política no solo enfangó mi nombre, sino lo mancilló de estigma social e intentaron quebrarme emocionalmente, pese a todo me volví más fuerte, resistente y resiliente. Si bien me aniquilaron profesionalmente mi candidatura tiene la firmeza de quien se levantó y enfrentó las injusticias para que en el Nuevo Chile nadie más pase por esta situación nunca más.

Si bien me aniquilaron profesionalmente, mi candidatura tiene la firmeza de quien se levantó y enfrentó las injusticias para que en el Nuevo Chile que construimos los Pueblos, nadie más sufra la prisión ni la persecución política.

Roberto Campos Weiss

Candidato a Diputado por el Distrito 10

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Autor entrada: Convergencia Medios

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