PRIMERA SEMANA DE FUNCIONAMIENTO DE LA CONVENCIÓN CONSTITUCIONAL

Por Javier Pineda Olcay

La primera semana de la Convención Constitucional estuvo marcada por el pronunciamiento político reconociendo la existencia de presos políticos de la Revuelta Social y Mapuche, la exigencia de celeridad al Congreso para que tramite el proyecto de ley de Indulto General y la necesidad de desmilitarizar el Wallmapu. No obstante, también comenzó con un boicot – o negligencia grave por parte del Gobierno – a su primera sesión que terminó costando el cargo de Francisco Encina, como también la generación de los primeros acuerdos para avanzar en aspectos administrativos propios del funcionamiento de la Convención.

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De la esperanza popular luego de la potente movilización popular y la instalación de la Convención Constitucional, cuya Presidenta será una mujer mapuche, pasamos a golpearnos con la realidad.  

La primera sesión ordinaria de la Convención, programada para el lunes 5 de julio a las 15:00 horas, debió ser suspendida por la ineptitud del gobierno, que no aseguró las condiciones técnicas (transmisión online e internet) ni sanitarias para que sesionaran las y los 155 constituyentes en la sede del Congreso en Santiago. La única responsabilidad del Gobierno en este proceso, establecida incluso en la Constitución, era asegurar las condiciones de funcionamiento de la Convención. Sin embargo, tanto Francisco Encina, Secretario Ejecutivo de la Unidad Administrativa de la CC como Juan José Ossa, Ministro de la SEGPRES, fallaron en lo único que tenían que hacer. Este nivel de negligencia es asimilable a un boicot del proceso por parte del Gobierno de Sebastián Piñera.

Frente a este bochorno, la sociedad civil y los funcionarios/as del Estado se pusieron al servicio de la Convención. Las Universidades Públicas pusieron a disposición su infraestructura desde Arica a Puerto Williams para que sesionara la Convención; el Colegio Médico se ofreció para acompañar la construcción de los protocolos sanitarios y las funcionarias y funcionarios públicos del Congreso se ofrecieron para acondicionar técnicamente la infraestructura de la sede en Santiago para que se garantizaran las condiciones sanitarias y técnicas con el objetivo que la Convención pudiera sesionar. Todo este trabajo fue realizado durante el día martes 6 de julio. Por la tarde emanaría una convocatoria a sesionar, suscrita por la Presidenta Loncon, en la cual se establecía que el miércoles se discutirían temas administrativos de vital urgencia para garantizar el funcionamiento de la Convención, mientras que el jueves se discutiría el primer tema de fondo: una posible declaración en apoyo a la liberación de las presas y presos políticos de la Revuelta Popular y del Wallmapu.

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La jornada del miércoles se desarrolló en la sede del Congreso en Santiago. Elisa Loncon abrió la sesión saludando a todas en mapudungün y, posteriormente, en español. El vicepresidente Jaime Bassa informó sobre las deficiencias técnicas, responsabilidad del Gobierno, que impidieron la sesión. También informó sobre todas las gestiones ante las Universidades Públicas, Colegio Médico y relación con funcionarias y funcionarios públicos que les colaboraron con el objetivo de sacar adelante la Convención Constitucional y no permitir que se fuera a pique.

La decisión más importante informada en dicha oportunidad fue que pusieron fin a todas las licitaciones abiertas por la Unidad Administrativa de la Convención Constitucional, dirigida por el inútil de Francisco Encina, quien fue reemplazada por Catalina Parot, ex candidata a gobernadora de la Región Metropolitana. Este cargo le permitirá pagar el crédito de la campaña, pues quedó con un déficit superior a los $300 millones, debido a la baja cantidad de votos que la relegó a un cuarto lugar en la elección de mayo de 2021.

Para cerrar la jornada de la mañana, antes del enrolamiento administrativo de constituyentes y asesores, Elisa Loncon dio unas sentidas palabras como “homenaje del poder constituyente a una luchadora social” como lo fue Luisa Toledo, quien falleció por la mañana de ese miércoles. Asimismo, saludó a Fabiola Campillay, quien en esos momentos se encontraba en el edificio del frente, el Palacio de Justicia, conversando con el Presidente de la Corte Suprema, exigiendo justicia por su caso.

La jornada de la tarde fue abierta dando explicaciones públicas sobre porqué se decidió partir con cuestiones administrativas antes de iniciar el debate sobre la prisión política en Chile, como había sido anunciado en la sesión de instalación. Estas explicaciones fueron consideradas razonables, pero se exigió que el debate se realizara el jueves sin posibilidad de excusa alguna, lo cual así ocurrió.

Las materias político-administrativas tratadas ese día fueron la ampliación de la mesa directiva y la creación de las comisiones de Ética, Administración Interna y Reglamento. Ante la falta de reglamento, la Mesa Directiva actuó con plenas potestades para regular el debate y generar las propuestas de votación, lo cual produjo el enojo de la derecha. Marcela Cubillos calificaría la gestión de la Mesa como una “tiranía de la mayoría” (mientras era feliz y hacía campaña por la “tiranía de una minoría” dirigida por el dictador Augusto Pinochet).

No obstante dichas tensiones, la votación se realizó. A pesar de una confusión conceptual entre “complementación de la Mesa Directiva” versus una “ampliación de la Mesa Directiva”, esta última opción se impuso en la votación, ampliándose a un total de 7 cargos, cuyas atribuciones y mecanismos de elección quedaron pendientes.

Además, se realizó una votación para ampliar aún más la mesa con dos cargos adicionales, que corresponderían a escaños de pueblos indígenas, por lo cual el total de integrantes de la mesa directiva será de nueve personas, incluyendo a la Presidenta y Vicepresidente. Esta votación concitó menor apoyo y se aprobó por un total de 80 votos, a diferencia de la votación anterior que superó los 100 votos. Los nombres de estos cargos, como sus atribuciones y mecanismos de elección también siguen pendientes.

La creación de Comisiones de Ética, Administración Interna y Reglamento también fueron aprobadas por una amplia mayoría. Mientras que las Comisiones de Participación Ciudadana y de Pueblos Originarios, como la Comisión de Covid-19, a pesar de contar con un amplio apoyo, su votación quedó pendiente, pues la derecha acusó que no podían votar propuestas que no hayan sido parte de la tabla definida en la convocatoria a esta sesión. A pesar de que la intención era que se votaran el jueves por la tarde, su aprobación quedó pendiente para la próxima semana.

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La discusión sobre la prisión política en Chile y Wallmapu se tomó la agenda pública y de la Convención Constitucional el jueves. Una posición reaccionaria desde la derecha, cuyo gobierno ha sido responsable de las violaciones sistemáticas de los Derechos Humanos argumentaba que no existe la prisión política en Chile y que esta declaración era una extralimitación de funciones de la Convención.

Anunciaron incluso que recurrirían a la Corte Suprema, desconociendo que esta no tiene ninguna facultad para conocer sobre cuestiones de contenido y solo puede declarar la nulidad de actos que vulneren el reglamento de votación de la Convención, el cual aún no existe.

Una posición timorata, pero que en la práctica se suma a la de la derecha, es aquella formalista que sostiene que no está dentro de las atribuciones de la Convención dictarle a otros poderes del Estado qué es lo que tienen que hacer. Afortunadamente esta posición fue de absoluta minoría y solo incluiría a algunos constituyentes de los partidos de la Nueva Concertación, incluyendo al Partido Liberal.

La posición mayoritaria, expresada en dos declaraciones, fue el reconocimiento a la existencia de la prisión política en Chile y Wallmapu y las siguientes demandas:

  1. Respecto del Proyecto de Ley de Indulto General (Boletín N°13.941-17) en la Comisión de Constitución del Senado, su tramitación con máxima celeridad.
  2. Al Poder Ejecutivo dar suma urgencia legislativa al Proyecto de Ley de Indulto General (Boletín N°13.941-17) y al Proyecto de Ley de Reparación a Víctimas de Derechos Humanos (Boletín N° 13854-17). Así como el retiro de todas las querellas interpuestas que invocan la Ley de Seguridad del Estado.
  3. La inmediata desmilitarización del Wallmapu, así como la anulación de la medida que aumenta el presupuesto para la represión del territorio mapuche. Que el indulto, en el caso de las Regiones del Bio Bio, Araucanía, Los Lagos y Los Ríos sea aplicable desde el año 2001 para los presos políticos mapuche.
  4. En el Proyecto de Ley Boletín N° 13715-17, apoyar una indicación que disponga la aplicación directa y obligatoria del Convenio N° 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales de la OIT y de la Declaración de Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas, especialmente, en lo relativo al conocimiento de situaciones calificadas de delitos y que constituyan ejercicio de derechos territoriales, culturales, y políticos y a la aplicación preferente y obligatoria de penas distintas a la privación de libertad.
  5. Que el Ministro de Justicia y de Derechos Humanos concluya el proceso de modificación del Reglamento de Establecimientos Penitenciarios y garantice los derechos de las personas privadas de libertad de origen indígena, y aplique a su respecto de manera inmediata las disposiciones contenidas en el Convenio 169 de la OIT, y del Derecho Internacional de los Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas.
  6. La implementación de una política robusta de justicia, que contribuya a la reparación integral de los perjuicios y los daños sufridos, de forma individual y colectiva, para quienes han sido víctimas de persecución, prisión política y vulneración sistemática a los derechos humanos.

Todos estos puntos fueron casi idénticos en ambas declaraciones. Esto se explica porque hubo una decisión desde constituyentes independientes de Movimientos Sociales, de incidir en dos declaraciones.

Una de ellas, que finalmente fue presentada por constituyentes de Movimientos Sociales Constituyentes, Lista del Pueblo y Pueblos Originarios (gran parte de la Vocería de los Pueblos), tenía un preámbulo distinto, otorgaba un plazo de 20 días para responder a la petición de dar tramitación a urgente a Proyecto de Ley de Indulto General y reconocía la necesidad de constituir una Comisión de Verdad, Justicia y Reparación.

No obstante ello, la declaración aprobada fue firmada por constituyentes de Movimientos Sociales, Apruebo Dignidad (PC, FA y FRVS) y Colectivo Socialista. En esta, a diferencia de la anterior, no se reconocía plazo de respuesta; no se contemplaba la Comisión de Verdad, Justicia y Reparación; y en un párrafo expresaba que la Convención Constitucional, para efectos de esta declaración, “no pretendía interferir ni arrogarse las competencias o atribuciones de otros poderes del Estado”.

Esta división de fuerzas tenía por objetivo asegurar una declaración que obtuviera la mayoría de la Convención Constitucional y que asegurara el contenido esencial para el cual se propuso esta declaración: exigir al Congreso que apruebe con urgencia el proyecto de ley de Indulto General para presos políticos de la Revuelta y Mapuche; y que se exija la desmilitarización del Wallmapu y aplicación del Convenio 169 de la OIT en materia penal. Es por ello, que en la segunda votación, todas y todos los constituyentes que apoyaron la declaración de la Vocería de los Pueblos se plegaron a la “declaración de consenso”, pues el mecanismo que definió la Mesa Directiva impedía la construcción de una tercera declaración posterior a la primera votación. 

Aun cuando el error fue subestimar nuestra propia fuerza, que incluso en el plano institucional de la Convención Constitucional puede ser una mayoría que tensione a las otras fuerzas políticas, los déficits de la declaración aprobada son subsanables. El plazo de 20 días exigido puede significar en la práctica realizar algún nuevo pronunciamiento o exigencia al Congreso, para exigirle que den cuenta de la tramitación realizada en relación al proyecto de ley de Indulto General. En cuanto a lo no “interferencia ni arrogarse competencias o atribuciones de otros poderes del Estado”, esto debe entenderse para efectos de esta declaración, la cual efectivamente no se arroja facultades de otros poderes del Estado. La expresión de voluntad en relación a no subordinarse al Acuerdo por la Paz y la Nueva Constitución sigue vigente, pero eso en ningún caso ha significado – como algunos quisieron entender – que la Vocería de los Pueblos haya anunciado que iba a legislar o emitir sentencias. Finalmente, sobre la Comisión de Verdad, Justicia y Reparación, aun cuando no haya sido consagrado en la declaración, es una materia que se discutirá en los próximos días.

 

Fotografía: Javier Pineda

El mismo jueves, Catalina Parot, nueva Secretaria Ejecutiva de la Unidad Administrativa de la Convención Constitucional, fue a la sede del Congreso a saludar a la Mesa Directiva y los constituyentes. La Machi Francisca Linconao le dio el recibimiento que representa al sentir mayoritario al interior de la Convención. 

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Un día después que se emitiera esta declaración, el Estado de Chile asesinó al weichafe Pablo Marchant Gutiérrez, joven militante de la Coordinadora Arauco-Malleco. Si hace una semana nos emocionábamos porque una mujer mapuche asumía la conducción del proceso constituyente, una semana después nos embarga la impotencia, rabia y pena por la ejecución extrajudicial de un joven mapuche, quien luchaba por la autonomía de su pueblo. Para transformar el país no bastarán los símbolos.

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Autor entrada: Convergencia Medios

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[…] originalmente en Convergencia Medios, el 11 de julio de […]