Por Ignacio Silva y Esteban Spencer
El estado de los casos judicializados más bullados que se relacionan con violaciones a los Derechos Humanos ocurridos desde el 18 de octubre a la fecha no es el mismo, existiendo una sensación de impunidad en varias/os, en otros pocos la justicia pareciera estar más cerca, pero no asegurada de forma absoluta.
Expresión de esta afirmación, es el complejo escenario que enfrenta Fabiola Campillai tras reunirse el viernes 02 de julio con el general director de Carabineros de Chile, asegurando su defensa de que Ricardo Yáñez “justificó bastante el actuar de Carabineros y no fue categórico, a nuestro juicio, en asumir una responsabilidad por las violaciones a los derechos humanos por parte de su institución” tras dicho encuentro, el cual ocurre después de que la Fiscalía Occidente –a cargo del caso- solicitará la ampliación del plazo de la investigación en contra del violador a los Derechos Humanos, Patricio Maturana, quien disparara una bomba lacrimógena en contra de Fabiola, generando daños que le produjeron múltiples fracturas en su rostro y privándola de su vista, olfato y gusto de por vida.
Al salir del encuentro, la misma Fabiola señaló que “lo único que queremos es justicia y acá no hay apoyo. La verdad en este momento la vemos muy lejana. Disculpen por no poder hablar, pero hay cosas que a uno le dan mucha pena y que no haya justicia para nosotros es terrible, pero sin duda vamos a seguir luchando, vamos a seguir adelante, no solo por nosotros, sino que por todas las personas que han sido dañadas por este gobierno”.
Cabe recordar que la justicia dicto arresto domiciliario en contra del ex carabinero, a todas luces una medida insuficiente ante el peligro que representa para la sociedad y para Fabiola, quien ha manifestado seguir luchando pese a todos los obstáculos y la indiferencia de las autoridades de una institución severamente cuestionada por el pueblo chileno y los pueblos indígenas.
Un escenario similar vive la familia de Jorge “Neco” Herrera Mora, asesinado por el cabo Carlos Martínez Ocarez en las afueras del Estadio Monumental, quien fue formalizado por cuasidelito de homicidio, quedando con arraigo nacional y firma nacional. Actualmente el asesino del Neco se encuentra cumpliendo funciones administrativas en la comisaría de Chillán, una acción que busca encubrir y proteger al carabinero que debería estar cumpliendo prisión preventiva mientras dure el proceso judicial.
Ya transcurrido más de un año del inicio de la investigación, algo difícil de entender para la Coordinadora Justicia para Neco (que congrega a familiares, amistades e hinchas del Club Social y Deportivo Colo-Colo) es la solicitud de la Fiscalía Metropolitana Oriente de 540 días de reclusión menor en su grado mínimo, la suspensión de su licencia de conducir por dos años, la suspensión de cargo u oficio público mientras dure la condena y el pago de las costas.
Según la Fiscalía, el agente del Estado actuó de forma negligente, más no dolosa, afirmando que fue imprudente su actuar al momento de atropellar al Neco cuando manejaba un camión de caballería al momento de cumplir sus funciones, produciendo su muerte por un politraumatismo esquelético visceral, lesiones vitales y coetáneas, siendo dicha negligencia descartada y rechazada de plano por la familia y amistades al conocer esta información.
La agrupación “Antifascistas de la Garra Blanca”, contactada directamente por CMedios, expreso lo siguiente: “Repudiamos el actuar de la justicia chilena con respecto al caso de Jorge Mora Herrera, quien fue asesinado a las afueras de nuestro estadio, luego de un partido de fútbol en el contexto de la revuelta social del 18 de octubre, creemos que lo planteado por el fiscal es una burla hacia la familia del Neco, hacia sus amigos y hacia todos los colocolinos y colocolinas que vieron ese cobarde acto por parte del paco Carlos Martínez Ocares”. También, nos afirman que esta “sociedad seguirá marcada y dañada por un Estado Policial que promueve la impunidad y persigue la protesta social. Si no exigimos justicia en todos los frentes no lograremos avanzar en la construcción de una sociedad más justa y democrática”.
Un caso que pudiera contrastar parcialmente con lo que vive Fabiola y la familia del Neco, es el de Manuel Rebolledo, asesinado por el infante de marina Leonardo Medina Caamaño en octubre de 2019. Mientras conducía un camión de la Armada, se dedicó a perseguir a un grupo de manifestantes que ejercía su legítimo derecho a la protesta, desviándose en un momento de la vía de tránsito a un sitio eriazo ubicado en la población Libertad de la comuna de Talcahuano, atropellando a Manuel y produciendo su muerte.
Tuvieron que pasar 20 meses para que la Fiscalía reformalizará por homicidio al agente del Estado indicado como el asesino de Manuel, tras la reconstitución de la escena -un hecho fundamental en la investigación para determinar el actuar doloso del marino-, solicitando 12 años de cárcel efectiva, lo que de todas formas no fue suficiente para que la jueza Humilde Silva Gaete del Tribunal de Garantía de Talcahuano dictará prisión preventiva
El argumento para respaldar su decisión fue: “En este caso se trata de una persona que tiene irreprochable conducta anterior y no hay reiteración de delitos más allá de la pena que se pueda aplicar al ilícito por el cual ha sido formalizado en esta audiencia”, descartando la posibilidad de fuga, algo que deja bastante insatisfecha a la familia de Manuel, que solo exige justicia por el “Polera”, el apodo que le pusieron sus amistades más cercanas.
“Nosotros esperábamos que se anunciara la reformalización. Una vez que pase eso vamos a luchar por la prisión preventiva para que el imputado espere en la cárcel el tiempo que quede para el juicio oral, algo que debió pasar desde el día siguiente en que mató a nuestro hijo”, señalo Luisa Navarrete ante la decisión del Juzgado de Garantía.
Sin duda, la presión realizada principalmente por sus familiares y extendida por diversas agrupaciones sociales, de derechos humanos y figuras políticas de izquierda pareciera haber surtido efecto, pero solo la movilización social y la unidad del pueblo chileno es la que permitirá romper con el manto de impunidad que se arrastra desde la Dictadura pinochetista y se ha perpetuado durante estos años por los gobiernos de la transición pactada.
