Esteban Spencer Vargas
Fotos y vídeo: Ignacio Silva y Adolfo Villaseca
Al mediodía de este jueves se realizó un acto de manifestación política por la libertad de los Presos Políticos de la Revuelta, impulsado por varias organizaciones de familiares y agrupaciones de apoyo a la causa de la liberación de quienes fueron apresados durante las protestas que comenzaron en octubre de 2019.
La situación de prisión política es una de las expresiones más intensas de la crisis en materia de Derechos Humanos producida por la respuesta represiva dirigida contra la población. Dentro del conjunto de las graves agresiones ilegítimas del Estado se encuentran las víctimas fatales, quienes resultaron gravemente lesionados o mutilados por golpizas y disparos, las personas que fueron objeto de violencia sexual, entre otras prácticas aberrantes que hoy van configurando la responsabilidad del Estado, ya sean los agentes particulares como las principales autoridades al mando de los perpetradores 1.
Esta posición que tiene la prisión política permite valorar la reunión que tuvo lugar hoy, puesto que permitió ver la amplitud del movimiento de resistencia de las víctimas de agresiones a los Derechos Humanos. Junto a los familiares de presos políticos estuvieron representantes de la Coordinadora de Víctimas de Trauma Ocular, familiares de asesinados en el marco de las protestas, defensores de Derechos Humanos y prensa popular constantemente agredida por los funcionarios policiales. El lugar del acto también fue significativo, puesto que se realizó en la Plaza de Armas, sobre una de las estaciones de metro cuyos torniquetes fueron rebasados por la juventud rebelde, y al frente de una Catedral encerrada sobre sí misma, blindada por completo por cortinas metálicas.
Fuera del templo y sobre el frío cemento, el acto comenzó con una liturgia, organizada por la Coordinadora “Paz fruto de Justicia” y conducida por el padre jesuita Paulo Walker, e Irene Cambias, coordinadora de la agrupación. El mensaje principal fue el reclamo por verdadera justicia ante los atropellos de derechos humanos y el anhelo de dignidad para la población, de no caer nunca más de rodillas ante el poderoso: “jóvenes con sus ojos mutilados, mujeres abusadas y violadas, ciudadanos de nuestro pueblo asesinados por exigir dignidad y justicia, preguntamos !Caín Caín, ¿Qué has hecho con tu hermano Abel?! En el nombre del Dios de los Pobres, ¡cese la represión!”.
Consultados frente a la manera de lograr la libertad de los presos políticos, el padre Walker comentó estar esperanzado en la aprobación de la Ley de Indulto, puesto que observa “una conexión creciente entre le mundo político y la experiencia del despertar popular, cuyos frutos legales, políticos e institucionales están ahora en dolores de parto.
Este es el momento para sintonizar con quienes pusieron sus cuerpos, sus ojos, su libertad para ese despertar de conciencia, y afirmar la injusticia de que ellos hayan tenido que pagar el precio por estos anhelos tan antiguos del país, por tanto tiempo negado. El ajuste jurídico de esa solución política se tendrá que discutir, pero me alegra que el proyecto haya avanzado en sus etapas, son los pasos que necesitamos”.
El momento actual del movimiento por la liberación
Las detenciones y posteriores encarcelamientos aparecieron junto con las primeras jornadas de movilización, su mantención en algunos casos implica la extensión de la prisión política por más de un año y siete meses. Bien lo sabe Pabla Denis, quien mantiene en su memoria las fechas precisas de encarcelamiento de algunos jóvenes, cuyos nombres reivindica a viva voz:
– Francisco Hernández, 10 de diciembre de 2019
– Matías Rojas, 15 de noviembre de 2019
– Jesús Zenteno, 15 de noviembre de 2019
– Benjamín Espinoza, 15 de noviembre de 2019
– Cristian Briones, 23 de octubre de 2019
– César Yáñez, 27 de noviembre de 2019
– Cristian Cayupán, 20 de octubre de 2019
Las resoluciones judiciales conocidas en los últimos días configuran un escenario incierto para los imputados y sus familias. El martes, en Valparaíso, se falló el recurso de nulidad en favor de Jordano Santander, que en la práctica confirma una condena efectiva de más de siete años, construida sobre un supuesto ánimo homicida obtenido del testimonio de un funcionario de la PDI; el miércoles se conoció del sobreseimiento de Darío Chacón, en arresto domiciliario después de estar más de 14 meses internado en el centro penitenciario de Ancud. El joven era acusado de ser el único autor del incendio que destruyó una parroquia en enero de 2020, imputación que se sostenía sobre pruebas falsas y testimonios dudosos, los cuales fueron excluidos por el tribunal, quitando sustento a la persecución de la Fiscalía. En Santiago, la organización Defensa Popular informó que los hermanos Villegas quedaron en libertad bajo caución, luego de estar en prisión preventiva desde febrero de este año. Ambos fueron acusados de participar de un ataque incendiario a un furgón policial junto a Nicolás Piña -conocido como el ingeniero-, caso donde el Ministerio del Interior interviene como querellante.
Las noticias describen el rumbo incierto de la lucha por la liberación de los presos políticos, y afirman los cuestionamientos sobre la labor del Ministerio Público y los fiscales como principales motores de la represión. Un reclamo transversal en todas las causas donde se persigue la culpabilidad y castigo de manifestantes se encuentra en la debilidad de las pruebas que sostienen las acusaciones de los fiscales, y sobre las cuales se justifican las resoluciones judiciales, que establecen la prisión u otras medidas menos intensas, como el arresto domiciliario total o parcial.
La Prisión Política y la Nueva Constitución
A poco más de una semana de la instalación de la Convención Constitucional, la persistencia de la prisión política aparece como una contradicción directa con la legitimidad democrática sobre la cual se construirá la Nueva Constitución. Este reclamo ha sido recogido por un número importante de convencionales constituyentes y plataformas de articulación entre ellos/as. Así se han pronunciado la Vocería de los Pueblos, la Lista del Pueblo y Apruebo Dignidad. En el acto de hoy estuvieron presentes dos representantes convencionales constituyentes, Valentina Miranda, del distrito 8 y Manuel Woldarski, del distrito 10. Ambos se comprometieron con la causa, afirmando sus posiciones de cara a la instalación de la Convención.
El 4 de julio se acerca de manera inevitable, y la mantención de esta medida represiva se mantiene. ¿Cuál es el rol de los y las constituyentes que se reivindican desde la vereda popular?
Valentina: Lo importante es que tomemos postura con respecto al tema. No creo que sea prudente que previo a la instalación de la convención, más del 50% no tenga una postura con respecto a la prisión política en Chile. lamentablemente no todos se han querido asumir que existe. Nosotros estamos trabajando en una propuesta desde la Convención, para apoyar la libertad de los presos y también hacer la presión política necesaria para que el Proyecto de Indulto se pueda poner en tabla en el Congreso. Sabemos que hoy en día el Congreso está en una posición de no querer legislar temas que vengan con respecto a la Revuelta Social y lo que tiene que ver con la Reparación, Verdad y Justicia a las violaciones a los Derechos Humanos. Hay que tomar postura, especialmente de quienes vienen del Movimiento Social, aquellos que compartieron en las marchas con estos compañeros y compañeras que hoy están presos y presas. Nuestra responsabilidad es que este proceso sea realmente democrático, si no lo hacemos, vamos a volver a una pseudo democracia como la que se construyó en el 90, con impunidad, sin justicia.
Manuel: Chile es un país que está acostumbrado al camino democrático, está acostumbrado a llegar a la democracia, ejerciendo todos los mecanismos posibles para lograrlo. Así ocurrió con el penúltimo genocida, Augusto Pinochet. A mi me genera mucha congoja, mucho dolor estar aquí hoy día, no estamos celebrando nada, estamos recordando al país que necesitamos condiciones de legitimidad para poder enfrentarnos a la oportunidad constituyente que nos ganamos, ojo. No nos la regalaron, no surge con el Acuerdo por la Paz, surge con una insurrección popular, cuando el Soberano, que es el Pueblo de Chile, salió a la calle, y aún con represión, con muerte, mutilaciones, seguimos en la calle, y lo dimos todo hasta lograr que una vez por todas reconociera el poder constituido que se había equivocado, y que teníamos que empezar de nuevo. Será un momento de muchas contradicciones en algunos aspectos, pero quiero quedarme con que será un momento de mucha esperanza, que nunca antes hemos tenido.
Para Pabla Denis, la situación es más drástica:
“como familiares estamos consternados de que se de un proceso constituyente mientras nuestras familias están presas. Ellos no validaron sus formas de lucha, pero sí quieren asumir una nueva constitución, que nuestro país la necesita, pero no puede ocurrir con presos políticos ni justicia para quienes fueron asesinadas. En este momento los constituyentes tienen que ser un portavoz para las familias, tienen que seguir lo que quieren, que es la Aprobación de la Ley de indulto General, que aún no se comienza a discutir en la comisión de constitución del Senado.
Sabemos que en Chile se han sacado leyes en dos semanas, para poder beneficiar al pueblo. Acá estamos hablando de nuestras familias, de la libertad. Ayer mi compañero cumplió 20 meses en prisión política, le negaron todas las solicitudes de cambio en las medidas cautelares y lo condenaron a tres años sin pruebas concluyentes. Él no hizo nada y está preso, y todavía no tenemos nada, lo van a tener ahí mientras escriben la Constitución”.
1 En esta dirección se ubican los juicios penales contra policías y militares y la presentación de la Comisión Chilena de Derechos Humanos contra Sebastián Piñera y los altos mandos de Carabineros ante la Corte Penal Internacional.
