La Corte de Apelaciones de Santiago dio un rotundo portazo a las empresas aseguradoras por recursos de protección presentados por «anticipo del 10%» de rentas vitalicias.
En términos simples, la Corte declaró inadmisible el recurso de protección, pues no lo considera como una vía idónea para hacer responsable al Estado por una ley aprobada por el Congreso y visada por el Tribunal Constitucional. Las empresas aseguradoras buscaban que el Estado financiara los «anticipos» entregados a personas jubiladas que se acogieron a modalidad de renta vitalicia, los cuales hasta el momento superan los US$297 millones.
Este precedente es importante para entender la importancia de rechazar el TPP-11. Una de las empresas aseguradoras (Grupo Ohio), al tener capital norteamericano, podrá recurrir a tribunales internacionales de arbitraje (CIADI), invocando el Tratado de Libre Comercio entre Chile y EEEUU, para lo cual el Estado tendrá que gastar millones de dólares solo en defensa. Peor aún si este tribunal le da la razón a la aseguradora.
Mientras que al mantener la competencia de estas causas en Chile, los tribunales razonablemente entienden que excede el ámbito de sus competencias hacer responsable al Estado patrimonialmente por los efectos de una ley aprobada democráticamente en el Congreso. Si se aprueba el TTP-11, la cantidad de empresas que accedan a estos mecanismos de arbitraje internacional serán muchas más, perdiendo soberanía nacional en estas materias.
No obstante lo anterior, este miércoles 2 de junio el Presidente de la República volvió a poner urgencia a la discusión del TPP-11 en el Congreso. La aprobación de este Tratado hecho a la medida de las grandes corporaciones instalará una mayor cantidad de restricciones posibles antes de la discusión sobre un nuevo modelo económico para el país, transformándolo en una verdadera camisa de fuerza para la Convención Constitucional.
Si este tratado internacional resultara ratificado por este Congreso, quedaría fuera de los límites establecidos para el trabajo de la Convención Constitucional, disminuyendo la capacidad de este órgano para plantear nuevas alternativas de desarrollo para el país. Es por ello que fuerte y claro volvemos a decir: ¡No al TPP-11!
