INFANCIAS Y JUVENTUDES VULNERADAS: La verdadera deuda histórica de nuestro país.

Por Karla Sandoval Montoya.

Los últimos días, hemos sido testigos de un video que, difundido por Redes Sociales, dio a conocer el maltrato físico que sufrieron menores de edad en una Residencia Familiar del SENAME. Nuevamente, los maltratadores de esta historia son Carabineros. Recordemos que integrantes de esta misma institución, en noviembre de 2020, balearon a dos adolescentes en un Hogar bajo la tutela del Servicio Nacional de Menores en Talcahuano.

Lamentablemente, estos no son los únicos casos. A principios de marzo de este año, fuimos testigos de la muerte de dos infantes, quienes fueron baleados durante robos en la Región Metropolitana, Tamara de cinco e Itan de seis. No puedo pasar por alto la muerte del presunto asesino de Tamara, un adolescente de 16 años, que también fue asesinado tras ser alcanzado por una bala.

Vimos como el fin de la temporada estival, se teñía de gris y angustia, tras el caso de la desaparición y posterior muerte de Tomás Bravo de cuatro años. Pero incluso, antes de eso, a principios de enero, vimos como la PDI arresto violentamente a una niña mapuche de siete años, hija de Camilo Catrillanca, joven weichafe asesinado por Carabineros.

En este ejercicio de retrospección, intentando traer a mi mente todos aquellos casos que he conocido sobre niñas, niños y adolescentes vulnerados, maltratados, mutilados, despojados, resulta imposible no recordar a los hijos e hijas de Macarena Valdés, Fabiola Campillay y Joane Florvil. Vienen a mi mente aquellos niños y niñas que viven en las Zonas de Sacrificio de Quintero-Puchuncaví, Coronel, Huasco, Mejillones y Tocopilla.

Quienes viven en Wallmapu y se ven enfrentados a una zona de militarización, expuestos a balas, allanamientos de sus casas y escuelas. Aquellxs que viven en los campamentos, constantemente desalojados por las fuerzas policiales. Aquellxs que deben cuidar a sus hermanos y hermanas menores. Aquellxs que conviven con sus abusadores. Aquellxs que sus madres o padres están privados de libertad.

Se me hace imposible no pensar en quienes sufrieron las atrocidades de haberse “terciado” con Claudio Spiniak, empresario que en 2002 fue condenado por abusos sexuales contra cinco menores, promovía la prostitución y producción de pornografía infantil y adolescente, donde también participaban miembros de la élite política; y que la justicia chilena, dejo libre en 2013. ¡Hey! Esto me recuerda el caso de Ámbar, quien murió a manos de Hugo Bustamante, quien fuera condenado a 27 años de prisión en 2005, y que al igual que Spiniak, también quedó en libertad.

Podría seguir, pero son tantos casos, son tantas dimensiones de desigualdad, pobreza y vulneración, son tantos los años de olvido, de pésimas políticas públicas, de no hacernos cargo y seguir mirando desde un rincón de ésta habitación llamada Chile. Todo esto, me lleva a reafirmar mi inquietud y reconocer la verdadera deuda histórica de nuestro país: las infancias y las juventudes.

De acuerdo a estudios realizados por UNICEF[1], en América Latina 6 millones de niñas y niños son agredidos severamente por sus padres o familiares y 85 mil mueren cada año como consecuencia de estos castigos.

En nuestro país, las cifras no son alentadoras: el 73,6% de los niños y niñas sufre violencia física o sicológica de parte de sus padres, cuidadores y/o parientes. El 53,9% recibe castigos físicos y un 19,7% violencia sicológica. Y tan solo un 26,4% de los niños, niñas y adolescentes nunca ha vivido situaciones de violencia por parte de sus padres.

Políticas Publicas en torno a la infancia y juventud.

En Chile las políticas públicas en torno a la protección a la infancia y adolescencia, son incipientes y solo han evolucionado de manera punitiva, vale decir, cárcel para menores sin derecho a reinserción.

A principios del siglo XIX, la vida de los niños y niñas no había cambiado mucho desde la colonia, situaciones de abandono, no contar con las condiciones mínimas de salubridad, acceso a hospitales o atención médica, llevo a que nuestro país contara con las mayores tasas de mortalidad infantil.

Recién en 1912, durante el gobierno de Ramón Barros Luco, se promulgó la Ley de Protección a la Infancia Desvalida, cuyo objetivo era resolver el abandono paterno, el abuso de menores y algunas formas de explotación, marcando el inicio de una política estatal orientada hacia los niños en «riesgo social».

Posteriormente, en 1928 la Ley de Menores buscó ser más efectiva y creó un mecanismo de protección que involucraba tanto a los niños que cometían delitos como a los que se encontraban en “riesgo”.

En 1967, en el Gobierno de Eduardo Frei Montalva, se incorporaron algunos cambios en la Ley de Menores, los cuales permitieron poner al centro del debate la protección de la infancia desvalida o abandonada, consagrando tres nuevas instituciones: Policía de Menores, los Tribunales de Menores y el Consejo Nacional de Menores –CONAME-, encargado de coordinar y propiciar las medidas destinadas a la asistencia, protección y rehabilitación de menores. Asimismo, cambió el rango de edad de detenciones de 10 a 16 años.

A fines de los 60, la desnutrición era una problemática que afectaba la calidad de vida de las familias y principalmente la de los infantes: de cada mil nacidos vivos, 200 morían antes de un año. Para hacer frente a la problemática, Salvador Allende, incluyó dentro de sus medidas la distribución de medio litro de leche para todos los menores de 15 años, y para aquellas mujeres que estuvieran embarazadas o amamantando.

Dicho esto, cabe hacernos una legítima pregunta, ¿cuáles fueron los verdaderos alcances de estas políticas?

La historia posterior la sabemos todas. En 1973 se produjo el golpe de Estado y posterior, dictadura cívico-militar, que sin duda afecto a niños, niñas y jóvenes de la época -los adultos que nos criaron, los abuelos y abuelas de estas generaciones-, quienes se vieron afectados por el ambiente de incertidumbre y el retroceso en derechos sociales educación, salud, vivienda, entre otros, que fueron cercenados y privatizados. Así como el uso normalizado de armamento de guerra, la represión, patrullaje nocturno, allanamientos masivos, detenciones y/o desapariciones de sus seres queridos, o la muerte de niñxs a mano de militares.

A mi mente viene el caso de Rodrigo Anfruns de seis años, quien desapareciera en junio de 1979 y a los 11 días apareció su cuerpo sin vida. De acuerdo a la tesis desarrollada por la periodista Soledad Pino, fue secuestrado por error, por agentes de los servicios de seguridad de la dictadura.

Cabe mencionar que el informe elaborado por la Comisión Valech (2004), determinó que 34.690 personas fueron víctimas de prisión política, 28.459 sufrieron torturas y apremios ilegítimos, de los cuales 1 244 tenían menos de 18 años, de estos fueron torturados 176 niños menores de 13 años.

Pero volvamos al 2021.

La desigualdad es histórica en Chile y desde siempre ha tenido una connotación étnica y racial. La Crisis Social tras 18 de octubre de 2019 y la Crisis Sanitaria a causa de la Pandemia COVD-19, hizo que el “oasis chileno” solo fuera un espejismo, trayendo a flote las desigualdades socioeconómicas, escenarios en los cuales los más golpeados son los niños y niñas.

Resulta preciso detenernos en el Presupuesto del 2021[2], en el ítem llamado “niños primeros en la fila”, asignándose $2.192.070 millones.  Y me quiero detener aquí, y hacer la tediosa comparación con el Presupuesto 2021 a Carabineros, el cual considera recursos por US$ 1.595 millones, si bien existe una baja comparada al 2020 (US$ 1.737 millones), la billetera de la institución no ha dejado de engordar desde el retorno a la “democracia”, según el estudio de Flacso[3], entre 1990 y 2000, el presupuesto a la institución aumentó en un 86 %. Asimismo, el Informe “Costo de la Delincuencia en Chile”[4] de Libertad y Desarrollo afirma que entre 2000 y 2010 el presupuesto de la policía uniformada tuvo un incremento del 95 % real.

Me pregunto, ¿no sería mejor destinar esta magnitud de recursos a quienes más lo necesitan?

De acuerdo al informe redactado por la Defensoría de la Niñez[5], indicaron 22 recomendaciones específicas para la elaboración del presupuesto 2021 y, además, denunciaron que existen disminuciones presupuestarias en sistemas claves como Chile Crece Contigo y Educación. Esto es un golpe bajo para nuestros niños y niñas, que en contexto de crisis –INSISTO- son los más vulnerados y precarizados.

Según la UNICEF[6] el cuidado y protección de la primera infancia, es  fundamental para el desarrollo de niños y niñas, quienes deben contar con tres elementos esenciales: “comer, jugar y amar”, que combinados establecen las bases fundamentales para la infancia. Asimismo, indica que el conflicto y la incertidumbre también pueden resultar decisivos, ya que los niños menores de 5 años en zonas afectadas por conflictos y Estados frágiles están expuestos a riesgos de calado para su vida, su salud y su bienestar.

Estos son todos los argumentos que pongo sobre la mesa para revelar que la violencia sistemática del Estado Chileno, que ha calado profundamente en nuestra sociedad y ha sido por años la pandemia más peligrosa a la que nos hemos enfrentando; se ha traspasado de generación en generación, nos ha dispuesto a ser personas tremendamente agrietadas y golpeadas, pues desde menores hemos normalizado la violencia y el abuso, identificándolo como algo normal.

Quiero reafirmar que esta violencia no solo se refleja en el Sename, sino también en las cuarentenas, en el post natal de emergencia, en Ley Aula Segura, en los presupuestos, en las malas decisiones que ha tomado el Estado, los gobiernos y éste en particular, quienes, en esta inminente crisis económica, social y sanitaria, han privilegiado las decisiones Pro Mercado y no han puesto al centro la etapa más importante para el desarrollo de cualquier sociedad: la niñez y la adolescencia.

Hoy, ad portas de un proceso constituyente, resulta fundamental prestarle la importancia que merecen la infancia y adolescencia; es imperante poner este tema sobre la mesa y debatir sobre qué tipo de niñez y juventud queremos construir para las próximas generaciones. Debemos darle espacio y lugar a este tipo de discusiones, y por qué no, abrir el debate a niños, niñas, niñes y adolescentes. Nuestro trabajo es extirpar el adultocentrismo y dejar de seguir viéndoles a como personas de segunda categoría, solo así podemos construir una sociedad desde la diversidad, que nos incluya a todas.

[1]https://www.unicef.cl/archivos_documento/18/Cartilla%20Maltrato%20infantil.pdf

[2] https://www.gob.cl/presupuesto2021/

[3] https://biblio.flacsoandes.edu.ec/catalog/resGet.php?resId=7582

[4] https://archivos.lyd.org/other/files_mf/sij6costodeladelincuencia.pdf

[5]https://www.defensorianinez.cl/noticias/presupuesto-fiscal-2021-defensoria-de-la-ninez-envia-recomendaciones-al-gobierno-para-resguardar-y-fortalecer-politicas-publicas-destinadas-a-la-infancia-y-adolescencia/

[6] https://www.unicef.org/es/desarrollo-de-la-primera-infancia 

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Autor entrada: Karla

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