A 50 días de iniciada la huelga, el sostenedor del Liceo Camilo Henríquez miente: “La razón es comercial, no es legal”

En El Diario Austral de Temuco, a casi 50 días de iniciada la huelga del Liceo Camilo Henríquez, el presidente de la Corporación Educacional El Bosque, rompe el silencio y señala que su negativa a negociar “no es falta de voluntad, la razón es legal”. Pero el Sr. Miguel Ángel Jara miente.

  1. No existe “choque no regulado” entre Código del Trabajo y Ley de Inclusión: La Corporación tiene la obligación legal de negociar con el Sindicato.

El Código del Trabajo, en su artículo 304 inciso cuarto, señala expresamente que los sindicatos de colegios particulares subvencionados, como lo es el Liceo Camilo Henríquez, pueden negociar bajo las normas de la negociación colectiva reglada y ejercer su derecho de huelga.

Esto también está reconocido por la propia Ley de Inclusión (Ley N° 20.845), la cual reconoce que el nuevo sostenedor (en este caso, la Corporación Educacional El Bosque) será el “sucesor legal de todos los derechos y obligaciones que la persona haya adquirido o contraído, con ocasión de la prestación del servicio educativo”.

Más aún, en materia laboral la Ley de Inclusión (artículo segundo transitorio, inciso cuarto) señala expresamente que “En ningún caso la transferencia de la calidad de sostenedor alterará los derechos y obligaciones de los trabajadores, ni la subsistencia de los contratos de trabajo individuales o de los instrumentos colectivos de trabajo que los rijan, los que continuarán vigentes con el nuevo empleador, para todos los efectos legales, como si dicha transferencia no se hubiese producido”.  Esto es claro: la Corporación Educacional El Bosque tenía la obligación de negociar con el Sindicato del Liceo Camilo Henríquez, constituido en 1989 y que tenía un contrato colectivo vigente con el anterior sostenedor.

A pesar de que la ley es clara, la Corporación Educacional El Bosque recurrió a todas las autoridades administrativas y judiciales para impedir la negociación, que debiese haberse desarrollado el segundo semestre de 2019. El Sindicato del LCH presentó una propuesta de Contrato Colectivo a la Corporación Educacional El Bosque el 29 de julio de 2019.  

La Corporación, en las objeciones de legalidad, planteó la tesis que defiende actualmente: que no estaban obligados a negociar. La Inspección del Trabajo rechazó esta reclamación, reconociendo el derecho de negociar colectivamente del Sindicato, pues la ley es clara: el artículo 304 del Código del Trabajo, en su inciso cuarto, señala expresamente que la negociación colectiva reglada aplica a los establecimientos educacionales particulares subvencionados en conformidad al decreto ley 3.476 de 1980 y sus modificaciones, tal como hemos señalado.

A pesar de ello, la Corporación recurrió de reposición, pero la Inspección del Trabajo mantuvo su posición (Resolución N° 345, de fecha 30/08/2019). No conforme, la Corporación acudió a los tribunales laborales y al Tribunal Constitucional.

El Juzgado de Letras del Trabajo de Temuco en sentencia de primaria instancia (RIT I-68-2019), confirmó el argumento: la Corporación Educacional El Bosque tiene la obligación legal de negociar con el Sindicato del Liceo Camilo Henríquez. Insistieron en su tesis, recurriendo de nulidad ante la Corte de Apelaciones y, al mismo tiempo, presentaron un requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad, pues consideraban que el inciso cuarto del artículo 304 era inconstitucional, pues vulneraba la libertad de enseñanza (¡!), la igualdad ante las cargas públicas, el derecho de educación de los estudiantes y el derecho de propiedad de la Corporación.

Luego de un año de suspensión de la negociación, el Tribunal Constitucional le dio la razón al Sindicato: el derecho de negociación colectiva y derecho huelga son derechos fundamentales, por lo cual no es inconstitucional una norma que permite ejercer dichos derechos (TC, Rol 7983-2019, 13/08/2020). Por su parte, la Corte de Apelaciones de Temuco confirmó el fallo de primera instancia del Juzgado de Letras del Trabajo (CA de Temuco, Rol N° 547-2019, Libro Cobranza-Laboral), decretando también, la obligación legal de negociar.

En definitiva, la Inspección del Trabajo, el Juzgado de Letras del Trabajo de Temuco, la Corte de Apelaciones de Temuco y el Tribunal Constitucional han señalado expresamente que el Sindicato del LCH tiene el derecho de negociar colectivamente bajo procedimiento reglado y ejercer su derecho de huelga, mientras que el empleador tiene la obligación legal de negociar con el Sindicato.

Esta actitud del empleador no responde a un desconocimiento de la norma, sino a una estrategia de negociación dura, buscando desgastar al Sindicato y disciplinarlo, para desincentivar futuras afiliaciones y negociaciones colectivas. Así lo demostró en la negociación colectiva del año 2019 contra sindicatos de colegios en Quillota y Santiago, quienes estuvieron más de 50 días en huelga y donde utilizan hasta el día de hoy la estrategia de judicialización de la negociación.

  1. El reemplazo de trabajadores en Huelga es una práctica antisindical, con o sin Estado de Excepción Constitucional.

El Sr. Jara también señaló que están evaluando “realizar los reemplazos de los docentes en huelga, y para ello ya hicieron las consultas a las autoridades locales”. Explicó, según señala nota en el Diario Austral, que “en el marco del Estado de Excepción a causa de la pandemia, la educación es esencial y por decreto se puede reemplazar a los funcionarios”.

La ley nuevamente es clara: el reemplazo en contexto de negociación colectiva es una práctica desleal constitutiva de un atentado contra la libertad sindical. No solo lo señalan Convenciones Internacionales sobre la materia ratificadas por Chile (Convenio 87 y 98 de la OIT), sino que también lo señala expresamente el Código del Trabajo. El artículo 403, en su literal d), señala como práctica desleal “el reemplazo de los trabajadores que hubieren hecho efectiva la huelga dentro del procedimiento de negociación colectiva reglada”, como es este caso.

La calificación del servicio educacional como esencial es irrelevante para los efectos de la huelga colectiva. No hay decreto, ni firmado por el Presidente de la República, que le permita al empleador en este caso establecer un reemplazo de trabajadores en huelga, aún cuando nos encontremos en Estado de Excepción constitucional.

Lo que hace a sabiendas el sostenedor es actuar de mala fe, generando incertidumbre en los trabajadores sindicalizados y engañando a la comunidad educativa en relación a que podrán reponer prontamente el servicio. Esta acción constituye una nueva práctica desleal (práctica antisindical en contexto de negociación colectiva), pues se trata de una acción que implica una vulneración al principio de buena fe que afecta el desarrollo de la negociación colectiva (artículo 403, literal a) de CT).

Esta se suma a una tercera práctica antisindical: el empleador se negó a suministrar la información señalada en el artículo 315 del Código del Trabajo, lo cual incluye los estados financieros y balances de la Corporación Educacional El Bosque. ¿Qué esconde la Corporación Educacional El Bosque, negándose a entregar una información tan básica?

No obstante lo anterior, el sostenedor ha tenido la desfachatez de presentar una denuncia (demanda) por supuestas prácticas desleales del Sindicato contra la Corporación. El Sindicato solo ha ejercido su derecho a informar a la comunidad en general sobre las irregularidades presentes en esta negociación colectiva, pero el sostenedor lo califica como actos de mala fe. Esta demanda no tendrá buenos resultados, pero desgasta a la organización sindical.

Es momento que el Sindicato presente una demanda por estas tres prácticas desleales, aunque esto no resolverá el resultado de la negociación colectiva en lo inmediato. Esto supone que la Corporación, en caso de ser condenada, tenga que pagar millonarias multas y que tenga una inhabilidad de dos años para contratar con el Estado (Ley 19.886).

  1. Proyección de la Negociación Colectiva ante un empleador intransigente.

Tal como mencionaba anteriormente, el sostenedor decidió tener una negociación dura, sin diálogo, de desgaste a la organización sindical, de confusión ante la comunidad educativa y de solidez frente a interpelaciones públicas mediáticas y de autoridades políticas.

Esta posición negociadora solo pueden tenerla aquellos que desprecian la educación y piensan en lógica comercial. Es común encontrar esta posición negociadora en empresas subcontratistas o agrícolas, donde no les interesa generar comunidad, sino solo satisfacer la demanda. Una negociación de este tipo quiebra la comunidad y lo hace irreparable, para lo cual el empleador buscará un desangramiento rápido, despidiendo a trabajadores sindicalizados y hostigando a aquellos que resulten ser dinamizadores de la organización, con el objetivo de que renuncien. Así, buscarán generar una nueva comunidad de trabajadores/as disciplinados que funcionen al ritmo del sostenedor. Este camino ya lo iniciaron con los colegios que negociaron colectivamente el año 2019.

En este tipo de negociaciones no gana quien tiene la razón, sino quien tiene la fuerza. El sostenedor tiene la tranquilidad de recibir la subvención por parte del Estado, aunque aquello signifique adulterar instrumentos públicos de asistencia. La presión mediática y política la ha soportado, pero no sabemos cuanto más.

Esta negociación la ganará quien aguante más. El Sindicato tiene dos herramientas a su favor: la solidaridad de la comunidad educativa para fortalecer el fondo de huelga y la negociación misma, que puede permitir llegar a un acuerdo donde se le paguen las remuneraciones a los trabajadores (aunque sea una parcialidad de ellos) con el compromiso de recuperar cierta cantidad de horas de clase. Asimismo, cuenta con un apoyo mediático y político importante, manteniendo el conflicto en la agenda pública durante más de un mes y medio.

Pero quienes podrían destrabar el conflicto son los estudiantes y apoderados. Sin clases, no hay subvención. A pesar de la virtualidad, el boicot sigue siendo un arma a disposición: chat de clases, cámaras y micrófonos. Y sin clases, es necesario denunciar a la Superintendencia de Educación. La desesperación en estos casos lleva a las autoridades cometer delitos, como lo es la falsificación de instrumento privado o público.

Un triunfo inmediato en la negociación colectiva es clave. Permitirá demostrar que la lucha colectiva si tiene frutos y que se le puede doblar la mano hasta a los peores empleadores. El empleador, aún cuando diga que no puede subir remuneraciones, sí puede hacerlo. Las remuneraciones de trabajadores y trabajadoras de la educación son considerados como fines educativos.

Esta negociación colectiva abre una discusión estratégica sobre el devenir la comunidad educativa del Liceo Camilo Henríquez. Si el Liceo Camilo Henríquez pretende continuar siendo un establecimiento educacional que permita la formación de estudiantes de sectores populares de Temuco y comunas aledañas para que tengan la posibilidad de acceder a las mejores Universidades del país no puede tener a un mercenario como sostenedor.  

La verdadera razón por la cual el Sr. Jara se niega a negociar con el sindicato es de carácter comercial. El Sr. Jara, a través de la Corporación Educacional El Bosque, compró colegios para enriquecerse, tal como lo hace con el cabaret en calle San Martín 697[1] cuyas patentes ha tramitado ante la Municipalidad de Temuco en los últimos 10 años. Instauró en el LCH un sistema de empresas de outsourcing, que aparentemente le permitirían retirar utilidades mediante subterfugios legales, tal como lo hacen algunas Universidades Privadas. No compró el Liceo Camilo Henríquez para mejorar la educación en Temuco, lo compró para ganar plata. Por ello se niega a negociar con sus trabajadores/as, pues no tiene interés en la comunidad educativa. Como empresario, piensa en lógica binaria: cada peso para los trabajadores es un peso menos para sus bolsillos.

Si el Sr. Miguel Ángel Jara desconoce la normativa laboral y educacional, le recomendaría que siga administrando su cabaret y de un paso al costado en la administración del Liceo Camilo Henríquez y en los establecimientos educacionales que ha comprado. No insista en llenarse los bolsillos a costa de trabajadoras y trabajadores de la educación, ni de sus comunidades educativas.

*Por Javier Pineda Olcay, ex estudiante del LCH y abogado de la Defensoría Popular de las y los Trabajadores

[1] Año 2019: https://transparencia.temuco.cl/g_resoluciones/pcomerciales/2019/febrero/207_2019_DPC.pdf

Año 2015: https://transparencia.temuco.cl/g_resoluciones/decretos/2015/general_municipal/julio/dgm_2320_2015.pdf

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Autor entrada: Convergencia Medios

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