Antes de que sea demasiado tarde

Por Javier Pineda Olcay

Los hechos de violencia policial no pueden ser naturalizados. Desde octubre de 2019 hasta la fecha hemos visto una agudización de la represión policial, lo cual ha significado muertes, mutilaciones y lesiones, calificadas por distintas organizaciones nacionales e internacionales como violaciones sistemáticas a los derechos humanos constitutivas en crímenes de lesa humanidad, siendo responsables las autoridades policiales como civiles.

Estos últimos días hemos sido testigos de nuevos hechos constitutivos de abuso policial y de deliberación de las Fuerzas Armadas, mientras el Congreso ratifica la extensión del Estado de Excepción Constitucional y, por consecuencia, del toque de queda.

El monumento de Baquedano en la Plaza de la Dignidad se transformó en el epicentro de la disputa. Luego de un viernes de tradicional jornada de protesta, el Ejército publicó una declaración donde tratan de “antichilenos” a quienes “vandalizaron” la estatua y se atreve, impunemente, a interpelar a todas las fuerzas políticas para que “condenen la violencia”. Respaldo cerrado por parte del Gobierno, incluyendo una ofrenda floral a los pies de Baquedano por el Ministro de Defensa.

El miércoles 10 de marzo, el Senado terminó de dar su aprobación – con votos de la Democracia Cristiana, PPD y Partido Socialista, a la extensión del Estado de Excepción – lo cual permite que el país siga a cargo de los jefes de Defensa Nacional, quienes pertenecen a las filas de las Fuerzas Armadas. Una militarización que se extiende por más de un año con la excusa de la pandemia y que ha permitido consagrar uno de los toques de queda más largos a nivel mundial.

Esta peligrosa militarización del país ha permitido que el Ejército y las Fuerzas Armadas desarrollen capacidad de control del orden público, labor propia de las fuerzas policiales. La amenaza externa es reemplazada por una amenaza interna, donde el pueblo organizado se transforma en el enemigo a combatir. Esto es lo que ocurre actualmente en el Wallmapu y es un teatro de operaciones que también están extendiendo a las grandes ciudades del país. Si en octubre de 2019, una vez decretado el estado de emergencia, se demostró la incapacidad de las Fuerzas Armadas en labores de control de orden público, puede que esto no vuelva a ocurrir si se agudizan las movilizaciones una vez que pase la fase más dura de la pandemia.

Carabineros no se ha quedado atrás. El jueves, día en que retiraron la estatua de Baquedano luego del acuerdo del Consejo de Monumentos Nacionales, detuvieron arbitraria e ilegalmente a la periodista Paulina Acevedo, quien se encontraba reporteando los hechos. Luego de más de 15 horas encarcelada, fue sobreseída por el 7mo Juzgado de Garantía de Santiago. Este trato contrastó con el que Carabineros le dio a militantes del Partido Republicano y a chupafusiles, quienes accedieron sin problemas a los pies de Baquedano para “homenajearlo” y aprovechar de dar vitrina a las candidaturas que llevan para estas elecciones. Carabineros de Chile actúa deliberantemente, decidiendo a quienes le impide el acceso a la Plaza de la Dignidad y a quienes resguarda. Nuevamente, ninguna palabra desde el Gobierno.

Sumado a lo anterior, este viernes se anunció la estrategia de copamiento de Plaza de la Dignidad que ameritó hace unos meses la acusación constitucional contra el Intendente Guevara, quien fue salvado por los partidos de la Concertación, presentada hoy como Unidad Constituyente. Más de mil efectivos policiales hicieron impenetrable el acceso a la Plaza que ya no contaba con la estatua del general Baquedano y su caballo diamante. Acto seguido, se anuncia que el mismo despliegue se realizará todos los próximos viernes.

Finalmente, este sábado conocemos los violentos allanamientos realizados en Villa Francia al comedor popular Luisa Toledo, siendo detenidas decenas de personas, entre las cuales se encuentran varios menores de edad. La violencia policial desplegada contra sectores organizados contrasta con el nulo control existente en gran parte de Santiago.

Esta violencia policial y deliberación militar es expresión de una tendencia de neoliberalismo autoritario que se consolida al pasar de los meses y que se erige como una alternativa para las élites políticas y económicas en caso de perder el control respecto al proceso constituyente y las futuras movilizaciones que pueden ocurrir por un pueblo hastiado cuyas condiciones de vida se han precarizado aún más después de un año de pandemia.

Alertar sobre esta situación es lo mínimo que podemos hacer. Es necesario retomar la iniciativa política para exigir la disolución e intervención inmediata de Carabineros, como también avanzar en nuevas convocatorias a movilizaciones, de forma descentralizada, que permitan mantener vivo el espíritu de la Rebelión Popular. En los tiempos de agudización de los conflictos entre clases sociales, lo único cierto es un futuro de lucha.

 

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Autor entrada: Convergencia Medios

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Ana Benavides B
1 mes atrás

Buenisimo, es evidente la represion que estan haciendo con el pueblo que desperto y no acepta someterse .
Adelante , llego la hora , El pueblo al poder.

[…] A raíz de las protestas populares y la reacción represiva desde el aparato estatal en Chile: reproducimos artículo publicado por lxs compañerxs de Convergencia Medios. […]