Tras aprobar la anulación de la vigente ley de pesca, el gobierno acudirá al Tribunal Constitucional

Por Convergencia Medios

Durante el trascurso de este 24 de noviembre, los pescadores de la quinta región y de todo Chile se juntaron en Valparaíso para marchar hasta el congreso nacional, con el fin de presionar al parlamento a que se aprobara el proyecto de ley que anula la vigente “Ley General de Pesca y Acuicultura” (LGPA). Los dirigentes y sus bases sindicales se movilizaron de forma unitaria, exigiendo que la presente ley de pesca debía ser anulada, pues está había sido aprobada en el parlamento durante el año 2012 por medio de mecanismos fraudulentos y corruptos. Esto se debe, a que diversos parlamentarios y el mismo ministro de economía a cargo de la ley (Pablo Longueira), habían sido sobornados por los grandes grupos económico capitalista del sector pesquero, con el fin de pautear la estructuración de la normativa.

Una vez llegado al congreso los pescadores, los diversos actores parlamentarios pertenecientes a las diversas bancadas, procedieron a cuadrar posiciones y se pronunciaron en torno al proyecto de ley. Originalmente el presente proyecto de ley fue presentado el año 2016 por el diputado Daniel Núñez (PC) y Hugo Gutiérrez (PC), fundamentando en ese entonces que no podía existir una ley que regulara la actividad sectorial, pues esta había sido instaurada bajo prácticas de cohecho. Dentro de los puntos polémicos de la vigente LGPA, está el hecho de que la presente normativa procedió a: Privatizar gran parte de los recursos naturales, perpetuando los derechos de propiedad privada de las siete familias (los principales gremios empresariales sectoriales); Autorizar métodos de pesca extractivitas no sustentables (como el arrastre y el cerco); Precarizar las condiciones de trabajo de los agentes involucrados en el sector.  

Los pescadores artesanales participes del movimiento, consideran que al ser una ley corrupta, esta asume el carácter de ser ilegitima, pues beneficia exclusivamente a un grupo minoritario de grandes empresarios del sector. Pablo Gallardo, dirigente de base de la pesca artesanal de San Antonio, sostuvo que no era posible que las 7 familias fueran dueñas de los recursos pesqueros que le pertenecen a todos los chilenos, los cuales se vienen enriqueciendo hace siglos. A la vez sostuvo que esta ley tenía que ser anulada y replantearse en función de los intereses de todos los Chilenos y no solamente de los pescadores artesanales, afirmando que el pueblo chileno tenía que unirse para luchar por todos los derechos despojados.

El llamado es a movilizarse, a hacer sentir nuestro malestar por todos estos años de corrupción de esta ley y no solo por la ley de pesca, sino que por la AFP, la educación y todas las demandas sociales, porque es un pueblo que grita por leyes que sean realmente justas y no corruptas, queremos equidad para todos, vivir todos los chilenos bien, no que unos vivan bien y que otros solamente coman pan

Después de que el proyecto fuera debatido correspondientemente en la cámara de diputados, la ley fue aprobada por una amplia mayoría, habiendo 81 congresistas que votaron a favor de la ley, 46 en contra y 12 abstenciones. En ese mismo instante, una vez aprobada la ley de pesca, el gobierno sostuvo que acudirá al Tribunal Constitucional para anular el proyecto.  Este pronunciamiento genero la inmediata reacción de los parlamentarios de la oposición, y principalmente de los trabajadores que estaban movilizados en las inmediaciones del congreso, declarando que si es necesario movilizarse de forma extendida y radical, lo realizarán sin dudar. Cosme Caracciolo, dirigente histórico del movimiento nacional de pescadores artesanales de Chile, sostuvo que los parlamentarios tenían la obligación de fijar posturas ante esta normativa y llamo a movilizarse en todas las caletas del país si no se aprobaba la ley en cuestión.

Si se rechaza la anulación de la ley Longueira en el congreso, los pescadores tenemos que salir a la calle y dejar de una vez por todas la «cagada» en este país, porque este país está siendo ingobernable debido a la corrupción que ha imperado en todos estos años. La clase política tiene la oportunidad ahora de mejorar su conducta, es decir “de lo que hemos hecho mal, lo tenemos que rehacer y tenemos que tratar de hacerlo bien ahora”… Y eso significa soberanía alimentaria para todos los chilenos y no más pesca de arrastre, eso es lo que queremos los pescadores artesanales, que vuelvan nuestros derechos.”

Cabe destacar que la actividad pesquera en Chile, enfrenta un grave problema de proyección sectorial, pues la sobre-explotación sostenida de los recursos y la perpetuación de las artes de pesca no selectivas (como el arrastre), ha generado que la actividad sea más compleja de realizarse desde el año 2012 a la fecha. Sin embargo, el movimiento de pescadores ha tenido grandes logros en los últimos tres años: Entre el año 2018-2019, se aprobó la famosa “ley de la jibia” por amplia mayoría parlamentaria y producto del extendido proceso de movilización radical de la clase trabajadora del mar, posibilitando que este recurso sea capturado solo con artes de pesca selectivas, prohibiendo el uso del arte de arrastre y del cerco. A esta situación se suma, la reciente aprobación de la anulación de la ley de pesca, lo cual abrirá un nuevo ciclo extendido de disputas económico empresariales y sindicales a escala nacional, pues los intereses en juego son muy grandes. De tal forma, esta situación obligará a que las diversas confederaciones, federaciones y sindicatos de pescadores artesanales de base, fijen posiciones y establezcan alianzas unitarias al interior de sus movimientos y con el resto del pueblo que se encuentro en proceso de movilización contra el modelo económico-neoliberal.

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