Familiares de presos políticos de la revuelta popular llama protesta nacional por la libertad inmediata de los prisioneros políticos de la revuelta

Organización de Familiares y Amigos de Prisioneros Políticos (OFFAP), realizó un punto de prensa en donde entregó importantes elementos sobre la situación de los presos políticos de la revuelta, el procidimiento legales y sus falencias, la situación carcelaria en la que se encuentran y un llamado a a  «manifestarse este 5 de octubre en el llamado a Protesta Nacional por la Libertad Inmediata de los Prisioneros Políticos de la Revuelta».

A contiuación declaración completa.

COMUNICADO PÚBLICO PUNTO DE PRENSA MIÉRCOLES 09 DE SEPTIEMBRE 2020


Tribunal Constitucional

1.- Sin duda que el 18 de octubre del 2019 marcó un antes y un después en la historia de nuestro país, abriendo un nuevo momento histórico. El conjunto de necesidades, demandas y exigencias manifestadas masivamente, como también su magnitud e intensidad, no tienen parangón alguno con ningún otro momento en la Historia de Chile. El 18 de octubre no sólo altero el rumbo de la historia, sino que también, las vidas de hombres y mujeres concretos y de miles de familias. Todos los Poderes del Estado, determinaron que la represión y la criminalización de la Protesta Social eran los mecanismos de respuesta ante las legítimas demandas expresadas en las calles. A los ojos de todo el mundo, agentes del Estado asesinaron, mutilaron, torturaron, abusaron sexualmente y violaron. Las violaciones sistemáticas y masivas de los Derechos Humanos de la población han quedado de manifiesto en múltiples informes de diversas organizaciones, tanto nacionales como internacionales, de Derechos Humanos.

2.- En este criminal guion del Estado de Chile y como parte también de la violación sistemática a los Derechos Fundamentales de la población, se encuentra la Prisión Política. Según información de Fiscalía Nacional, 2.500 personas han sido privadas de libertad en el contexto de las manifestaciones sociales. Entre ellos, están nuestros familiares y amigos. No hay duda, que la prisión preventiva, la medida cautelar más gravosa del ordenamiento jurídico nacional, se ha utilizado como un castigo anticipado y con una finalidad netamente política. Denunciamos que en las audiencias de formalización de nuestros familiares y amigos, se vulneraron criterios básicos por las cuáles el Tribunal determina la prisión preventiva, como lo son que existan pruebas contundentes, fehacientes y científicas de la participación de nuestros familiares y amigos en los hechos que se imputan.

3.- 2.500 personas fueron calificadas por Tribunales como peligro para la sociedad. 2.500 personas que en la mayoría son estudiantes y trabajadores. OFAPP es una de las tantas agrupaciones de familiares y amigos que se han constituido en torno a la prisión política a lo largo y ancho del país. En esta organización, nos reunimos alrededor de 60 familias. Nuestros hijos(as), hermanos(as), primos(as), amores y amigos(as) están procesados por infracción a la Ley de Control de Armas, por los medievales artículos del Código Penal que tipifican el delito de incendio, por la “ley antibarricadas y antisaqueos” y por la Ley de Seguridad del Estado. Cabe decir, que el Gobierno en el contexto de las manifestaciones sociales, ha presentado 1.054 querellas invocando la Ley de Seguridad del Estado. Nuestros familiares y amigos procesados por esta ley, arriesgan condenas que van desde los 3 años 1 día hasta los 10 años, es decir, una pena de crimen por hechos de Protesta Social.

4.- Denunciamos que al momento de las detenciones, muchas personas, entre ellos nuestros familiares y amigos, fueron víctimas de torturas y amenazas por parte de funcionarios policiales. En los últimos días, la comunidad nacional ha podido conocer la situación de Francisco Hernández, condenado el pasado 2 de septiembre a 5 años y 1 día de presidio efectivo por infracción a la Ley de Control de Armas, quien al momento de su detención fue bestialmente torturado y obligado a firmar una declaración. El caso de Francisco no es aislado, sino que es parte de una conducta sistemática del Estado Policial. A lo largo y ancho del país hay denuncias de este tipo, que da cuenta que los procesos judiciales en contra de los prisioneros políticos de la Revuelta partieron viciados.


5.- Denunciamos que no se ha podido comprobar de manera fehaciente la participación de nuestros familiares y amigos en los hechos que se imputan, y que de igual forma, se extienden los procesos investigativos, y con ello, las prisiones preventivas. Nuestros familiares y amigos han pasado largos meses en prisión, teniendo que estar privados de libertad en medio de una pandemia, en condiciones de hacinamiento y bajo precarias condiciones sanitarias e higiénicas.

6.- Expresamos nuestra más profunda preocupación respecto a nuestros familiares y amigos que están siendo procesados por la Ley de Control de Armas. La ley 18.216, en su artículo 1°, restringe los beneficios carcelarios a las personas procesadas por este cuerpo penal. El Tribunal Constitucional juega en este sentido un rol clave, ya que tiene la potestad de calificar como aplicable o no este articulado a nuestros familiares y amigos. Instamos al Tribunal Constitucional a que primen en los dictámenes de los procesos judiciales de los prisioneros políticos de la Revuelta los principios de igualdad ante la ley y del derecho a la libertad, como también, principios éticos y de respeto a los Derechos Humanos.

7.- Sentimos que en nuestro país hay dos caras de la Justicia, en donde claramente opera un sesgo político. No podemos dejar de denunciar el trato desigual ante la ley: expresión de aquello es la conducta de la política y de la Justicia ante los empresarios que condujeron el paro de camioneros, que provocó el desabastecimiento de diversas ciudades del país como también lentitud en el traslado de ambulancias y de insumos médicos en medio de una Pandemia, la cual contrasta con el trato hacia nuestros familiares y amigos prisioneros políticos de la Revuelta. Otro punto de contraste es la persecución penal y las medidas cautelares dictadas a los agentes del Estado acusados de gravísimas violaciones a los Derechos Humanos, que tiene un ejemplo clarísimo en el dictamen de la Corte de Apelaciones de San Miguel que dejó con arresto domiciliario al funcionario policial que mutiló los ojos de Fabiola Campillay. En esta misma línea, nos preocupa en demasía la intromisión grotesca por parte del Ejecutivo en los asuntos del Poder Judicial. Mediante querellas, reuniones, pronunciamientos públicos, llamados telefónicos, etc., presiona tanto a jueces como fiscales para que el Derecho se utilice como herramienta para criminalizar a los movimientos sociales.

8.- Estamos entrando en tierra derecha de la realización masiva de juicios. Algunos ya se han realizado y ya hay los primeros condenados a pena efectiva de cárcel, como son los casos de los prisioneros políticos Carlos Peyrin de Concepción, Héctor Cortes de Antofagasta y de Francisco Hernández aquí en Santiago. Estos juicios, los que se están realizando ahora –como el de Alejandro Carvajal- y los que se aproximan, son de carácter altamente político, en donde Fiscalía procesa por calificaciones jurídicas que no se ajustan a los hechos y en que las penas solicitadas son totalmente desproporcionadas. Llamamos a las organizaciones defensoras de los Derechos Humanos tanto nacionales e internacionales a asistir a estas audiencias, para que vean las aberraciones en los procesos en contra de los prisioneros políticos de la Revuelta.

9.- Esta situación que ya es aberrante de por sí, que un país que se jacta de democrático y en donde supuestamente se respeta el tan vilipendiado “Estado de Derecho” haya una cuantiosa prisión política, se torna más aberrante aun cuando hay prisioneros políticos menores de edad, quienes se encuentran encarcelados en los centros de la nefasta red SENAME. Además de Cristian, Axel y Sergio, recluidos en dependencias del SENAME de Antofagasta, y de Benjamín y Víctor recluidos en el CIP San Joaquín de Santiago, el día de ayer se dictó internación provisoria a 6 menores de edad en Concepción.

10.- Para finalizar, hacemos el llamado a la diversidad popular a manifestarse este 5 de octubre en el llamado a Protesta Nacional por la Libertad Inmediata de los Prisioneros Políticos de la Revuelta, llamado del cual somos participes en conjunto con otras agrupaciones de familiares y amigos de prisioneros políticos, como también con Coordinadoras, Asambleas Populares y Territoriales, Colectivos y Organizaciones de Derechos Humanos. Llamamos a los pobladores a Protestar por la Libertad en los territorios; llamamos a los estudiantes a que se sumen a esta iniciativa; llamamos a los sindicatos a que paren sus funciones ese día y a la solidaridad internacional que se haga presente ese día en las afueras de los recintos del Estado de Chile. Llamamos a la diversidad a apropiarse de esta jornada y a manifestarse como se pueda y como se quiera, y que en conjunto, transformemos este 5 de octubre en una jornada extendida de lucha en donde golpee con fuerza en el escenario la exigencia de Libertad.


¡¡¡CAMBIO DE PRISIÓN PREVENTIVA A ARRESTO DOMICILIARIO YA!!
¡¡¡AHORA: QUE EL GOBIERNO RETIRE LAS QUERELLAS!!!
¡¡¡LIBERTAD INMEDIATA A LOS PRISIONEROS POLÍTICOS DE LA REVUELTA: 5 DE OCTUBRE PROTESTA NACIONAL!!!

Organización de Familiares y Amigos de Prisioneros Políticos –OFAPP-
En Santiago de Chile,
9 de Septiembre, 2020

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Autor entrada: Convergencia Medios

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