¿Qué está en juego con el retiro del 10% de los fondos de pensiones?

Las AFP son un pilar del sistema capitalista de nuestro país. El DL 3.500, redactado por José Piñera en dictadura, establece un ahorro forzoso para los trabajadores consistente en un 10% de su remuneración. Esta plata es administrada por empresas privadas (AFP), las cuales inyectan estos recursos frescos a las grandes empresas y fondos de inversiones.

Mientras los trabajadores tienen que endeudarse, las empresas tienen acceso a los fondos ahorrados por los trabajadores. Más aún, en plena pandemia, el Presidente de la República ingresó vía mensaje a la Cámara de Diputados el “proyecto de ley que modifica distintas leyes con el fin de cautelar el buen funcionamiento del mercado financiero”. En aquel proyecto de ley señala que “los efectos de la crisis sanitaria en la economía, también se están traduciendo en una mayor necesidad de recursos por parte de las empresas siendo necesario por tanto agilizar y hacer más expeditos los procesos de emisión de títulos de deuda en el mercado de valores”. Este proyecto representa la visión del gobierno sobre las AFP: los fondos no pueden ser retirados por los trabajadores porque están reservados para los empresarios.

Ante ese escenario, el Gobierno propone como medidas para enfrentar la crisis el endeudamiento Covid-19 con aval del Estado a disposición de las familias de la “clase media”, que por cierto, ya se encuentran altamente endeudadas. Para el empresariado y el gobierno es mejor profundizar el endeudamiento de las familias que poner en riesgo el sistema de AFPs. El retiro de los fondos, aunque sea de un 10%, tendrá efectos directos en algunas inversiones, pues no es que exista una cuenta bancaria de la cual se pueden retirar los fondos, sino que las AFP deberán retirar inversión de algún lado, lo cual afectará el negocio de algunos. Efectivamente, esto podría traducirse en una baja general de los montos de las pensiones, lo cual no debe ser sólo atribuido a la ley que permite el retiro del 10% de las AFP, sino que es parte del sistema que permite especular con nuestros fondos de pensiones. No sería la primera vez que los trabajadores pierden, pues caídas catastróficas de los fondos han ocurrido en la crisis subprime de 2007-08 y en la actual agudizada por el Covid-19, pero también los trabajadores han perdido parte de sus fondos de pensiones por inversiones en empresas corruptas como La Polar, Penta, SQM y empresas en quiebra como LATAM.

En el caso de quienes retiren el 10% el impacto en sus pensiones será bajo. Según los cálculos de la Fundación Sol, el 91% de las mujeres entre 56 a 60 años y el 77% de los hombres entre 61 a 65 años tienen menos de $50 millones acumulados en sus fondos de pensiones. Con $50 millones ahorrados al momento de jubilar una persona recibirá una pensión de aprox. $200 mil.

En base a esas cifras, si un hombre de 50 años retira el 10% de sus fondos reducirá su pensión en $20 mil (de $242 mil a $222 mil), mientras que un hombre de 30 años tendrá una reducción de $7 mil (de $225 mil a $218 mil). En el caso de una mujer de 45 años (monto promedio ahorrado de $11 millones) si retiran el 10% se proyecta una reducción de su pensión en $7 mil (de $103 a $96 mil), mientras que una mujer de 25 años (monto promedio ahorrado de $1 millón) tendrá una reducción de $1.500 (de $129.500 a 128 mil). Si las pensiones son así de bajas con el actual sistema de capitalización individual resulta mucho más atractivo retirar los fondos hoy.

En base a lo anterior, es fácil concluir que es mucho mejor para un trabajador retirar los fondos de pensiones para satisfacer necesidades actuales que permitir que estos fondos sigan administrados por las AFP para destinarlos a financiar empresas. Si las pensiones serán bajas independientes del retiro, mejor tener pan hoy que pasar hambre. Esta tesis de ningún peso más para las AFP ha implicado que el movimiento No+AFP asuma con justa razón como legítima esta iniciativa legal y prefiera que la plata se encuentre en manos de los trabajadores/as, quienes formalmente son dueños de los fondos de pensiones.

No obstante, el discurso levantado en esta pasada es un arma de doble filo. En la Cámara de Diputados se escuchó con frecuencia la frase de que “los trabajadores son los dueños de los fondos de pensiones”, por lo tanto, “son ellos quienes tienen el derecho a disponer de estos fondos en tiempos de crisis”. Resulta útil este discurso para mostrar las contradicciones de quienes defienden a brazo partido a las AFP, pues demuestran que su defensa no es al “derecho de propiedad en abstracto”, sino que es una defensa al empresariado que usufructúa de esos recursos en concreto. Pero este discurso deberá negarse al momento de luchar por un nuevo sistema de pensiones de reparto, tripartito y solidario, pues los trabajadores tendrán garantizado el derecho de seguridad social y a una pensión digna, pero no tendrán el derecho a disponer de sus fondos en cualquier momento. Será una cotización obligatoria para tener garantizado el derecho de seguridad social, no existiendo capitalización individual (salvo que se decida un modelo mixto donde voluntariamente algunos puedan ahorrar en sistema privado de forma complementaria para mejorar sus pensiones).

Esta contradicción discursiva – y que incluso podría ser ideológica – es parte de la lucha política. El apoyo popular es tan amplio a esta medida que incluso diputados de derecha se vieron obligados a votar a favor. Todo sea por los votos. No obstante, este discurso sobre la “propiedad de los fondos” se instalará y será una cuestión a superar cuando se instale la discusión sobre el nuevo sistema de pensiones que rompa con la lógica de capitalización individual.

Finalmente, otro problema que representa este proyecto es que los trabajadores siguen pagando la crisis con sus propios ahorros, tal como ocurre con las medidas que flexibilizaron el uso del seguro de cesantía para permitirle a los empleadores no pagar las remuneraciones de sus trabajadores en aquellos casos que se vieron obligados a cerrar o disminuir la actividad producto de las medidas de confinamiento por la pandemia.

Aun esta iniciativa legal tiene largo camino por recorrer. Debido a las modificaciones que sufrió en la discusión en la Cámara, debe volver a la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia de la Cámara de Diputados. De pasar la tramitación allí, tiene que ser votada por la Cámara de Diputados. E incluso, si es aprobada por ambas Cámaras, el Presidente de la República puede vetarla, tal como lo hizo con el proyecto de ley que prohibía el corte de suministros básicos durante la pandemia. Si se produce esta hipótesis, los 95 votos obtenidos hoy no serían suficientes, pues se debe insistir con 2/3 de los diputados (103) y senadores (29) en ejercicio.

A pesar de ello, el pueblo está feliz por la posibilidad de disponer de sus fondos que hoy son administrados por las AFP para financiar empresas privadas y que luego, al momento de jubilación, tampoco son destinados a pagar pensiones dignas, pues el sistema de pensiones de capitalización individual impuesto en dictadura jamás fue pensado para ello.

Por Javier Pineda Olcay, editor Convergencia Medios

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