El Gobierno de Trump busca que la clase trabajadora cargue el costo de volver al trabajo

Siempre a la vanguardia de la innovación, el Gobierno de Trump encontró una nueva forma para enriquecer a las compañías aseguradoras y perjudicar a la clase trabajadora en medio de una pandemia: declarando que las compañías aseguradoras de la salud no deben cubrir los costos del testeo de COVID – 19 para el retorno al trabajo.

Mientras que los negocios reabren, los trabajadores despedidos y suspendidos perderán el acceso a los beneficios de desempleo si permanecen en sus casas debido al temor de que sus lugares de trabajo son inseguros. Ahora, una jugada del Gobierno de Trump para proteger las utilidades de las aseguradoras de salud podría obligar a la clase trabajadora a entregar dinero por el privilegio de ser obligados a volver a trabajos que amenazan sus vidas. 

Muchas empresas buscan que sus trabajadores sean analizados en busca del virus antes de que vuelvan a sus puestos de trabajo, donde podrían, sin saberlo, esparcir la enfermedad a sus compañeros de trabajo y a la clientela. Pero gracias a una nueva directiva del Gobierno de Trump, si una empresa necesita que sus trabajadores pasen por un test de coronavirus antes de ser recontratados, los empleados o sus empleados – no las aseguradoras de salud – podrían terminar pagando por ello.

La directriz aparece mientras las aseguradoras han estado presionando para descargarse de los testeos obligatorios, y podría ser un premio enorme para la industria, cuyas ganancias están creciendo explosivamente durante la pandemia. Es otro golpe luego de que algunos Estados hayan decretado medidas de protección de riesgos, impidiendo que empleados y clientes demanden a las empresas en caso de infectarse con COVID – 19, y el Congreso también está evaluando extender esa idea por toda la nación.

Médicamente Apropiado

La semana pasada, funcionarios de Trump presentaron las instrucciones declarando que las compañías de seguros de salud no necesitaban cubrir los costos de los testeos de COVID – 19 para propósitos de contratación, bajo la Ley de Respuesta al Coronavirus “Familias Primero”. La legislación fue aprobada por el Congreso para prevenir que los pacientes tengan que soportar copagos o cobros inmediatos para los test de coronavirus.

Las nuevas instrucciones entregadas por el Departamento del Trabajo de EEUU, el Departamento de Salud y Servicios Humanos, y el Departamento del Tesoro dice que las aseguradoras sólo tendrán que pagar por los testo que están catalogados como “médicamente apropiados” por un proveedor de salud.

Ese vacío podría permitir que las aseguradoras eviten cubrir el costo de los test para volver al trabajo. Las cuentas probablemente llegarán a las empresas, o a sus trabajadores si los empleadores no quieren pagarlas. Los cotos de las pruebas pueden ser bastante costosos, variando desde los $150USD hasta los $7.000USD, de acuerdo a reportes de prensa.

America’s Health Insurance Plans, una empresa lobista para las grandes aseguradoras en Washington DC recientemente encargó un estudio que muestra que las pruebas de COVID – 19 podrían costar entre 11 y 44 mil millones de dólares anuales. Eso es una suma lo suficientemente grande para afectar potencialmente las ganancias de las aseguradoras, incluso cuando ahorran dinero mediante la prevención de atención médica y procedimientos electivos para la población. Las aseguradoras también han rechazado el cubrir las pruebas de anticuerpos para coronavirus, sosteniendo que son muy poco confiables.

Ahora tengo una cuenta por el test de COVID–19

La decisión del Gobierno continúa una serie de comentarios inexplicables que el Presidente Donald Trump ha hecho en las últimas semanas, sugiriendo que personalmente instruyó a “su gente” que redujeran el testeo para coronavirus. La semana pasada, el Gobierno de Trump también anunció que terminará el apoyo federal para las instalaciones de pruebas de coronavirus para automovilistas en cinco estados que han sido impactados particularmente fuerte por la pandemia.

“Las casas de retiro estarán entre los más afectados por las nuevas instrucciones sobre testeo”, de acuerdo a Modern Healthcare, puesto que los empleados en las casas de retiro requieren hacerse pruebas por COVID – 19 regularmente. El Wall Street Journal informó a inicios de este mes que hasta ahora ha habido más de cincuenta mil muertes relacionadas a casas de retiro desde que inició la pandemia. De acuerdo al New York Times, las casas de retiro tampoco pagarán por las pruebas.

Las consultas oftalmológicas son otros lugares de trabajo donde la distancia social entre pacientes y doctores no es posible. En abril, una optometrista en Seatlle escribió al Comisionado de Seguros del Estado de Washington solicitando que su aseguradora, United Healthcare, cubriera su test para volver al trabajo, de acuerdo a un reclamo de consumidor que obtuve.

“Me solicitaron que hiciera una prueba para COVID – 19 para volver al trabajo, debido a un resfriado anterior a la cuarentena, y ahora tengo una cuenta por el test de COVID – 19”, escribió. “Esta cuenta debería ser eximida, así como mi aseguradora y el Estado se eximieron de todos los costos por las pruebas de COVID – 19.

La oficina del Comisionado de Seguros le respondió que no podían ayudarla, debido a que ella está en un plan autofinanciado – como la mayoría de las personas cubiertas con un seguro basado en el empleo – que está regulado por el Departamento del Trabajo. Ahora, el Departamento del Trabajo ha dejado claro que su compañía aseguradora no tendrá que pagar.

Otros vacíos legales que ayudan a que las aseguradoras eviten el pago de las pruebas.

Hay otros mecanismos legales en las condiciones de la Ley Familias Primero que permite a las aseguradoras evitar el costo de las pruebas y el tratamiento del coronavirus.

Por ejemplo, si un paciente visita la consulta de un médico creyendo que podría tener coronavirus, y el médico no ordena una prueba, pueden soportar el costo de la visita al médico, como deja claro un reclamo de consumo del Estado de Washington contra Regence BlueCross Blue Shield of Oregon.

“A principios de marzo, mi hija tuvo tos”, escribió un padre. “Su colegio solicitó que llevara a mi hija a una consulta médica para que fuera evaluada por COVID – 19 antes de que pudiera volver completamente a las actividades escolares. Siguiendo las instrucciones de la Orden de Emergencia número 20 – 01 del Comisionado de Seguros del Estado de Washington, fuimos a la consulta del Pacific Medical Center’s Lynnwood para hacer las pruebas y el tratamiento. El Centro Médico Pacific hizo el examen para COVID – 19 y determinaron que mi hija no estaba en una categoría de alto resigo que necesitara pruebas de laboratorio. Regence no eximió el deducible y ahora el Centro Médico Pacific me está cobrando $203,55USD por la consulta”.

Un abogado de Regence dijo que los servicios cobrados “sólo incluyeron la consulta médica”. Explicó que: “las solicitudes por consultas médicas son pagables al 100% si se ha cobrado por una prueba por COVID – 19 o si la consulta médica cobrada tiene un diagnóstico que indica una prueba positiva de COVID – 19”.

Algunos hospitales han reclamado que grandes empleadores con planes de seguro auto financiado para sus empleados, han estado operando bajo la presunción de que no están cubiertos bajo la Ley Familias Primero, y no pagan nada por las pruebas de coronavirus, incluso cuando el Departamento del Trabajo clarificó en abril que la ley en efecto aplica a los grupos de seguro autofinanciados.

Por Andrés Pérez, publicado en Jacobin Magazine. Traducción de Esteban Spencer.

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Autor entrada: Convergencia Medios

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