El Estado, el rol de los funcionarios públicos y el proceso constituyente en una coyuntura de pandemia

Las cada vez más profundas contradicciones en el seno de la sociedad chilena, relativas a los notorios déficits democráticos heredados de los pactos entre la ex Concertación y quienes sostuvieron la dictadura, explotaron con fuerza el 18 de octubre recién pasado.

El régimen político surgidos de los pactos de la transición se ha mostrado incapaz de procesar satisfactoriamente para la burguesía los conflictos sociales y políticos frutos de 30 años de de profundas desigualdades de clase, regiones, pueblos originarios, etc. Asimismo, tampoco ha podido de cumplir, pese a algunos discursos en clave electoral, con las expectativas de establecer un sistema de derechos sociales generales garantizados por el Estado, una forma estatal plurinacional y con reales ejercicios de democracia participativa.

Así, desde mediados de los años 80 se ha producido un doble movimiento de destrucción de lo público. Por un parte, la administración pública se ha deshecho de las empresas e industrias nacionales y, por otra parte, mediante el traspaso de recursos públicos a empresas privadas en educación y salud, privatizando los aspectos más esenciales de la vida en sociedad. Junto con ello, la política económica del patrón neoliberal impide una política industrial propia, cediendo soberanía mediante la exportación de materias primas y la importación de bienes de consumo.

Entonces, esta “falta de Estado”, entendido como el conjunto de instituciones políticas encargadas de garantizar la existencia digna de todas y todos, se explica bajo la premisa, meramente ideológica, de que este debe existir e intervenir socialmente en tanto no exista actividad privada sobre un asunto específico. Más aún, sectores ultra liberales, profundizan en esta línea y reducen idealmente al Estado a una institución de control policial interno, que vigila las fronteras y recauda los impuestos necesarios para su propio funcionamiento. El resto es iniciativa empresarial.

Así las cosas, por ejemplo, para las concepciones dominantes, ajenas a cualquier forma de organización social de bienestar común o de desarrollo y soberanía, el Estado debe garantizar la salud, la educación o la vivienda solo para quienes no puedan proveérsela de forma privada. Entonces, las necesidades generales deben satisfacerse privadamente y sólo en caso de que ello se imposible, debe actuar el Estado de forma focalizada, en términos muy precarios y superficiales. Esto, durante años ha contribuido,además, a la fragmentación de la clase trabajadora en diversas capas, según la capacidad de consumo -real o vía endeudamiento- de bienes que debiesen ser comunes.

Sin embargo, 30 años de injusticia salarial, bajas pensiones, desigualdad salarial entre hombres y mujeres, segregación urbana, discriminación y racismo, destrucción medioambiental y gigantescas ganancias empresariales, gestaron la unidad del Pueblo que se expresó en la revuelta de octubre y las movilizaciones posteriores. La demanda: fin a la Constitución, democracia participativa y establecimiento de un Estado garante de derechos sociales generales.

Un nuevo Estado para una nueva sociedad aparece, entonces, como un objetivo social y es, al mismo tiempo, una condición de satisfacción de los deseos y necesidad populares de nuestro país. El debate por qué Estado se requiere, cuál será su función y objetivos prioritarios, su relación con la sociedad civil y las organizaciones de la clase trabajadora, han asumido hoy un lugar central en la discusión nacional.

Sin embargo, menos discusión ha existido respecto a qué tipo de trabajador y trabajadora pública requiere un Estado garante de derechos sociales y que propugne la colectivización de las decisiones de relevancia nacional. Más de 40 años de Estado subsidiario y de limitado ejercicio democrático, han creado un imaginario -dentro y fuera de la administración estatal-  acerca de qué es o qué se espera de los trabajadores y trabajadoras públicos. El carácter subsidiario mencionado ha creado también un funcionario subsidiario, solo opera donde no opera el mundo privado y donde opera lo hace en muy precarias condiciones, manteniendo diversos contratos de trabajo con diversos niveles de inestabilidad y desigualdad entre funcionarios, la que se genera mayormente por la utilización de cargos públicos con el único afán de pago de devolución de favores políticos, lo que finalmente termina por desnaturalizar la función pública y funcionar como caja de ciertos grupos económicos.

Por ello, más aún ahora con los efectos de la Pandemia y la crisis social en desarrollo, es necesario abrir el debate en torno a qué funcionario y funcionaria pública se requiere en un Estado plurinacional, más democrático, con empresas públicas productivas, que otorgue derechos sociales generales de salud, vivienda y educación, que concentre las riquezas nacionales, que construya país y que oriente el futuro. Y creemos que es urgente abrirlo para, desde las organizaciones sindicales y gremiales del Estado -centralizado y descentralizado-, poder participar masiva y activamente del proceso constituyente y de transformación social iniciado en octubre del año pasado.

Se necesita, entonces, de organizaciones sindicales y gremiales del Estado, tanto de la administración central como de los municipios y demás instituciones estatales, que estén verdaderamente insertos en los procesos de organización y unidad de la clase trabajadora, en las acciones de solidaridad y en las discusiones programáticas del proceso constituyente. No es posible pensar un futuro mejor para nuestro país sin las trabajadoras y trabajadores del Estado y, por lo tanto, a la vez, si las organizaciones sindicales del sector público no asumen su tarea histórica puesta en esta coyuntura, todo camino de mejora en las condiciones generales de nuestro Pueblo resultará fallido, pues con la unión de todos y todas podemos crear un nuevo Estado el cual promueva una noción de bien común que sea inclusivo, respetuoso, promotor de los derechos humanos y feminista, superando las formas patriarcales que asume nuestra sociedad.  

Por Trabajadores/as del Sector Público de la Convergencia 2 de Abril           

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Autor entrada: Convergencia Medios

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