Por Shawn Gude para Jacobin Magazine
Traducción por Esteban Spencer
Cuando las uniones policiales han ampliado su alcance más allá de asuntos como compensaciones y condiciones de trabajo, ha sido casi exclusivamente para fines conservadores.
Su profesión está fuertemente sindicalizada. Culturalmente, ellos tienen más en común con conductores de buses que con ejecutivos de empresa. Muchos provienen de la clase trabajadora.
Sin embargo, la policía entra en contacto con los sectores más desaventajados para interrogar, arrestar y agredir. Esto presenta un problema para quienes se asumen radicales. Si la izquierda existe para algo, es la emancipación de los trabajadores y la militancia obrera. Pero la policía y otros agentes en el aparato coercitivo del Estado, quienes son ellos mismos trabajadores en muchos aspectos, son los guardianes de la sociedad de clases. Sus trabajos existen para mantener el control social y proteger el status quo.
La llegada de las asociaciones en esta parte del Estado presenta problemas adicionales. ¿Es posible que las “asociaciones de coacción” alguna vez aboguen por las amplias franjas de trabajadores, en vez de los estrechos intereses de sus miembros? ¿Son las asociaciones policiales irremediablemente reaccionarias?
Es fácil centrarse en el individuo antes que la institución. No pocos oficiales de policía están atraídos a la profesión por un deseo de “servicio público”. Muchos buscan servir de forma genuina, y encuentran gran orgullo en su ocupación elegida. La policía no siempre disfruta quebrando protestas; no necesariamente son racistas u odian a la población en situación de calle. Sin embargo, cuando elijen sus trabajos, las exigencias institucionales superan la voluntad personal. Cuando hay resistencia de las masas a la pobreza y la inequidad, son los policías quienes son convocados a calmar el pánico que aparece en los corazones de la elite. Son ellos quienes golpean cráneos, infiltran y desarman grupos de activistas, y todo vuelve a estar bien en el mundo.
Este es el problema inherente de las asociaciones de agentes de policía: están construidos por gente que tiene intereses materiales en mantener y extender las prácticas más indefendibles del Estado.
Es difícil imaginar cómo puede ser diferente. Los profesores de Chicago ejemplifican el tipo de sindicalismo que defiende a la clase trabajadora de forma amplia, organizando la comunidad antes de la huelga mediante la difusión de una visión equitativa de la educación. La izquierda lo celebró. ¿Cómo puede pasar algo parecido con los gendarmes? Una huelga policial parecería una señal de un autoritarismo incipiente, policías desconociendo los mandatos democráticos. ¿Se puede empoderar a la policía – fuertemente militarizada y atravesada por una cultura de orgullosa crueldad[1]– sin que eso conduzca a un aumento de la represión? ¿Qué será del objetivo tradicional del socialismo, de alcanzar el autogobierno de los trabajadores, sino en una distopía de múltiples prisiones, policías implacables y guardias fronterizos milicianos? Parece que lo mejor que podemos esperar de la policía es pasividad.
Como indica Kristian Williams en Nuestros Enemigos de Azul[2], la policía profesionalizada apareció en los Estados Unidos durante la urbanización entre 1820 y 1830. La razón para su formación fue, más que controlar un alza en el crimen, el control de las clases “peligrosas” (principalmente aquellas derivadas del trabajo industrial). La institución tiene sus raíces en las patrullas de esclavos, las cuales se establecieron para controlar el comportamiento de los esclavos, las “clases peligrosas” de esa época.
En los últimos años del 1800, cuando creció la organización de trabajadores para la mejora de su situación, las élites nuevamente palidecieron. La policía rompió huelgas, confiscó periódicos favorables al paro, y arrestó a los trabajadores radicales. Estados como Pennsylvania crearon fuerzas para lidiar con los paros laborales. La libertad de opinión y asociación fue subordinada a la propiedad privada.
A este respecto, poco ha cambiado. Quien sea activista, y esté haciendo cualquier cosa de importancia, espera estar bajo vigilancia, y estará bajo monitoreo como agente provocador. Donde está comprometido el capital, los policías son sus custodios y la Primera Enmienda es un escombro.
Otras formas más sutiles de policía – principalmente ideológicas – han existido por largo tiempo. El oficial de policía, el guardia fronterizo y el gendarme sólo aparecen cuando las amarras abstractas requieren hacerse concretas. Cuando fallan todos los intentos de controlar la conducta de la ciudadanía, aparecen para interceptar migrantes indocumentados forzados a dejar sus hogares por efecto de los tratados comerciales, para vigilar narcotraficantes encarcelados provenientes de sitios eriazos donde alguna vez hubo industrias. Cuando ejercitan su poder, es lejos de cualquier sutileza; ellos encarnan el monopolio estatal del uso de la fuerza. Y tienen un interés comprometido en aumentar ese poder sin controles.
Cuando las asociaciones policiales han ampliado su alcance más allá de asuntos como compensaciones y condiciones de trabajo, ha sido casi exclusivamente para fines conservadores. La policía, como indica Williams, se organiza como policía, no como trabajadores.
Ellos se han opuesto duramente a los consejos civiles de supervisión policial[3] (y, en caso de establecerse, se han propuesto socavarlos). Lucharon contra la colocación de nombres y números de placa en sus uniformes. Han resistido la erradicación del mal comportamiento policial. Como indica el criminólogo Samual Walker, “el movimiento sindical de policías moderno se originó principalmente en reacción al movimiento de derechos civiles y a la crítica sobre el mal comportamiento policial durante 1960 … el origen o al menos la acción militante de estas asociaciones aparece en repuesta a las iniciativas específicamente dirigidas a la relación entre la comunidad y la policía en 1960”.
Y las asociaciones policiales ni siquiera son las peores en escena.
En el reducto de las asociaciones coercitivas, la unión de gendarmes de California (CCPOA) tiene el liderazgo. Esta organización hace mucho se define a sí misma como separada de la corriente general del movimiento sindical. Políticamente, los gendarmes de las cárceles de California no están relacionados al Partido Demócrata, e institucionalmente no están afiliados con ninguna de las Federaciones de Trabajadores de la nación. La asociación ha probado su habilidad para convertir el encarcelamiento masivo en un poder político cada vez más creciente, aumentar su membresía y obtener más derechos. Llevan a la bancarrota a grupos que abogan por los “derechos de las víctimas”, luchan contra las reformas anti – encarcelamiento y proveen millones de dólares a demócratas y republicanos que apoyan posiciones de defensa del orden público.
Cuando se normalizó el endurecimiento de las penas hace varias décadas atrás, la organización era pequeña, su membresía reunía cerca de cinco mil miembros, y su presupuesto no alcanzaba al medio millón de dólares. Ahora representan más de treinta mil oficiales de gendarmería. Sólo en 2008, gastaron casi 5 millones de dólares en la elección de candidatos afines y, más importante, para vencer una consulta que buscaba reducir la población penal mediante el tratamiento como reemplazo al encarcelamiento. Otras asociaciones de gendarmes se han beneficiado por el crecimiento explosivo de las prisiones, pero ninguna ha logrado capitalizar en el estado carcelario como la CCPOA. La asociación mira hacia la población marginada y observa una oportunidad para enriquecerse.
Dos de los primos ideológicos de la CCPOA son el Consejo Nacional de Guardia Fronterizos (NBPC) y el Consejo Nacional ICE. A diferencia de la CCPOA, los dos son parte de la Casa del Trabajo – son miembros sindicales de la Federación Estadounidense de Empleados Gubernamentales, la cual está afiliada con la Federación Estadounidense del Trabajo y Congreso de Organizaciones Industriales. Sin embargo, en debates sobre inmigración, han apoyado la línea pro-reforma de la Federación (la que ha concedido demasiado a la derecha).
Sobre todo, ambas organizaciones están interesadas en más refuerzos, sin perjuicio de que la deportación de migrantes indocumentados en tiempos de Obama ha sido la más alta que en cualquier otro presidente. Por supuesto, estos dos grupos prefieren el término de “aliens ilegales” para referirse a los migrantes indocumentados. Según informó en junio el New York Times, el presidente de la ICE, Chris Crane, ha sido testigo habitual en el Parlamento del debate sobre la reforma migratoria de este año, y el experto favorito de los críticos conservadores en el Senado.
Además de intentar sabotear todo camino a para alcanzar la ciudadanía, la asociación de guardias fronterizos ha resistido los esfuerzos para restringir su violento mandato. “Si no lanzas piedras a los agentes de las patrullas fronterizas, no te dispararán”, dijo el amable vicepresidente de la NBPC en noviembre.
Hay contraejemplos, entre los que se encuentran, irónicamente, algunos policías en la era del apartheid en Sudáfrica.
En la década de 1980, los oficiales de policía de raza negra eran agentes de su propia subordinación. Internamente estaban atascados en posiciones de bajo rango y carecían de los derechos obtenidos de negociaciones colectivas; externamente no podían arrestar a personas de raza blanca, pero tenían que reprimir el descontento que amenazaba con derribar el gobierno racista de los afikaner. Elgunos de ellos, económicamente desesperados y habitualmente atraídos desde las zonas rurales por la promesa de un salario, y luego de ser maltratados en la fuerza, patrullaban intranquilos y sin compasión las poblaciones del país.
Organizaciones revolucionarias y miembros de la comunidad llamaban a los policías de raza negra a unirse a la lucha por la liberación. En septiembre de 1989, encontraron a su dirigente disidente. Gregory Rockman, un teniente delgado y bigotudo de los suburbios de Ciudad del Cabo. El hombre de 30 años criticó duramente a la policía antidisturbios, a quienes llamó “una jauría de perros salvajes”, quienes “festinaban de la gente”, y dijo buscar “una nueva era de policía en Sudáfrica, y asegurar a la población que no eran enemigos sino protectores”.
El mes siguiente, Rockman presidió la creación de la Unión de Derechos Civiles de la Policía y las Prisiones (POPCRU), la primera asociación gremial en Sudáfrica, de acuerdo a la socióloga Monique Marks.
La primera manifestación resultó en el arresto de Rockman y doce personas más. La adhesión a la asociación creció, pero también lo hizo la represión del gobierno. Los policías que intentaron unirse fueron suspendidos o despedidos, algunas reuniones fueron disueltas con gas lacrimógeno, y algunos miembros fueron molidos a palos. Junto a la resistencia vino la solidaridad, tal como escribió Gavin Cawthra en su libro de 1993 Policías en Sudáfrica: “la escena de policías en uniforme cantando en favor de la libertad y gritando consignas contra el apartheid motivó manifestaciones populares de apoyo”.
Íntimamente relacionado al Congreso Nacional Africano, surgido en el corazón de la lucha contra el apartheid, los primeros años del POPCRU fue un referente en el movimiento sindical y social. En su sitio web, aún declaran su misión de “avanzar la lucha de la clase trabajadora dentro del sistema de justicia criminal”.
Pero hay razones para el escepticismo. ¿Puede una organización que reúna policías y gendarmes realmente avanzar la lucha de la clase trabajadora? La negociación colectiva se ha ganado, el apartheid ha desparecido. El POPCRU ya no es, en palabras de Marks, un “grupo disidente”. ¿Qué distingue, entonces, este movimiento de derechos civiles de cualquier asociación de policías estadounidenses? Para Marks, ésta parece ser una mala comparación. Así como el POPCRU funciona como un “ojo vigilante”, que busca atenuar el autoritarismo policial, también pueden existir asociaciones de policías de raza negra que busquen la reforma del sistema.
El equivalente estadounidense podría ser la Asociación Nacional de Policías de raza Negra (NBPA). Ella se opone a la pena de muerte, aboga las acciones de refuerzo positivo y condena la crueldad policial. Apuntan a ser la “consciencia del sistema de justicia criminal, y mejorar la calidad de vida de la población afroamericana”. Pero el grupo no tiene una posición unitaria para oponerse a la inadmisible Guerra contra las Drogas, un frenético y colosal impulso carcelero que ha hecho que los EEUU tengan en prisión a una porción más grande de personas de raza negra de su población, que Sudáfrica durante el apartheid.
Fundada en 1972, justo un año después de que Nixon iniciara la Guerra contra las Drogas, la NBPA ha sido una anémica fuerza pacifista. Durante el curso de las décadas, la guerra ha devastado a las comunidades de color, el número de minorías raciales y mujeres que han sido perjudicadas se ha incrementado substancialmente, mientras la NBPA ha sido la “consciencia del sistema de justicia criminal”. El que haya aumentado la presencia de mujeres y minorías en la fuerza policial, elogiable sin duda, no ha disminuido fundamentalmente el sistema de discriminación social del país, y no debería resultar suficiente para calmar a los partidarios de una reforma a la policía.
A su favor, la AFL – CIO se posicionó fuertemente en contra del encarcelamiento masivo este año. En septiembre, en la convención cuadrienal de la federación, el presidente Richard Trumka la calificó como una “traición de la promesa americana”. Dijo: “esta práctica daña a nuestra gente y a nuestras comunidades, mantiene los bajos salarios, inhibe la democracia, y ya no podemos soportar el encarcelamiento de tanta gente. Ni nuestras familias, nuestras comunidades, o nuestro país, puede soportar la pérdida de productividad de estas personas”. Las potentes declaraciones de Trumka y la consiguiente resolución que produjo, son relevantes en tanto la asociación más grande de la federación, AFSCME, cuenta con gendarmes de prisión entre sus miembros. Sin duda, consciente de la tensión entre la justicia social y el estrecho interés propio, la resolución acusaba principalmente a la industria privada de las prisiones, reclamando que “nuestro sistema de justicia, guiado por motivos lucrativos, está produciendo un nivel en encarcelamiento masivo que es todo menos justo”.
Aunque la resolución fue admirable, es probable que sea pura retórica, en el mejor de los casos una sugerencia para que los centros vinculados al complejo industrial de la prisión cambien de táctica. La estructura organizacional de la AFL-CIO tal que la federación tiene tanto poder para obligar a un afiliado obstinado a cambiar su comportamiento como lo hace un padre con un hijo adulto. Como establece la constitución de la AFL-CIO, los sindicatos miembros «están afiliados, pero no subordinados o sujetos a la dirección general y el control de la Federación». El difunto periodista Robert Fitch creía que esto inscribió la corrupción en la estructura misma del trabajo organizado. Corrupta o no, la independencia de los centros penitenciarios sin duda restringe la capacidad de la federación para dirigir el sindicalismo coercitivo en una dirección más constructiva.
Quienes son socialistas, reconociendo las contradicciones del sistema democrático capitalista, a veces garante y carcelero de la libertad, pueden al mismo tiempo amar el cuidado universal de salud y odiar a la policía de Nueva York. Reconocemos que, a través de la lucha, los trabajadores hemos asegurado un lugar ocasional en lo que Marx llamó el comité ejecutivo de la burguesía. Los liberales pro-trabajadores están un terreno más peligroso. Incapaces de navegar en los matices y paradojas del sector público, su mensaje contra la austeridad es “no recorten los trabajos de profesores, bomberos, y oficiales de policía”. Para ellos, la función de estas tres ocupaciones es idéntica: servir al bien común.
Los liberales pro-trabajadores ven un partido conservador con ánimo de revancha, recortes en las ayudas alimentarias, y en seguida corren a defender de rodillas un Estado monolítico. Ven un movimiento de trabajadores moribundo, en el cual el número de trabajadores asociados del sector público ahora eclipsa a aquellos sindicalizados en el sector privado, luego ven a algunos policías resistiéndose a los ataques del partido republicano en contra de sus derechos nacidos de negociaciones colectivas, y entonces creen que los policías son sus aliados naturales.
Pero ellos pasan por encima cuáles son los intereses de clase que están en juego cuando los policías son enviados a trabajar, en comparación a otros trabajos gubernamentales. Los profesores enseñan, los policías sirven al capital. Los indigentes arrestados por intoxicación en la vía pública son tratados de forma más severa que el corredor de Wall Street cuya avaricia produce la indigencia. Este es el sistema que la policía, los gendarmes y los guardias fronterizos mantienen.
Hacer la conversión a agentes progresistas requeriría que las asociaciones en estas ocupaciones renegaran de su propio poder, que trabajaran hacia su propia abolición. Sin este desarrollo, el gremialismo parece se el único modelo realista aquí y ahora. Negociar por salarios decentes y algunos beneficios. Aceptar las restricciones que las comunidades y las autoridades electas impongan. Actuar como asociaciones profesionales, construidas estrictamente para avanzar los intereses de sus miembros antes que cualquier cambio en la lucha de clases. Mientras tanto, los trabajadores y sindicalistas bajo el mismo paraguas de la asociación – principalmente la AFSCME – pueden poner presión interna en sus contrapartes represoras con la esperanza de apaciguar algunos de sus peores rasgos.
¿Pero aliados? Difícilmente. El policía que se alía por las negociaciones colectivas hoy estará protegiendo banqueros mañana.
[1] What Cop T-Shirts Tell Us About Police Culture – https://www.huffpost.com/entry/what-cop-tshirts-tell-us-_n_3479017
[3] [N. del T.] Órganos municipales encargados de revisar reclamos en contra de policías por mala conducta.
