Un nuevo momento en la lucha social

Esteban Spencer, trabajador de la Corporación 4 de agosto.

El lunes 18 de octubre, se cumplieron siete meses del inicio de la rebelión popular del 2019. En términos generales, es evidente reconocer que las causas más profundas que motivaron esa rebelión popular siguen presentes, y que la exigencia de cambios estructurales dentro del Estado se mantiene pendiente, dilatada bajo la expectativa de un incierto proceso de cambio institucional.

Desde la perspectiva del respeto a las condiciones democráticas básicas que subyacen detrás de los Derechos Humanos, es seguro decir que la grave crisis de autoritarismo y violencia estatal desatada en repuesta a la protesta social aún no tiene solución. La situación de impunidad que beneficia a los agentes estatales (civiles, militares y policiales) responsables de las graves, masivas y sistemáticas violaciones a la dignidad básica de las personas contrasta con la persecución rigurosa y expedita a la población civil que resultó procesada por el sistema judicial, y que mantiene hasta ahora a 267 adolescentes recluidos por causas vinculadas a las manifestaciones políticas ocurridas a partir del 18 de octubre recién pasado.

En ese marco, la tendencia de las últimas semanas hacía prever que este 18 de mayo estaría dedicado a la conmemoración y recordatorio del momento histórico por el que atravesamos. Sin embargo, el hecho político más relevante de la jornada ha sido, sin dudas, las protestas ocurridas al medio día en la comuna de El Bosque, en Santiago. El carácter de estas acciones no estuvo relacionado directamente con el 18 de octubre, sino que fueron claramente motivadas por las condiciones de hambre en la población movilizada.

Sabemos que las causas de la rebelión popular de fines del año pasado se encuentran en las bases del sistema neoliberal que rige nuestra estructura económica y política, y que la pandemia que estamos atravesado ha significado la profundización de los aspectos críticos de ese modelo para la gran mayoría de la población.

Sin embargo, la emergencia de la crisis sanitaria significó un cambio dentro de las condiciones de enfrentamiento político en nuestro país. Las masivas protestas del 18 de octubre demostraron la existencia de una fuerza popular cuyo impacto en el sistema se intentó contener mediante la apertura de un proceso de cambio constitucional y sólo pudo ser detenido con la abrupta llegada de la pandemia del COVID – 19 a nuestro país, lo que posibilitó la imposición de medidas excepcionales de control policial contra la población.

La resistencia que se inició en la zona sur de Santiago no sólo muestra una reaparición de la protesta popular dentro del escenario político, sino un cambio en las causas y objetivos de ésta. No es posible desconocer un cambio en el carácter de las acciones ocurridas desde el 18 de octubre en adelante.

Esta es la primera acción de lucha de masas en contra de las medidas de contención de la emergencia sanitaria. Detrás de los cortes de calles y barricadas, se reclama falta de alimentos y suministros básicos necesarios para sostener la vida, cuestión que aparece como consecuencia esperable de las medidas gubernamentales dirigidas a la protección del capital, y a la debilidad de las medidas de protección de la población que se implementaron la semana pasada[1].

La experiencia que se está obteniendo de otros escenarios similares hace esperable la apertura de un nuevo escenario de conflicto social a nivel nacional, concentrada principalmente en los territorios donde habita la población que se sostiene a base del trabajo informal. En esa antesala, es necesario prevenir las condiciones en las cuales se está configurando el enfrentamiento político desde ahora en adelante.

El hambre como motor de la protesta

Para los organismos internacionales, la inseguridad alimentaria aparece cuando no se tiene acceso a suficientes alimentos para satisfacer sus necesidades alimenticias para llevar una vida activa y sana[2]. Esta imposibilidad de acceso está afectando con más o menos intensidad en distintos países del mundo, y depende principalmente de la estructura productiva y comercial de cada Estado.

Sin perjuicio de las diferencias propias de cada país, no hay duda de que las mayores imposibilidades de consumo se concentran hacia los sectores más pobres de la población, lo cual ha propiciado la emergencia de amplios sectores populares en la disputa política, mediante masivas protestas y actos de resistencia, cuyas experiencias ese útil considerar en este momento de nuestra propia crisis.

A fines de marzo, mientras Italia seguía siendo el principal Estado golpeado por la pandemia, la población en el sur de Italia resolvió el problema del suministro de alimentos mediante la coordinación de saqueos masivos por redes sociales en supermercados y grandes almacenes. La respuesta inmediata del gobierno italiano fue la inyección de 4.3 billones de euros en ayudas directas a la población.

En el Líbano, la situación política tiene una línea de tiempo algo similar a la chilena. En octubre de 2019 comenzó una revuelta popular que sólo fue detenida por las medidas de contención sanitaria a mediados de marzo. Luego de un par de meses de agotamiento, el colapso económico y la falta de medidas de protección a la población ha elevado el índice de pobreza a un 75%, devolviendo a miles de personas a las calles en protesta por las condiciones de hambruna que está atravesando el país[3].

En nuestra región, la crisis alimentaria podría llegar a ser catastrófica. Según la información registrada por la FAO[4], 188 millones de personas, (una tercera parte de la población de América Latina y el Caribe), se encontraba en inseguridad alimentaria antes de la aparición de los primeros casos de COVID-19. Los grupos más golpeados, junto con los sectores de trabajadores informales, son las comunidades de migrantes e indígenas desplazados de sus territorios originarios.

En Colombia la hambruna avanza con rapidez. A casi dos meses de cuarentena y toques de queda, la interrupción del trabajo informal, la debilidad de las medidas de protección a la población y la corrupción dentro de los aparatos del Estado está empujando a los sectores más pobres de la población a una situación desesperada. La respuesta popular ha sido la protesta multitudinaria mediante la toma de calles y cortes de autopistas, además del saqueo de almacenes y el ataque a camiones de suministro de ayuda humanitaria[5]. 

El retorno de la protesta en Chile

El episodio de protesta ocurrido en El Bosque nos permite identificar algunos puntos relevantes sobre la dinámica de la lucha social en nuestro país. De partida, resulta claro que la retórica utilizada por el gobierno para referirse a las protestas sociales (poniéndonos en un escenario de guerra y tratando a los manifestantes como enemigos poderosos), se vuelve completamente inútil en este nuevo escenario.

No obstante, la respuesta inmediata del gobierno fue la represión policial, como es habitual. Sin embargo, hay algunas cuestiones que es necesario tener presente: estas fuerzas policiales no son las mismas que intervinieron en las protestas ocurridas luego del 18 de octubre de 2019.

Desde entonces, y sin perjuicio de haber sido los responsables directos de graves delitos y crímenes en contra de la población, la institución de Carabineros de Chile ha sido fortalecida de forma sostenida durante estos siete meses, no sólo desde el punto de vista de los recursos efectivos con los que cuentan para cumplir la función represiva,[6] sino desde la protección política a sus directivos y funcionarios para evitar la responsabilidad criminal que les corresponde por los actos de violencia desmedida e injustificada que cometieron en contra de la población durante más de cinco meses de protestas sin descanso.

Por otro lado, las fuerzas policiales ahora están acompañadas de personal militar, las cuales están desplegadas por todo el territorio nacional, cumpliendo funciones de orden público. Sin embargo, a diferencia de su salida a fines de 2019, ahora poseen una regulación normativa sobre sus actuaciones en estado de excepción constitucional, según el Decreto N°8 del Ministerio de Defensa Nacional, publicado el 22 de febrero de 2020. Según este marco, se reconoce expresamente que las Fuerzas Armadas pasan a tener funciones policiales, estando facultadas para practicar detenciones, autorizar e impedir el paso de personas y vehículos, y registrarlos. Además, se permite el uso de la fuerza potencialmente letal, pudiendo usar armamento de fuego “En la protección de las instalaciones, sistemas o componentes de empresas o servicios, cualquiera que sea su naturaleza, finalidad o función, que atiendan servicios de utilidad pública”.

Finalmente, es necesario hacer presente que las condiciones institucionales de respeto y protección a los Derechos Humanos (como expresión estatal de la dignidad mínima de las personas) están en una profunda crisis. La mejor expresión de esta debilidad puede observarse en la actual situación del INDH, que ha caído en una complacencia con el gobierno producto de la actitud sostenida del Director en medios de comunicación. El estado de pasividad del organismo es tal, que las dos asociaciones de funcionarios que lo integran llevan más de siete días de paralización en busca de la salida de Sergio Micco y una rectificación del rumbo que ha tomado el Instituto en estos últimos meses de violencia represiva. 

Como es habitual, el enfrentamiento entre la población y las fuerzas policiales militarizadas no mostró la superación decisiva de estos últimos. Sin embargo, la protesta social motivó la respuesta casi inmediata de la Presidencia de la República, anunciando un paquete de asistencia social dirigido al 70% de las familias más pobres del país. Esto último es excepcional, y debería ser indicador de una actitud distinta de las autoridades a estos reclamos, que sin duda tienen un carácter más urgente y grave que los episodios anteriores de protesta.  

En conclusión, estas palabras buscan actualizar algunas formas que del conflicto social en nuestro país.  En particular, las miles de denuncias y condenas (nacionales e internacionales) parecen más bien simbólicas que prácticas, incapaces de provocar efecto alguno en las instituciones del aparato represor, ni en las autoridades civiles que las supervisan. Estas consideraciones deben ser parte de la lectura sobre los próximos hechos de violencia política que sin duda seguirán ocurriendo durante el curso de la crisis sanitaria.

[1] Así lo reconoció el Municipio de El Bosque en una declaración pública emitida el mismo día de las protestas: “(quienes están protestando) son esos vecinos y vecinas que luego de más de un mes sin poder trabajar, sin haber recibido ni una medida concreta del Estado … vemos con mucha preocupación las medidas adoptadas por el gobierno, ya que son insuficientes para los efectos que está provocando esta pandemia”.

[2] FAO, FIDA, OMS, PMA y UNICEF. 2019. El estado de la seguridad alimentaria y la nutrición en el mundo 2019. Protegerse frente a la desaceleración y el debilitamiento de la economía. Roma, FAO.

[3] https://edition.cnn.com/2020/04/28/middleeast/lebanon-hunger-aid-coronavirus-intl/index.html

[4] Informe Oficina Regional de la FAO para América Latina y el Caribe “Seguridad Alimentaria bajo la Pandemia de COVID-19”, abril 2020.

[5] https://www.dw.com/es/coronavirus-en-colombia-la-cuarentena-est%C3%A1-causando-hambre-y-protestas/a-53233269

[6] Entre el 1 de enero y el 19 de marzo de 2020, Carabineros de Chile gastó 8 millones de dólares aproximadamente en vehículos destinados al control del orden público, a través de tres compras sucesivas de vehículos antidisturbios y carros lanza aguas. https://interferencia.cl/articulos/carabineros-ha-gastado-mas-de-66-mil-millones-de-pesos-en-vehiculos-lanza-gases-y-lanza