Por Simón Fuentes
Iniciamos mayo y seguimos con nuestras entrevistas y notas sobre la forma en que distintas organizaciones sociales y políticas enfrentan la coyuntura de la pandemia del coronavirus. Esta vez, entrevistamos a Eduardo León, el cual forma parte del equipo nacional de conducción política y vocero de Congreso de los Pueblos en el Comité Nacional de Paro y la Cumbre Agraria, Campesina, Étnica y Popular. Él respondió nuestras preguntas sobre la situación que se vive en Colombia.
¿Cuál es la situación que se está viviendo en Colombia a partir del Coronavirus?
Como en otros países del mundo y de Nuestra América, la respuesta gubernamental a la crisis sanitaria ha sido funcional a las necesidades de la economía capitalista inyectando millonarios recursos al sector financiero y las grandes empresas, inoportuna, de corte autoritario militarizando la sociedad, restringiendo libertades y sin respuesta eficaz para garantizar el trabajo, la salud y la alimentación, derechos que han venido siendo conculcados y violados sistemáticamente por parte del propio estado y los empresarios.
¿En qué momento los encuentra esta nueva coyuntura y en qué les ha afectado?
Nos encontrábamos en un momento clave de movilización dentro de un ciclo de ascenso de las luchas sociales populares en el país, que se ha visto neutralizado temporalmente por la coyuntura del COVID 19 y las medidas de aislamiento social impuestas. No obstante, diferentes sectores sociales reanudan las protestas: trabajadorxs del sector de la salud ante medidas que los obligan a prestar sus servicios sin garantías laborales ni de bioseguridad, el rechazo a la inyección de recursos a través de las EPS que profundiza la privatización y mercantilización de la salud y no redunda en el fortalecimiento científico y de infraestructura hospitalaria; pobladores de barrios populares y trabajadorxs informales y del sector de la construcción, denunciando el incumplimiento de las precarias ayudas humanitarias anunciadas por el gobierno nacional y los gobiernos locales y exigiendo una cuarentena con dignidad y una renta básica vital equivalente por lo menos a un salario mínimo mensual; trabajadores del sector productivo ante la mayor precarización laboral manifiesta en la suspensión de contratos laborales, disminución de salarios, vacaciones obligatorias, despidos masivos y ausencia de bioseguridad en los puestos de trabajo; persona privadas de la libertad exigiendo la declaratoria de una emergencia carcelaria que incluya, además de medidas efectivas para contener la propagación de la pandemia en los centros carcelarios, la libertad y sustitución o suspensión de penas, la respuesta represiva gubernamental dejó un saldo de 21 presos asesinados y decenas de contusos y heridos de gravedad, aduciendo como argumento que detrás de las protestas se escondía un plan de fuga masivo liderado por organizaciones guerrilleras.
¿Hay diferencias del cómo ha afectado la pandemia entre las organizaciones rurales y urbanas?
La pandemia afecta mayormente a las grandes ciudades por la alta densidad poblacional y la precariedad del sistema de salud que está desmantelado, privatizado y mercantilizado en su totalidad en el marco del modelo neoliberal. Aunque en las zonas rurales el impacto ha sido menor en cuanto a número de personas contagiadas, existe un riesgo latente de que pueda dispararse sin que exista ninguna capacidad ni voluntad política de respuesta estatal, la precariedad del sistema de salud en el campo es mayor que en las ciudades. Algunas comunidades campesinas y pueblos étnicos (indígenas y afrocolombianos) han implementado medidas autogestionarias de seguridad de los territorios, y de solidaridad popular y conocimientos populares y ancestrales medicinales para enfrentar la amenaza de la pandemia.
¿Cómo les afectado a ustedes como Congreso de los Pueblos?
Somos parte del pueblo colombiano y en esa medida nuestras comunidades rurales y urbanas padecen los rigores de la crisis sanitaria que agrava aún más sus condiciones de vida, bastante precarizadas como efecto de décadas de imposición de políticas neoliberales y el sistema capitalista. Nuestra militancia, no obstante, ha respondido, consecuentemente con nuestro compromiso revolucionario, a los retos que nos plantea este momento de la lucha de clases, acompañando a las comunidades y organizaciones sociales en las protestas y movilizaciones, promoviendo y desarrollando la solidaridad de clase, contribuyendo a la respuesta autogestionaria comunitaria dirigida a proteger los territorios y avanzar en la soberanía alimentaria, y, en general, tratando de mantener el ciclo de ascenso de la lucha popular aún en medio de una coyuntura que la limita, en procura de cambios y transformaciones estructurales.
¿Qué medidas han tenido que tomar para mantenerse organizados?
Hemos mantenido e intensificado la comunicación virtual a nivel internacional, nacional, regional, sectorial y de las comisiones o áreas de trabajo, para analizar la coyuntura y el momento político, socializar acerca de la situación y las iniciativas de las comunidades y organizaciones, y sintonizar nuestras líneas de acción política y organizativa de corto, mediano y largo plazo.
En las zonas rurales nuestra militancia mantiene una relación más cercana con las comunidades acompañándolas en la implementación de sus estrategias de autosuficiencia y soberanía alimentaria, protección de la vida y los territorios con el apoyo de las guardia campesinas, étnicas y populares, el ejercicio de la solidaridad popular y, en general, preparándonos para futuras jornadas de lucha y movilización.
¿Han podido generar espacios de solidaridad a nivel pueblo, debido al coronavirus?
Es una línea de trabajo importante para enfrentar esta crisis. Hace parte de nuestra concepción de poder popular para contrarrestar el discurso oficial de “unidad nacional frente a un enemigo común”. En ese sentido, trabajamos permanentemente para que nuestro pueblo legitime y confíe cada vez más en su propia fuerza y capacidad de respuesta y no sea neutralizado o cooptado ideológicamente por el discurso gubernamental, que vacía de contenido los derechos y llama a una suerte de solidaridad nacional haciendo abstracción de la lucha de clases e ignora, a propósito, la manera distinta como la pandemia afecta a las diferentes clases sociales.
A pesar de la situación que se vive el Coronavirus, continúan los asesinatos a lideresas y líderes sociales. ¿Cómo están enfrentando esa situación en medio de la pandemia?
El conflicto social y armado en Colombia no cesa. La respuesta gubernamental a la pandemia agudiza la explotación y represión del pueblo colombiano, en ese marco continúan las judicializaciones y asesinatos de nuestra dirigencia y liderazgos sociales. Nuestra respuesta, además de la denuncia nacional a internacional, está soportada principalmente en la creación de nuestros propios mecanismos y estrategias de autocuidado y autoprotección de la vida y los territorios, a través de las guardias campesinas, étnicas y populares, así como el fortalecimiento de nuestras organizaciones y formas propias de gobierno y autoridad popular.
¿Cuáles son las exigencias del campo popular colombiano hacia el gobierno de Duque, frente a esta situación?
Existen innumerables pliegos nacionales, regionales, sectoriales y temáticos que se refieren a temas estructurales sociales, políticos y económicos sobre los cuales no hay respuesta del gobierno nacional. Los pocos acuerdos a que se ha llegado en mesas de negociación producto de diferentes movilizaciones han sido incumplidos sistemáticamente; esta situación ha ido llevando al campo popular a tener cada vez mayor claridad sobre la necesidad de provocar cambios estructurales, por fuera del estado y la democracia liberal-burguesa.
En la coyuntura, las exigencias del campo popular se centran en cinco aspectos: salud, alimentación, trabajo, paz y democracia.
¿Nos puedes decir la situación de los presos políticos, cómo se encuentran frente al coronavirus y frente a la política del gobierno frente a ellos?
La situación extrema de hacinamiento de las cárceles colombianas potencia el riesgo de contagio masivo de la pandemia, frente a lo cual los presos políticos y demás personas privadas de la libertad exigen al gobierno la declaratoria de emergencia carcelaria que implica tomar una serie de medidas tendientes a superar el hacinamiento, liberar a lxs presxs, sustituir o suspender penas privativas de la libertad, garantizar los derechos fundamentales a la salud y la alimentación, entre otros. La situación de lxs presxs políticxs es particularmente grave, el gobierno descarta de plano contemplar para estos medidas alternativas a la detención intramural; adicionalmente, son objeto de persecución, represión y dilación de los procesos judiciales como forma de castigo y alargamiento de la privación de la libertad sin la necesidad de que medien condenas en firme.
Ante la situación general que vive Colombia, que ahora está tocada por la pandemia, ¿han podido generar espacios de articulación con otras organizaciones sociales y política?
Existen desde antes de la pandemia varios mecanismos y espacios de articulación y coordinación, en los cuales participamos activamente: Comité Nacional de Paro; Cumbre Agraria, Campesina, Étnica y Popular; la Multilateral (espacio de confluencia de organizaciones de izquierda); coordinaciones regionales, sectoriales y temáticas, entre otros. Nuestra apuesta estratégica es trabajar por la conformación de un Frente Popular y Revolucionario que permita dar un salto cualitativo de la unidad de acción y coyuntural a la unidad programática.
Foto: Militantes de Congreso de los Pueblos y organizaciones barriales entregando mercadería y realizando pedagogía sobre la coyuntura.
