Sergio Grez: «La rebelión popular debe aprovechar estos meses para avanzar hacia una base más sólida de unidad política»

(Extraído de Revista De Frente)

En una interesante conversación con Revista De Frente, el historiador Sergio Grez reflexiona sobre la «rebelión popular» chilena y su adecuación a las condiciones de pandemia.

P: ¿Cómo caracterizar lo ocurrido en Chile desde el 18 de octubre del año pasado: “rebelión popular”, “estallido social” «revolución”?

R: El término “estallido social” es impreciso, pues no da cuenta de la magnitud, características y contenidos de lo que viene ocurriendo en Chile desde el 18 de octubre de 2019. A lo sumo puede utilizarse para referirse al momento inicial de este movimiento porque “estallido” nos remite a la idea de una explosión inorgánica de malestar social, un desfogue meramente pasional, un “reventón” más como tantos en la historia, un movimiento efímero cuyo sentido político -si lo tiene- es muy difícil o imposible de leer. No es eso lo que estamos viviendo.

Si bien su origen fue absolutamente espontáneo (nadie lo planificó, organizó ni convocó), a los pocos días estaba claro que el conjunto de reivindicaciones levantadas por los millones de personas, que de maneras muy distintas se expresaban en todo el país, tenía como horizonte común el rechazo al neoliberalismo, al Estado subsidiario, a la desigualdad y a los abusos de grandes empresarios y políticos profesionales, exigiendo como contrapunto derechos sociales universales garantizados por el Estado. Igualmente, el movimiento en curso expresó rápidamente su exigencia de cambio de Constitución mediante una Asamblea Constituyente libre y soberana. Estos rasgos de evidente politicidad permiten caracterizar a este persistente movimiento (cuando se inició el repliegue obligado por la pandemia del COVID-19 cumplió cinco meses) como una rebelión popular, no como un mero “estallido”, menos aún como simples “disturbios”. Por otro lado, la noción de revolución política no aplica, o no aplica aún, pues no se ha producido ningún cambio fundamental en la estructura de poder, ni siquiera reformas profundas.

Tampoco podemos utilizar con certeza el concepto de revolución social porque este supone una transformación profunda en las relaciones sociales que pueden implicar también la toma del poder político, lo que suele ocurrir al cabo de períodos muy prolongados. Como el desenlace de la gran prueba de fuerzas que se está desarrollando en este país es aún incierto, no solo me parece inútil sino también temerario usar conceptos de manera poco rigurosa que, más que dar cuenta acertada de la realidad, no son sino expresión de los deseos de quienes los acuñan y hacen circular. Los cientistas sociales, historiadores y analistas políticos siempre estamos obligados a “correr detrás de los acontecimientos”, ello es inevitable. Por eso más vale ser prudente y no arriesgar juicios que no se apoyen en sólidas bases empíricas y teóricas ya que la realidad termina por desmentir, incluso ridiculizar ciertas conceptualizaciones poco sustentables. Aún me divierte recordar que durante el agitado 2011 numerosas personas, incluso académicos de fuste, sostenían, muy circunspectos, que la situación era “revolucionaria” o, al menos, “prerrevolucionaria”.

P:¿Qué valoración tiene del proceso constitucional impulsado por Michelle Bachelet?

R: El “proceso constituyente” de Bachelet no fue sino una refinada maniobra política destinada a impedir que se expresara la soberanía popular a través de la convocatoria de una Asamblea Constituyente, entregando la conducción del proceso a las mismas fuerzas sociales y políticas que durante un cuarto de siglo venían administrando el sistema neoliberal. Desde el primer momento, señalamos la inviabilidad de dicho “proceso” debido a la subordinación del itinerario propuesto por Bachelet a los quorum supramayoritarios inalcanzables establecidos por la Constitución del dictador para su propia reforma[1] [1]. Recordemos algunos de los ejes propuestos por la ex mandataria. El Congreso Nacional en funciones en aquella época, elegido en base al sistema electoral binominal, debía habilitar al próximo Parlamento (el que asumiría en marzo de 2018) para que este decidiera, por un quorum de 3/5 entre cuatro alternativas, el mecanismo de discusión del proyecto que enviaría su gobierno y las formas de aprobación. Las alternativas fijadas por Bachelet, en octubre de 2015, eran: una Comisión Bicameral de senadores y diputados, una Convención Constituyente mixta de parlamentarios y ciudadanos, la convocatoria a una Asamblea Constituyente o, en defecto de las anteriores, que el Congreso convocara a un plebiscito, para que la ciudadanía decidiera.

A pocas horas de hecho el anuncio por la entonces presidenta, sostuvimos que las cuatro alternativas propuestas no eran tales ya que la Asamblea Constituyente había sido, en realidad, descartada. Su inclusión puramente figurativa, además de ayudar a administrar las tensiones en el seno de la Nueva Mayoría (con las cuatro alternativas todos sus integrantes quedaban más o menos conformes), no era sino un elemento meramente ornamental destinado a seducir a ingenuos y permitir que el ala “izquierda” de la coalición gobernante pudiera seguir manteniendo cierta legitimidad ante sus seguidores. Bachelet prometió entregar al Congreso Nacional, a inicios del segundo semestre del 2017, el proyecto de nueva Constitución para que, una vez sancionado por este poder, fuese sometido a un plebiscito vinculante para su ratificación por la ciudadanía. Nada de esto se cumplió, solo se realizaron “cabildos ciudadanos” formateados por la Moneda y absolutamente impotentes (por no ser vinculantes) y se envió al Parlamento, ¡menos de una semana antes de que la presidenta dejara su cargo!, en marzo de 2018, un anteproyecto de nueva Constitución elaborado por sus asesores. En todo momento, desde el Foro por la Asamblea Constituyente, cuestionamos públicamente este itinerario, señalando que no correspondía que el centro del proceso radicara en el Parlamento, pues el poder constituyente no reside en este poder constituido, sino en la ciudadanía. Igualmente subrayamos el carácter puramente decorativo que tenían los “cabildos” promovidos por el gobierno, así como la autoimposición por parte de Bachelet de quorum supramayoritarios imposibles de lograr. Esto último, dijimos, se explicaba por su voluntad de entregarle a la derecha clásica una porción importante del poder de decisión para que no se produjeran cambios constitucionales de fondo, a fin de seguir preservando el modelo de economía y sociedad coadministrado desde 1990 por ambos bandos del duopolio. Así, los defensores del status quo presentes en el campo “progresista” tendrían como pretexto para no hacer los cambios tan esperados por la población, el manido argumento de «no contar con las mayorías parlamentarias necesarias». Lo que también les serviría para llamar una vez más a los electores a votar por sus candidatos a fin de obtener una mayoría parlamentaria proclive a las reformas, enarbolando incluso la alternativa de la Asamblea Constituyente como argumento meramente electoralista para sumar votos. El desenlace de aquella historia probó la justeza de este análisis.

P: ¿Cómo interpreta el reemplazo del término Asamblea Constituyente por el de Convención Constituyente realizado por el “Acuerdo por la Paz Social y la nueva Constitución” del 15 de noviembre y por la reforma constitucional de diciembre de 2019 que diseñó el itinerario constituyente oficial?

R: El término Asamblea Constituyente no fue incluido en el “Acuerdo por la Paz Social y nueva Constitución”, ni en la consiguiente reforma constitucional publicada el 24 de diciembre de 2019 porque, efectivamente, los parlamentarios, asesores constitucionalistas y dirigentes políticos que prohijaron el itinerario constitucional oficial no tenían ni tienen en sus planes la convocatoria a una Asamblea Constituyente libre y soberana. El mismo nombre del “Acuerdo” del 15 de noviembre -anunciado literalmente “entre gallos y medianoche”- indica con meridiana claridad que el primer y principal objetivo de esta Entente cordiale fue la “paz social”, esto es, la preservación del modelo de economía y sociedad existente (con más o menos reformas, según la lectura de unos u otros).

Fue una maniobra desesperada de la casta política destinada a desmovilizar a los millones de personas que desde el 18 de octubre persistían -a pesar de la dura represión- en expresar en las calles su protesta y reivindicaciones. La promesa de un proceso constituyente fue el elemento clave para intentar lograr este objetivo. Pero no se trataría de un proceso constituyente en el que se facilitaría el libre despliegue del poder constituyente originario sino de un proceso definido, formateado y acotado por el Parlamento mediante la imposición de un quorum de 2/3 para la aprobación de mociones en el futuro órgano encargado de redactar el proyecto de nueva Constitución y el establecimiento de temas tabú que no podrán ser abordados por dicho órgano (como los tratados internacionales firmados por Chile).

De este modo, hasta la alternativa más “progresista” que está prevista para el plebiscito del 25 de octubre -la Convención Constitucional- distará mucho de ser una Asamblea Constituyente libre y soberana. A menos que una mayoría efectivamente progresista de quienes resulten electos en esa oportunidad tenga la clarividencia y el coraje político para hacerlo en el momento de su conformación.

P: ¿Es posible un cambio constitucional sin el acuerdo de las elites políticas y empresariales? ¿Qué indica la experiencia histórica nacional? En particular, nos gustaría que se refiriera a la fracasada tentativa por impulsar una Asamblea Constituyente durante el primer gobierno de Arturo Alessandri Palma.

R: El comportamiento de las elites económicas y políticas chilenas ha sido, básicamente, el mismo en este plano a lo largo de más de dos siglos de historia republicana. Nunca han permitido que la soberanía sea ejercida por su titular nominal, la ciudadanía. Siempre se han arrogado la soberanía mediante distintas estratagemas: voto censitario, intervención electoral, cohecho, procesos constituyentes amañados, presión más o menos directa de la fuerza militar, etc. En 1925 no fueron solo las elites económicas y políticas (los “viejos del Senado” como los apostrofaba el presidente de la república), fue el propio Alessandri Palma quien, olvidando su promesa de convocatoria a una Asamblea Constituyente, por sí y ante sí, nombró “a dedo” dos comisiones, de las cuales solo funcionó una, presidida por él mismo, la que se transformó de hecho en una seudoconstituyente cuoteada según el criterio del Jefe de Estado y sus asesores.

Como si fuera poco, el presidente llevó al Inspector general del Ejército (Comandante en Jefe de la época) para que presionara a los miembros de la comisión a allanarse a dar curso al itinerario y a los contenidos del proyecto de Constitución prohijado por Alessandri Palma. De este modo, la Constitución Política de 1925 fue aprobada en un plebiscito convocado con tan solo un mes de anticipación, bajo la presión del Ejército y con la participación de apenas el 42,18% del reducido cuerpo electoral de la época (solo votaban los hombres alfabetos mayores de 21 años). Aunque esa ha sido la tónica dominante en los procesos constitucionales a lo largo de toda nuestra historia, es evidente que desde el 18 de octubre de 2019 se ha generado una situación inédita en la que por primera vez existe una posibilidad real de que la mayoría ciudadana logre imponer un proceso constituyente democrático, generando las condiciones para que ello sea posible mediante movilizaciones continuas y una adecuada estrategia política.

P: Muchas personas desde el campo popular entienden una nueva Constitución como un “rayado de cancha” que debería poner fin o, al menos, delimitar los excesivos privilegios de la elite dominante en Chile, avanzando de este modo hacia la superación del modelo neoliberal. ¿Comparte esta visión acerca del proceso constituyente?

R: Todas las constituciones son expresión de determinadas correlaciones de fuerza sociales y políticas, incluyendo aquellas disposiciones que aparentemente concitan consenso generalizado, pues las interpretaciones que distintos actores hacen de la letra de un mismo texto suelen diferir. De allí que la Constitución, al igual que la legislación en general, sea un campo permanente de disputa. Una nueva Constitución en Chile -cualquiera sea su contenido- sería la expresión de una correlación de fuerzas, de la capacidad de unos y otros de nuclear en torno a sus intereses y postulados la mayor cantidad posible de voluntades y apoyos.

Como es lógico suponer, ningún bloque estará en condiciones de imponer la totalidad de su programa, premisas y principios, lo que permite presagiar que el nuevo texto constitucional (si se llega a plasmar) será un nuevo “rayado de cancha” en el que se desarrollará una parte significativa de las futuras luchas sociales y políticas. Lo que nos permite percibir la importancia de la disputa por los contenidos de una nueva Constitución. Las grandes mayorías, los sectores populares y progresistas en general, están objetivamente interesados en conquistar contenidos de la nueva Constitución que establezcan la mayor cantidad de derechos sociales garantizados por el Estado, así como también la mayor ampliación posible de la democracia.

P: ¿Cómo interpreta el errático comportamiento de Piñera, sus provocaciones hasta cierto punto innecesarias, por ejemplo, sus declaraciones de “guerra” o su aparición en Plaza de la Dignidad en medio de la cuarentena impuesta en las comunas que rodean ese icónico sitio?

 R: No soy psicólogo ni psiquiatra, por ende, solo prefiero referirme a los condicionamientos económicos, sociales, culturales y políticos que pueden permitirnos explicar su comportamiento. En este sentido, la pertenencia de Piñera al 0,1% más rico del país sirve como parámetro principal para explicar su cerrada defensa del status quo, aun a costa de una represión que lo situará en la historia nacional como uno de los personajes más execrables, siendo superado por muy pocos. Su pertenencia al microscópico sector de ultra privilegiados -los “dueños de Chile”- y a su expresión política por excelencia -la derecha “clásica”- es el principal elemento que explica su “ceguera política”. Recordemos que no solo Piñera sino todo su sector, incluso más allá de esas fronteras, la mayoría de la casta política fue sorprendida por el “estallido social” pues creían que nada permitía preverlo.

En contraste con numerosos líderes sociales e intelectuales críticos que desde mucho tiempo -sin saber el momento preciso ni la forma que asumiría- venían (veníamos) sosteniendo que tarde o temprano se produciría un gran “reventón social”. “Reventón” u estallido que, en este caso fue más que eso pues dio paso a una sostenida rebelión popular. La elite económica y política, encerrada en su mundo de riqueza, privilegios y poder, creyendo vivir en el “oasis de Latinoamérica”, no vio venir lo que se estaba incubando en la base de la sociedad. No podían ni querían verlo. Piñera es la expresión más decantada de ese fenómeno, una muestra más de cómo determinados intereses sociales e ideologías pueden actuar como velos o falsa conciencia que impiden tener visiones más o menos lúcidas de la realidad. Sus rasgos de personalidad sicopática y narcisismo exacerbad han hecho el resto.

P: ¿Qué ocurrirá ahora tomando en consideración el abrupto giro ocurrido desde mediados de marzo y la postergación del plebiscito constitucional?

R: La situación política nacional es impredecible pues estamos ante un escenario inestable, fluido y muy complejo que, probablemente, se va a mantener durante mucho tiempo. A partir del 18 de octubre de 2019, Chile ingresó a un período prolongado de convulsión social e inestabilidad política, dos o tres años por parte baja. El desenlace de esta historia estará estrechamente ligado al curso que asumirá el proceso constituyente. Si este aborta como uno de los resultados posibles del plebiscito del 25 de octubre (triunfo de la opción “Rechazo”), es probable que los actos de protesta continúen, pero como combates de retaguardia, en retirada, con menos gente en las calles que hasta mediados de marzo de este año, lo que permitiría a las fuerzas represivas y sus mandantes actuar con acrecentada brutalidad pues el campo de la contestación activa tendería a reducirse, a fragmentarse y dispersarse. Si, como es altamente probable, triunfa la opción “Apruebo” acompañada de la fórmula “Convención Constitucional”, nada se habrá resuelto, pero se mantendrán vigentes distintas alternativas, entre ellas la de una Asamblea Constituyente libre y soberana, mediante una ruptura democrática que supere los estrechos y tramposos marcos fijados por el “Acuerdo” y la reforma constitucional que fijó las normas del proceso constituyente oficial. En ambos escenarios de base, protestas sociales y fuerte represión estatal, serán elementos que marcarán los rasgos fundamentales de la situación chilena.

Sobre esta base mínima habría que considerar otros elementos que hacen aún más compleja esta situación como la posición de las Fuerzas Armadas y del gran empresariado. ¿Hasta cuándo estarán dispuestos a sostener a Piñera y su gobierno?, ¿seguirán confiando en su capacidad de contener la rebelión popular a punta de discursos aterrorizantes y represión brutal? o, por el contrario, ¿llegado cierto momento estimarán que el desgaste y los desaciertos del personaje hacen aconsejable su salida en aras de la mantención del status quo? Otra alternativa -consensuada entre la derecha clásica, la vieja Concertación y los firmantes del “Acuerdo” del 15 de noviembre en general- podría ser la mantención de Piñera hasta el término de su mandato, aunque reducido a un rol meramente decorativo o de articulador de un gobierno de “unidad nacional” tras el objetivo del logro de la “paz social” y de la estabilización. De este modo, cada uno de los integrantes de ese nuevo pacto podría esperar una hipotética recomposición y la obtención de buenos dividendos electorales en una situación política “normalizada”.

Todo lo anterior sin considerar los efectos que indefectiblemente traerá el prolongado período que durará la emergencia sanitaria provocada por el COVID-19 (posiblemente todo el otoño e invierno de este año). El sometimiento de significativos segmentos de la población a cuarentenas totales o parciales, el toque de queda, las desgracias que está produciendo y seguirá produciendo el virus durante los próximos meses, el reforzamiento de los controles sociales so pretexto de combatir la pandemia, la eliminación de numerosos puestos de trabajo, el aumento galopante de la cesantía y precariedad económica en los sectores populares y medios, el consiguiente aumento de la pobreza y la frustración social, los problemas de salud mental provocados por el prolongado encierro y las restricciones a la libre circulación de las personas, serán elementos adicionales que configurarán un panorama aún más explosivo que el de fines del año pasado.

En un escenario tan complejo y cambiante, con poderosas fuerzas apuntando y concertándose para la mantención del modelo -con más o menos reformas- y ante la carencia de una articulación mínima de las fuerzas populares con capacidad de dar conducción política (Unidad Social no ha logrado desempeñar debidamente ese rol), el horizonte no es promisorio para los intereses de las grandes mayorías. Pero la historia por venir no está escrita, es un libro abierto cuyas próximas páginas las escribirán en encontrada relación dialéctica todos los actores de este drama. Reconociendo el peligro de degradación sicológica, política, moral y cultural que la pandemia y la crisis económica pueden traer, esperamos que las fuerzas de la rebelión popular logren poner en juego toda su capacidad de movilización, creatividad e inteligencia política para provocar un desenlace lo más favorable posible a sus intereses, sueños y aspiraciones.

Esperemos y hagamos lo necesario para que, como ha sostenido recientemente el filósofo italiano Franco “Bifo Berardi, el virus sea “la condición de un salto mental que ninguna prédica política había podido producir”, de modo que la igualdad vuelva al centro de la escena y esta sea “el punto de partida para el tiempo que vendrá”[2]. Por ahora, lo más importante es preservar la vida, la salud y las condiciones de existencia de la población, especialmente de los sectores populares y medios, cuya fragilidad se hace más patente en el contexto de pandemia que estamos sufriendo. La rebelión popular debe encontrar manera de mantenerse en estado, a lo menos latente, aprovechar estos meses para avanzar hacia una base más sólida de unidad política, afinar sus propuestas y coordinación a fin de prepararse para el nuevo flujo de lucha social que predeciblemente se iniciará en la primavera, poco antes de la fecha prevista para la realización del plebiscito.

[1] Sergio Grez analiza el anuncio presidencial sobre una nueva Constitución en entrevista realizada por el periodista Patricio López, Santiago, Radio Universidad de Chile, 14 de octubre de 2015: http://radio.uchile.cl/reproductor-en-popup?id=344557&time=0&mode=fu

[2] Franco “Bifo” Berardi, “Crónica de la psicodeflación”, en Giorgio Agamben, Slavoj Zizek et al.Sopa de Wuhan. Pensamiento contemporáneo en tiempos de pandemias, Editorial A.S.P.O. (Aislamiento Social Preventivo Obligatorio), marzo de 2020, pág. 54.

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Autor entrada: Convergencia Medios

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