Día 50 de la pandemia en Chile: El golpe al Tribunal Constitucional

El Fiscal Nacional anunció una investigación penal por cohecho y prevaricación en contra de los miembros del Tribunal Constitucional en virtud de las acusaciones realizadas por la diputada Carmen Hertz, a propósito de las mismas declaraciones realizada por la Presidenta del Tribunal Constitucional, María Luisa Brahm, quien señaló en entrevista a La Tercera que la administración anterior del Ministro Iván Aróstica “estuvo al límite de la corrupción”.

Este actuar reprochable en causas de Derechos Humanos fue denunciado por abogados y familiares de detenidos/as desaparecidos/as y ejecutados/as políticos/as, quienes acusaron como el Presidente del Tribunal Constitucional producía una demora en la tramitación de las causas y en la dictación de sentencia, demorando hasta en un año causas que condenaban a los violadores de los derechos humanos en dictadura. Este actuar corrupto les permitía a los violadores de DDHH dilatar su ingreso a la cárcel. Lo que era denunciado por las familias, sólo fue tomado en serio cuando la misma Presidenta del Tribunal lo denunció públicamente.

El caso paradigmático es la causa sobre las tres ejecuciones en Cerro Moreno. En este caso, la Corte Suprema ya había dictado sentencia condenatoria, presentándose el requerimiento ante el TC después de ello, por lo cual no existía posibilidad de cambiar el resultado del fallo. Aún así, la sala del TC que conoció la causa decidió suspender el cumplimiento del fallo durante meses (causal rol 4180).

Los cuestionamientos al Tribunal Constitucional han sido permanentes, tanto por sus atribuciones como por los miembros que la integran y su mecanismo de nombramiento. La discusión sobre la justicia constitucional y sobre cuál es el organismo más idóneo para velar por el cumplimiento de la Constitución es un debate interesante que deberemos dar en la Asamblea Constituyente, sin embargo, las críticas actuales no son en abstracto, son en concreto respecto a las atribuciones,  mecanismo de nombramiento de los Ministros y funcionamiento actual del Tribunal Constitucional.

Sobre las atribuciones, el TC cuenta con una facultad única en el mundo: tiene el “control preventivo de constitucionalidad de la ley” (obligatorio y facultativo), el cual le permite actuar como una “tercera cámara”, decidiendo antes de su promulgación, que leyes se ajustan o no ajustan a la Constitución según lo que disponen la mayoría de sus miembros, resultando ser un “enclave autoritario” para proteger la herencia constitucional y legal de la dictadura. Muchas veces estos fallos han sido por fuera de todo criterio jurídico, actuando políticamente conforme a los intereses de quienes han designado a los jueces. Esto ocurrió con las leyes que entregaban más facultades al SERNAC, la reforma laboral que establecía la titularidad sindical, la prohibición de que personas jurídicas con fines de lucro constituyeran universidades, entre otras.

Sobre sus nombramientos, cuatro de sus Ministros son designados por el Congreso bajo una lógica binominal. Es así como el ex diputado UDI, Cristián Letelier, sin ninguna experiencia como abogado constitucionalista fue designado Ministro. Otros tres son designados por el Presidente de la República, y es así como María Luisa Brahm, sin trayectoria como abogada constitucionalista, cuyo “mérito” fue ser jefa de asesores del Presidente Sebastián Piñera antes de ser designada Ministra del TC. Esta forma de nombramiento incentiva a que quienes son nombrados por el poder político tengan que fallar conforme a los criterios políticos de quienes los nombraron.

Finalmente, sobre su funcionamiento, las acusaciones de corrupción no merecen mayor descripción. Sólo agregar que también se han excedido de sus facultades en algunos fallos sobre la aplicación del procedimiento de tutela laboral para funcionarios públicos, privando a estos de protección efectiva ante las violaciones de sus derechos fundamentales por parte de la autoridad.  La misma Corte Suprema ha dado cuenta del actuar extralimitado del TC en esta materia.

Este Tribunal Constitucional con la Constitución actual deben ser eliminado. Los Ministros que hayan incurrido en corrupción tendrán que pagar por sus crímenes, aunque el Ministro Aróstica ya sufrió castigo por autotutela a finales del año 2018. El debate sobre la justicia constitucional de una Constitución redactada por los pueblos de Chile será el debate que abriremos.

A 50 días de la pandemia en Chile, los casos siguen aumentando. Los contagios testeados alcanzan a las 10.832 personas, mientras que las personas fallecidas por Covid-19 suman 147, incluyendo a un joven de 26 años sin patologías previas en la Región de O’Higgins. El virus se propaga con más fuerza en comunas populares de la Región Metropolitana, debiéndose decretar cuarentena obligatoria para las comunas de Quinta Normal, Pedro Aguirre y sectores de Independencia. El peak se anuncia para pleno invierno, pero las autoridades siguen llamando a la “nueva normalidad”. A cuidarse, porque el gobierno no hará nada por nosotros.

Por Javier Pineda, Editor de Convergencia Medios

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