Crisis del coronavirus en Brasil, Ecuador y Chile. Shock neoliberal en los países sudamericanos con más contagios

Por Francisco Prandi, Jhonnatan Copa y Camilo Godoy.

El coronavirus como pandemia ha dejado al descubierto la debilidad de los gobiernos sudamericanos neoliberales para enfrentar escenarios de crisis sanitaria. Los recortes sociales en materia de salud, la falta de protección laboral a los trabajadores para llevar a cabo cuarentenas efectivas, el negacionismo de las autoridades y el privilegio hacia los sectores empresariales producen una vulnerabilidad crítica en nuestra región frente a la pandemia. Todo esto, sumado a los recortes en investigación pública, tan necesaria en estos momentos.  Como si todas las medidas del Consenso de Washington estuviesen siendo directamente interpeladas por la crisis, son las versiones más extremas del neoliberalismo sudamericano aquellas que han sufrido mayormente los embates de ésta.

En esta columna, tres sociólogos de los tres países sudamericanos con mayor número de contagios narran los alcances de las decisiones políticas gubernamentales en la evolución de la enfermedad en sus países y develan las falencias extremas del neoliberalismo, como modelo de vida capaz de asegurar la protección de la vida en común.

Brasil (24.169 casos confirmados, 1.378 fallecidos): Covid-19 en tiempos de neofascismo. Por Francisco Prandi

El coronavirus sorprendió a Brasil en un momento de extrema fragilidad. Como si no fuera suficiente una crisis sanitaria, ya habíamos acumulado un golpe de Estado en 2016, una crisis económica que se agrava a cada año y, más recientemente, la elección de un neofascista que pone en jaque nuestra frágil democracia. Profundización del programa neoliberal y deterioro acelerado de la democracia. Los latinoamericanos conocemos bien esta película.

En un país continental en el que la mayoría trabaja informalmente –lo que la ideología neoliberal denomina self made man-, vive en condiciones muy precarias (muchas veces con 5, 6, 7 personas ocupando el mismo espacio), y más aún con un gran contingente de población callejera, sería natural que el elevado número de casos y muertes por coronavirus, de las cuales se excluyen muertes contabilizadas como “insuficiencia respiratoria” o “paro cardíaco” alarmara a las autoridades y sobre todo al Presidente de la República.

Tristemente no es lo que pasa en Brasil. Las medidas de aislamiento social y cuarentena se deben principalmente a la presión ejercida por los poderes locales, el Poder Judicial, el Congreso, los medios de comunicación y la sociedad, que ve los resultados positivos de esas medidas y hace constantes cacerolazos desde sus casas pidiendo la salida de Bolsonaro.

Alcaldes y Gobernadores se movilizan a diario para enfrentarse con un Presidente que dice que esto se trata de una “gripecita”, que “lamentablemente muertes ocurrirán, pues todo el mundo se muere algún día” y cuya preocupación es que “la economía no puede parar”. Este federalismo y la resistencia en el Parlamento a las políticas gubernamentales permitió la derrota de medidas  regresivas como la que propuso el Ministro de Economía (Paulo Guedes) de permitir una rebaja de hasta 70% en el sueldo de los trabajadores durante la crisis y la facilitación de despidos masivos. La oposición, liderada por partidos de izquierda, pudo aprobar con apoyo del centro y de la derecha democrática una bonificación de 600 hasta 1200 reales (es decir, entre 115 y 230 dólares). El próximo paso es un apoyo a las pequeñas y medianas empresas. Sin embargo, Bolsonaro insulta a quienes siguen contrariando su comportamiento de oponerse a las medidas recomendadas por la OMS –como saludar a la gente por las calles de Brasilia-.

Dentro del gobierno hay profundas tensiones. El Ministro de Salud y el Vicepresidente contradicen al Presidente, que critica a quienes utilizaron su nombre en la campaña electoral y ahora lo dejan solo en su “intento de salvar la economía”. En los últimos días, con apoyo activo de Bolsonaro, hubo caravanas protagonizadas por parte de la élite económica pidiendo “volver a trabajar y acabar con la histeria” –lo que popularmente se denominó “caravana de la muerte”-. Al no bajar de sus autos de lujo está muy claro que no querían volver a trabajar ellos mismos, sino que esperaban que la gente vuelva a trabajarles, con el fín de seguir lucrando. Esto explica el profundo rechazo de la población que los recibió bajo cacerolazos e insultos.

Ecuador (7.603 contagiados, 355 fallecidos): La crisis sanitaria en el Ecuador neoliberal. Por Jhonnatan Copa

EL Covid-19 ha sido y es una de las catástrofes más graves que afronta la humanidad, y que si bien es cierto no discrimina etnia, clase social, ideología política o género, el modelo político-económico construido en los últimos años, especialmente en América del Sur, basado en la desigualdad, exclusión social y en políticas neoliberales sí genera un escenario de marginación social y de discriminación para afrontar la crisis sanitaria. El caso de Ecuador es uno de los más lamentables y preocupantes, pues hasta el día de hoy 14 de Abril se registran 7.603 casos confirmados y 355 muertes por Covid-19, cifra que ha ido aumentando los últimos días. Cabe indicar que la negligencia en la gestión de la crisis ha provocado una escasa atención de las pruebas.

Se ha pretendido desde el discurso oficial de gobierno desviar la culpa a la indisciplina civil, ante las disposiciones de aislamiento domiciliario, toque de queda con horarios cada vez más limitados y el resto de restricciones decretadas después del 16 de marzo. Si bien es cierto hay una carga de responsabilidad en la cultura, ese factor corresponde al supuesto que se debió tomar mucho antes de la confirmación del primer caso. En consecuencia, la responsabilidad recae en la negligente respuesta del gobierno ecuatoriano, y la desigualdad que genera el modelo que ha implementado durante los últimos tres años de mandato, que cabe recalcar es opuesto al proyecto de país de carácter progresista que se había presentado en campaña electoral y que ganó en las elecciones presidenciales del 2017.

El escenario es dramático, sobre todo en la provincia del Guayas, donde enfermos mueren fuera de los hospitales y hay cadáveres que no son recogidos de las casas hasta por 48 horas. Se estima que más del 70% de casos proviene de este sector y que ha ido propagándose lentamente a todo el territorio nacional, si bien es cierto corresponde a la lenta y tardía respuesta del gobierno, a la instrumentalización de la crisis sanitaria en base a la aplicación de lo que Naomi Klein, denomina la Doctrina del Shock, que con la justificación de la posible crisis sanitaria antes del estado de excepción, se decretaron medidas antipopulares y de austeridad, que en sus planes también se incluían posteriormente en la focalización de los subsidios de los combustibles: todo como parte de condicionantes impuestas por el Fondo Monetario Internacional para el desembolso de parte de un crédito no soberano. Sin embargo, el subestimar la crisis ha provocado una incapacidad en el manejo de la misma, reflejando las inconsistencias y debilidades del modelo neoliberal implantado.

Las crisis responden a lógicas estructurales, puesto que las políticas de austeridad y favorecimiento al sector privado le han significado al país un debilitamiento en la respuesta estatal ante las necesidades de la población y un déficit fiscal en la recaudación, sumado a esto la desinstitucionalización del Estado, la corrupción y la discontinuidad de un proyecto de país que apuntaba al desarrollo sostenible mediante la inversión pública en el ser humano y el cambio de la matriz productiva respecto del gobierno anterior. Bajo el discurso de una enorme deuda externa, el gobierno manejó políticas de austeridad, despidiendo a más de 40 mil trabajadores desde el 2017, reduciendo el presupuesto en Educación, el presupuesto para las universidades públicas, recortes en la salud pública, y sobre todo ha sido casi nula la inversión del Estado en infraestructura y obras públicas, lo que se ha traducido en un creciente desempleo y subempleo, ya que el mercado laboral privado no está en capacidad de absorber la masa laboral desempleada creciente.  El discurso de gobierno ha sido compartido y aplaudido por el gran sector empresarial y multinacional, y principalmente por los gobiernos de derecha de la región como Chile, Brasil, Argentina en su momento, Colombia y el nuevo socio estratégico Estados Unidos, pero en tiempos de coronavirus, son estos gobiernos quienes han tomado posturas similares de respuesta ante la emergencia que han sido las más criticables por preferir primero la economía antes que la vida, y son ahora quienes tienen los resultados más desastrosos tanto en pérdidas de vidas, crecimiento de enfermos y una necesidad de adquirir mayor deuda para afrontar la crisis y salvar la economía.

Lo cierto es que en Ecuador, el toque de queda y el aislamiento social, se ha  visto imposibilitado de cumplirse a cabalidad por el crecimiento paulatino de la pobreza y pobreza extrema de los últimos años; por la creciente masa de trabajadores informales y vendedores ambulantes camuflados en su mayoría bajo el discurso oficial de emprendimiento y micro empresa; por el desamparo del sector agrícola que ha visto como se ha desmantelado al sector de la economía popular y solidaria para dar preferencia a multinacionales mineras y a grandes empresas para el uso de la tierra y la producción agrocomercial, siendo los campesinos quienes han sido gravemente afectados por la paralización del país, ya que en su mayoría al tener una economía de subsistencia, no son sólo un eslabón del ciclo económico, sino que también forman parte de la venta informal, pero en estos momentos están abasteciendo de producción a los mercados de todo el país previniendo el caos social. Las políticas y las estructuras neoliberales nacionales son las causantes de la imposibilidad de mantener a la población bajo aislamiento y de la incapacidad del Estado de responder de manera ágil y eficiente. Por los escasos recursos destinados al Estado, el sector privado hace donaciones, pero bajo el contexto neoliberal no se ve obligado a asumir responsabilidades y el pueblo está reconfigurando nuevos modelos de solidaridad para sostener a un Ecuador que se niega a agonizar.

Chile (7.917 contagiados, 92 fallecidos): Razón empresarial en tiempos de crisis sanitaria. Por Camilo Godoy

 La crisis sanitaria y social derivada de la expansión del Coronavirus (Covid-19) en Chile ha develado y expuesto una vez más las fragilidades y asimetrías del neoliberalismo extremo. Como señala Bárbara Godoy (2020), en nuestro país “el virus es también el modelo”. En esta parte del territorio sudamericano, la respuesta de las autoridades gubernamentales ha sido interesada, errática e irresponsable, ya que ha tendido a poner la defensa del status quo y del esquema de desigualdades por sobre la protección sanitaria. Esto se refleja en las declaraciones tempranas del Ministro de Salud Jaime Mañalich, quien señalaba en entrevista al diario La Segunda del 4 de Marzo que le preocupaba la realización del plebiscito constituyente -concordado por la élite político-institucional a partir de las movilizaciones del 2019-, “por causa del coronavirus”. Esto, antes de que el gobierno tomara acciones mayores en la prevención, como suspensión de eventos masivos o cierre de fronteras. Nunca supimos si al Ministro le preocupaba más el plebiscito o el coronavirus.

Posteriormente, una vez que la pandemia se insertó en nuestro país, la respuesta de las autoridades ha sido inconsistente, preocupada de salvaguardar al empresariado local y sus ganancias, antes que al resto de la población. Un ejemplo de esto lo constituye la actual política del gobierno de proveer subsidios y bonos a la población afectada por el virus, en el cual se genera una especie de «reciclaje» de los instrumentos de reasignación y distribución ya existentes: no será el Estado ni el empleador quien financie los posibles costos de la crisis sobre la mayoría de los trabajadores, sino que estos últimos deberán hacerlo mayormente a través de sus propios seguros de cesantía. Según los investigadores Kremerman y Durán (2020) las medidas de mitigación frente al Covid-19 presentadas por el oficialismo favorecerán a menos del 15% de trabajadores sin contrato o relación laboral. Dichas propuestas consisten en la entrega de un bono -la cajita feliz de nuestro Estado subsidiario- de apenas 50.000 pesos (58,7 dólares) por carga familiar, otorgado por una única vez. Esta protección laboral y social insuficiente ha sido criticada por destacados economistas nacionales como Andrea Repetto, Marco Kremerman y Gonzalo Durán. Y ella se ha complementado con la ausencia de resguardo hacia los trabajadores, los cuales han debido ceñirse a un reciente dictamen de la Dirección del Trabajo, que permite el no pago de remuneraciones, en contextos de la actual crisis sanitaria. De este modo, una institución que debiese velar por los intereses y protección de los trabajadores, termina soslayando sus necesidades y resguardando al capital (Kremerman et al, 2010).

Lo anterior explica que la indisciplina de la ciudadanía de incumplir los llamados a quedarse en casa no obedece a una especie de ignorancia o de terquedad antojadiza, sino que a la necesidad de contar con recursos para vivir. En este sentido, comunas como Puente Alto, una de las más pobladas de Santiago, se han visto atiborradas de personas esperando el transporte público para acudir a sus trabajos. No ha existido para ellos un alivio ni una certeza de protección social, sino que meras medidas de mitigación, que permiten mantener las balanzas fiscales y los esquemas estructurales del sistema intactos. Un ejemplo de esto ha sido la continua aparición del Ministro de Hacienda Ignacio Briones en medios de comunicación, en torno a los “costos” económicos de la crisis en el país, centrándose principalmente en la estabilidad financiera y la liquidez para las grandes empresas. El mismo Ministro que a mediados del presente mes, aún seguía oponiéndose al cierre de malls y supermercados -como si al otro extremo del economicismo ortodoxo neoliberal no estuvieran argumentos médicos razonables, sino que una mera sobrerreacción-.

Retomando la cuestión del favorecimiento hacia el empresariado, ha sido largamente debatido el cobro del test del coronavirus, el cual no es gratuito en nuestro país. A comienzos de Marzo se denunciaban los altísimos precios puestos por las clínicas privadas para la realización del examen, llegando en algunos casos a los 86.000 pesos (100.4 dólares), obteniendo éstas ganancias de un 600%, según denunciaba el senador Guido Girardi. Esto sería posteriormente revertido por el Ministerio de Salud, bajando el precio máximo del test a 25.000 pesos (29 dólares), pero manteniéndolo como un examen pagado. El argumento para esto es que si se hiciera gratuito el examen, “los laboratorios dejarían de producirlo”, según ha señalado el Subsecretario de Redes Asistenciales Arturo Zúñiga. Este gerencialismo sanitario se ha expresado en otros eventos como el arriendo de espacios privados por parte del gobierno (Espacio Riesco), que contrasta con otros sitios públicos dispuestos para el cuidado del virus, en condiciones de evidente precariedad (por ejemplo, en la comuna de San Antonio).

A nivel de respuesta sanitaria, el actual Ministro de Salud ha relativizado la información epidemiólogica, intentando a toda costa que no se decrete cuarentena total (famosa es su intervención “¿qué pasa si el virus muta y se vuelve buena persona”?). Frente al resto de colectividades y asociaciones de médicos y profesionales de la salud ha ostentado un estilo terco y autoritario, así como también frente a los alcaldes, líderes comunales que han estado mucho más preocupados de salvaguardar a la población y que han solicitado la cuarentena total en conjunto. En este sentido, incluso algunos alcaldes de derecha han confrontado directa o sutilmente la línea del gobierno -algunos con fines electorales, como Joaquín Lavín- señalando que “la vida importa más que la economía”.

Como cualquier respuesta neoliberal, el virus ha afectado particularmente a los sectores más pauperizados de la sociedad: personas de bajos recursos, en situación de calle o privadas de libertad. Estas últimas no cuentan con implementos médicos mínimos para cuidar su higiene (alcohol gel, guantes quirúrgicos) ni tampoco con las condiciones de aislamiento que el virus exige, lo que ha generado motines e incendios en al menos dos cárceles de Santiago: el recinto penitenciario Santiago 1 y la Cárcel de Puente Alto. Por otra parte, la idea de sacar a los militares -casi transversalmente apoyada por la élite política-, luego de la declaración de “Estado de catástrofe” por parte del Presidente no ha estado vinculada de manera clara y directa con la prevención sanitaria. Por el contrario, ha habido casos de abuso policial, como el asesinato del ciudadano Jonathan Reyes a manos de Carabineros el 24 de Marzo. En nuestro país, a diferencia del caso argentino, la respuesta militar no ha estado referida directamente al cuidado de la salud y de la infraestructura hospitalaria y los excesos policiales -en el caso anterior y en las golpizas sufridas por la población penal- han quedado sumergidos en un manto de dudas, oscuridad y testimonios contradictorios entre la Fiscalía y los afectados. En estos casos, muchas veces son ONG’s o medios periodísticos digitales quienes levantan la voz frente a los abusos cometidos.

Hasta el día de hoy y pese a la petición de autoridades locales y el Colegio Médico, el gobierno ha desestimado la posibilidad de decretar cuarentena total, dejando que los contagios suban cada día, concentrándose estos sobre todo en la Región Metropolitana (Santiago) y la Región de la Araucanía (Temuco). Y levantando cuarentenas contra toda la evidencia disponible –es sabida la terquedad de nuestras autoridades y su triunfalismo basado en la autohipnosis que generan sus delirios de grandeza, antes que en la evidencia científica disponible-. Recientemente se ha conocido la adulteración en la cifra de recuperados por parte del gobierno, incluyendo a los fallecidos dentro de la lista de recuperados, cuestión que ha generado, razonablemente, reacciones de rechazo a nivel internacional.

Por todo lo anterior vemos que cuestionado, el neoliberalismo provee soluciones individuales, insuficientes frente a los conflictos sociales que este mismo atraviesa: que cada uno se haga responsable de sí mismo. Que cada uno se quede en su casa y se cuide. Dejando en manos del criterio y la condición económica personales soluciones que debiesen ser públicamente asumidas. Como dijera, en otro contexto, el Dr. Martin Luther King Jr: “Este país tiene socialismo para los ricos y un individualismo robusto para los pobres”.

Conclusiones

El neoliberalismo en su versión más extrema –necroliberalismo, podríamos decir con Mbembe (2020)- prefiere la economía por sobre la vida humana, generando cuerpos administrables y capaces de ser abandonados deliberadamente a su muerte. La epidemia muestra este fenómeno en su más absoluta brutalidad: tardar en responder es dejar morir. El carácter clasista de la sociedad se revela en su más feroz tiranía: los más pobres son dejados a su suerte y expuestos a todos los riesgos. Es más peligroso quedar sin trabajo que enfermar de coronavirus (Kremerman et al, 2020).

El coronavirus ha brindado una oportunidad de observar toda la constelación de debilidades de nuestras sociedades y sus rasgos autoritarios permanentes: discrecionalidad de las autoridades, ausencia de accountability, como rendición de cuentas transparentes frente a las decisiones tomadas por las autoridades, negacionismo frente a la evidencia científica y la más absoluta irresponsabilidad frente al bienestar y la salud colectiva. Todo en pos de un apoyo velado o explícito a los agentes del mercado que esperan que, más temprano que tarde se levanten las cuarentenas para volver al esquema de concentración de capital en condiciones normales.

Sobre este punto, nos parece importante alertar en torno al hecho de que las clases dominantes están pensando en aquello que sucederá “postcrisis”. El discurso de que los recursos disponibles fueron utilizados en situaciones de emergencia, de que «lamentablemente» las empresas sufrieron daños económicos y ya no pueden pagar a sus funcionarios como antes, también podría permitir la preparación de una eventual nueva ofensiva o ajuste neoliberal. Lo anterior, entendiendo que la pandemia nos está enseñando cuál es el tipo de intervención estatal con la cual se puede contar en una crisis, cuando ésta es administrada por gobiernos neoliberales ortodoxos como los de Bolsonaro, Moreno y Piñera.

Finalmente, quisiéramos señalar que si el filósofo camerunés Achille Mbembe alertaba sobre la necropolítica (2011), como la capacidad del Estado de decidir quiénes deben morir en una sociedad, esta crisis sanitaria ha evidenciado el carácter eminentemente necropolítico del Estado neoliberal en su versión más extrema.

*Francisco Prandi es sociólogo de la Universidade de Sao Paulo (Brasil).
** Jhonnatan Copa es sociólogo de la Universidad Estatal de Bolívar (Ecuador)
*** Camilo Godoy es sociólogo de la Universidad de Chile (Chile)

Referencias

 Godoy, Bárbara (2020). Chile: el virus es también el modelo. En Revista Nueva Sociedad: https://www.nuso.org/articulo/chile-coronavirus-pinera-derecha-crisis-protestas-izquierda-cuidados/

 Illouz, Eva (2020). El coronavirus y la insoportable levedad del capitalismo. En Revista Nueva Sociedad: https://nuso.org/articulo/coronavirus-capitalismo-emociones-illouz/

Kremerman, Marzo y Durán, Gonzalo (2020). Por qué el plan económico ante el Covid-19 es insuficiente y lo agrava el dictamen que permite no pagar remuneraciones. En CIPER: https://ciperchile.cl/2020/03/27/por-que-el-plan-economico-ante-el-covid-19-es-insuficiente-y-lo-agrava-el-dictamen-que-permite-no-pagar-remuneraciones/

Mbembe, Achille (2020). La pandemia democratiza el poder de matar. Entrevista en Apocaelipsis: https://lavoragine.net/la-pandemia-democratiza-poder-de-matar/?fbclid=IwAR20p9Ab2hJH2kcDcbNjy5MEfK9Jz_kupDpmM4DUOHJkI7simYh6PDb1diw

Mbembe, Achille (2011) Necropolítica. Editorial Melusina: https://www.melusina.com/rcs_gene/Necropol_tica.pdf