COVID y educación superior

Por Esteban Spencer V.* y Javier Fernández H.**

La pandemia del COVID 19 ha forzado una transformación de las relaciones sociales en todo el mundo y en todo ámbito. Por supuesto que la actividad en los centros de educación también se vio obligada a cambiar drásticamente.

En nuestro país, la principal medida tomada por las autoridades de gobierno para la enseñanza básica y media fue la suspensión total de las actividades presenciales, y su reemplazo por la enseñanza vía telecomunicación. La existencia de una estructura estatal central con capacidad de dirección de la red de instituciones educacionales en estos niveles permitió la ejecución de una política diseñada y ejecutada específicamente para estos subsectores. Ciertamente, esta política ha sido duramente criticada por el conjunto de actores que también participan de este esquema, como el Colegio de Profesores, quien se está oponiendo activamente al impulso de retorno a la normalidad que impulsa el gobierno. 

En el subsector de educación superior el esquema es distinto. La autonomía que se reconoce a los planteles tiene como contracara la ausencia de un organismo central que pueda impulsar una estrategia unificada de control y dirección en estos tiempos de emergencia. En consecuencia, quizá lo único en común que han tenido es la suspensión de las actividades presenciales, pero no hay certeza sobre cómo se está ejecutando el llamado al restablecimiento de la continuidad del servicio por la vía de la telecomunicación.

Desde la aparición de la urgencia sanitaria, el Ministerio de Educación ha realizado dos acciones relevantes para la educación superior:

1) El Plan de Acción para Instituciones de Educación Superior, del 18 de marzo de 2020, que considera:

  • La activación del Comité de Coordinación del Sistema de Aseguramiento de la Calidad (SiNACES),
  • Un convenio con Google para la habilitación de una plataforma digital,
  • Dar prioridad a la asignación de fondos para proyectos referidos a la educación a distancia, extraídos del Fondo de Áreas Estratégicas y el Plan de Fortalecimiento de Universidades Estatales,
  • Una alianza con Instituciones de Educación Superior para la difusión de buenas prácticas y capacitación de docentes en modalidad Online.
  • Extender los plazos de postulación a becas y beneficios estatales.

2) Un acuerdo con el Instituto Tecnológico de Monterrey de México y el Centro Educacional Tknika del Gobierno del País Vasco, sobre cursos y capacitaciones en docencia virtual.

Según las declaraciones de las autoridades de gobierno, la intención del Ministerio consiste en apoyar a estudiantes e instituciones a hacer la transición del sistema presencial a la modalidad en línea. Sin perjuicio de las buenas intenciones, desde un comienzo se temía por la debilidad del curso de acción decidido por el gobierno, y conforme pasan los días, las medidas han ido demostrado poco o nulo alivio de las débiles condiciones económicas y académicas del estudiantado de universidades, centros de formación técnica e institutos profesionales.

En algunas instituciones, la precariedad de la situación educacional y la incertidumbre ante la falta de soluciones comienza a dar muestras de un estado de crisis que están incubándose sin un freno aparente. A pocos días del mes de mayo, distintas comunidades estudiantiles ya han comenzado procesos de movilización de emergencia para denunciar el abandono de sus instituciones, en lo que podría ser el preámbulo de un conflicto de escala masiva. 

Frente a esta situación, una de las respuestas espontáneas del estudiantado se dirige hacia la interpelación de las instituciones estatales que participan en el mercado de la educación, y cuyo objeto principal es la fiscalización de las instituciones y su comportamiento frente al estudiantado.

Luego de una descripción de los trazos más generales del escenario de educación superior en Chile, este breve artículo busca hacerse cargo de un amplio conjunto de dudas que rondan los dos estatutos de protección estudiantil: la reivindicación de sus derechos en tanto consumidores, y la interpelación directa al organismo público fiscalizador del subsector de educación superior.

1.     LA SITUACIÓN GENERAL DE FINANCIAMIENTO DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR

La transformación estructural del Estado que impulsó la dictadura militar, en conjunto con el grupo de economistas neoliberales de la Escuela de Chicago, significó el desmantelamiento de la mayor parte de la estructura estatal destinada a la realización de la función educacional, constituyendo, en su retiro, un enorme mercado para la provisión de la Educación Superior (ES).

De esta manera, desde la reforma de 1980 en adelante ocurrió un cambio en las relaciones basales en toda institución de educación superior, en donde la educación se promociona como una mercancía de consumo individual, donde por un lado aparece el proveedor del servicio, y por otro, el estudiante consumidor.

La apertura del mercado se hizo bajo el dogma de la intervención mínima del Estado en la actividad de los privados, dando paso a décadas de educación superior a la deriva de las reglas de la oferta y la demanda, como una expresión más de la protección de la autonomía y la libertad de contratación. Las primeras décadas de crecimiento desregulado del mercado fue desarrollando uno de los conflictos sociales más extensos de nuestro tiempo: la especulación empresarial sobre la educación de la población y la crisis individual y colectiva de los proyectos personales y familiares de miles de estudiantes.

En términos sencillos: un modelo de negocios escondido en una débil legislación, que enriquece empresarios a costa de estafas y fraudes millonarios a estudiantes. Un negocio a la banca privada garantizado por el Estado, que resulta en el endeudamiento abusivo de la población.

Así, el régimen de financiamiento de la ES se basa en un 80% en torno a los aranceles, en donde el Estado financia por un lado en clave de subsidios dicho arancel, por lo que este se expresa ya sea como beca, crédito, aporte familiar directo y/o una combinación de estos (1) y cómo aporte fiscal directo (AFD). En donde “en 2017 el 27,0% del gasto total fue destinado a las instituciones, en su mayoría del CRUCh, el 39,2% fue asignado a los estudiantes, en becas y créditos, y el 33,8% para financiar el acceso gratuito a la educación terciaria”[1].

Ahora bien, resulta que del 39% que es asignado a becas y créditos, el 69% de dichos recursos son dirigidos hacia estudiantes de universidades privadas que precisamente no cuentan con AFD, seguidas de las universidades privadas del CRUCH, estatales y CFT. Lo cual explica que el 61% de la matrícula con Crédito con Aval del Estado sean de Instituciones privadas[2]. Mientras que el 27% destinado a los AFD tiene una trayectoria totalmente inversa: son las universidades estatales quienes tienen mayor porcentaje de aportes fiscales directos seguidas por las universidades privadas del CRUCH. Lo cual, según lo expuesto por Brunner, J y Labraña, J. en 2018 la renta nacional dirigida hacia el financiamiento institucional directo

Expresados como gasto per cápita de los estudiantes matriculados, representan $1,5 millones anuales en el caso de las universidades estatales; $1,3 millones en el caso de las universidades privadas del CRUCh, y menos de $40 mil en el caso de los jóvenes que cursan sus estudios en instituciones privadas sin AFD[3].

Ahora bien, resulta necesario puntualizar que, del 33% del gasto total asignado a la beca de gratuidad, un 61% de este beneficio favorece solamente a estudiantes de universidades del CRUCH, que agrupa solamente a un 28% de la matrícula total del sistema[4].

Además, resulta innegable el impacto que ha desarrollado esta política pública de financiamiento en las comunidades educativas. En donde si bien ha permitido el acceso gratuito a por lo menos 220 mil estudiantes, dada la regulación del cobro de aranceles y la limitación del crecimiento de la matrícula, ha provocado una considerable reducción de ingresos en las IES, ante lo cual algunas universidades como la UDP y la UAH decidieron disputar aportes fiscales directos ingresando al CRUCH con el objetivo de mantener la calidad de los proyectos educativos y por consiguiente hacer más sostenible la política de gratuidad. Lo anterior indica la creciente dependencia de los aportes del Estado, en donde incluso universidades privadas argumentan que “Luego de un minucioso análisis de las condiciones que entrega hoy la política de gratuidad a las universidades privadas, las cuales no tienen acceso a los aportes basales que reciben las universidades del CRUCH (…) no estamos en condiciones de acceder a esta política, ya que ello pondría en serio riesgo nuestro proyecto institucional”[5].

En este sentido, debemos observar que, si la acreditación era requisito para la obtención de aportes del Estado bajo la forma de crédito y/o beca, desde ahora la “acreditación institucional será obligatoria para las instituciones de educación superior autónomas y consistirá en la evaluación y verificación del cumplimiento de criterio y estándares de calidad”[6] y además su certificación avanzada constituye uno de los requisitos para el ingreso al CRUCH.

Por tanto, podemos ver que la función reguladora del Estado opera más como un proceso que permite dinamizar la competencia por captación de matrícula, que como un agente garante del Aseguramiento de la Calidad, puesto que su medición expresada en años de acreditación se traduce, finalmente, en mayor financiamiento (Por la disputa de Aportes Fiscales Directos y/o mayor ingreso por gratuidad en caso de tener acreditación avanzada), lo cual requiere a su vez mayor inversión en lo que respecta a la contratación de académicos jornada completa, inversión en infraestructura, desarrollo de investigación, extensión, entre otros.

Ahora bien, la emergencia del COVID-19 fuerza nuevas prioridades de gasto público y privado, agudizando las tensiones en torno a una fisura estructural que ya venía desarrollándose dentro del sistema educacional chileno, y que se relaciona fundamentalmente por lo expuesto por el movimiento popular chileno en la revuelta popular. Y es que existe una contradicción fundamental entre la forma de financiamiento necesaria para poder cubrir los costos de acceso y calidad en la ES con la realidad del trabajo en Chile, en tanto que el financiamiento de las actividades de la ES depende del pago de aranceles y esto a su vez depende de la capacidad de pago y de deuda que tengan las y los estudiantes y sus familias.

Sin embargo, los aranceles en promedio son igual al sueldo que recibe mensualmente el 50% de las y los trabajadores en Chile ($380.000), al 2018 existen 727.000 deudores del CAE[7], y en donde al 2019 la deuda educacional representa un 12% de la deuda en los hogares[8]. Según cifras entregadas recientemente por el Banco Central, la deuda los hogares chilenos para el año 2019 “se elevó a 74,9%7 del ingreso disponible, aumentando con respecto a diciembre de 2018”[9].

Lo cual evidencia de manera clara la insostenibilidad del pago de aranceles durante y post la pandemia, así como también precisamente la existencia de un agotamiento de la forma en cómo se organiza el financiamiento en la Educación Superior.

CONDICIONES ACADÉMICAS EN TIEMPOS DE EMERGENCIA.

Sabemos que la situación sanitaria significó un giro brusco desde la enseñanza presencial hacia la teleeducación. Al respecto, cabe hacerse la pregunta ¿estaban preparadas las instituciones para hacer un cambio de un modo a otro? Pareciera ser que la respuesta depende, por un lado, de las condiciones generales de la gestión académica de las instituciones, y por otro, de las características propias de cada carrera que imparten.

Respecto de las condiciones generales, no sólo es necesario considerar cómo era el rendimiento habitual de los planteles antes de la emergencia de la crisis sanitaria, sino que es necesario considerar las condiciones materiales que requieren los integrantes del proceso educativo para desarrollar correctamente la enseñanza distancia, considerando además los requerimientos específicos que posee una formación especializada, tanto para docentes como para estudiantes.

Con respecto a las condiciones generales, es necesario considerar la información entregada por la última encuesta de la Subsecretaría de Comunicaciones, del año 2017[10]. Entre los datos relevantes, aparece que un 14,3% de la población no tiene acceso a internet, quedando excluida por el alto costo del servicio. De la población que sí tiene acceso a internet, sólo el 28% tiene conexión fija a internet. Dentro del 44% restante, el 29,6% sólo cuenta con internet móvil. En comparación, y según datos aportados por CIPER, a fines del 2018, una muestra obtenida en las tres principales regiones del país (Metropolitana, Valparaíso y Concepción), mostró que un 46,5% sólo tenía conexión móvil y usaba internet únicamente a través del teléfono.

Con respecto a las condiciones específicas de cada programa de estudios, sólo nos interesa dejar planteadas algunas interrogantes. Por ejemplo, es posible imaginar la adaptación virtual de programas de estudio que se basan en una enseñanza teórico – abstracta, donde la principal fuente de estudio se encuentra en textos y documentos escritos. En estos esquemas, el principal desafío aparece en la provisión de este material (como la suscripción a bases de datos, bibliotecas y revistas) y la disposición de una plataforma de comunicación entre el cuerpo docente y el estudiantado.

Sin embargo, ¿qué tan posible es ese tránsito en carreras donde el perfil dominante de la enseñanza es de carácter práctico – experimental? Esta pregunta se hace absolutamente indispensable en los Centros de Formación Técnica e Institutos Profesionales, en donde muchas veces la totalidad de los planes de estudio tienen estas características. Además, es necesario considerar que muchas veces la posibilidad de realizar algunas actividades académicas depende completamente del acceso a un programa específico, para lo cual se requiere la compra de un software o el pago de una licencia de uso en específico, y un computador con características técnicas que soporte su ejecución.

Considerando que estas dificultades se presentan, en principio, en un plano hipotético, se hace necesario algún tipo de información oficial cómo las IES están manejando tanto el problema económico como académico. Al respecto, el 15 de abril el ministerio publicó un informativo donde se indicaba, que 116 planteles habían flexibilizado sus pagos, y que un 41% de las IES estaban entregando facilidades de conectividad, que alcanzarían a 57 mil estudiantes, y 7 mil equipos computacionales (de una matrícula total de 1,2 millones de estudiantes)[11]. No se especificó en qué consistían las medidas de flexibilidad económica.

Teniendo en consideración que no existe mayor información general sobre el cumplimiento de estas medidas en el conjunto de las IES, ni tampoco se tiene acceso a los informes que cada institución debería entregar al Comité de Coordinación del SINACES, intentaremos describir la situación actual en dos instituciones, de acuerdo a la vivencia del estudiantado de esos planteles.

La situación del IP Chile.

La instalación de las plataformas de enseñanza en línea fue tardía, y su funcionamiento es defectuoso e inadecuado. Existen cursos completos que no se están realizando, por falta de profesores o por la sencilla razón de que no es posible reemplazar el trabajo de campo o en laboratorios. Para los ramos que sí se están cursando, la docencia consiste en la entrega materiales de lectura, cuyo aprendizaje no puede ser evaluados de forma correcta.

La situación de las carreras de enfoque práctico, como Ingeniería en Sonido y Comunicación es insostenible. Las características propias de las disciplinas requieren de equipos y software especializados, no basta con tener acceso a internet para poder realizar las actividades básicas del perfil profesional. Se necesitan programas y computadores construidos especialmente para este tipo de trabajo. Como es evidente, ningún estudiante del IP cumple con esos requerimientos para estudiar en su hogar y cumplir con las exigencias que pone la institución para el avance curricular.

Presentados los inconvenientes ante las autoridades académicas, no han tenido ninguna respuesta satisfactoria. El IPChile no está dentro del listado de instituciones que suscribieron la alianza con el MINEDUC para las buenas prácticas docentes, y hasta ahora los estudiantes no han recibido ningún tipo de información sobre medidas de apoyo de parte del Ministerio. Como el IP no permite que existan organizaciones estudiantiles, su capacidad de intervención en decisiones como esa es inexistente.

Respecto de las condiciones económicas, si bien el desempeño académico de la institución se ha paralizado, los procesos de cobranza de matrículas y aranceles no se ha detenido, sin facilidades ni beneficios para quienes están morosos. El único beneficio que se les ha entregado es una prórroga de un par de meses de los pagos, sin ninguna reducción en los montos por pagar. 

Frente a esta situación, el estudiantado ha reaccionado de forma incipiente y muchas veces aislada. Existió un intento de paralización online pero que resultó completamente ineficaz para presionar a la institución. Las carreras que tienen mayor facilidad para la enseñanza online tratan de aprovechar lo más posible de las precarias condiciones, mientras que en las carreras técnicas la solución más razonable está siendo el congelamiento de los estudios o simplemente la renuncia al plan de estudios. No tiene sentido seguir pagando por educación en tiempos de recesión, y menos aún cuando la educación que están recibiendo es evidentemente ineficiente para su desarrollo profesional. En cualquier caso, el no pago de las deudas es un hecho, ya sea por decisión voluntaria o por la fuerza de los hechos. En la carrera de Ingeniería en Sonido la matrícula ya se ha reducido en la mitad, y probablemente seguirá bajando conforme avance el calendario.   

La situación de INACAP.

INACAP es el complejo educacional más grande de nuestro país. No sólo incorpora una Universidad, un IP y un CFT, sino que es la IES que más aporta a la matrícula total de este subsector de la educación. El 22 de abril, INACAP publicó un video publicitario sobre cómo se estaba adaptándose a las nuevas condiciones de teleeducación. En el video se señalan, entre otras cosas, que la totalidad de los docentes están habilitados para hacer clases a distancia, que más del 96% de los estudiantes se han conectado a clases online y que existen nuevas medidas de flexibilidad académica. Según el video, las cosas parecen andar bastante bien en este enorme complejo educacional.

Sin embargo, las voces sindicales y estudiantiles presentan una versión radicalmente diferente. Las dirigencias desde el mundo de las y los trabajadores académicos han denunciado públicamente que las condiciones de enseñanza desde sus casas son inexistentes, y que muchos de ellos han tenido que invertir dinero desde su bolsillo para la compra de implementos y materiales para hacer los cursos y adquirir los programas informáticos que requieren. Si bien la mayoría puede acceder a una plataforma de video, no han sido capacitados de manera suficiente sobre cómo hacer clases virtuales. Sus jornadas de trabajo se han extendido, haciéndose muchas veces imposible cumplir con las labores domésticas dentro de sus hogares.

Desde el punto de vista estudiantil, los reclamos son más dramáticos. Hablan de una realidad distinta a la mostrada en el video promocional, y que se refiere principalmente a miles de estudiantes que están simplemente desconectados de la continuidad académica en el conglomerado. Alegan que la enorme cifra de estudiantes en línea es resultado de un abuso estadístico: la misma institución ha reconocido que basta con que un alumno se conecte una vez al ambiente de aprendizaje para ser sumado dentro del total de estudiantes que están asistiendo regularmente a clases.

Denuncian la imposibilidad de alcanzar el tráfico de datos que requiere una sesión de clases y una demora inexplicable en las becas de conectividad prometidas, la falta de equipos informáticos adecuados para la ejecución de software especializado, y la falta de licencias necesarias para la ejecución de los trabajos pedidos. A lo largo de todas las sedes regionales, se está poniendo en evidencia que las condiciones exigidas para cumplir con los planes de estudio sólo pueden ser alcanzadas por un porcentaje muy minoritario de la matrícula total.  

A partir de dos casos puntuales resulta muy difícil obtener conclusiones generales sobre el comportamiento del sistema, pero sabemos que los problemas denunciados por estos estudiantes están siendo reproducidos en una enorme cantidad de IES.

Sabemos que  la crisis sanitaria está abriendo paso a una recesión económica mundial, cuestión que, en vista de una débil protección del Estado hacia la clase trabajadora, está significando un aumento explosivo de la cesantía, la reducción del ahorro familiar y la incapacidad de responder a gastos de emergencia de todo tipo.

Considerando que la deuda educativa es un ítem más dentro de la deuda total de las familias, que el estudiantado en su gran mayoría sigue financiando el servicio de educación superior, y que en muchos casos ese servicio no alcanza las condiciones mínimas de enseñanza. ¿Qué hacer con los aranceles universitarios y las deudas? ¿Qué hacer frente a la mala calidad de la educación impartida?  

2.     LOS CAMINOS DE ACCIÓN PARA EL ESTUDIANTADO

Reclamar protección como consumidores/as.

La ley de protección de los derechos del consumidor (19.496) tiene aplicación sobre los contratos de educación superior, específicamente aquellos de educación técnico profesional y universitaria. En virtud de esta ley, se establece un conjunto de deberes para los proveedores y procedimientos tendientes a sancionar las faltas que éstos cometan, así como una variedad de derechos y deberes para los consumidores. La misma ley establece el Servicio Nacional del Consumidor, organismo destinado a la defensa de estos últimos.  

La protección que entrega la ley del consumidor a los y las estudiantes está limitada, y se refiere únicamente a la posibilidad que tienen éstos, de actuar de forma individual o colectiva, respecto de las cláusulas abusivas que pudieran existir en sus contratos de prestación de servicio, de la publicidad engañosa que estuviera emitiendo el prestador del servicio educativo, y de las condiciones de la oferta del servicio. Al mismo tiempo, la misma ley señala que: “No quedará sujeto a esta ley el derecho a recurrir ante los tribunales de justicia por la calidad de la educación”.

Con respecto al SERNAC, es necesario recordar que la última reforma al organismo mantuvo su incapacidad para sancionar a las empresas y compañías que comentan faltas contra los consumidores. Las normas que le entregaban facultades para hacerlo fueron declaradas inconstitucionales por el Tribunal Constitucional. Gracias a la intervención del TC, el SERNAC no tiene la facultad de aplicar multas, o citar a mediaciones obligatorias a los proveedores del servicio, solicitar la restitución de dinero pagado, u otra alternativa de solución.

¿Qué caminos se pueden tomar junto al SERNAC? ¿Hacia dónde llevan?

  • Reclamos ante el SERNAC.

Un consumidor que solicita protección, ante el SERNAC, reclamando y requiriendo que este órgano traslade el reclamo y solicite que el proveedor voluntariamente acceda a una solución.

El reclamo se puede ingresar de forma sencilla: cada estudiante puede dirigirse a la página web del SERNAC y dejar un reclamo a título personal. La presentación del reclamo sólo permite que el Servicio inicie un procedimiento de mediación extrajudicial con los proveedores, el cual es voluntario para estos últimos, quienes ni siquiera tienen la obligación de responder.

La presentación de reclamos no es nada nuevo. De hecho, esta herramienta ya ha sido intentada por el estudiantado, especialmente en los planteles privados de educación creados luego de 1980, y que han hecho crisis debido al colapso de la estructura fraudulenta que escondía su publicidad. Resulta interesante que, a través de los reclamos de los estudiantes, se pueda reconstruir una historia de la crisis de la educación superior en el Chile de las últimas décadas.

Así, por ejemplo, el número de reclamos dirigidos al SERNAC dentro del mercado de la educación alcanzó un máximo histórico el primer semestre del año 2013, cuando se develó la crisis de la Universidad del Mar. De forma más reciente, a finales de 2018, la inestabilidad financiera de la Universidad del Pacífico determina un aumento explosivo: en noviembre de 2018 hubieron sólo 3. Cuando se destapó la insolvencia financiera, en diciembre, el número aumentó a 80. 

No obstante lo anterior, un análisis más detallado de las cifras relacionadas con los reclamos de estudiantes de educación superior ante el SERNAC puede entregar más luces sobre el verdadero efecto que puede tener esta vía de acción en el mercado.  En primer lugar, un resultado inesperado de esta breve investigación sobre los datos mostró que la información estadística publicada en los informes elaborados por el propio SERNAC son inconsistentes entre sí.

En todos los informes existe una sección titulada “Reclamos en Educación Superior”, donde se indica la comparación entre dos períodos contiguos. A veces, los períodos comparados van desde Enero a Octubre, y en otros Informes, los períodos van desde Enero a Noviembre. Considerando esa variación de parámetros, el número total de reclamos procesados por el organismo, desde el 2011 en adelante, son los siguientes:

Año

Primer informe

Segundo informe

2011

3.389 [12]

 

2012

4.348 1

4.801 [13]

2013

5.544 2

5.544 [14]

2014

3.273 3

 

2015

2.790 [15]

 

2016

2.848 4

2.893 [16]

2017

2.955 5

2.888 [17]

2018

2.618 6

 

A partir de estos informes, no se observa consistencia entre los periodos comparados, lo cual dificulta una observación objetiva de los totales de reclamos ingresados. Incluso, cuando los periodos analizados se corresponden entre sí (enero/octubre o enero/noviembre), existen discrepancias entre las cifras entregadas en tres años distintos (2012, 2016 y 2017). No se encontró el Informe del año 2015 en la sección de Estudios del SERNAC.

No obstante los problemas estadísticos, las cifras entregadas nos permiten imaginar la magnitud total de los reclamos interpuestos por estudiantes en contra de sus casas de estudio. Recordemos que, sin perjuicio de existir miles de reclamos todos los años, las instituciones de educación superior no están obligadas a dar solución a lo planteado, y el SERNAC tampoco puede obligarles a hacerlo. Como se indicó, el Tribunal Constitucional no permitió que tuviera la facultad de obligar a los proveedores a responder, o sancionarlos en caso de ignorar los reclamos.

Respecto de todos los reclamos interpuestos, el Servicio ha clasificado las respuestas que han recibido de las instituciones de educación, de acuerdo a las siguientes actitudes:

  1. i) Responde favorablemente al reclamo planteado (total o parcialmente)
  2. ii) No acoge el reclamo planteado (desconoce la causal reclamada o niega competencia al SERNAC como intermediario).

iii) No responde.

Estos son los resultados, de acuerdo a los mismos informes del Servicio:

Año

Total reclamos (aprox.)

Proveedor Acoge

Proveedor No Acoge

Proveedor No Responde

Otros

2011

3.389

 

 

 

 

2012

4.348 – 4.801

37,0%

25,5%

25,2%

12.3%

2013

5.544 – 5.544

30,9%

23,3%

11,7%

34.1%

2014

3.273

47,1%

33,6%

14,9%

4,4%

2015

2.790

2016

2.848 – 2.893

36,3%

45,9%

16,6%

1,3%

2017

2.955 – 2.888

40,4%

37,6

22,0

2018

2.618

41,1%

44,9%

13,9%

 

En todos estos años de análisis, el principal motivo que tuvieron los y las estudiantes para ingresar reclamos fue el incumplimiento de las condiciones contratadas entre el/la estudiante y el proveedor. De acuerdo a la última medición publicada, en enero y octubre de 2018 se registró la tasa más alta de esa causal dentro del total de motivos, llegando a fundar el 72,4% del total de reclamos.

Dentro de esta categoría, lo que se refiere a incumplimiento en las condiciones contratadas, se encuentran las siguientes hipótesis, por ejemplo:

  • Cambios en la situación de acreditación de la casa de estudio,
  • Alza injustificada de arancel,
  • Modificación de las mallas académicas;
  • Mala calidad del servicio, (problemas para tomar ramos, inconvenientes para postular a becas, falta de docentes para dictar ramos, retrasos en entregas de certificados)

De todos los reclamos intentados el año 2018, en casi el 60% de los casos, la institución de educación superior no acogió el reclamo, o simplemente no dio respuesta al SERNAC. En esta gran parte de los casos, las acciones que puede intentar el Servicio son las demandas colectivas o los juicios de interés general, los cuales serán revisados más adelante.

En conclusión, dejar una queja individual no conduce necesariamente a una solución para quien denuncia, al contrario, en vista de la tendencia de la última década de masivos reclamos estudiantiles, lo más probable es que las interpelaciones a los proveedores no sean tomadas en cuenta. Quizá el único efecto práctico de la presentación masiva de reclamos sea contribuir a los registros estadísticos del SERNAC, cuestión que quizá pueda perjudicar la imagen comercial de los planteles a la hora de publicitar sus servicios.

  • Denuncias individuales ante los Juzgados de Policía Local.

Las denuncias individuales persiguen la protección de un único estudiante/consumidor, pueden interponerse sin necesidad de abogado/a profesional, y tienen un período de tramitación relativamente breve. En caso de que se determine una infracción a algún deber o regulación en perjuicio del consumidor, se podría solicitar una multa para el proveedor y una indemnización por el daño causado.

Suena bien, pero probablemente no tenga buen resultado. Esto porque, según lo vimos más arriba, la mayoría de los problemas identificados por el estudiantado a propósito de la emergencia de la crisis sanitaria (y la conjunta recesión económica) dicen relación a la incapacidad de un plantel de educación superior para asegurar condiciones básicas de educación por vía electrónica, de forma tal que logre los objetivos mínimos de capacitación profesional para un conjunto de estudiantes.

Esto resulta relevante, puesto que, en un amplio conjunto de casos propios del mercado de la educación, y luego de una completa y lenta tramitación procesal, la Corte Suprema ha determinado que, en aquellas situaciones donde la vulneración de derechos no ocurre sólo respecto de un caso, sino que afecta a un conjunto determinado o determinable de casos similares, no corresponde la presentación de una denuncia individual, sino que corresponde una denuncia colectiva. ¿Qué significa esto? Que la denuncia no podrá ser interpuesta ante el Juzgado de Policía Local, sino ante los tribunales ordinarios de justicia, es decir, ante los Juzgados Civiles, en un juicio de lato conocimiento.

  • Denuncia colectiva ante los Juzgados Civiles.

Para entrar a un juicio colectivo se exige que actúen a lo menos 50 personas, que lo haga una Asociación de consumidores, o que actúe el SERNAC en representación del conjunto de consumidores afectados. El interés colectivo estaría presente en todas las personas matriculadas en una carrera en particular, o en la institución de educación en general.

En términos procedimentales, el ejercicio de demandas colectivas conduce a la justicia ordinaria, es decir, a los juzgados civiles de cada comuna donde funcione una Corte de Apelaciones, como el primer paso de una serie de tribunales que pueden intervenir por la vía de recursos sucesivos, hasta la Corte Suprema. Al respecto, es necesario considerar que el procedimiento judicial que se estaría iniciado es un juicio ordinario, lo que significa una tramitación cuyos plazos en tiempos normales resultan demasiado largos como para considerarla una vía efectiva de solución ante la emergencia que estamos viviendo, esto sin considerar que actualmente los procedimientos judiciales que no tienen carácter de urgencia se encuentran suspendidos por ley.

Como demostración de esa lentitud, es posible encontrar en la página del SERNAC los juicios colectivos que se han intentado por agrupaciones de consumidores o por el propio Servicio en contra instituciones educacionales. El listado permite observar que existen juicios que se encuentran en tramitación durante décadas. Al respecto se pueden mostrar dos extremos:

Fecha de inicio

Institución

Causal

Etapa

24/01/2019

U. del Pacifico

Falta al deber de profesionalidad

Conciliación

12/05/2007

UTEM

Incumplimiento en las condiciones contratadas

Conciliación

Esto permite observar la lentitud de los procesos ordinarios, muchos de los cuales terminan abandonados o en acuerdos extrajudiciales que distan mucho de las pretensiones originales de quienes demandan. Cabe destacar, que, en el juicio seguido en contra de la UTEM, el SERNAC abandonó la causa en julio de 2018.

Entonces, en vista de estas condiciones ¿Tiene sentido activar la protección del consumidor?

Más allá del problema identitario de que el estudiantado se asuma como consumidor, dejando de lado las estrechas limitaciones legales que posee el SERNAC para actuar, los resultados prácticos de esta intervención son muy limitadas, y se demuestran ineficaces para resolver un problema que requiere al mismo tiempo soluciones de orden económico y académico.

Por último, y para reforzar lo anterior, resulta oportuno observar qué posición ha tomado el Servicio de protección de los estudiantes-consumidores. ¿Qué ha dicho el SERNAC frente a todo este asunto? Poco, realmente. Por el contrario, el único pronunciamiento que ha realizado el director del SERNAC (designado por Piñera) no parece muy alentador para el estudiantado.

“Contactados por BioBioChile, desde el Servicio Nacional de Consumidor (Sernac) aseguraron que hasta la fecha han recibido alrededor de 275 reclamos relacionados con educación.

De este total, un 26% apunta a institutos profesionales; un 18,5% a universidades; y un 16,7% a colegios. El resto obedece a otras instituciones, por ejemplo, preuniversitarios, academias, centros de formación técnica, entre otros.

El director del Servicio dijo: “Como se trata de un tema que está en pleno desarrollo, estamos en coordinación con la autoridad sectorial para analizar los casos y poder tomar las acciones que correspondan para ir en defensa de las familias en caso que las circunstancias lo ameriten”[18]

En términos simples, el SERNAC dejó en suspenso su capacidad de intervención en este escenario, para asumir una posición alineada con el Ministerio de Educación. Por otro lado, ante los reclamos de estudiantes por la pésima calidad del servicio recibido, el SERNAC ha respondido que está trabajando en colaboración con la Superintendencia de Educación, por lo que los reclamos deberían dirigirse a ese organismo. Como se puede observar, la inutilidad de este estatuto protector es casi total, hasta el punto de esquivar su mandato legal de protección con la excusa de la coordinación con otras instituciones públicas con facultades igualmente débiles o de plano inexistentes para dar solución a los problemas planteados. Por último, es necesario cuestionar la existencia y legalidad del convenio entre el SERNAC y la superintendencia de educación, del cual no existe registro público alguno.

Superintendencia de Educación

El 2006 fue uno de los años más intensos de movilización social, donde estudiantes y docentes de todos los niveles impulsaron una ofensiva en contra del modelo de educación mercantil impuesto en dictadura. Como respuesta, el conjunto de actores políticos institucionales se vio obligado a dar una señal de responsabilidad frente al abuso empresarial en la educación, prometiendo cambios profundos, pero sin alterar las bases fundamentales del sistema.

Los reclamos relacionados al bajo control estatal sobre los planteles privados de educación fueron respondidos mediante un aumento de la regulación de la oferta, estableciendo un conjunto de derechos y deberes aplicables a las instituciones de educación superior y sus estudiantes, poniendo en el centro del debate el concepto de la calidad del servicio prestado. De esta manera, se fueron presentando un conjunto de medidas destinadas a reducir la libertad de enseñanza en base a criterios mínimos, buscando amortiguar la lógica depredadora de los capitales empresariales que se reproducen dentro del mercado de la educación, conteniendo las posiciones más radicales presentes dentro movimiento social.

Como parte de este conjunto de medidas, el año 2006 se dictó la ley 20.129, que establece un sistema nacional de aseguramiento de la calidad de la educación superior y crea la Comisión Nacional de Acreditación (CNA), organismo público encargado de verificar y promover la calidad de las IES. La instalación de este sistema fue presentada como un enorme avance, y como parte de ese conjunto se establecieron organismos fiscalizadores para cada subsector, apareciendo la Superintendencia de Educación Superior (SES).

Según la ley que le da origen, el objeto de la SES será fiscalizar y supervigilar el cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias que regulan a las instituciones de educación superior en el ámbito de su competencia. Le corresponderá también fiscalizar que las instituciones de educación superior destinen sus recursos a los fines que les son propios de acuerdo a la ley y sus estatutos.

Las facultades que posee la SES, y que podría utilizar en este caso, son básicamente las siguientes:

– Fiscalizar a las IES para el cumplimiento de los términos, condiciones y modalidades conforme a los servicios convenidos y demás compromisos académicos asumidos con los estudiantes,

– Atender las consultas que se le formularen en materias de su competencia, recibir y resolver reclamos, y actuar, cuando corresponda, como mediador de ellos.

– Investigar y resolver las denuncias,

– Formular cargos, sustanciar su tramitación, adoptar medidas provisionales y resolver los procesos que se sigan respecto de cualquier infracción de que conozca en materias de su competencia.

– Imponer sanciones de conformidad a lo señalado en la ley.

En consecuencia, y según los términos legales que estructuran la SES, este organismo podría someter a proceso a las IES y eventualmente sancionarlas por el incumplimiento de las condiciones básicas de enseñanza que están entregando. Entonces, hipotéticamente, el estudiantado podría solicitar la creación de un plan general de fiscalización para sus instituciones, o denunciarlas directamente por el incumplimiento de la norma educacional. Eventualmente, cualquiera de los dos caminos terminaría en una multa para la Institución, puesto que la Superintendencia no tiene la capacidad para intervenir en la administración o la gestión de los planteles.

Suponiendo que el estudiantado impulse procesos de denuncia o reclamos ante le SES por el incumplimiento de sus obligaciones básicas para la provisión del servicio educativo ¿Qué pueden esperar del organismo? La respuesta está en una circular publicada el 31 de marzo de 2020, donde la SES comunicó que la situación de emergencia provocada por el COVID – 19 califica como caso fortuito. Esto significa que cuenta con las características de ser imprevisible, irresistible y que no puede imputarse a las instituciones.

En términos jurídicos, esta declaración no tiene nada de sorprendente, puesto que sigue una línea repetida por todo el mundo a propósito de los contratos comerciales. El problema radica en que la autoridad de fiscalización ha emitido un pronunciamiento público, donde entrega una excusa perfecta para que las instituciones de educación superior suspendan el cumplimiento de sus obligaciones, sin tener que pagar perjuicios por ello.

La SES ha reconocido que las instituciones están impedidas, de forma excepcional y temporal, de cumplir con su obligación de prestar los servicios educacionales en la forma, condiciones y términos en que fueron originalmente ofrecidos y contratados. En estos términos, resulta muy poco probable que algún procedimiento de denuncia o fiscalización termine en sanciones en contra de alguna IES.

Conclusiones

¿Es sensato recurrir a las instituciones reguladoras del mercado de la educación? La respuesta que presentamos es que el ejercicio de acciones administrativas o judiciales, ya sea de acuerdo al estatuto del consumidor o al estatuto de regulación del mercado educacional, resultan inútiles para solucionar los problemas planteados por el estudiantado. Por el contrario, el mayor rendimiento de tales caminos de acción es la contribución a algún registro estadístico de los problemas que se están desarrollando dentro de las IES. 

En términos sencillos, la estructura de mercado en la educación produce permanentemente conflictos internos dentro de las comunidades educativas, constituidos principalmente por la forma de financiamiento del servicio, las condiciones de administración o gobierno universitario, y un desacople entre la función educativa y el mercado del trabajo, ya sea desde la perspectiva de los futuros profesionales y sus expectativas de sueldo, o desde el punto de vista de la colisión de las condiciones de estudiante y trabajador. Para sorpresa de nadie, no es posible encontrar respuestas a problemas estructurales dentro de la institucionalidad reguladora del mercado.

Considerando que el mejor uso de las facultades legales del SERNAC o la SES es reducir el conflicto social a un escenario de negociación estrecho y bastante débil, parece ser más sensato no depositar la esperanza en esos caminos, ¿No será mejor situar el enfrentamiento desde una perspectiva general, donde el estudiantado pueda expresarse con mayor fuerza? No es nada nuevo que, en este último período de luchas sociales, los avances más significativos entre la oposición permanente entre el capital y la fuerza de trabajo está por fuera de la institucionalidad que procesa y regula el mercado en sus distintos sectores.

No resulta razonable acudir a las instituciones legales para resolver los problemas económicos y administrativos que aparecieron masivamente junto al COVID- 19. Ejemplos de otros escenarios críticos donde esta institucionalidad fue completamente incapaz de actuar en defensa del estudiantado sobran, y están a la vista: miles de reclamos a propósito de la infame carreara de perito criminalístico, las estafas colectivas de las Ues del Mar y del Pacífico, y una larga y lamentable lista en CFT e IP. Al contrario, la emergencia de esta crisis debería motivar a que el estudiantado aprenda de experiencias anteriores y rechace estas instituciones como fachadas de racionalidad, cuyo único fin es el apaciguamiento y el placebo de un conflicto social que está cultivando otro estallido.

Desde el punto de vista propositivo, resulta difícil pensar en un plan de acción cuando la única información disponible sobre estos temas está oculta en conflictos similares, pero aislados entre sí. Más allá de la información propagandística que emana del MINEDUC y la publicidad de las IES, existen muy pocas voces exponiendo la realidad de la ES desde el punto de vista del estudiantado y la planta docente.

En este sentido es prioritario que desde la organización estudiantil se impulse la construcción de diagnósticos a nivel de la institución en particular y del Sistema de Educación en general mediante la construcción de espacios de trabajo de base y/o comisiones triestamentales en las distintas comunidades educativas, de manera de ir avanzando por un lado en el desarrollo de planteamientos estructurales y de la creación y fortalecimiento de la organización estudiantil y multisectorial.

Por otro lado, resulta fundamental que la organización estudiantil impulse procesos de articulación entre sí con miras a sintetizar un diagnóstico general de la educación superior chile y un plan de acción coyuntural anudado al proceso constituyente.

Probablemente dada la escasez de liquidez de los planteles educativos, las demandas desprendidas del diagnóstico se enfrentarán con un problema financiero. Puesto que el argumento refiere precisamente a la incapacidad de desembolsar la cantidad de recursos necesarios para cumplir con las condiciones mínimas de continuidad de los estudios.

Lo anterior principalmente por que la emergencia sanitaria agudiza las complicaciones del pago de aranceles puesto que más de 500.000 trabajadores han visto suspendidos sus contratos de trabajo y por tanto expuestos a una suspensión del salario siendo obligados a la utilización de sus fondos ahorrados en las Administradoras de Fondo de Cesantía[19], por otro lado un 39% de la fuerza laboral en Chile está sin contrato,  lo cual permite visualizar la situación de precariedad a la que serán enfrentadas las y los trabajadores durante los meses venideros en que no existirá ingreso mínimo garantizado.

De manera que sería posible extraer como conclusión que la matriz del problema en torno al régimen de financiamiento en la ES pasa por la concepción de que éste es responsabilidad de las y los estudiantes y sus familias. En donde si existen casos en que estudiantes no puedan financiarla el Estado subsidia mediante becas y créditos parte del arancel. El aumento expansivo de la matricula a partir del 2006, año en que se crea el Crédito con Aval del Estado, efectivamente permite ampliar en cobertura hacia segmentos de la clase trabajadora que antes no tenían acceso a la ES, sin embargo, el sostenimiento del financiamiento de la educación superior bajo responsabilidad de las y los estudiantes y sus familias se contradice con el desarrollo mismo de las arremetidas del capital contra el trabajo.

Es por esto, que debemos situar el debate en el marco de fortalecer el financiamiento público de manera que el plantear una reducción del aporte familiar y un aumento del financiamiento estatal directo a las instituciones sean parte de una misma ecuación para la construcción una red de Educación Superior que tenga como base el control democrático de los presupuestos y planes de estudios.

En ese escenario para asegurar acceso y permanencia en ES resulta fundamental no sólo la condonación de las deudas y suspensión de obligaciones sino también una reducción arancelaria que permita ajustar el aporte familiar directo a la realidad salarial de las y los trabajadores en Chile. Para ir en esa dirección sería necesario:

  • Un aumento significativo del aporte fiscal directo a las instituciones Cruch para evitar que el costo de la pandemia lo paguen las comunidades educativas.

  • Que la banca suspenda el pago de deudas de las IES durante este 2020 para que estas cuenten con esos recursos para cubrir las condonaciones de las deudas generadas mientras dure la alerta sanitaria.

  • La habilitación de aportes fiscales directos a las universidades privadas no-cruch para enfrentar las reducciones arancelarias sin deterioros en los proyectos educativos en clave de acceso a la política de gratuidad, lo cual permitiría aumentar la cobertura de la matricula gratuita por fuera de las universidades del Cruch.

  • Que el Estado tome control de aquellas instituciones que caigan en falta de financiamiento a causa de una gestión que no pone el acento en el sostenimiento de sus proyectos educativos.

 

[1] Brunner, J; Labraña, J. CEP 2018. “Financiamiento a la educación superior, gratuidad y proyecto de nuevo crédito estudiantil.

[2] Fundación Sol, 2019. “Endeudar para gobernar y mercantilizar: El caso del CAE”

[3] Brunner, J; Labraña, J. CEP 2018. “Financiamiento a la educación superior, gratuidad y proyecto de nuevo crédito estudiantil.

[4] Idem.

[5] Larraín, S; Napadensky, R. 2018. Revisado en: https://www.ucentral.cl/noticias/la-serena/comunicado-universidad-central-sobre-gratuidad

[6] Ley N°21.091. SOBRE EDUCACIÓN SUPERIOR (2018). Revisado en http://bcn.cl/25b7u

[7] Fundación Sol, 2019. “Endeudar para gobernar y mercantilizar: El caso del CAE”

[8] Holz. M. (2019). “Deuda educacional en hogares chilenos. Datos de la Encuesta Financiera de Hogares del Banco Central 2018.”

[9] Banco Central. Cuentas Nacionales por sector Institucional, abril 2020.

[10] SUBTEL. IX Encuesta Accesos y Usos de Internet, 2017.

[11] MINEDUC, Subsecretaría de Educación Superior. Aumentan a 106 las instituciones de Educación Superior que ya han flexibilizado el pago de los aranceles frente a emergencia sanitaria. 15 de abril de 2020, consultado el 28 de abril de 2020 en el sitio: educacionsuperior.mineduc.cl

[12]  “Reclamos a Instituciones de Educación Superior. Comparación Enero – Octubre 2011 v/s Enero – Octubre 2012.

[13] Ranking de Reclamos a Instituciones de Educación Superior. Comparación Enero – Noviembre 2012 v/s Enero-Noviembre 2013.

[14] Ranking de Reclamos en Educación Superior. Enero-Noviembre 2013 v/s Enero-Noviembre 2014.

[15] Ranking de Reclamos de Instituciones de Educación Superior: Enero-Octubre 2015 / Enero-Octubre 2016.

[16] “Ranking Instituciones de Educación Superior con reclamos en el SERNAC. Enero – Octubre 2016 / Enero – Octubre 2017.

[17] “Comportamiento de respuesta Instituciones de Educación Superior con reclamos en el SERNAC. Enero – Octubre 2017 / Enero – Octubre 2018.  

[18] ¿Deben los apoderados seguir pagando las colegiaturas durante la emergencia por coronavirus? Por Alberto González, Radio Bío Bío Chile.

[19] Neira, C. 27 de Abril de 2020. “Lapidario: Más de medio millón de trabajadores han visto suspendidos sus contratos durante la pandemia”. Revisado en: https://www.eldesconcierto.cl/2020/04/27/lapidario-mas-de-medio-millon-de-trabajadores-han-visto-suspendidos-sus-contratos-durante-la-pandemia/

*Trabajador Corporación 4 de Agosto.
**Estudiante U. Central y militante ContraCorriente Santiago.

0 0 vote
Article Rating
Compártelo en:

Autor entrada: Convergencia Medios

Suscribete
Notifíicame de
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments