Corte de Apelaciones de Santiago al servicio de los violadores de DDHH

Convergencia Medios

La Octava Sala del tribunal, presidida por el ministro Juan Cristóbal Mera e integrada por la ministro Mireya López y el abogado Cristián Lepín, redujo las penas a los violadores de Derechos Humanos condenados en primera instancia por el Ministro Leopoldo Llanos por el secuestro calificado y tortura a Eduardo Canteros Prado, militante del Partido Comunista, y Daniel Palma Robledo, militante del Partido Comunista Bandera Roja, ambos detenidos desaparecidos. 

En la sentencia de la Corte de Apelaciones se señala que se reduce la pena impuesta a Ricardo Lawrence Mires como autor de los delitos de secuestro calificado a tres años y un día de presidio menor en su grado máximo, inhabilitación absoluta perpetua para derechos políticos, inhabilitación absoluta para cargos y oficios públicos durante el tiempo de la condena y al pago de las costas de la causa.

Lo mismo para Jorge Andrade Gómez, Juan Morales Salgado, Ciro Torré Sáez, Sergio Orlando Escalona y Gladys Calderón Carreño, todos como autores de los delitos de secuestro calificado.

La Corte informó que, reuniéndose los requisitos legales, se le concede a cada uno de los condenados la pena sustitutiva de libertad vigilada intensiva por el lapso de cinco años, debiendo cumplir, además, con las exigencias del artículo 17 de la ley 18.216.

«Si se les revocare tal sustitución, deberán cumplir las penas inicialmente impuestas, las que se les contarán desde que se presenten o sean habidos, sirviéndoles de abono el tiempo que estuvieron privados de libertad y a que ha hecho referencia el fallo que se revisa», precisa el fallo.

Finalmente, se señala que se aprueban los sobreseimientos definitivos y parciales decretados por el fallecimiento de Orlando Guillermo Inostroza Lagos, Eduardo Antonio Reyes Lagos, Rufino Eduardo Jaime Astorga, Juan Manuel Guillermo Contreras Sepúlveda, Marcelo Luis Morén Brito, Bernardo del Rosario Daza navarro, Guillermo Jesús Ferrán Martínez, Eugenio Jesús Fieldhouse Chávez y José Mario Friz Esparza, respectivamente.

Esta decisión ha sido denunciada por las organizaciones de derechos humanos, pues se consagra la impunidad para los violadores de Derechos Humanos, que luego de un juicio tardío, termina por no condenar a penas de presidio efectivo a los responsables de crímenes de lesa humanidad. 

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