Colombia | «La movilización volverá a tomar las calles contra el modelo neoliberal»

Por Venceremos – Partido de los Trabajadores

Para conocer el modo en que la pandemia del coronavirus y la crisis en curso golpean al hermano pueblo de Colombia, entrevistamos a  Benedicto González Montenegro, exguerrillero de las FARC.

Benedicto González Montenegro: Efectivamente, el gobierno colombiano, como muchos otros gobiernos, a raíz de la emergencia suscitada por la pandemia del COVID -19, ha declarado mediante el decreto 417 la emergencia económica, social y ecológica del artículo en el marco del artículo 215 de la Constitución. El hecho resaltante de este decreto es la expresión de que Colombia cuenta  con los “recursos suficientes” para solventar la crisis derivada de la situación de emergencia.

No obstante, lo que hemos observado es que, más allá de lanzar un salvavidas a las empresas privadas y a los empresarios, más allá de disponer de las pensiones y de los recursos de los entes territoriales (departamentos, municipios), el gobierno de Iván Duque no ha tomado medidas que se traduzcan en bienestar para los colombianos más humildes, para los más pobres. Por eso, estamos en una situación de incertidumbre porque, ya se sabe, que la medida inicial de aislamiento preventivo prevista hasta el 13 de abril, va a ser ampliada. Y no se ha escuchado una sola propuesta estructural que contemple la situación de las mayorías.

Hoy un número importante de colombianos y colombianas, a quienes se suma las y los migrantes venezolanos, vive del día a día, de lo que se llama la “economía de rebusque”. Es decir, vive de salir todos los días a la calle a vender algún producto de manera improvisada para resolver la comida del día. Si la medida es no salir a la calle, para no contaminarse, la pregunta es: ¿cómo resuelven estos colombianos y colombianas su alimentación? Todo esto nos lleva a pensar que la situación de pobreza, que ya es enorme, se va a incrementar. Los efectos de la cuarentena agravarán, entonces, una situación estructural de necesidades básicas insatisfechas: servicios públicos privatizados que cobran altas tarifas, problema en el acceso a la educación, una salud privatizada, servicios de transporte urbano de tarifas muy altas. Esto va a generar lógicamente una situación social incontenible. Hemos visto ya algunas muestras de gente entrando a los supermercados a saquear los productos, especialmente, alimenticios, como una reacción a no tener ninguna otra solución al tema de alimentos.

Lo segundo que habría que decir es que el gobierno desde el inicio mostró contradicciones, porque mientras otros gobiernos estaban cerrando los aeropuertos, Duque, por tener una hermana vinculada a la junta directiva de la empresa de transporte aéreo más grande del país, Avianca, no tomó esa decisión. Y fue por ahí por donde ingresaron las primeras personas  con el virus. Esto indica que este gobierno, como los gobiernos anteriores en Colombia, privilegia la ganancia, el mercado, antes que el bienestar y la salud de las personas. Eso se ha visto, y se sigue viendo en los hospitales.

Hay una incertidumbre muy grande. El gobierno ha dicho que debemos prepararnos para cosas peores, pero no ha dicho cuáles son los planes para responder a esas situaciones peores. En conclusión, estamos ante una situación de desgobierno, de un presidente que no ha podido encontrarle el pulso al arte de gobernar. Lo que ha hecho es tomar medidas que favorecen a las entidades privadas, a los bancos, a los empresarios, provocando una gran inconformidad en todo el país.

 

V-PT: Ha habido reclamos masivos en las cárceles. ¿En qué estado se encuentra la población carcelaria?

BGM: En Colombia existe una ausencia de una política carcelaria verdadera. Desde hace más de una década, la Corte Constitucional declaró la inconstitucionalidad del estado de cosas en las cárceles, refiriéndose con esto a la situación precaria que se vive en los centros de reclusión, especialmente en los penitenciarios, y mucho más en los llamados de “alta seguridad”, como La Picota como La Modelo. Desde ese momento, no ha habido ninguna medida, ninguna política, ninguna decisión del estado colombiano para mejorar la situación de las cárceles y de los prisioneros. Hay una situación de hacinamiento del más del 50 por ciento, del 80 por ciento y hasta del 100 por ciento en algunas cárceles del país. Hay una situación de violación sistemática de los derechos humanos de las y los prisioneros. Hay una situación de mala alimentación, dado que esto también se ha convertido en un negocio que consiste en reducir la cantidad y la calidad de los alimentos para el beneficio de particulares. Hay una situación de desatención en salud que hace que muchos prisioneros mueran por falta de atención médica, bien sea en situaciones de emergencia, bien sea lentamente por enfermedades terminales o crónicas. Casos que hemos tenido desde hace mucho tiempo, incluso con prisioneros de FARC. Y, en la base de todo, hay una situación de invisibilización de la situación carcelaria.

Lo que ocurrió el pasado 23 de marzo fue apenas una muestra, un índice, de situaciones que se producen con cierta frecuencia pero que no trascienden a los medios de comunicación. Tal vez esta trascendió por dos razones. Una, por el número de muertos y heridos que hubo en la cárcel Modelo de Bogotá: veintitrés asesinados y ochenta heridos. Dos, porque tal vez también al estado le interesaba mandar un mensaje de escarmiento hacia la población carcelaria de todo el país en el sentido de que ése será el tratamiento que reciban aquellos que se atrevan a protestar.

La situación hoy no ha cambiado. Porque no existe desde el alto gobierno, desde el ministerio de Justicia y del derecho una decisión y una política de cambiar el rumbo de lo que se vive en las penitenciarías. Propuestas ha habido muchas. Por ejemplo, que se resuelva el tema de los mayores de edad, personas que tienen 60, 65 años, y ni siquiera con ocasión de la situación del Covid-19 y el riesgo que esto representa para las cárceles y para estas personas pertenecientes al grupo de riesgo,  se ha tomado la decisión, así sea transitoriamente, de ponerlos en la calle, o en sus casas. También aquellas personas que tienen años en una cárcel y no han sido condenados, pero tampoco se les deja en libertad. Y hay un tercer caso, quizás el más reprochable, que es el de los integrantes de FARC que fueron guerrilleros y que, por tanto, están cobijados en la ley 1820 del 2016 y los decretos que la reglamentan con las medidas de amnistía e indulto que contiene esa ley. Estamos hablando de unas 400 personas, hombres y mujeres, que deberían estar gozando del beneficio de la amnistía y del indulto, y su libertad no se ha producido por falta de voluntad política del gobierno y de los jueces responsables de administrar estas medidas.

En conclusión, la situación carcelaria en Colombia sigue un modelo muy parecido al del buró gringo norteamericano. La tendencia es a la privatización del sistema carcelario y de todos los servicios que internamente se reciben o de los cuales dependen los reclusos. Pero en unas condiciones de precariedad total que pasan por el problema de la salud, de la alimentación, del hacinamiento y del maltrato.

V-PT: Hace unos días leímos la noticia de que dos líderes indígenas fueron asesinados en sus casas y otros dos gravemente heridos cuando respetaban la cuarentena en sus casas en el Valle del Cauca. ¿Qué  está ocurriendo en ese plano?

BGM: La situación de la falta de garantías de seguridad, en Colombia crece. Se pensaba, y se aspiró siempre, que con la firma del Acuerdo de Paz entre el gobierno y la antigua FARC-EP (cuyo tercer punto contiene medidas suficientes para garantizar las condiciones de seguridad, tanto para los territorios como para las comunidades y sus líderes) la situación iba a cambiar  Pero ha sido todo lo contrario. A partir del repliegue de las unidades armadas que componían las FARC-EP en los territorios, esos mismos espacios han sido tomados por organizaciones delincuenciales y algunas herederas del paramilitarismo. Eso se ha traducido en inseguridad y peligro de muerte para los líderes y lideresas. La cifra es creciente todos los días. Solamente en este período de la declaración de emergencia del Coronavirus van casi 10 dirigentes asesinados en el país. No hay tregua para los líderes ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es la causa? Fundamentalmente se trata de líderes y lideresas que defienden el territorio, que defienden el agua, que se oponen al avance de la mega-minería que destruye su hábitat, que destruye su territorio.  Especialmente grave es la minería asociada al carbón, al oro, que tiene  asignados miles de títulos mineros y de licencias ambientales, independientemente que esto riña con las condiciones de vida de la población.

El caso del Páramo de Santurbán es emblemático. Es uno de los páramos más importantes de Colombia después del de Sumapaz. Surte de agua a casi cuatro millones de personas en los departamentos de Norte de Santander y también de algunos estados venezolanos. El páramo de Santurbán se encuentra amenazado por multinacionales canadienses del oro, como el emprendimiento el Cerrejón en el departamento de La Guajira. El Cerrejón es un consorcio compuesto por tres empresas multinacionales que extrae anualmente 34 millones de toneladas de carbón del suelo del territorio guajiro. Ese proceso extractivo no se refleja, y nunca se ha visto reflejado, en el bienestar de las comunidades, por el contrario, ha destruido fuentes hídricas. Recientemente ha intentado desviar el río Ranchería, el más importante que atraviesa el departamento, 27 km a lo largo y 4 km a lo ancho porque debajo de su lecho se encuentran aproximadamente 700 millones de toneladas de carbón.

Eso significa que se priorizan los intereses de las multinacionales a la vida, al bienestar de las comunidades que por muchos años han habitado esos territorios. Entonces, lo que hacen estos líderes es oponerse, junto con sus comunidades, a semejante arbitrariedad y atropello y como respuesta reciben entonces la amenaza, la desaparición, o el asesinato. Cuando se asesina un líder se asesinan, prácticamente, las esperanzas de toda una comunidad porque la comunidad entra en miedo, en desconfianza y, fundamentalmente, abandona el territorio.

El otro fenómeno es el asesinato de los firmantes del Acuerdo de Paz. Estamos aproximándonos a los 200 hombres y mujeres asesinados desde la firma del Acuerdo  el 24 de noviembre de 2016. En tiempo relativamente corto, una cifra de casi 200 asesinados significa un golpe mortal contra la confianza de los firmantes del Acuerdo. Eso significa que se ha incumplido el Acuerdo en su totalidad pero, fundamentalmente, el punto tercero que obligaba al Estado colombiano a establecer las medidas y las herramientas que garantizaran el desmonte de las organizaciones armadas ilegales incluyendo aquellas herederas del fenómeno paramilitar. Ninguna de esas cosas se ha hecho, más bien desde la misma fiscalía General de la Nación en tiempos del fiscal Néstor Humberto Martínez se inició una campaña de sabotaje para impedir que este propósito tuviera algún éxito y fue imposible que se fortaleciera la unidad especializada del cuerpo élite de la policía para combatir el paramilitarismo y que se dispusieran los recursos que se requerían para este propósito.

Hoy estamos ante una situación de incertidumbre en los territorios y muchos líderes sociales han perdido la vida en este trayecto. No hay ninguna posibilidad de que esta situación durante el gobierno de Iván Duque mejore porque su gobierno lo que ha hecho es negar la sistematicidad con la que se producen los asesinatos y ofrecer explicaciones de lo que ocurre distantes de la realidad. Estamos frente a un hecho sistemático, frente a un hecho de asesinatos premeditados, calculados, planificados.

V-PT:  El año pasado masivas movilizaciones inundaron las calles de Colombia en repudio al gobierno de Duque, demandando el cumplimiento de los Acuerdos de La Habana y exigiendo el fin del genocidio. ¿Se avizora un nuevo auge de ese movimiento una vez que se ponga fin al aislamiento? 

BGM: Sí, efectivamente, las movilizaciones iniciadas el 21 de noviembre de 2019 tuvieron un desarrollo y un impacto que tal vez ningún analista político en Colombia había previsto. Había un ambiente desde el inicio de que las movilizaciones iban a tener una connotación que trascendía mucho más allá de las anteriores movilizaciones en Colombia. Un país donde el movimiento social ha sido desarticulado, por lo menos el movimiento campesino, el movimiento de los trabajadores, sus sindicatos, han sido golpeados enormemente, tanto por la política neoliberal como por los asesinatos y persecuciones. Sin embargo hay una nueva generación en la calle, organizándose y con muchas iniciativas de movilización, tomando su lugar en la lucha callejera. Esto hace que tal vez se vaya rompiendo ese temor, ese miedo, que la política de seguridad democrática impuesta por Uribe en sus dos períodos generó, impactó, en esa generación de la década anterior.

La movilización como tal tuvo una característica especial, me refiero a la del 21 de noviembre del año pasado. A diferencia de las dinámicas y de la convocatoria de las centrales obreras que generalmente organizan una marcha de un punto cualquiera de una ciudad hacia la plaza central donde hay un discurso central, y algunas exigencias al gobierno, esta movilización sobrepasó esa dinámica y tuvo una multiplicidad de expresiones.

Ya no son solamente las reivindicaciones de las centrales obreras. De hecho algunas de estas expresiones organizativas del proceso de movilización se manifestaron en desacuerdo con las dinámicas que quieren imponer las centrales obreras. Lo que se está demandando es que se amplíen las exigencias para que recoja las expectativas de otros sectores que salieron a la calle.  Algunos dicen que esos otros sectores salieron espontáneamente, algunos pensamos que no,  que tienen sus propias formas organizativas y que esas propias formas organizativas se hicieron ver en la movilización del 21 de noviembre y que se extendió hasta los meses siguientes.

Hay que destacar el papel jugado en la movilización por las mujeres, por los movimientos de mujeres, que vieron en este proceso la posibilidad de reivindicar sus derechos. Los jóvenes y estudiantes que defienden el derecho a la educación, pero al mismo tiempo intentan resolver una situación de endeudamiento a partir de los créditos del ICT que por años han venido pagando con altos costos sus familias, hipotecadas por los créditos de educación. En estas jornadas se vio también la participación en las calles de capas medias que han venido empobreciéndose en este trayecto de la aplicación de medidas neoliberales.

El inventario de necesidades y de pliegos aumentó. Fundamentalmente aquellas que no están recogidas en las demandas de las centrales obreras, por ejemplo, las que tienen que ver con el hambre que está viviendo la gente hoy en las calles, el desempleo o la informalidad del empleo, aquellas que tienen que ver con las pensiones. Un aspecto muy importante, y es el de las reformas tributarias. La gente en Colombia hoy está hastiada de tantos impuestos cuyo impacto no se ve en el bienestar de la población. En Colombia se producen en cada período de gobierno una o dos reformas tributarias, que no son reformas estructurales sino que, básicamente lo que hacen es gravar más el bolsillo de los trabajadores, de los que menos tienen, y nunca hacen descansar estas medidas tributarias sobre los grandes empresarios. Eso estuvo dentro del pliego de la movilización. Otro aspecto importante de la movilización fue la exigencia de garantías para los líderes sociales, el reclamo por el respeto y la defensa de la vida de los líderes sociales.

La movilización, entonces, del 21 quedó en suspenso hacia otras movilizaciones, hacia otras convocatorias. Quedó pendiente para nuevas convocatorias. Efectivamente, hay procesos de organización, de preparación para una segunda vuelta, digamos, nuevas jornadas movilizatorias. Se espera entonces que una vez que concluya este proceso de aislamiento social como se los ha llamado a los toques de queda y restricción de la movilidad de la población durante el tema del Covid 19, la movilización vuelva a tomar la calle con unas nuevas características. Es que hoy lo que se está colocando al orden del día es el debate frente al modelo económico neoliberal que en Colombia privatizó la salud, la educación, absolutamente toda la vida pública, y que ha demostrado que ha sido un verdadero fracaso, que sólo ha beneficiado a unas pocas familias, pero que ha empobrecido a la mayoría de la población.

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Autor entrada: Convergencia Medios

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