La Epidemia de Chile: Piñera y el Coronavirus

Pablo Letelier*

Las lentas e insuficientes medidas del Gobierno de Sebastián Piñera respecto a la extensión de la pandemia han generado que nos convirtamos en el segundo país de América Latina con más contagios, siendo sólo superados por Brasil (alrededor de 234 casos), cuya población, dicho sea de paso, es aproximadamente 18 veces más grande que la de nuestro país. Gracias a dicha gestión, en sólo 24 horas se duplicaron los casos de infección (de 75 a 150), y mientras estamos escribiendo esto, ya han ascendido a 201.

Las proyecciones de lo que pueda suceder no son muy optimistas. Por un lado, a diferencia de países como Italia, nuestro sistema de salud pública ya estaba colapsado antes de la llegada de la epidemia [1]. Y, por otro lado, las nuevas medidas son igualmente lentas y superficiales.

En efecto, Piñera ha anunciado, entre otras cosas, un cierre de las fronteras que se hará efectivo recién el miércoles y la prohibición de aglomeraciones públicas de más de 50 personas. El resto de reacomodos verificados en las actividades nacionales han dependido de la decisión autónoma de otros organismos públicos o privados, las cuales han sido secundadas por el Gobierno, como el caso de la suspensión de las actividades académicas de la educación pública [2]. En esa misma línea, el sector privado de la economía ha tomado una serie de determinaciones bastante tímidas [3].

A estas alturas, sopesando la extensión del virus en Chile, las características reales de nuestro país, y la experiencia internacional, no cabe duda de que las únicas medidas que pueden evitar una catástrofe han de ser drásticas y rápidas.

Sin embargo, existen algunas aristas en las que no se ha tomado resolución alguna por parte del Gobierno, y en las cuales es el único actor que puede llevar a cabo una intervención directa y rápida, debido a que es quien concentra las atribuciones legales que competen al caso. Nos referimos a las áreas de producción, distribución y consumo de nuestra economía.

En primer lugar, ya es constatable que el Gobierno no dudará en reprimir cualquier tipo de manifestación pública que concentre más de 50 personas [4]. Las preguntas son, ¿de qué manera esto va a aplicar para aquellas actividades económicas donde el trabajo asalariado se cruza, necesariamente, con grandes aglomeraciones humanas?, ¿qué sucederá, por ejemplo, con los Centros Comerciales, con los Aeropuertos o con los Casinos? Como ya señalamos anteriormente, la Cámara de Comercio de Santiago ya descartó interrumpir sus actividades, lo cual, además, fue secundado por el Ministro de Hacienda [5].

En segundo lugar, todos los precedentes indican que el Gobierno no dudará en reprimir policial y jurídicamente cualquier intento de saqueo de Farmacias y Supermercados, pero, ¿qué sucederá con la especulación de precios? ¿Qué se hará para que los grandes grupos económicos no se coludan, una vez más, y eleven los precios de artículos de primera necesidad? Cuando las empresas suban los valores de dichos artículos, como ya viene sucediendo, y aludan a que se debe a un aumento de la demanda sobre la oferta, ¿quién va a comprobar cuáles son las reservas reales de dichos productos?

En tercer lugar, ¿qué va a suceder con la regulación de la adquisición de los mencionados productos de primera necesidad? En no pocos portales se han publicado fotos de personas comprando a destajo dichos productos, ya sea por simple desesperación, o por replicar la lógica de las Farmacias y Supermercados en una escala menor. Y por otra parte, ¿qué sucederá con el pago de las cuentas de los servicios básicos si se tiene en cuenta que, haciendo o no lo que aquí proponemos, la gran mayoría de los trabajadores no recibirán la totalidad de su salario ni tendrán la capacidad de generarlos por cuenta propia?

Teniendo en cuenta todos estos problemas vinculados con la extensión del virus, es claro que las medidas urgentes tienen que ver con la intervención del Estado en la economía. En particular, en la regulación del trabajo asalariado expuesto a grandes conglomerados humanos (en el lugar mismo de trabajo, o en el transporte hacia él), al control de precios de artículos de primera necesidad, y al consumo “ordenado” de dichos productos.

Con cierta razón, el Gobierno podría responder a todas estas propuestas señalando que son “inconstitucionales” o “ilegales” y que, por lo tanto, no es posible tomar mayores medidas al respecto. En efecto, cualquiera de estas necesarias medidas atentaría contra el principio de subsidiariedad del Estado, puesto que el Estado interferiría de manera directa en las actividades económicas de los privados.

Sin embargo, esto sería falso, y sólo daría cuenta de los intereses reales del Gobierno. La Constitución y las leyes contemplan otros Estados de Excepción Constitucional aparte de los que ya se han utilizado para reprimir y contener las luchas del Movimiento Popular. En particular, los artículos nº 6 y nº7 de la Ley Orgánica Constitucional de los Estados de Excepción (ley. 18906) señalan que la figura del “Estado de Catástrofe” daría atribuciones al Poder Ejecutivo para tomar estas medidas, en tanto permite que éste se encargue, sin previa aprobación del Parlamento, de:

“2) Ordenar el acopio, almacenamiento o formación de reservas de alimentos, artículos y mercancías que se precisen para la atención y subsistencia de la población en la zona y controlar la entrada y salida de tales bienes;

3) Determinar la distribución o utilización gratuita u onerosa de los bienes referidos para el mantenimiento y subsistencia de la población de la zona afectada;

4) Establecer condiciones para la celebración de reuniones en lugares de uso público”

En esa línea, es perfectamente posible que el Gobierno de Sebastián Piñera utilice dichas atribuciones para realizar cambios momentáneos en las dinámicas de producción, distribución y consumo. Inclusive, sería posible (y, sobre todo, deseable) que esto no tuviese el sello de la bota militar, articulando las necesarias redes de fiscalización y ejecución a través de Intendencias y Municipios.

Quizá podría argumentarse que lo que proponemos aquí es una interpretación demasiado “flexible” de dichos artículos, dado que este tipo de Estado de excepción fue creado para cataclismos naturales, como un terremoto o un tsunami, y no para una pandemia. Pero, ¿qué es sino una especie de terremoto el que un virus altamente contagioso, nocivo y desconocido aterrice en un país con un sistema de salud colapsado y con un Gobierno completamente incapaz?

Junto a lo anterior, alguien podría decirnos que no se ajusta a ningún precedente de la decisión de las acciones de este Gobierno o de otro anterior. Esto sería lisa y llanamente falso, debido a que en más de una oportunidad el Gobierno de Piñera y sus subordinados han hecho interpretaciones extremadamente “flexibles” e, inclusive, han tomado medidas anticonstitucionales, para contener la lucha del Movimiento Popular, aun cuando, dicho sea de paso, la Constitución sea un traje a la medida de los intereses del empresariado y la oligarquía que domina al país y de la represión política en pos de su defensa.

Si al Gobierno le interesa realmente la “Seguridad Nacional”, y eso quiere decir, el bienestar de la totalidad de su población, debiera considerar enérgicamente las medidas que aquí hemos propuesto. Además, no escatimaría en la fórmula del cómo el Estado financiará los costos asociados por una parte y los grandes grupos económicos recuperarán sus pérdidas por otra. Esto porque, acorde a la situación reinante, se tomarían determinaciones del corte de subir los impuestos a las grandes empresas que tengan tasas de utilidad superiores al 20%, de echar mano a los fondos reservados del cobre, de intervenir empresas estratégicas, y además, se pondría a expertos a revisar las deudas al fisco por elusiones de impuestos y falsificación de informes de rentabilidad de varias empresas y holdings, y con ello, reactivar posteriormente la economía y comenzar a otorgar créditos blandos a pequeños empresarios y trabajadores.

Si nada de lo que proponemos aquí sucede, sabremos que la única concepción de Seguridad Nacional que maneja el Gobierno de Sebastián Piñera, llevando para ello al Estado de Derecho hasta su límite, e incluso cruzándolo, es el de reprimir las justas reivindicaciones del Movimiento Popular y que, por tanto, su interés principal no es otro que pauperizar las condiciones de vida de la clase trabajadora y del pueblo en general en favor de los intereses de la oligarquía, aun en tiempo de catástrofe.

* Militante del Movimiento Dignidad Popular (MDP).

 [1] No es nuestro interés recopilar aquí todos los datos que dan cuenta del colapso, además de ser casi imposible, debido a la cantidad de denuncias y conflictos registrados por medios de comunicación convencionales y no convencionales. Nos limitamos a recordar que antes del 18 de octubre de 2019 el Colegio Médico había denunciado que el Presupuesto 2020 no resolvería “la crisis de insumos y abastecimientos de recursos” (https://bit.ly/2TSyQOG), y que luego se señaló su crisis como una de las razones más evidentes que habían desembocado en el “estallido social” (https://bit.ly/3aVatpg).

[2] Acerca del punto referido a la suspensión de las actividades educacionales del sistema público, es claro que el Gobierno recién vino a decretarlo una vez ya había sido puesto en marcha por los Municipios (https://bit.ly/39VvZdD).

[3] La Sociedad de Fomento Fabril (SOFOFA) dio una serie de recomendaciones a sus 22 asociaciones empresariales afiliadas que, fuera de “promover” el trabajo a distancia, las jornadas laborales diferidas y las medidas preventivas básicas, no les obligan a trastocar ninguna de sus actividades normales (https://bit.ly/33v9XMo). Por su parte, el presidente de la Confederación de Comercio de Santiago descartó la posibilidad de la suspensión de las actividades de sus cerca de 2.200 empresas afiliadas (https://bit.ly/2xEfyUA). Sólo empresas como la CPMC, Movistar, y Mercado Libre han dado una señal más clara a privilegiar el teletrabajo sobre el presencial, aunque sin suspender este último de manera total (https://bit.ly/33p8AyG).

[4] En la ciudad de Punta Arenas, la noche del 15 de marzo, un grupo de aproximadamente 300  personas salió a la calle para bloquear el desembarco de dos cruceros. Fueron duramente reprimidos (https://bit.ly/2QqCy02).

[5] (https://bit.ly/38Ufptk)

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Autor entrada: Convergencia Medios

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