Corte de Apelaciones de Santiago al margen del estado de derecho

1. Este miércoles 25 de marzo de 2020, el juez Daniel Urrutia del 7° Juzgado de Garantía de Santiago, en uso de las facultades que le otorgan los  artículos 144 y 145 del Código Procesal Penal, resolvió de oficio sustituir la medida de prisión preventiva por una de arresto domiciliario para 13 imputados de delitos de desórdenes públicos. La medida fue dictada considerando el acuerdo adoptado por el Comité de Jueces del mismo tribunal en orden a revisar todas las causas con personas en prisión preventiva, a fin de reemplazarlas, cuando sea posible, por otras que garanticen tanto el éxito del procedimiento como la salud de los imputados, atendida la emergencia sanitaria. Asimismo, consideró especialmente que todos los imputados gozan de irreprochable conducta anterior, por lo que, en el peor de los casos, arriesgan una pena que será cumplida en libertad.
   
   
2. En una conducta absolutamente anómala, el Pleno de la Corte de Apelaciones se reunió en forma extraordinaria pocas horas después de adoptada la resolución por el juez Urrutia.  Actuando de oficio, acordó en resolución de una página dejar sin efecto la decisión y en el mismo acto, abrir un sumario en contra del juez y suspenderlo de sus funciones mientras este se realice. Un grupo de ministros fue de la idea además de derivar los antecedentes al Ministerio Público estimando que los “hechos denunciados” revisten carácter de delito, sin expresar la resolución cuáles serían esos delitos ni quién los habría denunciado ante la Corte.
   
   
3. El actuar de la Corte de Apelaciones es de una gravedad con pocos precedentes en el país. Sin brindar fundamento alguno, ha revocado la resolución de un juez de la república y no conforme con ello, con la misma carencia de argumentos, lo ha suspendido de sus funciones. Sobre la amenaza que el juez de garantía ha señalado implica la desproporcionada prisión preventiva para la salud de los imputados involucrados, no ha dicho una sola palabra. Frente a estos antecedentes no cabe sino concluir que la Corte de Apelaciones de Santiago se ha puesto al margen del Estado de Derecho y que su actuar debe ser investigado a la luz de lo dispuesto por el artículo 223 y siguientes del Código Penal.
   
   
4. No se nos olvida que en las últimas semanas la misma Corte revocó la resolución de la Jueza Carolina Gajardo en el sentido de decretar la prisión preventiva de un grupo de manifestantes imputados también por desórdenes públicos. Paradójicamente, también optó por sustituir la prisión preventiva por arraigo nacional para el el mayor de Carabineros Humberto Tapia que disparó balines en contra de menores de edad al interior del Liceo 7 de Santiago. 
   
   
5. Las acciones recientes de la Corte de Apelaciones de Santiago, al igual que en tiempos de dictadura, es condescendiente con el Poder Ejecutivo. Tal como entonces, no ha tenido la prudencia siquiera de sostener un criterio uniforme al momento de juzgar los casos sometidos a su conocimiento a propósito de la reciente Revuelta Popular, siendo evidente una tratativa indulgente con el actuar de las fuerzas represivas del Estado, mientras ratifica cautelares desproporcionadas contra manifestantes detenidos.  En síntesis: cárcel para el manifestante; libertad para los violadores de los Derechos Humanos. 
   
   
6. Denunciamos que la prisión preventiva está siendo utilizada en Chile como herramienta de represión y pena sin proceso contra la protesta social. Durante todos estos meses de protestas, el Poder Judicial, conforme a los deseos del Gobierno, no ha hecho otra cosa que tomar decisiones para criminalizar la protesta social y, en definitiva, reprimir a los y las manifestantes bajo una supuesta legalidad que, como denunciamos en esta declaración, no es tal, y que, por el contrario, transgrede los principios básicos de nuestro sistema penal y procesal penal, además de estándares básicos de respeto a los Derechos Humanos.  
   
   
7. Denunciamos el actuar de la Corte de Apelaciones de Santiago, pues en esta decisión en contra del Juez Urrutia y de los imputados en prisión preventiva actúa como institución, resolviendo en pleno. Exigimos que esta medida sea revisada por la Corte Suprema y que el Ministerio Público tome conocimiento de los delitos que puedan haberse cometido en la adopción de este acuerdo ilegal.
   
   
8. Finalmente,. llamamos a todas las organizaciones de la sociedad civil a suscribir esta declaración y a repudiar el actuar completamente ilegal demostrado por la Corte de Apelaciones de Santiago y a defender la independencia del Poder Judicial que hoy se ha puesto en jaque de forma manifiesta como en los peores tiempos de la Dictadura.
   
   

Adhieren las siguientes organizaciones sociales, de Derechos Humanos, y dirigencias políticas:

Corporación 4 de Agosto
Defensoría Popular de las y los Trabajadores
Convergencia 2 de Abril
Asamblea Territorial de Villa Olímpica
Sindicato N°2 Fundación Arturo López Pérez
Sindicato de Trabajadores de Empresa Cory
AMDH Agrupación de Mujeres Democráticas Históricas
Corporación Max Berru
Asamblea Feminista Plurinacional
Brigada de la Memoria Popular
Coordinadora No Al Mall Vivo Santiago
AMD Agrupación de Mujeres Democráticas
Vinculación Lo Espejo
Coordinadora Social Shishigang
Directiva Junta de Vecinxs Parque Ramón Cruz, Ñuñoa
Red de Comunicación Popular Otra TV
Partido Igualdad
MPL Movimiento de Pobladores En Lucha
Comité de Vivienda Newen, Ñuñoa
Revista DeFrente
Directiva Junta de Vecinxs Parque Juan XXIII, Ñuñoa
Directiva Junta de Vecinxs Parque Del Deporte, Ñuñoa
Directiva Junta de Vecinxs Plaza Bremen, Ñuñoa
Fundación Vamos Mujer
Directiva Junta de Vecinxs General Sucre Dos, Ñuñoa
Asamblea de Organizaciones Sociales y Políticas de la Provincia Cordillera
Pablo Klimpel, Presidente del Sindicato de Estibadores Portuarios
Rodrigo Maureira, Presidente Junta de Vecinxs Villa Los Jardines, Ñuñoa
Camilo Brodsky, Concejal de Ñuñoa
Alejandra Placencia, Concejala de Ñuñoa
Emilia Ríos, Concejala de Ñuñoa
Paula Mendoza, Concejala de Ñuñoa
Mujeres de Plaza Ñuñoa
Rodrigo Martínez, Presidente Junta de Vecinxs Universidad
Carolina Videla, Presidenta Centro Cultural y Adelanto Keluwe, Ñuñoa
Verónica Gaete, Presidenta Junta de Vecinxs Bernardo O’ Higgins, Ñuñoa
Isabel Sanchez, Presidenta Junta de Vecinxs Parque del Deporte, Ñuñoa
Erika Marambio, Presidenta OCF Barrio Suárez Mujica y Consejera Cosoc el Servicio Nacional del Patrimonio Cultural
Mireya Del Rio, Presidenta Junta de Vecinxs General Sucre Dos, miembro del Cosoc de Ñuñoa y Secretaria de la Unión Comunal De Juntas de Vecinxs de Ñuñoa
Ricardo Avila, Secretario Junta de Vecinxs Consistorial, Ñuñoa
Camila Donoso, Consejera Cosoc de Ñuñoa
Organización Comunitaria Barrio Pucará, Ñuñoa
Organización Funcional Comunitaria Barrio Suarez Mujica
Alejandro Jiménez, Presidente Unión Comunal de Juntas de Vecinxs de Ñuñoa
Ana María Rojas, Presidenta Junta de Vecinxs Villa La Portada, Ñuñoa
María Maldonado, Secretaria Junta de Vecinxs Exequiel González Cortés, Ñuñoa
Cabildo Plaza Lillo, Ñuñoa