Por Cristóbal Ramos
Gracias al COVID-19, la idea de que un largo invierno se acerca tiene mucho sentido. El mundo del trabajo con el coronavirus está acelerando sus transformaciones. Algunos de los trabajadores más cualificados pueden refugiarse en el teletrabajo. Sin embargo, las imágenes del metro posteriores al toque de queda nos seguirán chocando: una parte importante de la fuerza de trabajo de la capital está obligada a salir a trabajar, aunque se enferme o no. La política estatal de protección social, basada en subsidios focalizados probablemente no dará una buena respuesta. Mientras más se tarde en retirarse la amenaza del COVID-19 los estragos que causará en estos trabajadores serán mayores y ordenar que se queden en las casas con la amenaza de los militares en la calles quizá haga descender los ingresos de muchos. El “ingreso mínimo garantizado” aliviará en parte a los trabajadores dependientes pero al resto de la clase trabajadora no servirá de mucho.
Los trabajadores en general planificamos nuestras vidas bajo ciertos supuestos, pensábamos que marzo podía ser un mes agitado pero nunca tanto. Con la situación actual algunos quizás estemos arrepentidos de algunas acciones que realizamos en diciembre o en el verano. Ciertamente algunos estarán arrepentidos de algún gasto algo innecesario. La coyuntura presente, dependiendo cuánto se extienda podrá hacer que más de alguno quede en una posición mucho peor que la que esperábamos hace tres o cuatro meses (estallido social incluido). Se hace necesario que empecemos a pensar alternativas para que la mayoría de la población pueda sostenerse y planificar un plan de vida viable que prescinda en parte del trabajo. No darán abasto las soluciones focalizadas, porque el coronavirus puso en jaque todo el sistema público.
Una opción que está cada vez más cerca puede ser el establecimiento de un Ingreso Básico Universal. Definido por Guy Standing como “un modesto monto de dinero pagado incondicionalmente a individuos de forma regular (por ejemplo, mensualmente)”, podría ser una política que contribuya a atenuar los efectos de la precariedad futura del empleo. Al ser incondicional permitiría eludir las evaluaciones de pobreza de los típicos subsidios de pobreza y permitiría apoyar a una parte importante de trabajadores precarizados por la presente situación. Entregar una suma de dinero a todos los residentes de Chile, sin discriminar con quien viven y sin importar si quiere trabajar o no se hace cada vez necesario. En España actualmente algunos están proponiendo un Ingreso Básico de emergencia que puedan percibir todos sus habitantes. Una de las razones que esgrimen es bastante simple: es necesario brindarle seguridad económica a toda la población con políticas aplicables a toda ésta.
Los efectos positivos de los ingresos ciudadanos son cada vez más estudiados. Uno de esos efectos recientemente discutido que tiene una medida como el Ingreso Básico Universal, en el caso de que se implemente a corto plazo, es que podría evitar algunos de los estragos que causarán estas semanas de encierro a la salud mental de parte de la población. Sergi Raventós, en una columna más o menos reciente, comentando algunos de los recientes experimentos señalaba que la inseguridad económica es un factor influyente en el deterioro de la salud, en tanto que puede provocar, estrés, crisis de ansiedad o depresión, etc. Asegurarle un ingreso a la parte de la población que no cuenta con posibilidades de planificar su vida podría servir para mitigar los efectos nefastos de la pandemia y del encierro que frustró los planes de vida de muchos.
Hace un tiempo observaba que implementar un Ingreso Básico Universal a toda la población no era algo que se tenía que aplicar como un shock. La coyuntura nos obliga de nuevo a pensar la razonabilidad de la propuesta. Liberarnos del “trabajar para vivir” en tiempos como éstos se convierte en un desafío cada vez más urgente.
