Chile vive grave crisis en Derechos Humanos

Javier Pineda, Convergencia Medios

I. El informe de la CIDH en su visita a Chile.

“Chile vive una grave crisis en Derechos Humanos”. Esta fue la rotunda conclusión preliminar a la que arribó la Comisión Interamericana de DDHH y que transmitió la comisionada Esmeralda Arosemena de Troitiño, quien junto a un equipo visitó Chile entre el 25 al 31 de enero de 2020.

La CIDH observó que Chile “tiene deudas históricas en relación con la justicia por las graves violaciones a los derechos humanos cometidas en su pasado” y que “la perpetuación de la impunidad por las graves violaciones afecta no sólo a las víctimas de tales violaciones y sus familiares, sino a toda la sociedad, debido a que transmite una señal de tolerancia a hechos de esta naturaleza”.

Sobre el derecho a la protesta, la CIDH constató que se registró “en varios casos de manera repetitiva abusos, detenciones y uso desproporcionado de la fuerza para enfrentar estos conflictos”. Las cifras de este informe, actualizadas al 18 de diciembre, son abrumantes: 29 muertos; 13.046 personas heridas atendidas en servicios de emergencia; 1.624 heridos por perdigones constatados por el INDH en dichas fechas; 405 personas con trauma ocular, de los cuales 33 presentan estallido ocular y los casos de Fabiola Campillay y Gustavo Gatica con pérdida total de la visión en los dos ojos.

También se han registrado decenas de periodistas y foto-reporteros agredidos por fuerzas de orden público y seguridad, incluyendo la destrucción de sus equipos. De estas agresiones, la Fiscalía reportó 3.798 agresiones en la vía pública; 582 en comisarías, brigadas o recintos militares y 202 en carros policiales. Sobre la institución responsable, 4.770 de estos involucran a Carabineros, 244 al Ejército, 96 a la PDI, 27 a la Armada y 15 a otros. A la fecha sólo se registran 38 imputaciones de personas pertenecientes a dichas instituciones.

En este sentido, la CIDH expresó “extrema preocupación y condena el alto número de violaciones de derechos humanos denunciados en el contexto de la protesta social; e insta a las autoridades de Chile a investigar con debida diligencia las denuncias de violaciones a los derechos humanos, y a identificar y sancionar a los responsables e informar los resultados debidamente a la ciudadanía”. Además, agrega que entre estas graves violaciones a los derechos humanos destacan las “detenciones masivas, la apertura de procesos penales y el envío al Congreso de un paquete de medidas legislativas para endurecer las penas de algunas modalidades de protestas, en particular las que se ejercen con violencia”.

Sobre las detenciones, se constata que al menos 23.274 personas desde el 18 de octubre han sido formalizadas, mientras que al menos 1615 personas estarían en prisión preventiva por casos vinculados a la Revuelta Popular. En un tercio de estos casos la Defensoría Penal Pública ha alegado la ilegalidad de la detención, siendo declaradas ilegales por los tribunales de justicia sólo un 8% del total de las detenciones.

En relación a las detenciones, se constata la existencia de miles de detenciones arbitrarias utilizando el delito de desorden público como forma de criminalizar actividades propias de la protesta social y la aplicación de “tipos penales desproporcionales a las acciones y discursos de los manifestantes, como los previstos en la Ley de Seguridad Interior del Estado”. El Ministerio del Interior informó de 959 querellas por Ley de Seguridad Interior del Estado, de las cuales 269 fueron por saqueos a supermercados, 146 por barricadas y bloqueos de calles, y 1 por incitación a la sublevación.

Por su parte, el Servicio Médico Legal, hasta el 29 de enero había recibido 1.172 solicitudes para aplicar el protocolo de Estambul, que permite calificar actuaciones como torturas. Entre estos hechos se denuncian “prácticas por parte de Carabineros que incluirían amenazas de ejecuciones, grave maltrato físico y verbal, golpizas, hacinamiento en lugares sin ventilación y vejaciones a niños, niñas y adolescentes, entre otros”.

En materia de violencia político-sexual y de género se registraron desnudamientos forzados, sentallidas, amenazas de violación respecto a adolescentes y contra mujeres, inclusive embarazadas, existiendo un número menor de denuncias formales respecto a los casos reales denunciados en la visita in loco. Además, se han registrado actos de discriminación y de violación de los derechos humanos en contra de personas pertenecientes a la comunidad LGTBI.

La comisión, conforme a lo establecido en la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, y por los hechos que ha podido constar en su visita, realiza al Estado de Chile las siguientes recomendaciones[1]:

1. Tomar medidas para el cese inmediato del uso desproporcionado de la fuerza por parte de Carabineros de Chile en el marco de las protestas sociales, absteniéndose de realizar detenciones arbitrarias o de violar su derecho de reunión y a la manifestación.
2. Llevar a cabo una reforma institucional integral de Carabineros de Chile.
3. Reparación integral a las víctimas de violaciones de Derechos Humanos, asegurándoles también el acceso a la justicia y reforzando la capacidad de funcionamiento e independencia del Servicio Médico Legal.
4. Realizar informe sobre los hechos acaecidos a partir del 18 de octubre de 2019 y su contexto, por parte de un mecanismo independiente y que contemple la participación social.
5. Abstenerse de detener o procesar, penal o disciplinariamente, a manifestantes, defensores y defensoras de derechos humanos, dirigentes sociales y estudiantiles por el ejercicio de la libertad de expresión en un contexto de protesta social.
   
   II. Las cifras de Fiscalía Nacional.

La Fiscalía ha desarrollado un rol clave en la criminalización de quienes protestamos, realizando miles de formalizaciones y solicitando altas medidas cautelares que contrastan con las que solicitan para Carabineros y quienes cometen violaciones a los derechos humanos. No obstante, respecto al actuar desquiciado del Poder Ejecutivo – que planteó desde un inicio una guerra frontal contra el pueblo – se puede decir que la Fiscalía ha tenido un actuar más mesurado.

Este 30 de enero de 2020 dieron a conocer las cifras de la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía Nacional recabadas desde el 18 de octubre al 30 de noviembre de 2019. En total, han recibido un total de 5.558 denuncias, de las cuales 834 corresponden a niños, niñas y adolescentes (NNA). De estas denuncias, 1.938 corresponden a lesiones provocadas por armas de fuego, de las cuales 285 denunciaron daño ocular. Del total de denuncias en contra agentes del Estado, 4.158 corresponden al delito de apremios ilegítimos; 1038 corresponden a abusos contra particulares y 134 a casos de tortura.

Sobre la dimensión territorial de las denuncias, 2.560 corresponden a Santiago; 776 a Valparaíso y 409 a la Región del Biobío. En cuanto a las muertes, se realizaron investigaciones por 31 muertes en contexto de la Revuelta Popular, sin contar los asesinatos de Jorge Mora y Ariel Moreno, los cuales se registraron esta semana. Aún hay una persona que no logran identificar, y que habría muerto calcinada al interior de la tienda Hites en la Región de Valparaíso. Es importante mencionar que, según información aportada por la propia Fiscalía, esto es solo información hasta noviembre de 2019.

III. Las cifras del INDH.

El INDH ha tenido un rol importante en esta Revuelta Popular, aunque dadas las declaraciones de su Director Sergio Micco y la elaboración del Informe de 2019, queda en serias dudas su imparcialidad, toda vez que han apoyado al Poder Ejecutivo en cuanto a la negación de crímenes de lesa humanidad y de violaciones sistemáticas a los Derechos Humanos.

No obstante lo anterior, sus cifras son un buen punto de partida para establecer el mínimo de casos registrados en materias de homicidios, torturas y apremios ilegítimos, violencia sexual, heridos y presos políticos.

Las cifras registradas por el INDH al 31 de enero de 2020 nos dan el siguiente balance: 1215 acciones judiciales realizadas, de las cuales 5 son querellas por homicidios; 18 por homicidio frustrado; 183 por violencia sexual; 879 por torturas y tratos crueles; 21 por lesiones; 84 por violencia innecesaria; y 22 amparos constitucionales. Estas acciones representan a 1.527 víctimas, entre las cuales encontramos a 253 NNA.

Sobre el reporte en hospitales encontramos 3.746 personas heridas, de las cuales 282 son NNA; 427 personas con heridas oculares, de las cuales tenemos 29 con estallido o pérdida de la visión; 2.114 heridas por disparos, de las cuales 51 son heridos por balas, 190 por balines, 1673 por perdigones y 200 por proyectil no identificado, mientras que 268 heridos por bombas lacrimógenas.

Y sobre personas detenidas en comisarías, el INDH registró 9.545 casos, de los cuales 1.112 fueron niños, niñas y adolescentes. Aquí se registraron 1.541 denuncias en total, de las cuales 192 fueron por violencia sexual, 418 por torturas y tratos crueles, 886 por uso excesivo de fuerza u 45 por otras vulneraciones.

Las cifras aportadas por la CIDH, la Fiscalía Nacional y el INDH son consistentes con otros informes entregados por organizaciones de Derechos Humanos, como el de Amnistía Internacional, el de Human Rights Watch, el informe de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas realizado entre el 30 de octubre y el 22 de noviembre de 2019 y el reciente informe de la Defensoría Jurídica de la Universidad de Chile presentado el 30 de enero de 2020.

IV. Las y los presos políticos de la Revuelta.

Las y los presos políticos son miles y los medios de comunicación masiva lo han silenciado. Son más de 1.800 personas que actualmente se encuentran en prisión preventiva, pero son más de 5.000 los que han sido formalizados en contexto de protesta. En algunos casos se ha establecido que son más de 2.500 personas en prisión preventiva, más de 3.500 personas que han pasado por controles de detención y alrededor de 23.500 formalizaciones, como consigna reportaje de El Ciudadano, de fecha 30 de enero de 2020 (aunque no hay fuentes disponibles).

El INDH, la Defensoría Penal Pública y la Fiscalía han aportado cifras, pero dada la dinámica de los procesos penales y la revisión de medidas cautelares semana a semana, como también las acciones de protesta diarias en las cuales se detiene a más personas, es difícil manejar un registro actualizado y totalmente fidedigno.

Si bien han existido casos más emblemáticos, como el del profesor Roberto Campos, quien pasó 56 días en prisión preventiva por patear un torniquete y que aun su caso se encuentra en fase de investigación y con arresto domiciliario; o el caso de Dauno Tótoro, dirigente político del PTR contra quien se querelló por Ley de Seguridad Interior del Estado la Intendencia de Santiago por su llamado a levantar una huelga general hasta que caiga Piñera y que actualmente está siendo investigado. Sin embargo, son miles los casos silenciados donde sólo sus familias, amistades y en el mejor de los casos vecinos, vecinas y comunidades organizadas están exigiendo la liberación.

La Coordinadora por la Libertad de lxs Prisionerxs Políticxs es uno de los esfuerzos destacables en este contexto, pues ha asumido la defensa de algunos presos políticos y ha articulado a organizaciones y familiares para realizar campañas de visibilización y de liberación de los presos políticos de la Revuelta Popular.

La liberación de los presos y presas políticos debe ser una de las demandas centrales de esta Revuelta Popular.

V. ¿Qué hacer ante este escenario?

1. Las abrumantes cifras de graves violaciones a los derechos humanos deben instalar como prioridad la demanda por juicio y castigo para los responsables políticos y autores directos de estos crímenes. Esto pasa desde la renuncia de Sebastián Piñera como máximo responsable, hasta el juicio penal al mismo Piñera, a Gonzalo Blumel como Ministro del Interior, al General Director Mario Rozas por su responsabilidad al mando de Carabineros y a todo el personal policial involucrado en las violaciones a los Derechos Humanos, donde se incluyen homicidios, torturas, mutilaciones, entre otros delitos.
2. Carabineros ha demostrado ser una institución corrupta y con una formación deficiente de su personal que se encuentra absolutamente desbordado por la movilización popular. El nivel de violaciones a los derechos humanos permanente en esta Revuelta Popular no deja otra opción que su disolución, debiendo crearse otra fuerza policial que esté formada para la mantención del orden público con un estándar de derechos humanos.
3. El Gobierno ha pretendido enfrentar la Revuelta Popular como si se tratara de un problema de orden público. Ante ello ha desplegado todo el Estado Policial para criminalizar la protesta social, utilizando para ello: (i) la prisión política; (ii) la violencia policial y (iii) reformas legales de fortalecimiento del estado policial.
4. En el caso de la prisión política, debemos exigir la liberación de todas las prisioneras y los prisioneros políticos. Para ello, debemos exigir juicio justo a quienes están siendo víctimas de montaje y una ley de amnistía para todos aquellos/as que incurrieron en delitos bajo la ley actual. Asimismo, se debe fortalecer la infraestructura popular para soportar material y jurídicamente a las familias de los prisioneros políticos que así lo necesiten, como también se debe apoyar la labor y convocatorias realizadas por la Coordinadora de Prisionerxs Políticxs 18 de Octubre.
5. En el caso de la violencia policial, se deben denunciar todos los casos de mutilaciones (traumas oculares y pérdida total o parcial de la visión); homicidios, torturas y tratos inhumanos. Para tener claridad sobre esto, se debe conformar una Comisión de Verdad y Justicia, autónoma del poder, que pueda catastrar a todas las personas víctimas de la violencia policial, para luego proceder a su indemnización y reparación. Esto implicará indemnizaciones civiles, pero también juicio y castigo para los agentes del Estado involucrados en la perpetración de estos crímenes.
6. Sobre las reformas legales, el Acuerdo de Paz y Nueva Constitución suscrito por las fuerzas políticas del Gobierno y gran parte de los sectores de la oposición, incluyó el apoyo a proyectos de ley que han sido claves para criminalizar la protesta social, tales como la Ley Anti-Saqueos y Anti-Protesta que ya fue publicada; la Ley de apoyo militar para el cuidado de Infraestructura Crítica (se encuentra en segundo trámite constitucional); y el proyecto de ley que busca coartar el derecho de reunión. Se debe exigir la derogación de estas normas y la no aprobación de aquellas cuya tramitación legislativa se encuentra pendiente.
7. Tanto la violencia policial, la prisión política y todas las violaciones a los derechos humanos en nuestro país, incluyendo la violación a los derechos sociales, económicos y culturales, deben ser objeto de una campaña internacional, construyendo redes de solidaridad con la Revuelta Popular en Chile desde otros países y hermanando las luchas entre pueblos. El neoliberalismo es violento con todos los pueblos del mundo, por lo cual debemos aceleradamente ir creando nuestras redes de resistencia y apoyo popular internacional.

Finalmente, la Agenda en Derechos Humanos de la Revuelta Popular debe ser una de las dimensiones fundamentales en esta lucha, al igual que la Agenda Económico-Social y la Agenda Constituyente. No podemos seguir tolerando las acciones que emanan de este Gobierno criminal, se debe seguir exigiendo la renuncia de Sebastián Piñera como señal minima que apunte contra la impunidad, y se debe impulsar y levantar la Huelga General de marzo.   tolerar la acción de este Gobierno criminal y la renuncia de Sebastián Piñera como señal frente a la impunidad es vital a levantar en la Huelga General de marzo. Para que el “nunca más” sea real, debemos asegurarnos de que la lucha por los derechos humanos ocupe el sitial que le corresponde.

03 de febrero de 2020

[1] Se mencionan las más importantes a juicio del autor del artículo, fusionando algunas recomendaciones.