Editorial, Convergencia Medios
La acusación constitucional en contra del Intendente de la Región Metropolitana, Felipe Guevara, fue rechazada en el Senado. Guevara fue acusado por la utilización de la estrategia militar de “copamiento preventivo”, que impidió el ejercicio del derecho de reunión de miles de personas en Santiago y que tuvo como consecuencia un actuar represivo de las fuerzas policiales, lo cual ocasiono lesiones en cientos de manifestantes y la muerte de dos personas solo en el último mes.
Esta acusación constitucional fue suscrita por los líderes de bancada de toda la oposición en la Cámara de Diputados: desde la Democracia Cristiana hasta el Frente Amplio. En esta instancia se aprobó la acusación constitucional, por lo cual le correspondía al Senado actuar como jurado. Los hechos eran evidentes: el mismo Felipe Guevara se jactó por los medios de prensa de haber autorizado la estrategia de “copamiento preventivo”, desplegando más de 1.000 carabineros, que impidieron el derecho de reunión en la Plaza de la Dignidad y sus alrededores, ocasionando personas gravemente heridas como Óscar Rojas y personas asesinadas, como Mauricio Fredes.
Sin embargo, Senadores pertenecientes al “Partido del Orden” se ausentaron de la Sala para la votación, por lo cual no se alcanzó el quórum para que se aceptara la acusación constitucional. Los responsables son José Miguel Insulza (PS), quien se ausentó sin motivo; Rabindranath Quinteros (PS), quien prefirió sus vacaciones en Taltal que asistir a su lugar de trabajo; Ximena Rincón (DC), quien se ausentó sin motivo; y Felipe Harboe (PPD), quien se excusó por estar pareado con senador de la oposición, aun cuando en este tipo de acusaciones no aplica el pareo porque el quórum se calcula respecto al total de Senadores en ejercicio, no en torno a los presentes en sala. Cuatro Senadores de la oposición, de tres partidos políticos distintos, no cumplen con su deber mínimo, que es asistir al lugar de trabajo por el cual se le pagan millones de pesos.
Pero más grave es la posición de Jorge Pizarro y Carolina Goic, Senadores de la Democracia Cristiana, quienes asistieron en sala y se abstuvieron de apoyar la acusación constitucional, legitimando el actuar que ha tenido el Gobierno y el Intendente Felipe Guevara. Al igual que en dictadura, se transforman en cómplices de las violaciones a los derechos humanos, pretendiendo dar una señal al Gobierno de que pueden contar con ellos para reprimir al pueblo y “restablecer” el orden público.
Esta decisión política de los senadores, por acción u omisión, es avalada por los partidos políticos en los cuales militan los senadores que se ausentaron o se abstuvieron. Esta es una acción de salvataje al Gobierno, permitiéndole tomar un respiro antes de que llegue marzo. Con esta acción, la oposición política legitima los crímenes a los derechos humanos en que ha incurrido el Gobierno, incluyendo al Intendente Guevara, quien seguirá desplegando su acción criminal para violar los derechos humanos de quienes justamente nos manifestamos.
La responsabilidad penal por estos crímenes no se agota en la Acusación Constitucional, por lo cual deberemos persistir con acciones judiciales para que todos estos criminales paguen los crímenes cometidos en esta Revuelta Popular. Tarea nuestra será que el “No a la impunidad” y el “Nunca más” sea una realidad.
