A 2 meses de la Revuelta Popular: ¡A retomar la iniciativa!

Por Javier Pineda, militante Convergencia 2 de Abril

La Revuelta Popular iniciada el 18 de octubre – que estremeció nuestro país – impugnó el régimen económico neoliberal impuesto por la dictadura y al régimen político de la Transición que permitió administrarlo durante los gobiernos posdictatoriales. El cuestionamiento al abuso y a las desigualdades se ha traducido en demandas políticas, económicas y sociales que buscan poner fin a la precarización de la vida de millones de personas en nuestro país.

Las expresiones de esta Revuelta Popular han sido una explosión del pueblo en las calles de todas las ciudades y pueblos del país. Marchas, barricadas y cacerolazos fueron el pan de cada día, incluyendo la Marcha más grande la historia de Chile el viernes 25 de octubre. Las Huelgas Generales se transformaron en las grandes expresiones de movilización popular que hicieron temblar al poder, en especial, la Huelga General del martes 12 de noviembre. Dos meses después, la movilización se mantiene, pero con un ritmo distinto al registrado en el primer mes. En gran parte de las ciudades ya se ha vuelto a la “normalidad”, aunque siguen existiendo pequeños espacios de resistencia en plazas emblemáticas y en zonas periféricas; las marchas de los días viernes se mantienen, congregándose en Santiago cientos de miles de personas el último viernes 13 de diciembre. Las movilizaciones “tradicionales” también han sido resignificadas, tal como ocurrió con el 25 de Noviembre, que dio origen al acto político de Las Tesis, transformándose en un himno feminista en todo el mundo; las acciones simbólicas instalan potentes y claros mensajes, como las observadas en el Día Internacional de los Derechos Humanos el 10 de diciembre, y se han multiplicado las demostraciones artísticas en todo sentido, desde canciones, videos, espectáculos y montajes comprometidos con la protesta social.

Es esperable que la intensidad de la movilización baje después de dos meses, el cansancio de la resistencia pasa la cuenta. Pero lo que se ha mantenido de forma estable, desde el primer día, es la represión y brutalidad policial: abuso de poder, homicidios, mutilaciones y lesiones oculares, uso indiscriminado de bombas lacrimógenas, detenciones ilegales y torturas son acciones denunciadas de forma persistente por quienes nos manifestamos. Esto ha sido constatado por las organizaciones de derechos humanos a nivel nacional, incluyendo al Instituto Nacional de Derechos Humanos, pero también por organismos internacionales como Amnistía Internacional, la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas y la Comisión Internacional de los Derechos Humanos. Estos actos criminales deben ser juzgados a nivel nacional como internacional, pues nos encontramos frente a crímenes de lesa humanidad.

De todas formas, con este cambio de intensidad de la movilización y la constante represión, el escenario político sigue abierto. La aprobación del Gobierno de Sebastián Piñera está por los suelos (menos de un 10% de apoyo); los temas sociales que han generado la crisis no han sido resueltos; el proceso constituyente se encuentra en disputa, aún cuando quieran cerrarlo por arriba, y la Huelga General sigue siendo la herramienta principal a disposición de la clase trabajadora para dar un salto en esta lucha.

Nuestro proceso constituyente partió este 18 de octubre, dando lugar también a un nuevo periodo político en nuestro país, en el cual, por primera vez desde 1988, el bloque en el poder se ve amenazado. Si las movilizaciones de esta Revuelta no terminaron en un cambio de régimen inmediato se debe a la falta de un actor político capaz de dirigir la protesta popular y dar un salto en la movilización. Por ello, una de las tareas fundamentales para este periodo será la construcción de una fuerza popular constituyente que conduzca en este periodo y genere las mejores condiciones políticas y sociales para un estadio de la lucha de clases mayor que dé lugar a un proceso revolucionario.

Esta disputa entre el movimiento popular y el bloque en el poder se manifiesta en tres dimensiones que están absolutamente interrelacionadas, pero que para efectos analíticos y para destacar algunos procesos e hitos analizaremos por separado. Estas dimensiones son la disputa por el control de las calles y la represión; el proceso constituyente y la agenda social inmediata.

La disputa por la calle: entre la represión y el derecho a la rebelión.

El Gobierno pretende tomar el control del “orden público” a través de una potente agenda de criminalización de la protesta social: (i) ley anti-encapuchados; (ii) ley anti-saqueo y anti-barricadas; (iii) autorización del Presidente de la República para que pueda utilizar militares, sin decreto de estado de excepción constitucional, en el resguardo de “infraestructura crítica”; (iv) fortalecimiento y “modernización” de Carabineros, Fuerzas Armadas y posibilidad de la ANI de contar con infiltrados; (v) endurecimiento de las penas al agredir a miembros de Carabineros.

Estos proyectos representan el ethos de la derecha, que innumerables veces ha pretendido aprobar esta legislación, pero esta vez contaron con el apoyo de un gran aliado: el Frente Amplio, quienes incapaces de romper el “frame” del Gobierno y la presión mediática, han terminado aprobando un proyecto de ley que significará la prisión política para miles de personas que quieran continuar con las formas de lucha que se han desplegado en las últimas semanas, y que son expresión de las formas de lucha históricas de nuestra clase trabajadora, como lo son la huelga, la paralización de faenas productivas estratégicas, la ocupación de instalaciones y puestos de trabajo, tomas de terreno y los cortes de ruta, incluyendo “el que baila pasa”. Con esta situación, el Frente Amplio – en especial el núcleo Revolución Democrática y Convergencia Social – se transforman en parte del Partido del Orden.

Estas leyes han sido la prioridad del Gobierno y dan cuenta de la visión de este sobre la crisis actual: una guerra contra el pueblo. Esto demuestra que la mayor preocupación del Gobierno es recuperar la gobernabilidad, y eso significa controlar las calles. Por contrapartida, nuestra tarea es mantener el conflicto abierto y no soltar la presión callejera, pero entendiendo que no seremos capaces de mantener los mismos niveles e intensidad de movilización indefinidamente. Por ello debemos plantear un plan de lucha que mantenga la protesta popular en torno a hitos claves (10 de diciembre, “cumple mes” de la Revuelta, etc.), acciones de carácter mediático que mantengan viva la subjetividad en torno a que el conflicto no ha acabado, profundización del programa a través de grandes encuentros sectoriales y territoriales (Congreso de Trabajadores, Encuentro Plurinacional de Asambleas Territoriales, Encuentro Plurinacional de las que luchan), y proyectar una Huelga General prolongada para los primeros días de marzo, considerando el 8 de Marzo como un momento clave. 

En resumen, mantener viva la movilización durante diciembre, enero y febrero, para volver a intensificarla a través de una Huelga General prolongada en el mes marzo, que tenga por objetivo desestabilizar nuevamente al bloque en el poder, permitiéndonos avanzar en la Agenda Social de Emergencia y en mejorar nuestra posición en la correlación de fuerzas de este proceso constituyente.

En esta misma dimensión, es importante levantar un Movimiento Anti-Represivo en conjunto a organizaciones sociales, políticas y de derechos humanos, que tengan por objetivo la lucha por la libertad de los presos políticos de la Revuelta (que ya son más de dos mil personas), y por exigencia de justicia y castigo para los responsables materiales y autoridades políticas de los crímenes de lesa humanidad: desde los suboficiales de Carabineros hasta su oficialidad y su General Director, Mario Rozas. En cuanto a las autoridades políticas, deben responder penalmente Andrés Chadwick, Gonzalo Blumel y Sebastián Piñera.

 

La Agenda Social: entre las ganadas concretas y el desmantelamiento del sistema neoliberal

Una de las demandas centrales de la Revuelta Popular es la lucha por la precarización de la vida. Esto se manifiesta en exigencias de derechos sociales, derechos laborales y mejorar las condiciones de vida. El mayor desarrollo en esta materia es el “Pliego de Emergencia” de Unidad Social el cual plantea como puntos mínimos un aumento de salario mínimo a $500.000, pensiones básicas de $500.000 y fin a las AFP, reducción de la jornada laboral a 40 horas; gratuidad del transporte público para adultos mayores y estudiantes; y condonación de los créditos estatales en educación.

Estas demandas, en especial la del salario mínimo y pensiones, requiere tocar el bolsillo de los empresarios, para lo cual no ha estado dispuesto el Gobierno. Entre las propuestas de Piñera, se contempla un aumento de salario mínimo a $350.000, con cargo a las rentas generales del Estado el aumento de $49.000. Mientras que en materia de pensiones contempla un aumento que llega hasta un 50% en el caso de pensiones básicas solidarias, pero que opera sólo para adultos mayores de 80 años. Para las demás personas el aumento es menor y en ambos casos, insuficientes para garantizar una pensión digna. Sobre otras materias, no vale ni la pena hacer menciones a los planteamientos del Gobierno, que no han sido más que repetir su agenda de gobierno que demostró ser rechazada por las grandes mayorías del país.

La nula voluntad política del Gobierno para hacer retroceder al sistema neoliberal y afectar los intereses de los empresarios mantendrá en latencia el conflicto en los próximos meses. La dinámica en esta materia será de avances parciales en garantizar derechos sociales, mientras se desarrolla la Asamblea Constituyente donde debiésemos impulsar una limitación al derecho de propiedad, que nos permita la expropiación de empresas estratégicas para el Estado, tales como aquellas relacionadas con la minería del cobre y litio, empresas de generación, transmisión y distribución eléctrica, empresas sanitarias, entre otras; derogación del Código de Aguas; sacar al mercado y prohibición de lucro con derechos sociales; construcción de un sistema de pensiones de reparto, de aportes tripartitos y solidario, entre otras medidas que permitan efectivamente desmantelar el sistema neoliberal.

Unidad Social avanzó en la consolidación de un “programa” con diversos elementos que incluyen una Agenda Social. Sin embargo, para no quedarse solo con ello, sin considerar a demás actores del mundo popular que participen en la elaboración programática, es necesario que se profundice la discusión programática en los encuentros sectoriales y territoriales que se realizarán durante el verano, tales como el Congreso de Trabajadores, Encuentro Plurinacional de las que luchan y los Encuentro de Asambleas Territoriales de carácter regional, zonal y plurinacional. Chile debe transformarse en la tumba del neoliberalismo.

La Agenda Constituyente: Desde el gatopardismo del Partido del Orden hacia la Nueva Constitución

Estas movilizaciones han entendido que gran parte de los impedimentos para mejorar nuestras vidas se encuentran anclados en la Constitución, la cual establece una sobreprotección del derecho de propiedad y un régimen político que favorece a las élites económicas y políticas de nuestro país, excluyendo a los sectores populares.

Ante la profundidad de esta impugnación y la fuerza del estallido social desde el 18 de octubre de 2019, podemos hablar que el proceso constituyente de los pueblos en Chile ya comenzó. Se ha expresado una nueva correlación de fuerzas, que aún no es del todo clara, pero que sí tiene la certeza de avanzar hacia una Nueva Constitución a través de una Asamblea Constituyente Soberana, Plurinacional y Paritaria.

Como un intento de cerrar “por arriba” la crisis social de Chile – sobre todo después de la demostración de fuerza desde el campo popular ejercida por la huelga general del 12 de noviembre – el Gobierno en conjunto a la mayoría de los partidos políticos de la oposición institucional firmaron un “Acuerdo por la Paz y la Nueva Constitución”, donde buscan tutelar la construcción de una Nueva Constitución. Aún cuando anuncian que se está abriendo la posibilidad de reemplazar la Constitución de Pinochet, lo cierto es que al establecer un quórum de 2/3 para la toma de decisiones y elegir como sistema de elección de los delegados/as constituyentes el utilizado para elegir diputados, lo que buscan es una Nueva Constitución sin contenido. A la vieja usanza de la “democracia en la medida de lo posible” están planteando “cambiarlo todo para que nada cambie”.

En virtud de esto, las organizaciones y movimientos del campo popular han ido definiendo su propia hoja de ruta para avanzar hacia una Asamblea Constituyente. Esto no será una carta de negociación con el Congreso, sino que será nuestro itinerario que en primer lugar debe convocar al pueblo movilizado y que, en segundo lugar, sirva para tener en claro que el movimiento popular tiene su propia posición política, sin tener la necesidad de que los partidos políticos medien por ellos en el Congreso.

El primer intento de contar con esta hoja de ruta se realizó desde Unidad Social, espacio que al día después del Acuerdo por la Paz y la Nueva Constitución suscrito a espaldas del pueblo, convocó a su propia Comisión de Asamblea Constituyente, la cual lejos de pretender ser un organismo técnico, se constituyó como un espacio de síntesis de las distintas visiones sobre el proceso constituyente que conviven al interior de este heterogéneo espacio de articulación de las organizaciones populares y sociales.

Entre los elementos que ordenan esta propuesta de Asamblea Constituyente (AC) son los siguientes: (i) la AC debe ser libre y soberana, lo cual significa que no se pueden imponer cortapisas ni quórums de antemano por el Congreso, debiendo la propia AC cuando se constituya darse un Reglamento de Funcionamiento; (ii) Plurinacional, debiendo incorporar escaños reservados para pueblos indígenas y para el pueblo afrodescendiente chileno, quienes en conjunto representan aprox. un 12,9% de la población en Chile; (iii) paritaria, debiendo incluir igual cantidad de hombres y mujeres, como reconocimiento al rol de la mujer y su histórica exclusión del mundo político; (iv) Democrática, debiendo incluir en todas las votaciones a los mayores de 14 edad, reconociendo que han sido los estudiantes secundarios quienes iniciaron estas movilizaciones; derecho a ser elegidos de los migrantes que llevan más de 5 años residiendo en Chile y derecho a votar en elección de asambleístas a chilenos/as en el extranjero.

En cuanto al sistema electoral, este debe ser proporcional y abrir la posibilidad para que independientes puedan participar en igualdad de condiciones en las elecciones. Esto significa una forma de reconocimiento a los cabildos y asambleas populares para que puedan llevar candidatos a las elecciones sin necesidad de someterse a los dictados de un partido político. Asimismo, se deben garantizar condiciones de financiamiento y de acceso a los medios de comunicación en condiciones igualitarias para desarrollar las campañas.

La Cámara de Diputados este 18 de diciembre aprobará un llamado al “plebiscito de entrada” para el 26 de abril de 2020, con las opciones de “Convención Constituyente Mixta” y “Convención Constituyente”, dejando para futuras modificaciones legales la inclusión de escaños reservados para pueblos indígenas, paridad de género e igualdad de condiciones para independientes. Esta acción provocará un profundo descrédito para las organizaciones políticas que fueron parte del “Acuerdo por la Paz y Nueva Constitución”, abriendo una ventana para que las organizaciones sociales impulsemos nuestra Hoja de Ruta, toda vez que estas materias se pueden definir hasta junio de 2020 aproximadamente.

Para esto será necesario que, con las autonomías respectivas, comience a darse un diálogo entre los distintos espacios del pueblo organizado sobre cómo enfrentar el proceso constituyente. Esto significa un diálogo entre espacios de articulación multisectorial, como lo es Unidad Social, con espacios de articulación de Asambleas Territoriales, las mujeres del Encuentro Plurinacional de Las que luchan y el Congreso de Trabajadores que se pretende organizar para enero de 2020.

Esta articulación en torno a la Asamblea Constituyente, puede ser un primer paso para avanzar posteriormente en el desarrollo programático y los pilares que debiese tener una Nueva Constitución. Esta futura articulación entre espacios multisectoriales (como Unidad Social), Asambleas Territoriales, Encuentro de las que luchan y Congreso de Trabajadores debería tener una instancia mayor de articulación en torno a un proceso que finalice con un hito, al cual podríamos llamar la Asamblea Popular Constituyente, con el objetivo de elaborar el Pliego de los Pueblos y el Plan de Lucha para su conquista, expresando a la fuerza social y popular constituyente que pondrá fin al neoliberalismo y la cual profundizará el horizonte democrático en nuestro país.

¡A retomar la iniciativa!: mantener la lucha viva durante el verano y a preparar la Huelga General en marzo

Nuestros tiempos no son los del Gobierno, pero debemos tener audacia para movernos en el dinámico escenario actual. No debemos dejar de recordar que la discusión constituyente es una de las principales discusiones y agendas del movimiento social, pero no la única. Es importante que paralelo a esto se siga avanzando en la Agenda Social inmediata de establecimiento de derechos sociales y medidas en contra de la precarización de la vida. Asimismo, se debe avanzar en la Agenda de Derechos Humanos que pueda prevenir las nuevas formas que tomará la política represiva, adaptándose para operar sigilosamente en estos meses de relativa calma, y avance hacia la persecución de los autores directos y responsables políticos en los crímenes de lesa humanidad que han ocurrido en las últimas semanas, por el actuar desbocado de las Fuerzas Armadas, de Orden Público y Seguridad, por órdenes -o incapacidad del Gobierno de Sebastián Piñera. Juicio y castigo para los culpables.

Las aperturas de nuevos periodos políticos se caracterizan por una lucha abierta entre las clases subalternas y el bloque en el poder. Esta vez no será la excepción. Por un lado, tenemos a los sectores más reaccionarios que no dudarán en convocar a las Fuerzas Armadas cuando vean sus intereses amenazados, como ya lo hicieron los primeros días de la Revuelta Popular y como han anunciado cada vez que se hace evidente la situación de ingobernabilidad. Por otro lado, tenemos un intento de cierre del conflicto a través de acuerdos entre el gobierno y la oposición institucional, que buscan contener la movilización popular ofreciendo algunos acuerdos parciales en material social y constitucional, que sólo lograrán frenar a los sectores menos conscientes, pero que serán incapaces de contenerla a largo plazo. Finalmente, tenemos un sector que busca acumular fuerza popular para mover las trincheras, desmantelando las políticas neoliberales y generando una ampliación democrática en nuestro país, lo cual permita una apertura popular, que lejos de cerrar el conflicto, sólo busca mejorar la posición de la clase trabajadora y clases subalternas. Nuestra incapacidad por ganar una guerra de movimiento y una toma del poder, debido a la falta de constitución de pueblo, nos obliga a desempeñarnos en un escenario de guerra de posiciones, donde la tarea es ir haciendo avanzar la línea de las trincheras.

En esta disputa no habrá triunfadores inmediatos, siendo lo único seguro la lucha. El escenario se caracterizará por momentos de avance y retroceso, pero lo fundamental en esta fase es acumular y construir una fuerza popular que sea capaz de impulsar el programa que se ha ido construyendo desde los espacios de base. Sin sectarismos, pero también sin ingenuidad, deben articularse los esfuerzos de organización del pueblo que están relacionados por participaciones cruzadas.

Estos espacios son las articulaciones multisectoriales del pueblo organizado previo al 18 de octubre, como ocurre con Unidad Social, pero que en otras ciudades tiene diferentes nombres y experiencias previas; son también las Asambleas Territoriales y Cabildos, heterogéneas en su composición y que son expresión de la Revuelta Popular iniciada este 18 de octubre; lo es también la articulación feminista en torno al Encuentro Plurinacional de Las que Lucha, que es un espacio de continuidad del movimiento feminista, donde se está definiendo programa y plan de lucha; y también el Congreso de Trabajadores, espacio que busca congregar a sindicatos de base, desbordando la limitada acción de las centrales actuales, entendiendo que es fundamental la acción de la clase trabajadora en procesos políticos como el que vivimos en nuestro país.

Esta fuerza popular constituyente en construcción debe ser capaz de generar las condiciones para que el actual periodo político se resuelva en avances para la clase trabajadora que permitan ir desmantelando las políticas neoliberales en Chile, transformándonos en un ejemplo de lucha para la clase trabajadora a nivel mundial. Hoy más que nunca, la historia la hacen los pueblos.

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Autor entrada: Convergencia Medios

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