Apuntes sobre la crisis del neoliberalismo chileno: De la crisis de legitimidad a la crisis de gobernabilidad

Por Pablo Ariel

Han transcurrido aproximadamente veinticinco días desde que se desencadenó la tan bullida “revuelta de octubre”. Las manifestaciones se han ido expandiendo en el marco de todo el territorio nacional con una gran participación de jóvenes, adultos mayores, mujeres, hombres e incluso niños/as y sus familias. Una gran diversidad de comunidades barriales y grupos de trabajadores/as se han volcado en la recuperación de los espacios públicos para impugnar a la clase política y rechazar tajantemente las condiciones miserables –de desigualdad- en las que vive el pueblo chileno desde hace ya más de treinta años.

El malestar de la sociedad civil se ha convertido en una verdad inexorable, la rabia es tan demoledora que las demandas y reivindicaciones no han podido ser conducidas por ningún partido político, ni tampoco abordadas desde una lógica sectorial. La crítica ha tendido a radicalizarse de tal manera, que ésta está más bien dirigida hacia el modelo que rige y sostiene un tipo de vida en la que no se garantiza ningún derecho social. Por ende, en esta perspectiva la desigualdad y precariedad de la vida no pasa  por reformar una par de leyes, sino más bien por consagrar soberanamente una nueva estructura jurídica, normativa y política que permita el resguardo de todos derechos sociales y no de las llamadas “prestaciones sociales” como establecen los neoliberales. Se evidencia una desnaturalización de la idea de que el mercado no puede regular ni absorber las necesidades básicas, hoy reivindicados como derechos públicos, de todos.

En ese sentido, la clase política es más bien parte del problema que de la solución, ya que desde el etorno pactado a la democracia, no ha habido ningún proceso de cambio que permita desmontar la estructura económica, social y política heredada desde la dictadura militar. Por ello, uno de los aspectos vertebrales de las demandas populares ha sido el cambio de la constitución política a partir de una asamblea constituyente, o bien otros mecanismos que permitan la deliberación democrática de las bases sociales y populares en función de otorgarle mayor legitimidad al proceso y resguardar lo que se pretende consagrar: derechos sociales y mayor justicia social.

Cabe indicar que, el carácter espontaneo del estallido social ha permitido que por una parte se pueda convocar a una amplia y gran parte de los estratos y clases más desfavorecidos de nuestro país, pero también por otra parte, la espontaneidad del movimiento ha permitido que ni el gobierno y ni los agentes represivos del Estado puedan descabezar la movilización.

Es preciso considerar que la llamada revuelta de octubre constituye un proceso social y político que se encuentra en pleno curso y desarrollo. Asimismo, es posible  observar a mí parecer que han existido 3 momentos que han caracterizado el devenir del movimiento.

a) Por un lado, hay un primer momento donde es posible reconocer la génesis del estallido. En este primer momento podemos ver la irrupción de las evasiones masivas y el carácter más explosivo del malestar a través de las insurrecciones populares al alero de las estaciones de metro y el efecto dominó de incendios y saqueos durante los primeros días. Por otras parte, en respuesta a la violencia popular de corte insurreccional, aparece la militarización del problema social por parte del gobierno. Este hecho se formaliza a través del llamado Estado de Emergencia y la llegada de los militares a las calles, cuestión que provoca una intensificación de la rabia y las heridas heredadas de la dictadura militar. La muerte, la tortura, el abuso, las desapariciones y las violaciones de los DDHH a partir del llamado de guerra del presidente instala una dicotomía caracterizada en la siguiente tensión: Estallido e Insurrección vs. Orden y Militarización.

b) Por otra parte, respecto al segundo momento que podemos comprender es la emergencia de las asambleas territoriales y la aparición de cabildos ciudadanos como mecanismos de control para institucionalizar el conflicto. En este marco la respuesta del gobierno es una “agenda social” que no toca los asuntos macro de la impugnación. A esto se suma el fortalecimiento de los territorios como espacios de encuentro y movilización, a través del recurso de la cultura y las actividades musicales al interior de las poblaciones, villas y barrios de las diferentes ciudades del país. En esta misma línea, podemos considerar que comienza el surgimiento de una reapropiación del espacio público hacía una incipiente y embrionaria re-construcción del tejido comunitario a través de la organización local en los territorios urbanos.

c) Por último en cuanto al tercer momento que podemos registrar en el marco del desarrollo de la movilización, éste está ligado al escenario que van definiendo las llamadas “asambleas territoriales auto-convocadas”. En este escenario es posible reconocer un esfuerzo orgánico por empezar abordar el conflicto desde una visión política y programática. Esto quiere decir que el acento va oscilando hacia comprender la necesidad de tener claridades respecto a las “ganadas” del conflicto. En este marco, la conformación de espacios de articulación territorial van poniendo en relieve a las bases sociales y populares como sujetos activos en la crisis. En base a ello es que se aprecian estos debates programáticos, para bordar de manera estratégica la situación de crisis institucional. En base a este punto, es que podemos asegurar que la crisis de legitimidad del cual se habla desde ya hace varios años, hoy resuena más como una crisis de gobernabilidad puesto que ni el gobierno ni las instituciones del Estado, están en una situación de liderazgo, al contrario, la institucionalidad en su conjunto está desbordada y desacreditada para restablecer el orden social. En este momento se hace muy notoria la situación de aislamiento en el que se encuentra el gobierno. Por otra parte, a partir de la agudización progresiva de la revuelta, las contradicciones alojadas en la propia sociedad civil comienzan a materializarse a través de la aparición de ciertos grupos reaccionarios fichados como “chalecos amarillos”, en guiño al movimiento ciudadanista de Francia durante el año pasado. Estos sectores se ven amedrentados respecto a sus intereses, sea esto por la defensa de la propiedad privada producto la inestabilidad que provoca la movilización popular, como también a partir de una defensa ideológica del modelo desde los sectores medios vacilantes de subjetividad pinochetista-fascista.

Por último en este tercer momento –y que aún se encuentra en curso- podemos convenir que el movimiento se está estructurando, esto en un sentido político en que las bases motoras del estallido pasan de la consigna a un pliego mínimo de ganadas concretas. Otro punto que caracteriza este tercer momento es que el gobierno comienza a utilizar y aconsejarse por el recurso de inteligencia más que el aplastamiento más burdo. Las observaciones internacionales sobre las violaciones a los DDHH es un tema relevante a considerar. En este contexto, el gobierno anuncia el llamado “Congreso Constituyente”, el cual retoma aspectos de los cabildos promovidos por Bachelet durante su último gobierno.

Una cuestión fundamental para ir dando un debate fructífero ha sido el tema sobre cómo avanzar en incorporar al proceso una articulación entre “lo sindical” y “lo territorial”. Hemos sido testigos patentes de que la revuelta de octubre ha tendido a emerger un sujeto imprescindible para la historia reciente de nuestro pueblo: los territorios. La multiplicación de las organizaciones territoriales ha sido crucial para el mantenimiento de la movilización. Asimismo, sus coordinaciones ascendentes y su rol estratégico en términos geográficos son un soporte importantísimo para la generación de tejido comunitario que sirva de base orgánica para una disputa más constituida.

Por otra parte, tomando lo anterior, se revitaliza la importancia acerca de construir un proyecto de sociedad que permita una cierta alternativa al proyecto de la derecha, a saber, el modelo neoliberal. La derecha tiene algo que defender, el pueblo aún no. Esa tarea está estrechamente vinculada a la posibilidad de constituir una unificación de la clase trabajadora y el pueblo, a través de una articulación entre lo sindical y las asambleas territoriales.

Por último se releva la necesidad inmediata y a mediano plazo de la generación de un interlocutor que pueda canalizar las ganadas del pueblo y convenir en apostar por generar ganadas y mejoramientos materiales concretos; esto se resume en la máxima: la lucha es por la materialidad. Este esfuerzo es condición de posibilidad para que las asambleas territoriales y organizaciones sindicales puedan articularse en función de objetivos comunes y que tracen un camino a largo plazo que permita visibilizar con mayores claridades un proyecto de sociedad alternativo al neoliberalismo. Sabemos que el neoliberalismo nació acá, pero es decisión soberana de nuestro propio pueblo si queremos desterrar este modelo de vida, para bien desarrollar un modelo nuevo que permita mayores condiciones de dignidad y justicia social para las bases populares y sociales de nuestro país.

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Autor entrada: Convergencia Medios

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