A tres semanas de la Revuelta Popular: ¡Avanzar a la Huelga General!

Por Javier Pineda Olcay, Militante Convergencia 2 de Abril

La Revuelta Popular cumple tres semanas – 24 días este domingo 10 de noviembre- y se mantiene con potencia en los distintos territorios del país. El Bloque en el Poder es incapaz de contener las movilizaciones y volver a la “normalidad”, mostrando fisuras respecto a las propuestas de “salida” a la crisis.

El Bloque en el Poder: Una oferta de balas y migajas.

El Gobierno de Sebastián Piñera ha tenido tres momentos respecto a la estrategia para acabar con las movilizaciones. La primera se desplegó con la declaración de estado de emergencia y los respectivos toques de queda, jornadas en las cuales se registraron más de 15 muertes, miles de detenciones y cientos de heridos con perdigones y bombas lacrimógenas lanzadas a quemarropa de los manifestantes.

La segunda comienza en el quinto día, cuando Piñera anuncia su “Agenda Social” y tiene su momento cúlmine después de la Marcha más grande de la historia de Chile, cuando pretendía que sus anuncios sobre el fin del estado de emergencia y cambio de gabinete permitieran “volver a la normalidad” el lunes 28 de octubre. La Agenda Social se traducía en mayor presupuesto público para seguir subsidiando al empresariado y que este no pague los costos de la crisis. Ejemplo de ello es el aumento de salario mínimo a $350.000, siendo subsidiados los $50.000 por el Estado. Este nivel de gasto público sólo se puede desarrollar a través del endeudamiento del país o recurriendo al uso de los fondos soberanos en el extranjero.

El tercer momento se inicia con los intentos de implementación de su espuria “Agenda Social” con el nuevo Gabinete liderado por Evópoli (Blumel en Interior y Briones en Hacienda) y los nuevos intentos de criminalización de las movilizaciones, llegando a su cénit este jueves 7 de noviembre, mediante el anuncio de fortalecimiento de la Agenda de Orden Público y la patética citación al Consejo de Seguridad Nacional, calificada por el Contralor General de la República como ilegal, toda vez que se trataron sólo temas de orden público. Sobre la Agenda de Orden Público busca aumentar las penas para los “saqueos”, penalizar el uso de barricadas, el uso de capuchas como agravante y  reforma a la Ley de Inteligencia, entre otras medidas de populismo penal que serán absolutamente estériles en el escenario actual y las cuales sólo podrán ser aplicadas para delitos cometidos con posterioridad a su aprobación y publicación.

Estas conductas del Gobierno develan las “salidas” a la crisis que se manejan al interior del bloque en el poder. La primera de ellas es reprimir y criminalizar la Revuelta Popular, esperando que la cárcel, el miedo y el cansancio pongan fin a la movilización: la subjetividad de los manifestantes aleja a esta posibilidad, pues sólo el viernes 08 de noviembre, más de medio millón de personas salieron a la calle nuevamente. Por otra parte, una tendencia que entiende que para seguir gobernando requerirán de realizar concesiones económicas (mayor distribución del gasto social y una tímida reforma tributaria) y a lo menos, una reforma constitucional en los parámetros establecidos por la ley actual, esto es, mediante el Congreso.

Estos sectores han planteado que de continuar las movilizaciones estarían dispuestos a una reforma tributaria que afecte al 1% más rico del país y abrirse a una modalidad de administración mixta en materia de pensiones, tal como propuso el Gobierno de Michelle Bachelet en su segundo gobierno. Con ello buscan asegurar el apoyo de la ex Nueva Mayoría en el Congreso.

En esta última posición también se encuentran con los partidos de la oposición institucional, quienes están dispuestos a dialogar con el Gobierno y legislar sus propuestas, estableciendo también como consigna generalizada la necesidad de una Asamblea Constituyente, sin dar mucho detalle sobre cómo se elegirían sus miembros, tiempo de duración y número de asambleístas. Sectores de la Democracia Cristiana y del Partido Socialista, como José Miguel Inzulza, plantean una Convención Constituyente, en la cual garantizan participación de los miembros actuales del Congreso y de ciudadanos/as electos mediante sufragio universal. Esta postura podría ser un punto intermedio al anuncio del Ministro del Interior realizado este domingo 10 de noviembre, en el cual informa que llevarán a cabo una Nueva Constitución – sin definición de plazo alguno – vía Congreso Constituyente. Esto significa que el la Cámara de Diputados y el Senado – instituciones que no superan el 5% de aprobación por parte de la ciudadanía – actuarán como soberano, estableciendo una Nueva Constitución gatopardista: cambiarlo todo para que nada cambie.

La apuesta del Partido Comunista parece más diferenciada que la de la Concertación. En el ámbito institucional, se han negado a reunirse con Sebastián Piñera sabiendo los costos políticos que les puede traer; han seguido legislando en sus proyectos, como el de 40 horas y han planteado una reforma constitucional al Capítulo XV que permita convocar a un plebiscito que contemple la posibilidad de elaborar una Nueva Constitución vía Asamblea Constituyente. En cuanto a su despliegue de militancia se mantienen activos en las organizaciones sociales y asambleas territoriales, con un pie en el Congres y otro en la calle.

Más difusa – y si es que no inexistente – ha sido la política del Frente Amplio, que al parecer sólo se ha puesto de acuerdo en condenar la represión y la violencia, venga de donde venga. Han tenido un comportamiento disímil respecto al diálogo con el Gobierno criminal de Sebastián Piñera. Por una parte, Revolución Democrática, Partido Comunes y en un principio, Convergencia Social, han mostrado su voluntad y han instado al Gobierno a dialogar con ellos y con el movimiento social, a pesar de que se ha planteado desde el movimiento social que no se puede dialogar con un Gobierno que tiene manchadas las manos de sangre. Ejemplo de ello fue la carta que entregaron a un recién asumido Gonzalo Blümel instándolo a reunirse con ellos como oposición institucional y con Unidad Social, a pesar de que nadie les pidió que jugaran ese rol de intermediador. Esta postura fracasó y no han dado explicaciones ni evaluación de la apuesta política que realizaron. Asimismo, ha quedado en evidencia el fracaso de la tesis hegemónica al interior del Frente Amplio, que dice relación con la tesis de ruptura democrática. Claramente, los cerrojos de la dictadura no se quebrarán desde dentro del sistema.

En definitiva, desde la oposición institucional se puede ver que sectores de la oposición (PPD, PR y sectores del PC) estarán dispuestos a una Reforma Constitucional en los términos planteados por Piñera, mientras que otro sector pujará políticamente la aprobación de una Asamblea Constituyente, mediante la convocatoria a un plebiscito que permita a la ciudadanía definir la vía para realizar una Nueva Constitución. En gran medida, este acomodo estará dado por la presión que sientan desde las calles. Sobre la “Agenda Social” se han mostrado a disposición de contribuir con el Gobierno descomprimiendo conflictos, con la aprobación de proyectos parciales en materia de medicamentos, reforma tributaria, reforma a la jornada laboral, entre otras. Aun cuando se les ha exigido desde el movimiento social que realicen una Huelga Legislativa, toda la oposición institucional no ha estado dispuesta a pagar los costos políticos de una inactividad del Congreso, por lo cual le han “dado agüita” al Gobierno para que saque adelante algunas medidas.

Las clases subalternas: de la crisis de hegemonía neoliberal al cambio de régimen político, social y económico

Las apuestas desde la izquierda y el movimiento popular presentan elementos comunes, pero también algunos elementos de diferenciación.

La caracterización de la Revuelta Popular

El primero de ellos, dice relación con las características del fenómeno que ha sido calificado como estallido social, revuelta popular, rebelión social/popular, levantamiento, sublevación, entre otras. Sin ánimos de detallar sociológicamente cada uno de dichos conceptos o profundizar en la carga histórica a los procesos que se les ha denominado de esa forma, procederé a dar algunos elementos de caracterización. Para efectos de denominar el fenómeno, lo haré como “Revuelta Popular”.

La revuelta popular se inicia por el alza al transporte público, pero al día 19 de octubre, cuando la movilización se extiende a ciudades que no habían sido afectadas por esta alza, deviene en un cuestionamiento a todo el sistema. Por ello, podemos hablar que hay un cuestionamiento al modelo socio-económico del neoliberalismo, que ha significado una precarización de la vida de millones de personas en Chile desde su imposición en la dictadura militar; como también al sistema político e institucional, un sistema de democracia tutelada y con derecho de veto al poder respecto a cualquier cambio sustancial que se quiera realizar, pues se encuentra cristalizada en la Constitución de 1980 una correlación de fuerzas que le permita al empresariado mantener sus privilegios.

El despliegue de la violencia política de masas y el cuestionamiento a la totalidad del sistema capitalista neoliberal puede permitirnos llegar a hablar inclusive de una rebelión social, fenómeno asociado a procesos de mayor envergadura y que cuentan con una dirección mayor del proceso.

Sobre las posibilidades de que este fenómeno derive en una coyuntura pre-revolucionaria y una salida mediante la insurrección popular o la construcción de un poder dual paralelo que devenga en una guerra civil por la toma del poder son alejadas, toda vez que no se cuenta con milicias populares capaces de realizar un enfrentamiento real con las Fuerzas Armadas ni se cuenta con una dirección y organización desde el campo popular para llevar a cabo un proceso de esas características.

Los intentos de dirección del proceso y los nuevos organismos de participación popular

La Revuelta Popular ha involucrado a más de un 80% de la población en el país, por lo cual es imposible que una organización o grupo de organizaciones pueda atribuirse la representación de las movilizaciones. Más aún, debido a la falta de representación y a los niveles de inserción popular e infraestructura, ninguna organización ni grupo de organizaciones tiene la capacidad para dirigir el proceso.

Lo anterior, sin embargo, no obsta a las apuestas políticas que surgen sobre como canalizar las movilizaciones populares, aun cuando exista una imposibilidad de implementar dicha línea política. En dicho contexto, podemos diferenciar entre las apuestas del “mundo organizado” y de las “recientes articulaciones y organizaciones” que han surgido al calor de la lucha. En ambas se expresan apuestas de organizaciones políticas o grupos de afinidad ideológica (sin la existencia necesaria de una organización, existe un impulso de cierta línea política como ocurre con sectores anarquistas y autonomistas).

  1. Unidad Social y el llamado a la Huelga General.

El espacio que ha logrado una mayor articulación del mundo organizado es Unidad Social, espacio conformado en agosto de 2019, el cual convocó a las principales organizaciones sindicales del país, en alianza con organizaciones estudiantiles, ambientales, feministas, de pobladores/as, entre otras. Actualmente reúne a más de 120 organizaciones. En las regiones se han constituido espacios similares de articulación multisectorial, que aun cuando no están dirigidas ni tienen vinculación directa con Unidad Social, representan a las principales organizaciones sociales y sindicales de los territorios. Este es el mayor mérito de estos espacios: articular al pueblo organizado.

La principal disputa, al menos respecto a Unidad Social, está en dos aspectos: (i) democratización interna; (ii) canalización del conflicto y posibilidades de negociación.

Sobre la democratización interna, al reunir a tantas organizaciones y careciendo de una orgánica o estatutos previos, el liderazgo y la vocería al interior de Unidad Social se ha dado por la vía de los hechos, teniendo mayor peso las organizaciones sindicales como la Coordinadora No+AFP, CUT, Confusam, Fenpruss, Colegio de Profesores y ANEF, quienes a su vez, construyeron el pliego del “Bloque Sindical” sumando a Portuarios, Mineros y Sindicatos de la Construcción y Montaje Industrial. Esto ha generado tensiones al interior de Unidad Social, provocando llamados a la democratización interna por parte de organizaciones como la Coordinadora Feminista 8M (02-11) y la salida de un espacio estudiantil como lo es la ACES (08-11). La forma de descomprimir el conflicto ha sido convocar a que todas las organizaciones vayan conformando “bloques” donde se construya el pliego y que permita facilitar la interlocución entre las organizaciones.

Sobre la “canalización del conflicto” existen dos elementos importantes. Primero, las convocatorias periódicas y semanales a marchas, concentraciones y a la Huelga General. En este sentido, cabe destacar el rol estratégico que han desarrollado las organizaciones del sector público, de la salud municipal y de la educación, quienes son los únicos sectores que han mantenido una paralización efectiva durante varios días. En cuanto a las marchas y concentraciones, estas sólo han sido numerosas en aquellos casos que existen otras convocatorias circulando por redes sociales, demostrándose que en aquellas donde sólo convoca Unidad Social la fuerza movilizada disminuye enormemente.

Sobre la Huelga General, se han realizado dos grandes llamados. El primero de ellos fue para el 23 y 24 de octubre, mientras que el segundo es para el martes 12 de noviembre. La jornada del 23 y 24 de octubre no fue una Huelga General, aunque tuvo una importante jornada de protesta popular. Para el martes 12 de noviembre, se amplió la convocatoria al llamado, incluyendo a trabajadores portuarios, mineros y de la construcción. La Huelga General es necesaria, pero no suficiente. La paralización de los sectores productivos estratégicos del país es un golpe directo al empresariado, quienes pueden acusar recibo tensionando aún más al Gobierno por la situación de ingobernabilidad que tiene el país.

En este escenario, una Huelga General sostenida puede permitir superar el empate catastrófico en el cual nos encontramos: un gobierno que es incapaz de recuperar la normalidad y un pueblo en las calles que es incapaz de pasar a un estadio superior de movilización. La clase trabajadora es imprescindible en esta Revuelta Popular para obtener un triunfo. Pero dado que las grandes mayorías de la población no se encuentran en sectores estratégicos, y ni siquiera organizados o por las condiciones de fragmentación productiva les es difícil paralizar, una Huelga General debe ser acompañada de una Protesta Nacional que impida a los trabajadores llegar a sus lugares de trabajo. Para ello es necesario impulsar movilizaciones y cortes de ruta desde primera hora. Y estas acciones pueden ser realizada principalmente desde los territorios.

Sobre las posibilidades de negociación con el Gobierno, estas con casi nulas. Esto no significa que exista una confianza irrestricta hacia quienes dirigen las organizaciones sindicales, sino que se explica por el contexto político que se vive. En la medida que Unidad Social no ha convocado a las grandes movilizaciones, es imposible que este sector pueda ofrecer “bajar las movilizaciones”. Sería una ingenuidad tanto del Gobierno como de las organizaciones de Unidad Social. Sumado a lo anterior, en este momento cualquier sector político o sindical que negocie con el Gobierno se ganará el rechazo de las grandes mayorías del país, quienes no están dispuestos a migajas ni a negociaciones “en la medida de lo posible”. El primer antecedente lo encontramos en Juan Olguín, dirigente de la Federación de Trabajadores del Cobre, cuyo directorio se reunió y aprobó la paralización para el jueves 24 de octubre, sin embargo, luego de un llamado telefónico y una conversación con el ex Ministro del Trabajo, Nicolás Monckeberg, bajó la movilización. Esto ha sido considerado como una traición a la clase trabajadora y lo más probable es que termine siendo destituido como dirigente de la Federación de Trabajadores del Cobre.

Además de lo anterior, es un consenso en los espacios organizativos como en las Asambleas Populares que no se puede negociar con el Gobierno de Sebastián Piñera, responsable de asesinatos, mutilaciones, prisioneros políticos y un nivel de represión descomunal hacia nuestro pueblo. En definitiva, la consigna “Renuncia Piñera” sigue estando establecida, aún sea a regañadientes. De todas formas, es importante tener claro que Piñera es el primer fusible para los poderes de este país. Es mejor exigir la renuncia o aprobar la destitución de un Presidente que perder sus privilegios. No obstante ello, una condición para la aprobación de una Asamblea Constituyente implica la renuncia de Sebastián Piñera, debiendo convocarse a nuevas elecciones presidenciales y parlamentarias.

  1. Asambleas Territoriales, Asambleas Populares y Cabildos

A esta última línea han respondido la mayoría de las Asambleas Territoriales, espacios auto-convocados al calor de la lucha y que se han ido transformando progresivamente en espacios de deliberación y de construcción de espacios de articulación del pueblo en un determinado territorio.

Algunos de estos espacios, como en Villa Olímpica y Yungay, surgieron con anterioridad al llamado de Unidad Social a conformar “Cabildos” y “Movilizaciones Territoriales” el jueves 24 de octubre. Mientras que la mayoría se constituyó a partir de esta invitación realizada por Unidad Social, pero siendo totalmente independiente de este espacio. La única tarea que ha realizado Unidad Social fue facilitar una metodología y preguntas provocadoras para los cabildos y sistematizar los lugares donde se han realizado con sus respectivas respuestas a las preguntas sobre la causa del estallido social y las principales demandas de los territorios.

Sin embargo, la mayoría de los Cabildos – con excepción de los convocados a nivel sectorial en Sindicatos, Colegios u otros espacios ya constituidos – fueron derivando en espacios de participación popular que se proyectan en el tiempo, no sólo discutiendo hacia donde debe avanzar la movilización nacional y cuales son las principales demandas, sino también planteándose articulaciones para resolver problemas del barrio e identificando acciones territoriales que permitan mantener abierto el conflicto desde las calles.

En definitiva, estos espacios están discutiendo programa; resolviendo problemas del barrio o territorio y definiendo acciones para mantener vivo el conflicto, desde planificación de acciones directas, medidas de seguridad, espacios de auto-formación y preparación para la Asamblea Nacional Constituyente.

A iniciativa de diversas Asambleas Populares se han realizado dos reuniones de distintas Asambleas Territoriales, donde se está avanzando a una orgánica mínima y principios que permita compartir experiencias, deliberaciones de los territorios, impulsar un plan de lucha en conjunto y lograr mayores grados de articulación entre los distintos territorios.

iii. ¿Cómo seguir?

En el escenario que vivimos es necesario avanzar en la construcción de un pliego del Pueblo, donde se condensen las demandas construidas en los últimos años por las organizaciones populares y el movimiento social, el cual será nuestra bandera de lucha y nos permitirá tener mayores claridades sobre “lo que queremos”.

Asimismo, ante la existencia de espacios disímiles y ante la incapacidad de las organizaciones actuales debemos ser capaces de construir una articulación mayor de las clases subalternas con este pliego del pueblo, que permita mantener un plan de lucha y sea capaz de plantear su propia Constitución a disputar con el resto de las clases.

Para ello, planteamos como proceso una Asamblea Popular Constituyente, que refleje las distintas expresiones y tendencias al interior de las clases subalternas/ mundo popular. En este espacio se debe avanzar en el desarrollo programático (Pliego del Pueblo) y también en el Plan de Lucha. Asimismo, podría impulsarse un nuevo texto constitucional, surgido desde este espacio.

Esta Asamblea Popular Constituyente tendrá expresión de los sujetos ya organizados en sindicatos, organizaciones estudiantiles, socioambientales, feministas, de derechos humanos, entre otras (actores de Unidad Social y de espacios multisectoriales en regiones, por ejemplo). Deberá incluir a las barras, quienes han tenido un rol fundamental en la violencia política de masas para enfrentar a la Policía, como también deberá reunir a las nuevas organizaciones que han surgido con la movilización popular como son las denominadas Asambleas Populares o Territoriales y Cabildos. Los grados de participación de cada sujeto deberán ser definidos democráticamente a propuesta de estos mismos espacios que participarán y debe permitirnos avanzar tras un mismo pliego, que le haga frente a la oligarquía, quienes tienen claro su programa a impulsar en un posible proceso constituyente.

Una condición importante para el éxito de un proceso así, debiese ser mantener la apertura del conflicto en las calles con altos grados de ingobernabilidad. Para llegar a la Asamblea Popular Constituyente será importante que se generen procesos de articulación a nivel comunal, provincial, regional, para luego un hito a nivel de todo el país.

Este desarrollo programático, de articulación de las expresiones del pueblo y acumulación de fuerza social constituye un avance importante en el estadio actual de la lucha de clases. Sin embargo, este proceso de la Asamblea Popular Constituyente también debe servir para avanzar en la lucha contra el bloque en el poder, la cual se está dando desde las calles y también podría darse desde una Asamblea Plurinacional Constituyente que de lugar a un nuevo texto constitucional que refleje el nuevo periodo político que se abre a partir del 18 de octubre.

Pero nuestra apuesta no se reduce sólo al hito de una Asamblea Popular Constituyente y una posterior Asamblea Plurinacional Constituyente. Las Asambleas Territoriales cumplen un rol fundamental. Es importante resaltar que estos espacios son actualmente expresión de participación popular, pero su proyección en el tiempo y niveles de organización mayor como también de asumir más tareas, podría derivar en gérmenes de poder popular que tengan un protagonismo mayor en el periodo político que se está abriendo.

En cuanto al margen “institucional”, es inevitable que una forma de salida a la crisis actual se de a través de una Asamblea Nacional/Plurinacional Constituyente, en la cual estará en disputa su posibilidad de existencia (plebiscito); su contenido y conformación (Ley que define las características de la Asamblea Constituyente y mecanismo para elegir a asambleístas) y las formas de referéndum o plebiscito de lo producido por la Asamblea Constituyente. Lamentablemente, no existen las condiciones políticas actuales para levantar un proceso de poder dual que devenga en un nuevo estado conformando a un soberano que deje en desuso la Constitución de 1980. Por ello, la posibilidad de la existencia de una Asamblea Constituyente pasará por la aprobación en el Congreso, incluyendo el apoyo de diputados y senadores de Chile Vamos. Esto significa que no se trata de una cuestión de diálogo o convencimiento, sino que la única posibilidad de que la derecha apruebe un llamado a Asamblea Constituyente es con una situación de ingobernabilidad y movilización popular tal, que el llamado a la AC sea la única alternativa que queda para contener el conflicto. Nada de lobby parlamentario en este proceso.

Cabe mencionar que en la AC se expresan todas las clases e intereses de una sociedad, por lo cual que exista la posibilidad de una Asamblea Constituyente no significa un triunfo en sí para la clase trabajadora. Sólo significa que se abre la cancha para que se disputen los proyectos de sociedad que cada clase porta. Por ello es importante una Asamblea Popular Constituyente previa, la cual no se exige al poder, sino que debe ser autoconvocada por las distintas expresiones de las clases subalternas para aumentar la fuerza social y desarrollar programa y plan de lucha.

En todo este proceso es importante mantener la exigencia de Renuncia de Piñera como posibilidad para que esto ocurra y también exigir que ningún crimen de Estado quede impune, debiendo pagar los asesinos, violadores y torturadores con las penas que corresponden a este tipo de delitos.

¡A mantener la movilización en las calles y avanzar a la Huelga General!

El escenario político sigue abierto y cualquiera de estas salidas es posible. Nuestro llamado es a mantener la movilización en las calles, única garantía de que el conflicto siga abierto. Asimismo, llamamos a fortalecer la Huelga General, mecanismo que nos permitirá salir de este empate con el Gobierno.

Mientras tanto, debemos fortalecer las organizaciones territoriales y las articulaciones multisectoriales, con el objetivo de avanzar en el programa de la clase trabajadora y las clases subalternas, lo cual nos permitirá develar un proyecto histórico que se pueda enfrentar al proyecto de las clases dominantes. Siendo así, debemos avanzar hacia la Asamblea Popular Constituyente, proceso que está en curso, pero que requiere de un hito y niveles de articulación mayor.

Sólo un programa y una articulación de las fuerzas sociales organizadas y la que se están constituyendo al calor de la lucha nos permitirá tener un proyecto histórico que se confronte con el de las clases dominantes. El espacio por excelencia de disputa sería la Asamblea Plurinacional Constituyente, cuyo resultado será expresión de la correlación de fuerzas alcanzada.

Lo único que podemos estar seguros en este escenario incierto es que la lucha de clases seguirá intensificando. Y si el presente es de lucha, el futuro es nuestro.

Compártelo en:

Autor entrada: Convergencia Medios

Comentarios

  Suscribete  
Notifíicame de