La política, la violencia y la excepción: una reflexión a propósito de la “revuelta de los 30 pesos”

Por Fernando Quintana Carreño*

1.- La gota que rebalsó el vaso.

Las protestas que se originaron en Santiago, pero que han sacudido todo nuestro país en los últimos días, representan una de las coyunturas más álgidas de las últimas décadas. Si bien se originaron por las alzas de los pasajes en el metro, han excedido ampliamente dicho motivo. Como dice una de las consignas que han enarbolado los manifestantes, “no son los $30 pesos, son los 30 años”. Y es que han sido muchos años de abusos. Los políticos de la derecha y de la ex concertación, todos por igual, se han dedicado a administrar el modelo neoliberal que nos legó la dictadura, sin ningún tipo de crítica ni cuestionamiento. Amparados en cifras macroeconómicas muchas veces mentirosas, justifican y defienden un modelo que solo nos ha dado pensiones de miseria, zonas de sacrificio, listas de espera en hospitales y deudas enormes por estudiar. La legitimidad de este modelo neoliberal, que había venido agrietándose en los últimos años de movilizaciones, ha terminado de resquebrajarse.

Los medios de prensa masivos, como era de esperarse, han centrado toda su atención en los episodios más lamentables del estallido social, tales como los saqueos y desmanes que han afectado incluso a vecinos y vecinas inocentes. Prefieren instalar en la opinión pública la idea de que esta protesta tiene rasgos vandálicos en lugar de informar sobre la raíz social profunda de toda esta conflictividad social. La prensa, una vez más, ha sido un instrumento de los poderosos para legitimar su violenta estrategia represiva, estado de excepción mediante, y su nula disponibilidad al diálogo.

Los comunicados del gobierno y demás representantes políticos del oficialismo, dan cuenta de su radical incomprensión acerca de lo que está ocurriendo. El mismo presidente que prometía tiempos mejores ha tenido que salir a decir que estamos en guerra, retomando el viejo y manoseado discurso del enemigo interno. El nivel de desconexión de los políticos con la realidad del pueblo es tal, que no logran comprender que el pueblo honestamente se cansó y decidió salir a exigir justicia. Solo pueden explicarse los arranques de furia del pueblo como vandalismo puro.

Digamos las cosas como son. La crisis actual es la consecuencia de años de abusos. Y esta crisis puede ser una gran oportunidad para todos aquellos que queremos ver cambios radicales en nuestro país. Por eso, vale la pena plantearse algunas preguntas: ¿Qué es lo que está en crisis? ¿Qué cosas se abren con este escenario? ¿Cuáles son nuestras alternativas, y cuáles son nuestros peligros? Estas líneas son un intento por contribuir a esclarecer algunas de estas cuestiones.

2.- La política

Comencemos por el principio. El modelo neoliberal es la forma actual del capitalismo, y rige sin contrapesos nuestra vida en sociedad desde la Dictadura Cívico-militar. Pero el neoliberalismo es mucho más que un sistema económico. Es una forma de ver el mundo, con dimensiones jurídicas, políticas, económicas, culturales y hasta valóricas. El modelo neoliberal es el responsable de la miseria económica de nuestro pueblo, siendo nuestro sistema de capitalización individual en pensiones y nuestro sistema de educación privatizada y segregada por el mercado sus expresiones más emblemáticas, aunque no las únicas. Dado que el neoliberalismo fue impuesto por los poderosos en un contexto de derrota de los proyectos políticos del campo popular, lograron hacernos pensar que el neoliberalismo era la última etapa en la historia del desarrollo humano, y que por consiguiente no había alternativa al capitalismo.

En cuanto a su dimensión política, el sistema neoliberal es esencialmente anti-democrático. El neoliberalismo y la democracia son radicalmente incompatibles, pues para dicha doctrina el mercado es el mejor tomador de decisiones en cuanto a la distribución de los recursos y los medios productivos de los que dispone la sociedad. El mercado genera el máximo bienestar posible si se lo deja funcionar libremente, y el Estado solo debe actuar si es para proteger el libre-mercado (al menos formalmente, pues sabemos que nuestra clase empresarial, partiendo por el Presidente Piñera, es absolutamente pro-colusión). En consecuencia, para el neoliberalismo, cualquier poder de decisión real por parte del pueblo es una amenaza para el mercado y su supuesta capacidad de producir el máximo de bienestar. Esto explica, por ejemplo, que muchas decisiones relevantes de nuestra vida en sociedad son tomadas por comités de “expertos”, quienes en teoría detentan el saber exclusivo sobre lo que es bueno y lo que es malo para el mercado. Este fue, precisamente, el caso del famoso comité de expertos que decidió subirnos una vez más el pasaje del metro.

En este sentido, podemos decir que el sistema neoliberal se basa en la neutralización de la política. A finales del siglo XX, tras la caída de los socialismos reales, los representantes ideológicos del bloque capitalista proclamaron el fin de la historia y el triunfo definitivo del capitalismo neoliberal. Cegados por el manto ideológico que nos impusieron, se nos olvidó que la política es esencialmente la confrontación, el conflicto entre distintas visiones de mundo que pugnan por impulsar su proyecto de sociedad. En términos muy sintéticos, podríamos decir que la democracia es aquel sistema que permite que dicho conflicto entre visiones de mundo se resuelva de manera civilizada y respetuosa, y en virtud del principio mayoritario, es decir, por medio de la voluntad mayoritaria del pueblo.

Con la neutralización de la política se acaba el conflicto entre proyectos de sociedad. Ya no hay deliberación política como actividad pública. La política ahora es cosa de expertos, y ya no un tema propio del pueblo, con lo cual la democracia en sentido sustantivo es reemplazada por la formalidad vacía de la pura administración. El consenso neoliberal es transversal a toda la llamada clase política, y solo se limita a administrar un modelo ya dado, asumido como natural. Con lo dicho hasta aquí, ¿a alguien el cabe alguna duda de que  el sistema que tenemos en Chile no es, ni de cerca, un sistema democrático?

Justamente, la “política de los consensos” es la negación de la política. Lo que tenemos en Chile es la dominación unilateral de los ricos y los poderosos, que impulsan su agenda de más neoliberalismo, más privatización y más saqueos al medio ambiente, y que legitiman sus decisiones invocando la supremacía del mercado, en virtud de la supuesta neutralidad de la técnica y de las comisiones de expertos. Lograron implantar este sistema en la dictadura, aplastando la resistencia popular a sangre y fuego, eliminando físicamente a todo aquel que se opusiera. Luego del fin de la dictadura, por medio de un conjunto de mecanismos represivos ideológicos, educacionales, valóricos, y jurídico-políticos, la Concertación y la Derecha lograron mantener al pueblo neutralizado como sujeto político en los años de la transición. Los administradores del sistema neoliberal lograron neutralizar políticamente al pueblo, y terminaron por lograr la neutralización de la política.

Pero paulatinamente, por medio de una serie de movilizaciones en estos años, y de manera explosiva en estos últimos días, Chile despertó. El pueblo se cansó de abusos, se cansó de esta falsa democracia, y se cansó de no tener ninguna vía para expresar sus ideas sobre la sociedad en que quiere vivir. Lo que estamos viviendo, es la entrada masiva del pueblo como sujeto político en escena. La entrada violenta, desde la rabia y la frustración, del pueblo a la esfera pública de la cual fue relegado. Estamos presenciando la radicalización de la exigencia del pueblo por la existencia política que le ha sido negada estos años. Y, dado que el pueblo fue expulsado de la política de manera violenta, ¿cómo no iba a ser violenta su exigencia por volver a ella?

3.- La violencia

Como dijimos más arriba, el conflicto entre distintos proyectos de sociedad es constitutivo de la política. En ese mismo sentido, la violencia también es constitutiva de la política. Violencia y política son cosas inseparables. Esta idea, por supuesto, no nos hace sentido de buenas a primeras. El discurso neoliberal se instaló tan profundamente en la esfera pública, que ya casi no nos damos cuenta de cómo opera en nuestros sentidos comunes. El discurso neoliberal naturaliza la supremacía del mercado, naturaliza el individualismo y naturaliza, entre otras muchas cosas, la distinción entre lo que es violento y lo que no es violento.

El discurso neoliberal, de esta manera, naturaliza las pensiones de hambre. Naturaliza los sueldos de miseria, las desigualdades económicas, la privatización de los derechos sociales y de las depredaciones al medio ambiente. Quienes viven la miseria en carne propia, pueden dar testimonio directo de lo violento que resulta el sistema. Pero no, para el discurso neoliberal, eso no es violencia. Esas son las consecuencias inevitables del funcionamiento del mercado, del cual no podemos prescindir por más que quisiéramos hacerlo. En cambio, reprimir cada manifestación de descontento popular por medio de la brutalidad policial más cruda, bajo este contexto, no es violencia para ellos. Es la protección de los mercados, del normal funcionamiento de la ciudad capitalista. Lo que ellos llaman paz social y orden público, no es sino la violencia económica estructural del neoliberalismo, resguardada por la violencia física de las fuerzas policiales, camufladas bajo la legitimidad del discurso neoliberal.

Pero todos estos años de violencia y exclusión nos cansaron. El pueblo aún no ha fraguado un proyecto alternativo de sociedad, pero ya está decidido en cuanto a que este proyecto de sociedad no lo convence. El pueblo, hoy, está exigiendo que se le reconozca como un sujeto político, que se rompa la exclusión que se le impuso y que su opinión sea tomada en cuenta. La principal arma que el pueblo tiene es la movilización y la masividad. La protesta pacífica tiene una importancia profunda y fundamental. No obstante, la violencia, cuando es necesaria para permanecer en las calles de las cuales la policía nos quiere expulsar a la fuerza, también es una de sus herramientas. Y es una herramienta legítima. Pero no es la misma violencia que aplica el Estado Chileno, el representante de los empresarios, para reprimir a su pueblo. No es la violencia del que siempre lo ha tenido todo y tiene miedo de perderlo. Es la violencia desesperada de quien ha sido violentado toda su vida por el sistema, y hoy por primera vez en muchos años toma plena conciencia de ello. No pueden comparar nuestras piedras y barricadas con sus metralletas y sus gases venenosos. El pueblo tiene derecho a defenderse violentamente de un sistema violento. Los poderosos son unos criminales que no están dispuestos a soltar sus privilegios, que nos han demostrado con su violenta represión que, para ellos, las vidas del pueblo valen menos que sus ganancias.

Pero no es que el pueblo desee la violencia. El pueblo quiere vivir en paz. Pero, si no era por medio de este violento estallido, ¿cómo iba el pueblo a constituirse como un sujeto político? ¿Cómo iba a recuperar la voz que le fue silenciada, la representación que le fue expropiada, y la existencia que le fue negada? Mientras el pueblo siga viviendo violentado económicamente por el neoliberalismo, y mientras la política siga neutralizada por esta pseudo-democracia cuyo único alcance es administrar el mismo modelo económico neoliberal que nos dejó la dictadura, el pueblo solo va a encontrar en la violencia la vía de expresión de sus más profundos anhelos de vivir bien.

Pero la violencia del pueblo no es solo legítima en tanto respuesta a las injusticias estructurales del neoliberalismo y a la inexistencia de una democracia real que le permita expresarse políticamente. La violencia política es una necesidad táctica para el pueblo, sin la cual difícilmente logrará arrancarle sus reivindicaciones al poder. La violencia no es algo deseable como fin en sí mismo, sino una necesidad que surge ante la intransigencia de los poderosos, que se niegan a reducir sus ganancias en pos de nuestras legítimas demandas.

Nuestra herramienta de presión más poderosa es la interrupción de la cotidianeidad de la ciudad. Impedirle a la clase empresarial seguir acumulando capital a los ritmos en que lo hacen en un día cualquiera. Para eso, es necesario tomarse las calles y puntos principales de las distintas ciudades por medio de marchas, concentraciones y cacerolazos. Ante los violentos embates de las fuerzas represivas del estado para restablecer el orden público, la lucha callejera y las barricadas son la alternativa para la auto-defensa y la resistencia por parte del pueblo respecto de su ocupación de los espacios públicos y la alteración de la normalidad de la cotidianeidad capitalista. La violencia es nuestra forma de insistir en la ocupación de los espacios públicos, para seguir manifestándonos y exigiendo nuestras reivindicaciones. Así, la violencia política encuentra su legitimidad en la medida en que es sentida como necesaria por parte del pueblo. En estos días hemos visto como cada vez más personas se suman a la comprensión de dicha necesidad. Reivindicamos la violencia política cuando esta es ejercida por las masas en el contexto de su legítimo derecho a la protesta, y somos críticos de la violencia de los descolgados y vanguardistas que creen que con cinco o diez personas apedreando lugares públicos se puede cambiar el país.

En este mismo sentido, para quienes reivindicamos la violencia política de masas como una herramienta legítima ante el despojo neoliberal, es necesario rayar la cancha al respecto. La violencia política es legítima solo en la medida en que se dirija a impugnar el régimen político-social de los poderosos. Los episodios de saqueos y de violencia del pueblo contra el pueblo deben ser condenados por quienes apostamos por el cambio social. Ahora bien, la existencia de estos lamentables hechos ha sido utilizada oportunistamente por el gobierno para legitimar su política criminal de represión al pueblo. Si bien no existen evidencias sólidas para respaldarlo, no sería sorpresa que varios de estos episodios hayan sido ejecutados, o al menos deliberadamente tolerados, por las mismas fuerzas represivas del estado.

El hecho de que los militares en la calle no hayan logrado impedir estos hechos, sino que incluso podríamos decir que los han agravado, muestra la inutilidad del intento de combatir estos estallidos del pueblo por medio de la violencia policial. En este sentido, los comités de auto-defensa que se han generado en algunos barrios y sindicatos, pueden ser un ensayo interesante para pensar formas alternativas al autoritarismo policial en relación con el legítimo deseo de tener seguridad y paz en las casas del pueblo. Pero no nos referimos a los vecinos de ciertos sectores que han intentado defensas de los grandes supermercados y demás cadenas comerciales, sino a los grupos de vecinos que se han organizado en ollas comunes para hacerle frente a eventuales desabastecimientos, o a las asambleas territoriales que desarrollan comités de seguridad desde una perspectiva comunitaria y basada en la confianza en los vecinos del barrio.

Pero el gobierno de Piñera, ciego a la profundidad de la crisis que vive, sigue insistiendo en que el problema principal de esta crisis social es la violencia. Este hecho es ilustrativo del punto anterior. Como guardianes del neoliberalismo, insisten en neutralizar el contenido profundamente político del estallido actual, y legitiman las brutales acciones de las fuerzas policiales en el hecho de que ellos no son violentos, sino los protectores del orden público en contra de la violencia. Pero esto no es sorpresa para nadie; Piñera solo es fiel representante de la clase social a la que pertenece, la misma clase social que bombardeó la moneda y asesinó a miles de chilenos la última vez que sus bolsillos se vieron amenazados.

Lo que de verdad sorprende es la reacción una gran mayoría de los políticos “progresistas” que, en lugar de resaltar el derecho del pueblo al ejercicio de la violencia para recuperar su lugar como sujeto político, se sumen a la condena abstracta a la violencia, “venga de donde venga”. La violenta defensa de los poderosos respecto del régimen capitalista, que se encuentra en una profunda crisis, es un crimen contra la humanidad que la historia les hará pagar. La violencia del pueblo es una herramienta legítima, aunque en ningún caso deseable, a la que el pueblo tiene derecho a recurrir cuando la situación lo hace inevitable.

Quienes han protagonizado la violencia en las protestas en los últimos días no son vándalos, delincuentes ni violentistas. Solo son personas que reclaman su derecho de vivir en paz. Pero la paz solo se conseguirá cuando en Chile haya justicia social y con un sistema realmente democrático, en que el pueblo sea reconocido como el sujeto político que toma las decisiones de la sociedad en la que queremos vivir.

En política no existe la neutralidad. Quienes condenan la violencia a secas, venga de donde venga, se colocan del lado del status quo, por más buenas intenciones que tengan. Quienes siguen insistiendo en que la protesta social no debe ser violenta en ningún caso, pecan de una profunda ingenuidad. Los empresarios y sus políticos jamás se hubieran sentado a dialogar si no fuera porque su régimen fue puesto en jaque con un repertorio de herramientas que incluía la protesta masiva y pacífica de la ciudadanía, pero también la violencia política y de auto-defensa de las masas. Solo con el ejercicio masivo de la violencia callejera logramos quebrar la relación de fuerza que les permitía hacer pasar su brutal sistema por paz social, desestabilizar las reglas de esta falsa democracia y hacer ver el problema de fondo. Rompiéndose este equilibrio de las reglas de administración del poder, Piñera solo pudo responder con el estado de excepción.

4.- La excepción

Hay un viejo dicho que señala que la excepción ilumina la regla. La declaración de estado de excepción por parte de Piñera es un ejemplo perfecto de la profunda verdad que hay en este dicho. Como hemos venido diciendo, el neoliberalismo implica la neutralización de la política, y el reemplazo de la democracia por la pura formalidad vacía de la administración de un proyecto de sociedad que se asume como algo dado, natural e irreversible. Esta configuración de las relaciones políticas solo fue posible en virtud de una derrota histórica de los proyectos políticos populares y en la exclusión del pueblo como sujeto político.

Ahora bien, si las reglas que rigen nuestra vida democrática tienen como presupuesto fundamental la inexistencia del pueblo como sujeto político y, por lo tanto, se limitan a ser meras reglas de administración del proyecto neoliberal, ¿qué ocurre cuando el pueblo desafía dicho proyecto y, al hacerlo, retoma la larga lucha por constituirse como sujeto? El hecho de que la respuesta haya sido el estado de excepción ilustra el punto anterior. A lo máximo que alcanzan las reglas de esta pseudo-democracia es a discutir reformas menores al proyecto neoliberal que sustenta. Si el ejercicio del derecho democrático a la protesta social por parte del pueblo frente a los abusos de los empresarios de este país rebasa dichos límites, entonces se suspende el ejercicio de dicho derecho. Si la existencia del estado de derecho, con la consiguiente posibilidad de manifestar oposiciones populares a las políticas de los gobernantes se constituye como una amenaza al proyecto neoliberal, se decreta el estado de excepción.

Esto nos demuestra que las libertades democráticas y los derechos políticos, cuya recuperación se arrogan como un mérito los políticos de la vieja concertación, han sufrido un profundo vaciamiento por parte del modelo neoliberal. Podemos protestar, manifestarnos y hablar en público, pero si impugnamos el proyecto político hegemónico, todas esas libertades pasan a ser inmediatamente suspendidas. En esta idea está la clave de toda la institucionalidad jurídico-política creada por la dictadura y administrada fielmente por todos los gobiernos post-dictatoriales: su finalidad y alcance está dada única y exclusivamente por la existencia y sobrevivencia del modelo neoliberal.

Ante un estallido popular que anuncia la constitución del pueblo en sujeto político, las reglas se suspendieron y dieron lugar a la pura fuerza bruta de los poderosos en contra del pueblo. Esta declaración de estado de excepción por parte del gobierno, entonces, ilumina la verdad de las reglas de nuestra pseudo-democracia: ellas existen y persisten solo en la medida en que el pueblo no se constituya como sujeto.

Esta última idea es importante pues, al menos en teoría, la soberanía recae en el pueblo, y por consiguiente la legitimidad para tomar las decisiones relevantes, tanto constitucionales como legales, debiese también recaer en él. Ahora bien, si tomamos en cuenta que decretar el estado de excepción es decretar la suspensión del orden constitucional, resulta claro que emitir dicho decreto implica el máximo ejercicio de soberanía posible. Entonces, el hecho de que el presidente pueda decretar el estado de excepción y llamar a los militares a disparar contra su pueblo, aún con la mayoría absoluta de la gente apoyando las movilizaciones, ilustra el tipo de problema político que tenemos por delante. Es el problema de la soberanía en el contexto de las pseudo-democracias neoliberales

5.- El problema de la soberanía, el desafío constituyente y el riesgo populista

¿Cómo es posible que la soberanía se ejerza por parte de un gobierno empresarial en contra de su pueblo? Una vez más, la excepción ilustra la regla: nuestro orden constitucional se basa en la expropiación de la soberanía al pueblo por parte de los poderosos. Dicha expropiación ocurrió, de manera absolutamente violenta, el 11 de Septiembre de 1973, cuando los mismos que nos dicen que “estas no son formas de protestar” asesinaron miles y miles de personas para frenar el proyecto político popular e imponer su propio proyecto de sociedad. En ese sentido, la situación política que estamos viviendo es consecuencia directa del golpe de estado del 73’, con la consiguiente expropiación de la soberanía popular y la exclusión del pueblo como sujeto político.

El escenario que se plantea a través de estos días de movilizaciones populares y de violencia callejera, entonces, es el de una lucha por la recuperación de la soberanía por parte del pueblo, por la recuperación del derecho a decidir democráticamente sobre los asuntos relevantes de nuestra vida en sociedad. El significado político más profundo del estallido social que estamos viviendo es que develó la real naturaleza de nuestra pseudo-democracia, y volvió a plantear la pregunta por la soberanía en la discusión pública.

Entender que la revuelta que estalló en Chile durante estos días es una lucha por la soberanía del pueblo sobre la vida en sociedad, resulta fundamental. Los teóricos del liberalismo jurídico y político durante el siglo XIX, antecesores intelectuales de los autores del pensamiento neoliberal, reconocieron el derecho de rebelión para aquellos pueblos que se hallaban privados del ejercicio de la soberanía. Tal fue el caso con la revolución francesa, las guerras de independencia en el continente americano, y las luchas de liberación nacional en Asia y África durante el siglo XX. Si bien el pueblo de Chile no se encuentra formalmente sujeto a la intervención de ninguna potencia extranjera, como hemos dicho, la soberanía le fue expropiada a nuestro pueblo en el 73 por una alianza entre la clase empresarial, sus políticos y los militares, y aún al día de hoy estamos pagando los costos de dicha expropiación. ¿No tenemos, acaso, el legítimo derecho de rebelarnos y exigir que todo cambie radicalmente? Y, si tenemos dicho derecho, ¿no está acaso justificado defender la rebelión por los medios que resulten necesarios?

Ahora bien, del hecho de que haya ocurrido este estallido no se sigue que el resultado vaya a ser favorable. El desafío planteado es convertir la efervescencia social en un escenario constituyente. Esto significa, dar el paso desde la impugnación social al sistema político y económico que impera hacia la proposición de las bases de un nuevo sistema. Esta cuestión, por cierto, no es una tarea fácil. En primer lugar, todos estos años de neoliberalismo no han sido en vano. La naturalización del mercado, del egoísmo y del individualismo siguen pesando en el sentido común de la mayoría de las personas, por lo que aún nos cuesta mucho trabajo darle formas concretas a nuestros anhelos y esperanzas de una sociedad mejor. En segundo lugar, pues la clase de los empresarios tiene herramientas muy poderosas, la primera de las cuales es la violencia bruta de las fuerzas armadas, para impedir que las cosas cambien. Y, por último, porque las crisis no solo son oportunidades para cambios que apunten hacia un sistema más justo, sino también para los caudillos oportunistas de la derecha populista.

En este sentido, debemos tener plena conciencia de un riesgo importante que subyace a este estallido social. La impugnación social al sistema político genera un cierto grado de vacío de poder, en el sentido de que la capacidad de conducción de los representantes políticos del neoliberalismo se ve fuertemente debilitada, aunque no necesariamente anulada por completo. Cuando se generan estos vacíos o debilitamientos en las capacidades de conducción de un grupo social hegemónico, se abre el campo para que otros grupos sociales asuman esta conducción. Y aquí está el gran problema. Si bien en las últimas décadas hemos visto como el pueblo se ha venido reconstituyendo paulatinamente, y un salto cualitativo en particular en los últimos días, los niveles de organización y conciencia popular siguen siendo relativamente bajos. En este sentido, un posible desenlace de este escenario de impugnación al sistema político es la emergencia de un liderazgo populista de ultra-derecha.

El gran problema que la izquierda de este último tiempo ha tenido para enfrentar los liderazgos populistas de ultra-derecha es que no han sabido comprender sus características. Se dedican a señalar con el dedo sus contradicciones ideológicas, y creen que con argumentos racionales se puede desmontar su apelativo a nivel de masas. En este sentido, hay que tener claro lo siguiente: el populismo de ultra-derecha no es una ideología racional ni pretende serlo, pues apela a movilizar pasiones y no razones. El miedo, la inseguridad, la rabia, y las frustraciones que el pueblo tiene como producto de la violencia económica del neoliberalismo, perfectamente pueden ser canalizadas hacia un liderazgo derechista que ofrezca algunas medidas orientadas a la justicia social, pero cuyo real centro sea el reforzamiento del orden público y el ejercicio de una fuerte autoridad. Si queremos evitar este escenario, lo que necesitamos es ofrecer alternativas concretas y posibles que apelen a las emociones más profundas del pueblo desde una perspectiva programática anti-capitalista. Además, debemos impulsar un proceso de Asamblea Constituyente, en que cumplamos con el objetivo de establecer los términos del ejercicio de la soberanía que nos fue arrebatada.

¿Y cuáles son esas alternativas programáticas concretas que la izquierda anti-capitalista debiera referenciar? Creo que no es necesario ahondar en ello en este artículo. En el contexto del estallido social han sido posicionadas muchas demandas con un contenido político muy importante. Basta asistir a una manifestación y mirar las consignas que allí han surgido. Solo quiero hacer un último comentario. La izquierda anti-capitalista debe proponer alternativas concretas y posibles si quiere que su discurso pueda permear a los sectores del pueblo que hoy se movilizan. Pero hay un error en el que no podemos volver a caer nunca más: permitir que el discurso neoliberal nos marque las fronteras entre lo posible y lo imposible.

*Abogado de la Universidad de Chile y estudiante del Magíster en Pensamiento Contemporáneo de la Universidad Diego Portales

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Autor entrada: Convergencia Medios

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