A un mes del desalojo del histórico campamento Frei Bonn de Calama, se mantiene la incertidumbre de pobladores y pobladoras, que como si no fuese suficiente con haber visto sus hogares destruidos y sus derechos vulnerados, deben seguir lidiando con el abandono y precariedad, muy lejos del plano central de una ciudad dormida.
“Nos chispearon los dedos, y nos dijeron ‘ya, les damos dos minutos para que saquen todo’. ¿Qué alcanzo a hacer en dos minutos? No hubo aviso ni tiempo para nada. Un vecino lloraba porque a su perrita le hicieron tira su cuerpito con la maquinaria, y él quería sacarla pero no lo dejaron. La misma máquina siguió aplastando todo como si fuese basura”, cuenta Joice Urbina, presidenta del Comité Mamitas Antay, al recordar la mañana del 30 de julio.
Aunque se extendería por tres días, el desalojo comenzó ese martes a las 6:20 AM, cuando según el testimonio de testigos, lejos del proceso pacífico del que se jactaron las autoridades comunales y provinciales, lo que hubo fue un violento actuar de Fuerzas Especiales y Policía de Investigaciones, que armados con escopetas y lanzando bombas lacrimógenas, los obligaron a abandonar sus casas, al mismo tiempo en que máquinas retroexcavadoras comenzaron a derrumbar las viviendas de norte a sur.
“Entraron en masa y agrediéndonos. No les importó que hubiera niños ni personas de la tercera edad. De la guardería que teníamos, no alcanzamos a sacar nada. Perdimos cunas, camas, juguetes y todas las cosas de los niños. Ahí les dábamos su comida, su leche. Ese día igual llegaron, pero no pudimos darles almuerzo. En esos tres días no hubo nada que ofrecerles, los alimentábamos a puro pan y agua, porque con la demolición perdimos cocinas y todo. Estuvimos con los colchones que quedaron en la calle, y si ni siquiera nos dejaban prender una fogata para abrigarnos en la noche, mucho menos lo permitían para cocinar”, explica con impotencia Joice, en referencia a la sede vecinal, que fue una de las primeras propiedades destruidas. Además de punto de encuentro para reuniones, en ella estaba habilitado un comedor comunitario para vecinos y vecinas, y una guardería que con mucho esfuerzo y autogestión habían levantado, y a la que acudían a diario alrededor de 100 niños y niñas, mientras sus madres trabajaban.
Pero lejos del terror que vivieron esa semana, la realidad es que el abandono se ha sostenido, y aunque ha sido imposible contar con un número certero, los catastros realizados por distintos movimientos ciudadanos, hablan de alrededor de 70 familias en absoluto desamparo. Eso sin considerar que las demás se encuentran de allegadas, o hacinadas arrendando pequeñas piezas, y que existen aún alrededor de 25 núcleos a los que se le perdió el rastro.
Según informan del Movimiento de Pobladores Vivienda Digna de Calama, hay un gran número de habitantes arrendando parcelas en las afueras de la ciudad, donde además de estar a una hora de distancia de la urbe, y de no contar con ningún tipo de movilización pública, se encuentran durmiendo en chozas que han debido improvisar con cartón y materiales similares, tras haber perdido todos sus enseres y pertenencias en el desalojo.
A Joice le consta esta situación, porque a diario realiza gestiones para poder abastecerlos de agua y alimento: lo básico para subsistir. “Están en la calle, porque eso es. Armando carpas al aire libre, en un lugar muy precario, y con lo poco y nada que rescataron, botado. Hay una señora que tiene que inyectarse insulina siempre y que es discapacitada, entonces lo que hace es dormir en una micro. Lo encuentro denigrante, ya que no porque nos hayan echado, ahora vamos a tener que vivir como animales, porque así nos ven. Todas son personas esforzadas y trabajadoras, pero que ya no tienen nada. Es muy difícil empezar de nuevo”, cuenta la mujer que lleva 19 años luchando por una vivienda y que, junto a sus vecinos, hoy vive una realidad totalmente invisibilizada por los medios locales y las autoridades.
Por si fuera poco, al estado incierto en que se encuentran, algunos han debido sumar la pérdida de trabajo, pues sus jefaturas no comprendieron, y a los dos días de ausentarse los despidieron; o en muchas oportunidades, la desvinculación se dio únicamente por el prejuicio de trabajar con habitantes de la Frei Bonn. Y si en el mejor de los casos, han podido conservar sus empleos como Joice, han accedido a arriendos que, siendo realistas, les resultan insostenibles. “Lo pasé muy mal. Es terrible no tener dónde estar, sobre todo cuando tienes hijos. Buscamos y buscamos y estaba todo muy caro, 180 o 200 mil pesos. Y eso hablando de piezas no más, porque con el sueldo mínimo es imposible pensar en pagar una casa o departamento. Es pagarlo, y no tener para comer el resto del mes”, explica dando cuenta de una realidad constatada, pues a lo caros que suelen ser los arriendos en una ciudad minera, se suma el aprovechamiento de propietarios que al día siguiente del desalojo, comenzaron a subir groseramente los valores, sin escrúpulos ni regulación.
Pero todo lo descrito se contradice con el discurso predominante. “Quiero señalar que este ha sido un proceso ejemplar. Creo que eso se ha visto en una desocupación ordenada, en una desocupación responsable, en una desocupación en la que no ha habido ninguna vulneración”, declaró durante esa jornada Daniel Agusto, Alcalde de Calama.
Para Alejandro Muñoz, Trabajador Social que estuvo presente ese día, esto no es más que un show mediático, que comprueba las reales intenciones que hubo tras un actuar tan repentino. “El alcalde apareció casi en un matinal propio a las 8 de la mañana, dando enlaces en directo. Lo mismo la Gobernadora, que al ser interpelada por el caso de los niños que ni siquiera podían ir al colegio ese día, nos respondía ‘¿para qué los exponen?’. Cuando le dije que había gases lacrimógenos, me decía que ella no sentía nada, lo que era mentira claramente. Incluso según relatos de pobladores, en declaraciones a prensa ella dijo que el desalojo de la toma era un tema personal”.
Su opinión es compartida por los afectados, que con dolor recuerdan como las autoridades sonreían dando declaraciones, mientras ellos se las ingeniaban para poder proteger a los niños y niñas asustados. “Se dicen cristianos, pero yo no veo nada de eso. La Gobernadora y el Alcalde fueron a burlarse, diciendo que era un logro. Fue una burla, donde no se respetó nada. Lo que hicieron fue ir a buscar votos, porque el Gobierno siempre hace eso, engaña a la gente más humilde por votos”, manifiesta Joice, fundando su teoría en lo mal evaluados que quedaron ambos personajes, tras un mal manejo en el temporal que afectó a Calama en febrero.
La estrategia del quiebre
Una de las principales polémicas que surge tras el desalojo, es la disparidad de informaciones en torno a si hubo aviso o no. Al respecto, tanto del Comité Mamitas Antay, como del Movimiento Vivienda Digna, sostienen que no, aunque sí se sintieron alertados en algún momento, producto de situaciones irregulares que se vivieron días previos.
Para contextualizar hay que saber que rumores de todos los sectores, dan cuenta de que la toma entre las calles Frei Bonn y Alonso de Ercilla, surge incentivada por autoridades en el 2013, como una medida de acción para visibilizar la carencia habitacional de Calama, y la falta de atención del Estado que llevaba más de 15 años sin construir viviendas sociales en la zona. Fue así como llegaron las primeras 90 familias a instalarse en carpas, en ese entonces, fuertemente apoyadas por autoridades que las proveían de servicios básicos de manera constante.
Otro aspecto a considerar es que tras el incendio acontencido el año pasado, la población del campamento Frei Bonn bajó considerablemente, contando hasta hace un par de meses con un total aproximado de 1000 residentes. De ellos, cerca de 300 familias estaban organizadas en el Comité Mamitas Antay, con más de 15 años de existencia, siendo los dos últimos presidido por Joice.
Durante los meses recientes, la directiva sostuvo reuniones con SERVIU, en las que solicitó que se iniciara un proceso de regularización a cerca del 60% de vecinos que habían sido catalogados como inhábiles por la institución. A juicio de Vivienda Digna, los requisitos que los estaban dejando fuera no estaban contemplados en el Decreto Supremo 49, y en un artículo en particular, donde se excluye de requerimientos a las familias con emergencia habitacional, por lo que plantearon la inquietud a SERVIU, que accedió a revisar los casos.
Bajo ese contexto, la asamblea de pobladores y pobladoras tomó la posición de esperar para continuar en conjunto: todos o ninguno. Pero lamentablemente, según se pudo constatar durante las últimas semanas, la institución gubernamental comenzó a contactar a quienes sí estaban habilitados, invitándolos a formar un nuevo comité que se constituye en menos de un mes, y del que por cierto no existen registros formales.
Además de incitar este quiebre, el amedrentamiento comenzó con la amenaza del desalojo, que ya era constante desde hace años, versus la posibilidad de retirarse recibiendo 200 mil pesos de apoyo para arriendo a quienes firmaran, válido de aquí a diciembre, que es cuando podrían mudarse al hasta ahora incierto “barrio transitorio”. Sin embargo, la información que han entregado vecinos al intentar regresar al comité que abandonaron, es que a la fecha no han recibido ningún beneficio; panorama que empeora al detectar que el barrio que prometieron estaría disponible a fin de año, ni siquiera ha empezado a construirse.
“Hasta hoy la asistente de los campamentos de SERVIU sigue llamando a mi gente para que se cambie de comité, inventándoles incluso que el nuestro ya no existe. Me parece vergonzoso, considerando que a las cerca de 100 familias que firmaron antes, aún no les dan solución. Entonces es un engaño. No tienen donde vivir, no tienen barrio transitorio, y yo creo que menos van a tener su casa propia. Para mí todo es un chanchullo cochino que hicieron”, explica Joice.
Cabe mencionar además, que producto del rumor que había respecto al desalojo, profesionales de Vivienda Digna Calama consultaron el tema a la Gobernación, mediante Ley de Transparencia, pero no hubo una respuesta sobre el tema, señalando que no podían responder sobre hechos no acaecidos, a la espera de realidades; respuesta insatisfactoria que llevó a la directiva a presentar un recurso de amparo ante la posibilidad de que sus garantías constitucionales se vieran vulneradas, pero dada la rapidez con que ocurren los hechos, no alcanzó a ser acogido, y quienes se presentaron en el lugar el 30 de julio, lo hicieron con una orden del 2015, cuya legalidad y pertinencia está aún en investigación. Lo anterior sin considerar que no existió una notificación formal que cumpliera con los plazos establecidos, y mucho menos soluciones concretas en el corto y mediano plazo.
La vida entre prejuicios y vulneraciones
Las dificultades que han debido sortear este último mes, los ahora ex pobladores de Frei Bonn, se ven incrementadas para extranjeros, que además de no contar con familias y redes de apoyo en la ciudad, han debido cargar con un estigma constante. “No nos damos cuenta de la forma sutil, y a veces grosera, en que está instalado ese racismo, clasismo y blanqueamiento chileno que es histórico, pero que ha aumentado hoy que los tenemos como vecinos. Me ha tocado en talleres acá, escuchar a profesores de historia diciendo que la migración antigua era buena, y que ahora son vendedores de carne de perro”, afirma Alejandro Muñoz, Trabajador Social.
Para el profesional, la respuesta o reacción necesaria, está en la contrainformación detallada y concisa, aunque reconoce que la tarea no es fácil. “Hay una imagen instalada, que asume que desde ahí vienen todos los males de Calama, y que identifica al migrante colombiano, sobre todo al afro colombiano, como el portador de droga, delincuencia y todo lo malo que ocurría. Al momento de ser desalojados, hubo vecinas aplaudiendo y diciendo que ojalá se los llevaran y los expulsaran, que eran lacras”, relata Alejandro, que en apoyo a compañeros de Fractal y otras organizaciones, acudió el primer día del desalojo para registrar escenas como esa.
Aunque no está claro el porcentaje, todas las fuentes coinciden con que la mayoría de los habitantes del campamento eran migrantes, principalmente provenientes de Bolivia y Perú. “Algunos llevan viviendo en Chile 20 o 25 años, y no tienen nada. Han andado siempre de un lado para otro, así llegaron acá, por necesidad obviamente, porque sus condiciones siempre son más precarias. Eso lo tengo claro porque conozco a muchos a los que en sus trabajos nunca les hicieron contrato. Se abusa mucho del extranjero. Yo les decía siempre que fuéramos a la Inspección del Trabajo, y me respondían que no, que o si no los iban a echar, y era difícil encontrar otra pega. Entonces por miedo ceden. En esta oportunidad pasó lo mismo, por miedo la mayoría fue a firmar el papel y accedió a las mentiras que le prometieron”, sostiene Joice con nostalgia por el estado en que se encuentran hoy, versus la vida que desarrollaban en el campamento.
Respecto a este último punto, existen muchas críticas y cuestionamientos en torno a lo que ocurría allí, en su mayoría impulsadas por vecinos del sector y por las autoridades, olvidando por completo la realidad que vivía desde antes la población donde estaba inserta la toma. “Yo nací en Calama, entonces me consta que decir Alemania o Gustavo Le Paige que queda al ladito, era como ‘no te metas ahí porque hay drogas, o asaltan’, entonces era complejo. Muchos identificaron la toma como la maldad que emerge de Calama, pero incluso yendo más al detalle, los orígenes de esas poblaciones fueron tomas también, entre los 70s, 80s y parte de los 90s, solo que hubo soluciones de viviendas SERVIU después. Por eso siento que hay poca memoria”, explica Alejandro.
“Nosotros éramos una ciudad más chica, por lo que como en todos lados, podía haber alcohol, drogas y cuanta cosa más. Pero hay una labor policial que no se cumplía. No somos nosotros los encargados de combatir la delincuencia, y me da rabia que nadie piense en eso. Si para eso están ellos, para sacar focos infecciosos, como le llaman”, cuenta Joice en referencia a la discriminación sostenida por años.
Dicho prejuicio vivió una de sus peores consecuencias, cuando incluso los albergues que supuestamente estaban habilitados, se negaron a recibir a los pobladores. “Decían que cómo iban a tomarse un colegio los delincuentes, que se les iban a perder sus cosas. Al final no funcionó porque la misma gente se opuso”, cuenta Joice, relatando parte del motivo que les impidió pernoctar en el recinto, aunque la razón de más peso para ellos fue que el albergue solo recibiría a niños y niñas. “¿Cómo íbamos a dejarlos? ¿Para que el SENAME los pescara y se los llevará por abandono? Siento que había una trampa ahí”, opina.
A pesar de que sus sospechas puedan parecer infundadas, lo cierto es que días previos al desalojo, los menores del campamento ya habían sufrido vulneraciones. Específicamente se trató de “avisos” que recibieron por parte de docentes de distintos colegios, que les informaron sin ninguna sensibilidad o conversación anterior con sus apoderados, que tenían que estar preparados porque los iban a echar de sus casas. “Es muy fuerte decirle eso a un niño, entonces ellos quedaron súper mal. Llegaron a la sede a tomar su leche y empezaron a preguntar ‘¿mamá, a dónde nos vamos a ir?’”, recuerda la dirigenta.
Para el equipo técnico de profesionales del Movimiento Vivienda Digna en Calama, la situación no culminó allí, pues producto del modo en que se desencadenó todo, han observado y catastrado síntomas de enuresis, pérdida de control de esfínteres, y pesadillas en los niños y niñas, siendo una clara consecuencia de la indefensión en que se encuentran ellos y sus familias, discriminados en escuelas, trabajos, e incluso en propiedades en arriendo, producto del tendencioso impacto comunicacional que tuvo el proceso.
“Para mí esto revela el rostro de la miseria humana no más. Gente aplaudiendo, celebrando en redes sociales. Ese relato neoliberal que subjetivamente está introyectado en forma muy correcta. Que si son pobres y viven en campamento, es porque son flojos, y si son migrantes, son delincuentes. Pasa regularmente que se busca a un enemigo común a quien depositar todo el odio existente, y la toma se convirtió en ese antro de los males de Calama”, opina Alejandro.
Revisión de legalidad y espera de resoluciones
Los profesionales que han acompañado a las familias, han podido detectar diferentes situaciones de abuso, partiendo por la vulneración de derechos de niños y niñas, considerando que el proceso comenzó cuando se preparaban para ir a la escuela, y que además de obligarlos a salir, no se les permitió volver a ingresar para sacar sus cosas, perdiendo aparte de todos los enseres de sus hogares, sus útiles e incluso sus uniformes escolares.
En ese contexto, Vivienda Digna presentó un Recurso de Amparo que fue acogido, pero no así la Orden de no Innovar, que hubiese permitido detener el desalojo de inmediato. Por ende, continuando con la tramitación legal pertinente, se presentó un Recurso de Protección, con una revisión general respecto a las garantías constitucionales que fueron y siguen siendo vulneradas. Por su parte, la Gobernación Provincial envió un informe en donde niegan dichos incumplimientos; información que debe ser contrarrestada con las evidencias audiovisuales e informes de daños presentados por los pobladores, para una posterior resolución de la Corte de Apelaciones, que debiese ser emitida el viernes 30 de agosto.
En tanto la tramitación se desarrolla, y esperando que sus resultados restituyan los derechos atropellados en un desalojo apresurado, que a juicio de la directiva solo ha traído beneficios para la imagen pública de las autoridades, los distintos organismos que apoyan a los vecinos y vecinas, continúan trabajando para avanzar hacia un proyecto participativo y transparente. “Yo voy a seguir luchando y peleando por esta situación, no me voy a quedar de brazos cruzados. Sí, he perdido hartos años, pero tenemos un proyecto habitacional con el que espero lleguemos a alguna solución, aunque sea para que el día de mañana nuestros hijos tengan sus casas”, sostiene la presidenta del Comité Mamitas Antay.
En pocas palabras, lo que han sentido durante años, y que se ha incrementado en los últimos 30 días con reuniones fallidas y aplazadas, es postergación y una nula disposición por solucionar la problemática. Muy por el contrario, sienten que ha habido un refuerzo al estigma que ve la ocupación como gatillante de delincuencia, cuando a su juicio, lo es la precariedad y el abandono del Estado. “Ahora ya no soy de un campamento, soy un comité común y corriente como todos querían que fuéramos, y desde ahí voy a seguir peleando por la gente de Calama, por los allegados, por los que arriendan, por los que están contra las AFP, los trabajadores, los profesores, y por todos, porque en realidad nuestra lucha es porque sabemos que tenemos derecho a vivir dignamente”, plantea Joice, que en su rol de mujer dirigenta, tiene claro que la resistencia a un modelo de ciudad que no representa a sus habitantes, es tan urgente, como transversal.
