En el contexto de criminalización de las y los estudiantes secundarios en la comuna de Santiago por parte de la Municipalidad de Santiago, dirigida por Felipe Alessandri, la organización de derechos humanos Corporación 4 de Agosto, emite comunicado público contando los resultados positivos que han tenido defendiendo en conjunto a estudiantes y apoderados/as a algunos estudiantes procesados bajo la Ley Aula Segura.
En el marco de la movilización social que se desarrolla sobre la situación actual del sistema de educación en nuestro país, existe un foco de conflicto donde la violencia estatal ha sido especialmente intensa. Durante los últimos años, la movilización que sostienen los y las estudiantes secundarios de los liceos públicos de la comuna de Santiago Centro ha sido objeto de una sostenida e intensa política represiva dirigida en su contra.
La actitud intransigente con que las autoridades políticas han enfrentado las demandas estudiantiles ha dado lugar a un conjunto de acciones dirigidas en contra de las Comunidades Educativas que integran los establecimientos educacionales dependientes del Estado. Estos actos buscan desactivar la movilización mediante el castigo indiscriminado, la amenaza e intimidación a las bases estudiantiles y sus familias. En particular, la Ley Aula segura ha incorporado un nuevo método represivo: la expulsión o cancelación de la matrícula a estudiantes de forma indiscriminada e injusta.
En el Instituto Nacional se concentra una gran cantidad de procesos sancionatorios dirigidos contra estudiantes que se ven expuestos a las más graves sanciones luego de ser detenidos arbitrariamente por Fuerzas Especiales de Carabineros. De los más de setenta casos iniciados, son muchas las familias que no logran contactar con las redes de apoyo y solidaridad activas hace varias semanas y que han demostrado su utilidad y pertinencia.
La intención del Centro de Padres A-0 de brindar orientación y asistencia a los madres y padres cuyos hijos están pasando por procesos disciplinarios ha logrado crear herramientas de asesoría y acompañamiento efectivos para enfrentar dichos procedimientos y revertir las sanciones impuestas. A modo de ejemplo, el trabajo coordinado de esta Corporación y otros agentes especializados logró revocar la expulsión de un estudiante de tercero medio del establecimiento, quien desde hoy se ha reintegrado a sus actividades escolares con normalidad. El aprendizaje para su madre, Claudia Hernández, ha sido claro: Solo puedo decir que hoy se ha absuelto a nuestro hijo dejando a la luz la injusticia y proceso irregular al que fue sometido y criminalizado. Todo bajo el amparo de leyes como aula segura que lo único que buscan es acallar los movimientos sociales, amedrentar y criminalizar.
Esta experiencia nos enseña algunas cosas. En primer lugar, la importancia de una comprensión integral de estas situaciones, donde se reconozca que las políticas represivas producen el único efecto de dañar a las Comunidades Educativas en sus aspectos más íntimos. Además, muestra cuáles son las funciones centrales que deben asumir los centros de organización de Madres, Padres y Apoderados de los establecimientos que están siendo objeto de constantes agresiones desde distintos frentes. Por último, nos invita a reconocer la importancia de las redes de solidaridad y colaboración que se levantan desde distintas organizaciones sociales y comunitarias frente a los distintos conflictos que amenazan la integridad de nuestro pueblo.
¡ Hasta que la dignidad se haga costumbre !
