Catalina Figueroa y Carolina Sepúlveda
Estamos cerca de cumplir 2 años desde aquel histórico 21 de agosto de 2017 en que el Tribunal Constitucional le dio luz verde al proyecto de ley que despenalizaba la interrupción voluntaria del embarazo en 3 causales; una ley que, aunque completamente insuficiente, fue sin duda una pequeña alegría y triunfo para las miles de mujeres que desde hace ya décadas se han organizado para terminar con la prohibición absoluta del aborto que fue impuesta por la dictadura, y para demandar el reconocimiento de nuestro derecho a decidir sobre nuestros cuerpos. Sin embargo, hemos visto que la ley no sólo resultó ser insuficiente por permitir la interrupción del embarazo en 3 muy limitadas causales, sino que también su implementación ha sido muy deficiente, demostrando así el fracaso de la ley en sí, como también el fracaso del sistema de salud chileno.
Durante este primer año de implementación de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), lo que hemos visto no es un avance sustantivo en la protección de los derechos de las mujeres, sino más bien, hemos visto desplegado -con nuevas formas- el conservadurismo, machismo y precariedad de todo un sistema de salud. Muestra clara de aquello, es el hecho de que el 50% de los médicos de los servicios de salud pública se declararon objetores de conciencia en la causal de violación. Por otra parte, es necesario mencionar la falta de capacitación y formación de las personas que deben prestar información y acompañamiento a las mujeres que abortan, quedando de manifiesto al haber escuchado los relatos de mujeres que han decidido acceder a un aborto mediante la infraestructura que ofrece la ley actual. Además de una completa precariedad y violencia del sistema de salud pública, que a pesar de la existencia de esta ley no le asegura a las mujeres que tendrán un acceso real y seguro al aborto. Sabemos que existen ciudades, como en Osorno, en que el total de los médicos del hospital público se declararon objetores de conciencia; sabemos que gran parte de las mujeres que deciden abortar por alguna de estas causales tienen nula información y guía por parte del personal médico del hospital; sabemos que hay niñas violadas que no pueden acogerse a la ley porque se vence el plazo de 12 semanas al no haber médicos disponibles en su región; sabemos que las mujeres que abortan son muchísimas veces juzgadas y maltratadas durante el proceso; y, por supuesto, sabemos que hay cientos de miles de mujeres que año a año siguen abortando en la clandestinidad. Esto ha sido constatado por el Informe de Monitoreo Social que realizó la Mesa de Acción por el Aborto en Chile (2019), en que se concluyó claramente que la atención en los establecimientos observados en el monitoreo está lejos de los estándares establecidos por la propia ley, y que existe una ausencia de una política pública destinada a asegurar el acceso informado y efectivo al aborto[1].
Por todo eso, las feministas no hemos dado ni un solo paso atrás en nuestra lucha por un aborto libre, legal, seguro y gratuito, lucha que conmemoramos nuevamente este jueves 25 de julio. Porque nuestra demanda por el aborto libre es una reivindicación por el derecho a decidir sobre nuestros cuerpos y nuestras vidas, sí, pero también es una demanda por un sistema de salud digna y libre de violencia. Todo centro de salud es un espacio en donde nuestra vida se reproduce, en donde las personas van a sanarse y no así dejar de ser personas productivas, estos espacios de reproducción son los que permiten que el capital siga existiendo y avanzando en la forma en la que avanza. Estos lugares continúan desarrollando las formas en que pensamos, cuidamos y vivimos, y deben ser lugares centrales para la lucha por una sociedad distinta. Hoy, casi ninguna mujer tiene acceso real y efectivo a un aborto en condiciones óptimas, con personal capacitado que pueda acompañarla y no juzgarla, sin importar su ciudad de residencia, su nivel socioeconómico o su nacionalidad. Porque hoy ni las mujeres ni el pueblo en su conjunto, acceden a un sistema de salud que no los violente en cada visita o en cada examen que demora años en llegar. Para las mujeres pobres será aún más complejo, porque a pesar de la existencia de esta ley, muchas siguen abortando en la ilegalidad en condiciones sumamente riesgosas para su integridad física y psíquica o, incluso abortando legalmente bajo alguna de las 3 causales, se ven enfrentadas a la precariedad y violencia de la salud pública.
Pero este 25 de julio no sólo salimos a las calles a alzar la voz por el aborto libre y legal, sino que también lo hacemos en conmemoración del Día Internacional de la Mujer Negra Latinoamericana y Caribeña, para reconocer y unirnos en la lucha de las mujeres afrodescendientes en Chile, con quienes vamos construyendo un camino de lucha que es cada vez más grande, fuerte y convocante. Hoy más que nunca es esencial entrelazar la lucha por el aborto libre con la lucha antirracista, porque sabemos que actualmente son las mujeres pobres, migrantes y racializadas quienes sufren con mayor dureza la crueldad del racismo institucional y de las políticas precarizadoras de la derecha racista, conservadora y misógina que avanza por Latinoamérica imponiendo la miseria sobre los cuerpos y las vidas de las mujeres. Ejemplo de aquello es la situación particularmente precaria en la que se encuentran las mujeres migrantes, especialmente las racializadas, que desean abortar y terminan haciéndolo en la clandestinidad, en condiciones terriblemente riesgosas. Abortar en un país donde no naciste -particularmente en Chile donde avanza una política anti-migración-, es un miedo constante e inevitable porque lleva aparejada una precariedad aún mayor, y junto con ello, la amenaza de la deportación. Y no solo significa una dificultad para quien aborta, sino que también implica miedo y riesgo para quien acompaña a la mujer que lo realiza. Otra dificultad aparece en el acceso a la salud, donde la violencia y el racismo son constantes y no permiten generar ningún lazo de confianza con quienes debieran acompañarte. Ser inmigrante en Chile no sólo constituye una negación de derechos básicos, sino que también dificulta la generación de redes de apoyo, fundamentales para el desarrollo de la vida.
Nuestra bandera este 25 de julio es, entonces, una reivindicación no sólo por la libertad para decidir si queremos o no abortar, sino que es una demanda de transformación de todo el sistema capitalista patriarcal. Hoy más que nunca la derecha conservadora avanza rauda por Latinoamérica; las elecciones en Brasil, Argentina, Perú y un largo etcétera, demuestran cómo las políticas privatizadoras que favorecen sólo a los poderosos ganan terreno y continúan precarizando las vidas de la clase trabajadora. Son estas mismas derechas, las que al llegar al poder comienzan reduciendo o eliminando derechos para los que consideran «minorías», siendo mujeres, disidencias sexuales e inmigrantes el foco central de sus políticas conservadoras. Por ejemplo, El Salvador, Honduras y Nicaragua son países en los que el aborto fue legal durante los años 90, pero las campañas conservadoras que venían desde el Vaticano, los partidos de derecha y las iglesias locales permitieron derogar estas legislaciones e imponer leyes que aumentaban las penas para quienes abortaban e incluían a quienes ayudaban a hacer estos procedimientos[2]. Después de que en el año 1996 las mujeres salvadoreñas podían abortar, hoy arriesgan casi 30 años de cárcel por asesinato. En Chile no es distinto, el gobierno de Piñera ha logrado restringir lo máximo posible la implementación de la ley IVE, a través de un reglamento que extiende la objeción de conciencia a todo el personal médico, y con una completa pasividad del Ministerio de Salud respecto a este tema. En cuanto a políticas migratorias, han tenido un desarrollo similar, llevando a cabo miles de deportaciones y restringiendo las posibilidades para algunos y algunas inmigrantes, particularmente haitianos y haitianas, demostrando una política claramente racista y discriminatoria.
El reconocimiento que hoy debe tener el aborto es su posición estratégica en la lucha contra el sistema capitalista patriarcal, lo cual lo convierte en un blanco seguro para los gobiernos de derecha. Son los cuerpos de las mujeres los que primero reciben los golpes de la precarización, más aún las mujeres migrantes y racializadas. Somos por tanto las que hoy, en este escenario neoliberal desgarrador, hemos logrado levantar la voz y unirnos en grandes movilizaciones como el 8 de marzo, las concentraciones contra la violencia y feminicidios, la educación no sexista y las marchas y pañuelazos por el aborto. La tarea es continuar articulándonos, como lo hemos hecho hasta ahora, continuar profundizando nuestras críticas y demandas, desarrollar el feminismo en todo el movimiento social y avanzar a un mañana que no continúe condenando nuestra existencia.
[1] Mesa Acción por el Aborto en Chile (2019), Informe de Monitoreo Social. Implementación de la ley de interrupción del embarazo en tres causales, 49.
[2] Lamas, M. (2007). Género, desarrollo y feminismo en América Latina. Pensamiento Iberoamericano 11(30), 133-152
Fotografías de Moreen Ramos (morita) y Colectivo Kintu.
