La lucha por la vivienda digna en los Macro-Campamentos de Antofagasta

Por Javier Pineda Olcay

No tenemos miedo al desalojo. Nos quedaremos a vivir aquí” afirma Verónica, una de las liderezas del Macro-Campamento Balmaceda. Los tiempos de miedo pasaron y la lucha por la radicación no tiene vuelta atrás.

Hace más de tres años, miles de familias comenzaron a tomarse terrenos en el “borde-cerro” y construir sus casas. Las lluvias anómalas a fines de marzo del 2015, sumadas a los carísimos arriendos en la ciudad de Antofagasta, forzaron a que miles de familias perdieran el miedo y decidieran construir sus propias casas, buscando un espacio digno donde vivir.

Los prejuicios propios fueron quedando atrás. “Yo pensaba que los campamentos no eran para personas trabajadoras como uno”, nos relata Marcelo, uno de los dirigentes del Macro-Campamento Arenales. Sin embargo, la escasez de arriendos en la ciudad lo forzó a buscar una alternativa para vivir. Un amigo le comentó que se estaban tomando terrenos donde terminaba la población Arenales. Al principio sentía desconfianza y dudas sobre tomarse un terreno. Pero la necesidad lo hizo decidirse.

Similar historia enfrentó Verónica, a un par de kilómetros de ahí. “Tenía un miedo muy grande”, nos relató. Al principio no tenían nada. Sólo un par de tablas que delineaban lo que sería su futura casa. Sin luz, sin agua, sin techo, sin baño. Días a pleno sol. Nada de ello disminuyó sus fuerzas y a pulso, con “trabajo de hormigas” como le llama ella, levantó su casa.

En esos primeros días conocería a Charito, su vecina. Ambas de nacionalidad boliviana, quienes vinieron a buscar a Chile un mejor porvenir. La hija de Charito daría luz al primer nacido en el Campamento, hace cuatro años y medio. La solidaridad entre las personas del campamento comenzó a florecer, a pesar del desierto donde cimentaban sus casas. La aridez de la tierra no penetraría en sus caracteres, llanos a colaborar entre ellos, aunque como en toda comunidad, también tendrían sus conflictos.

Las primeras semanas fueron las más duras. Tuvieron que pagar sumas excesivas por el flete de agua que llegaba en una camioneta hasta el campamento, ubicado en plena Cordillera de la Costa. La construcción de los pozos sépticos constituyó un gran logro. Mejor suerte tendrían en Arenales, quienes podían utilizar el baño del CESFAM que se ubicaba al final de la población vecina al campamento. Las primeras casas de este campamento son del año 2013, pero más del 70% de las familias llegarían el año 2015.

La luz y el agua potable eran las grandes necesidades de las familias del campamento. Ambas utilizarían el mismo mecanismo: pinchar las cañerías para el alcantarrillado y acceso al agua potable; y colgarse del cableado eléctrico. “Nosotros queremos pagar la luz, pero la empresa eléctrica no nos deja”, comentó Verónica. Como no viven en zona urbanizada, las empresas de agua y luz se niegan a brindarles el servicio. En el caso de la luz, decenas de veces acudieron los Carabineros para poner fin al “cuelgue”. Sin embargo, la persistencia agotó a la compañía eléctrica, quienes han cedido frente a los pobladores. Lo mismo ocurrió con la empresa sanitaria, quien tendría que dar vuelta la mitad de la Cordillera de la Costa para identificar los puntos donde sacan agua.

Superados los accesos a luz y agua potable la construcción comienza a desarrollarse con más fuerza. Antofagasta es la segunda zona con más campamentos en Chile, después de Santiago. Miles de familias viven hoy en los Macro-Campamentos de Balmaceda, Arenales, René Schneider y Villa Constancia, replicando al histórico Campamento de La Chimba, construido en los años 90.

La lucha por la vivienda es la misma en estos territorios, pero cada uno tiene sus particularidades. En el Macro-Campamento Balmaceda, compuesto por más de 1.600 familias, tienen una lucha que no sólo es por la vivienda, sino que también en contra del desalojo. Sobre más de 100 casas del campamento pasan torres eléctricas de alta tensión. En virtud de ello, las empresas de transmisión eléctrica (Engie, Transelec y Eleca/Transemel) han encontrado la excusa perfecta para querer desalojarlos.

Sin mediar estudio alguno, han declarado la zona como de “alta riesgo”, sugiriendo trasladarlos a “barrios transitorios” en La Chimba, reducto del cura Felipe Berríos. A diferencia de la opinión pública generalizada, la opinión en los campamentos sobre el cura Berríos no es la mejor. Su rol en los campamentos se realiza a través de una Fundación con la cual contiene el conflicto de los pobladores y aprovecha de aumentar su poderío en la zona, quitándoles autonomía a los pobladores/as sobre las decisiones. El Barrio Transitorio no cuenta con autoridades democráticas y es administrada de manera arbitraria por Berríos y su Fundación, quienes han llegado a expulsar a pobladores/as del Barrio, de forma ilegal, tal como lo declaró la propia Corte de Apelaciones de Antofagasta (Causa Rol 1018-2019) al acoger un Recurso de Protección presentada por una de las familias expulsadas.

Las amenazas de desalojo surtieron efecto. Algunas familias decidieron irse a los Barrios Transitorios en La Chimba. “Fue traumático”, señala Verónica. “Los militares recogían familias con todas sus cosas. Parecía una guerra. Las personas se iban y los niños lloraban porque no querían irse”.

“Esas casas son para que vivan perros”, nos responde cuando le preguntamos por qué no se quiso ir. Era un galpón, mucho más chico que sus casas. Sin alcantarillado ni agua potable. Lo único bonito de las casas era que estaban bien pintadas. Además, el Barrio Transitorio queda al lado del vertedero de la ciudad y se emplaza en un terreno de alto riesgo aluvial.

“Esas semanas fueron duras”, nos cuentan. Las amenazas de desalojo eran frecuentes. Pero resistieron. “Perdí el miedo”, nos dice. “Fuimos protegidas por los vecinos”. El sentimiento de comunidad se acrecentó con esta experiencia de lucha. “Siento como si fueran mis hijos”, nos señala al mirar a Brigitte con su pequeño, quienes también participan de la conversación.

La historia de Brigitte es similar. Su madre se vino desde Bolivia a buscar mejores oportunidades para su familia hace 10 años. Primero se trajo a su hermana menor, que hoy tiene 17 años. Después se vino Brigitte. Cuando llegaron arrendaban una pieza, donde pusieron tres camas. Para las lluvias de 2015 se mojó todo. Los $180.000 que pagaban de arriendo las dejaban con poca plata para comer. Así, embarazada y todo, decidió irse al campamento. Fue construyendo su casa, mientras vendía empandas bolivianas para juntar recursos para comprar los elementos de construcción. “Ahora vivimos felices en nuestras casas”, nos relata. En las piezas que arrendaban no tenían derecho a cocina, no podían hablar fuerte ni realizar vida social entre las tres camas. A pesar de vivir con más personas, ni siquiera las conocían. Ahora tienen un barrio, pueden desarrollarse en comunidad. Ni problemas de seguridad tienen, pues el control comunitario ha sido la mejor arma contra la delincuencia. Al menos ese es el escenario del Campamento Ecuachilepe que nos relatan, el cual es uno de los más de 10 campamentos que constituyen el Macro-Campamento Balmaceda. “América Unidas” fue el primero, fiel representante de la diversidad de nacionalidades que componen a las miles de familias del Macro-Campamento. Más del 70% de las personas que viven en campamentos son migrantes provenientes de otros países de la región.

En el “Macrocampamento Arenales: Rompiendo Barreras” la lucha es similar, aunque las amenazas de desalojo fueron menores, pues no tienen las torres de alta tensión sobre sus casas. No obstante, han tenido que enfrentar la criminalización por parte del Gobierno y del resto de la población. Vivir en campamento aun es estigmatizado. Pero esto no ha sido problema para que se instalen los Campamentos Eulogio Gordo; El Bosque, Desierto Florido; Los Chilenos de Villa El Sol; Unión del Norte; Rayito de Sol; Rayito Esperanza; Nuevo Amanecer Latino y Mi Ranchito.

Ambos Macro-Campamentos son parte de la Mesa Social por la Vivienda Digna y la Ciudad Justa, que se ha levantado para lograr la radicación de estos campamentos. En Antofagasta existen más de 60 campamentos, en los cuales viven más de 7.000 familias que representan más del 10% de la población total de la ciudad. El plan de lucha de esta articulación ha consistido en exigir al Estado que ceda los terrenos sobre los cuales se construyeron las casas de las familias de los campamentos, para lograr lotear y posteriormente, urbanizar esta zona. Esto permitirá regularizar la situación de propiedad y tener un acceso legal a derechos básicos como agua, luz y caminos públicos pavimentados. Para ello se requiere también la actualización de los instrumentos de planificación territorial como lo es el Plan Regulador Comunal, que tiene catalogado a la mayoría de los terrenos donde se ubican los campamentos como zonas E10, en las cuales no se puede construir por ser zonas de riesgo.

En el Macro-Campamento Arenales van más avanzados en esta línea. Se adjudicaron un fondo económico (SDI) que les permitirá financiar estudios topográficos, estudios de riesgo, entre otros, que les permitan contar con fundamentos técnicos sólidos para lograr la radicación.

Verónica, como las miles de mujeres que lideran estas tomas, están decididas a continuar con la lucha y son parte del Movimiento de Pobladores/as Vivienda Digna. Están decididas a asumir la dirigencia para lograr su objetivo. Peruanas, ecuatorianas, bolivianas, colombianas y chilenas decididas a vivir en las casas que tanto esfuerzo les ha significado construir. Asimismo, han construido una comunidad diversa, en la cual celebran las Ramadas Interculturales, Carnavales Andinos, el Inti Raymi y el Día de todos los Santos. Esta es la construcción de la Patria: la Patria de Nuestra América. 

Aunque vivamos en campamentos, queremos vivir dignamente”. La decisión es total. Nadie les quitará sus casas ni los atardeceres preciosos que ven desde sus ventanas, cuando el sol día a día se pierde en el Pacífico.

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Autor entrada: Convergencia Medios

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