La consulta indígena y las fuerzas anticapitalistas de los pueblos

Por Kanillu

El gobierno desarrolló sin éxito la primera etapa de la consulta indígena, que tiene como fondo la “modernización” de la ley 19.253 (Ley Indígena) aprobada hace 26 años en el primer gobierno de la Concertación, encabezado por Patricio Aylwin.

Se asoman dos cuestiones relevantes a la luz de este nuevo proceso: a) el carácter No Vinculante de los acuerdos previos a la creación de la Ley Indígena (1994) y del actual proceso, y b) el trasfondo del Plan Impulso en la actual consulta indígena en torno a la modificación de ésta.

Los acuerdos pisoteados

A principios de la década de los noventa no estaba incorporado el Convenio N°169 de la OIT en la legislación chilena. Esto significó que el Estado no estaba obligado a consultar a los pueblos por una legislación que les afectaría directamente. No obstante ello, en ese escenario hubo una gran participación por parte de los pueblos para plantear sus inquietudes y requerimientos ante el Estado. Sin duda, era una nueva oportunidad para cambiar el rumbo de 200 años de miseria, organización y lucha. Los diputados, senadores y ministros de Estado mapuche – como Venancio Coñuepán – no fueron suficientes para generar transformaciones significativas en favor de los pueblos indígenas.

El Pacto de Nueva Imperial (1989) nace en un contexto caótico dado por el proceso de transición desde la dictadura militar a una «democracia». Este hecho debió haber marcado “un nuevo trato” desde el Estado, la sociedad chilena y las organizaciones políticas que la componen. El Pacto incluía un apoyo electoral a la candidatura de Patricio Aylwin como Presidente de la República, a cambio que el gobierno electo tratara los atropellos y las problemáticas de los pueblos indígenas a través de los órganos del Estado.

El anteproyecto elaborado por el conjunto de pueblos indígenas en 1990, que NO ERA VINCULANTE, tenía como fundamentos los siguientes puntos:

  • La definición de pueblo
  • Protección de las tierras indígenas
  • Protección de los recursos de las tierras indígenas
  • Reconocimiento del derecho consuetudinario y la costumbre, entre otros puntos[1].

Esta Ley Indígena no contempla el reconocimiento del territorio ni la denominación de pueblos, y, materialmente, profundiza las inversiones extractivistas, tal como ha ocurrido en las últimas decadas en territorio mapuche. Ejemplos claros de esta política extractivista han sidola Central Pangue (1996) y Ralco (2004), proyectos emblemáticos que causaron la movilización del pueblo mapuche. A pesar de la protesta y de la nueva institucionalidad de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (CONADI), que se suponía un enclave que detendría tales inversiones, ésta fue desbordada y no se pudo impedir la construcción de las centrales. Estas hidroeléctricas provocaron la inundación y desplazamiento de la población mapuche de sus territorios históricamente ocupados. Esto fue uno de los tantos síntomas heredados del neoliberalismo que se seguirá repitiendo durante los últimos 20 años. Pero a diferencia de los primeros años de los gobiernos postdictatoriales, esta vez se está resistiendo, a través de la organización y lucha permanente del pueblo mapuche.

Plan Impulso – Modificación de la Ley indígena

El actual gobierno de Sebastián Piñera tiene un posicionamiento mucho más claro, a través de una política de Estado como lo es el Plan Impulso (2018), el cual tiene por medidas:

  • Avanzar en la industrialización de la Región.
  • Posicionar a la Región de La Araucanía como Destino Turístico Internacional.
  • Instrumentos para favorecer e incentivar la inversión, el desarrollo productivo, las alianzas productivas y el emprendimiento en los territorios y sectores priorizados por el Plan Impulso.

Además, hay que considerar que en la actual consulta indígena entre sus medidas más controvertidas son:

  • Eliminar la restricción de subdivisión mínima de 3 hectáreas, aplicándose las reglas generales de subdivisión.
  • Permitir mecanismos alternativos y voluntarios de reparación a los problemas de tierras indígenas.
  • Permitir que las Asociaciones Indígenas puedan ser constituidas por un mínimo de 2 integrantes.
  • Permitir que las Asociaciones Indígenas puedan postular al Fondo de Desarrollo Indígena.

Es decir, existe una clara correlación de las medidas propuestas a modificar por parte del Ejecutivo y el plan que quiere implementar para modernizar una de las regiones con mayores conflictos territoriales durante los últimos 200 años.

La respuesta estatal en los últimos 30 años ha consistido en la militarilización del Wallmapu y el hostigamiento constante hacia las organizaciones que ejercen control territorial y resistencia a los proyectos de inversión capitalista que amenazan con la destrucción del territorio. En este sentido, el Plan Impulso es una respuesta política que proviene desde el sector de derecha de la sociedad chilena para buscar disminuir las acciones de resistencia y control territorial de organizaciones y comunidades del Pueblo Mapuche.

Desde la promulgación de la Ley 19.253 tenemos diferentes programas, entre los cuales encontramos la Comisión Verdad Histórica y Nuevo Trato (2003), el Programa Orígenes, Chile Indígena. Todas estas iniciativas sólo fueron pobres e inconsistentes intentos de la Concertación por dar respuestas reales a los Pueblos Indígenas. En este sentido, es llamativo como la derecha intenta elaborar una respuesta en torno a la situación del pueblo mapuche y la nación chilena. Para esto utiliza la “paz” como herramienta política aglutinadora que tiene como fin el desarrollo económico e integración de la población mapuche a la nación chilena, y que, si bien, lo desarrolla de forma parcelada (sólo para el pueblo mapuche de La Araucanía, sin considerar otras identidades territoriales ni otros pueblos indígenas), enfocado en la inversión y productividad, mediatizado bajo el contexto del caso judicial Luchisinger Mackay, y agregando el componente de base social y organización indígena que también coopera “en un dialogo hacia la paz y el desarrollo económico”. Ejemplo de aquello son las organizaciones como ENAMA o la Confederación Económica Mapuche.

Por lo tanto, la consulta indígena no es un hecho azaroso, no es para a ganar votos en una futura candidatura, ni mucho menos para modificar sustancialmente la condición actual de los pueblos. Por el contrario, está dado bajo el escenario de confrontación, de un Comando Jungla operando en los procesos de recuperación territorial, donde existen una larga lista de fallecidos/as, entre otras situaciones de vejámenes hacia los pueblos.

Es por esto que la jugada del Gobierno es dialogar con expresiones liberales representativas del mundo mapuche  e indígena en general, prometiéndoles a cambio de abrazar el desarrollo neoliberal, la división de las tierras y su libre compraventa. Con ello se abre la puerta de entrada a una integración hacia la sociedad chilena. Esta vez, el gobierno pasa por alto el discurso racista predominante en la sociedad, para mostrar una cara amable que de paso a un acuerdo “étnico” que permita la tan anhelada unificación de la nación chilena. Esta propuesta no deja de lado la coerción como medio para contener los procesos reivindicativos de los pueblos. Más aún, esta situación se anexa el hecho que, a pesar del rechazo político de la consulta indígena, esta puede seguir su curso a partir del Decreto N° 66 del año 2014, que establece en su artículo 3° lo siguiente:

Cumplimiento del deber de Consulta. El órgano responsable deberá realizar los esfuerzos necesarios para alcanzar el acuerdo o el consentimiento de los pueblos afectados, dando cumplimiento a los principios de la consulta a través del procedimiento establecido en este reglamento. Bajo estas condiciones, se tendrá por cumplido el deber de consulta, aun cuando no resulte posible alcanzar dicho objetivo.

En resumen, las relaciones entre el Estado chileno y los pueblos indígenas, han sido  mediante diversos instrumentos políticos que intentan generar cambios en base a decisiones No Vinculantes.

Ante ello, existe una respuesta: la profundización de la protesta y del proyecto del pueblo mapuche. Asimismo, se observa una fuerte cohesión entre las expresiones políticas mapuche y de los pueblos indígenas en su conjunto, lo cual no deja de ser interesante en este periodo, en tanto se ha sentido una sola voz exclamando: “La tierra no se vende, se defiende”.

Por último, se han realizado movilizaciones en los diferentes territorios en contra de la consulta indígena y que, en estas últimas semanas se han ido acrecentando tanto en su masividad como en las acciones que se han llevado a cabo desde el gran Altiplano y en todo Wallmapu.

Enlaces entre los pueblos

Este pequeño recorrido histórico en torno a la modificación de la Ley Indígena no es casual. No consiste en solo visibilizar el hecho de que hay puntos de enlaces bastantes claros con la sociedad chilena y las organizaciones políticas que la componen. Asimismo, se expresa con mayor claridad la relación colonial que existe actualmente por parte del Estado con los pueblos indígenas, cuestión que NO es particular de este territorio, sino que se expresa en todo el continente. Teniendo eso en cuenta, entonces: ¿qué opinamos? ¿Qué hacemos?

En este sentido, las fuerzas políticas chilenas son algo a considerar, en todo este entramado, sin embargo, son estas mismas organizaciones quienes conforman la nación chilena que potencian algunos u otros valores para sus propósitos. Este cuestionamiento vendría a colocar varias interrogantes, ¿cuál es la posición de la izquierda-anticapitalista en estos procesos?, ¿cómo puede ir más allá de un rechazo a una medida neoliberal?, ¿existe una mirada histórica sobre las relaciones entre pueblo chileno e indígenas?, ¿existe una mirada histórica entre organizaciones políticas chilenas e indígenas?, ¿cómo poder hacer acciones solidarias efectivas con los pueblos hermanos?

Las organizaciones políticas chilenas que se planteen como anticapitalistas debieran tomar una postura clara en torno a estos procesos. Si bien queda de manifiesto que afecta directamente a los pueblos hermanos, estas medidas propuestas por el gobierno – como ya se ha dicho reiteradamente – son un intento por acabar con lo poco que va quedando de territorio y recursos, que van a parar al negocio extractivista y al capital. Por otro lado, allanan la posibilidad de un entendimiento definitivo entre los pueblos y dejar atrás la sombras del colonialismo y la subordinación racial en los diferentes ámbitos de la vida.

[1] Comisión Especial de Pueblos indígenas (1990) Borrador Nueva Ley Indígena. Chile.

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Autor entrada: Convergencia Medios

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