Por Convergencia 2 de Abril
Sebastián Piñera tiene por objetivo transformarse en el Presidente de Chile que encabece una “Segunda Transición”. Esta tendría por objeto superar la desgastada transición de postdictadura, planteando un nuevo consenso del bloque del poder que logre sacar la economía chilena de un proceso de ralentización mientras que contenga el conflicto que se hace más latente en distintas expresiones de la clase trabajadora en un sentido amplio.
Esta propuesta podemos caracterizarla como una ofensiva del empresariado, que luego de triunfar en las elecciones presidenciales de 2017, se siente con la fuerza para implementar reformas que profundicen el sistema neoliberal en nuestro país, a pesar de las señales de fisura que ha registrado y su incapacidad para cumplir con sus promesas de ascenso social y avances hacia el “desarrollo”.
En este periodo político, el bloque en el poder muestra cohesión en su proyecto estratégico, sin embargo, se han evidenciado diferencias tácticas sobre temas de desarrollo social, “agenda valórica” y el conflicto entre el Estado chileno y el Pueblo Mapuche. Sumado a ello, más de un año después, el Gobierno de Sebastián Piñera no logra instalarse como quería. A pesar de que en este segundo mandato llegaban con más experiencia sobre cómo gobernar, el control sobre la agenda pública que tuvieron durante el año 2018 no se ha vuelto a ver desde la coyuntura abierta con el asesinato cobarde de Camilo Catrillanca. Las encuestas, que tanto gustan al Gobierno, lo muestran en su peor momento de su segundo mandato y la tendencia será a mantenerse en este estado producto de su imposibilidad por mejorar las condiciones de vida de millones de personas en nuestro país.
I
Los primeros minutos: control de la agenda sin oposición social ni política
Al asumir por segunda vez como Presidente de Chile el 11 de marzo de 2018, Sebastián Piñera, anunció cinco Grandes Acuerdos Nacionales sobre Infancia, Salud, Seguridad, Paz en La Araucanía y fin a la pobreza, como la Agenda que marcaría en el autodenominado segundo gobierno de Transición, proyectando un gobierno de acuerdos y consensos. Esta jugada le permitió tensar a la oposición parlamentaria representada por la ex Nueva Mayoría y el Frente Amplio, quienes sufrieron disputas internas para decidir si participarían o no en las discusiones prelegislativas sobre estas materias.
Un actor fundamental para el Gobierno en la implementación de su agenda política es el empresariado. Este impulsaba con energía su agenda basada en tres puntos claves: (i) aumento del crecimiento, mediante políticas que facilitaran la inversión a través de la celeridad en los proyectos de inversión presentados y a mediano plazo una modificación del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental; (ii) una Reforma Laboral que flexibilice la jornada de trabajo y “dinamice” el mercado laboral eliminando o reduciendo la indemnización por años de servicio; (iii) Paz en la Araucanía, mediante la militarización de las comunidades conflictivas y proyectos de inversión que les permitan engordar el bolsillo.
En la instalación del Gobierno, el empresariado anunció mayores inversiones y corría un aire de un aumento exponencial de las tasas de crecimiento respecto a lo ocurrido en el gobierno de Michelle Bachelet. En los Ministerios de Hacienda y de Economía se instalaban dos conocidos del empresariado: Felipe Larraín y José Antonio Valente.
En cuanto a la crisis de Carabineros producto de los casos de corrupción y la fracasada Operación Huracán, solicitaron la renuncia de Bruno Villalobos, nombrando a Hermes Soto como nuevo General Director de Carabineros. Asimismo, se anunciaba un proyecto de ley que modificaría a las Policías. Los casos de corrupción del Ejército aún se mantendrían en vela y no levantarían mucho polvo.
Esta instalación con personas que trabajaron en el primer Gobierno de Piñera auguraba que no cometerían los mismos errores. Las nuevas contrataciones en la Administración Pública, a diferencia de lo ocurrido en el primer gobierno, ya no provendrían de las empresas, sino que serían principalmente operadores en los Municipios e hijos de militantes de Chile Vamos. Aún así, el espíritu exitista ya proyectaba a lo menos ocho años en el Gobierno.
Por su parte, la oposición institucional no existía – ni ha existido – como un actor relevante. La Nueva Mayoría dejó de existir, dividiéndose en tres bloques: (i) un eje Demócrata Cristiano y del Partido Radical que termina apoyando en varios proyectos al Gobierno, sobre todo en la Cámara de Diputados; (ii) el Partido Socialista y el PPD, quienes con el PR conformaron la Convergencia Progresista, proyecto que no alcanzaría el año de vida, pues no tenían ningún punto en común más allá de pertenecer a la escuálida Internacional Socialista; (iii) el Partido Comunista, quien ha sumado a los regionalistas y al PRO, que a pesar de las críticas que recibe desde la ex Nueva Mayoría insiste en una política de unidad en torno al “todos contra la derecha”, transformándose en un puente con el Frente Amplio.
En el caso del Frente Amplio su instalación en el Congreso hasta hoy les genera problemas internos. Lejos de la unidad del conglomerado, se han distinguido diferencias que incluso afectan a los mismos partidos, como lo ha sido el caso de Revolución Democrática. En este referente podemos encontrar posiciones que no se encuentran lejos del Gobierno en materias de política internacional y económicas (situación en Venezuela y aprobación de Tratados de Libre Comercio, como ocurre con el Partido Liberal y sectores de RD); posiciones cercanas a la ex Nueva Mayoría (Revolución Democrática, Partido Comunes y sectores de Convergencia Social); posiciones sin base social, pero más distanciadas de la ex Nueva Mayoría (Partido Humanista y Partido Ecologista Verde); y un sector de izquierda, pero marginado de la política institucional (Pueblo Libre, Partido Igualdad, entre otras organizaciones más pequeñas). La mayor tensión estará en Convergencia Social, partido que puede reforzar la izquierda del Frente Amplio o bien transformarse en una alternativa meramente electoral a RD.
El arma fundamental de la oposición en el plano institucional es la aparente mayoría que tienen en el Congreso. Sin embargo, esta oposición no ha existido en la práctica. Sebastián Piñera ha terminado aprobando sus proyectos insignes a través del denominado “pirquineo” de diputados y senadores de la Democracia Cristiana y del Partido Radical, como lo hicieron con el proyecto de Aula Segura. Este mecanismo se ha profundizado en las últimas tramitaciones de proyectos de ley, donde lisa y llanamente las bancadas del PR y la DC han decidido apoyar al Gobierno en la Cámara de Diputados, incluyendo al Presidente de la Cámara, Iván Flores, quien fue puesto ahí por la ex Nueva Mayoría y el Frente Amplio.
La única fuerza que desordenaría la Agenda del Gobierno, pero sin ponerlo en mayores complicaciones fueron las tomas feministas en distintos establecimientos educacionales del país. El movimiento feminista estudiantil ocupó distintas facultades y universidades denunciando casos de acoso sexual y desigualdades de género al interior de los establecimientos educacionales. Al menos mediáticamente, el Gobierno a través de la Ministra de la Mujer y Equidad de Género, Isabel Plá, salió a contener el conflicto anunciando una Agenda de la Mujer, donde logró sumar a toda la oposición parlamentaria, incluyendo a diputadas comunistas. Luego, de esto, no se pudo articular a nivel nacional y la mayoría de las tomas terminaron en conflictos internos con las autoridades universitarias y de Liceos con disímiles resultados. No obstante, esta movilización le pasaría la cuenta al Ministro de Educación, Gerardo Varela, quien luego de evidenciar su machismo ante los medios de comunicación terminó renunciando y siendo reemplazado por Marcela Cubillos.
El Gobierno en estos meses posicionó su Agenda Pública, presentando distintos proyectos de Ley que iban en línea a los Grandes Acuerdos Nacionales. En materia de Infancia presentó el proyecto que modifica al SENAME y que instala la figura de las residenciales. En salud, presentó el proyecto de “FONASA Plus” que tiene por eje aumentar la privatización del sistema y la desigualdad existente en esta materia. En cuanto al “fin a la pobreza” no hay ninguna medida sustancial, más allá de los cuestionamientos a la metodología del INE para sus cálculos.
En seguridad, más allá del discurso grandilocuente sobre fin a la delincuencia, presentarían proyectos de criminalización de la juventud. El primero fue Aula Segura, que contando con el apoyo de sectores de la ex NM en el Congreso, terminó siendo una ley que permite la expulsión de estudiantes secundarios movilizados. En la misma línea, se presentó el proyecto de ley que permite el control preventivo de identidad a menores de edad, teniendo por objeto legalizar una práctica que ya realiza Carabineros y la PDI (según la propia información aportada por estas instituciones habrían realizado más de 70.000 controles de identidad a menores de edad desde la implementación de la Ley de Control Preventivo de Identidad). Además, presentaron el proyecto de “Antiportonazos” que aumenta las penas para el robo de autos, el cual fue aprobado por la ex NM y Chile Vamos en el Congreso.
En cuanto a la Paz en La Araucanía, el Ministro estrella con intenciones presenciales y ex Presidente de la CPC, Alfredo Moreno, fue el encargado de esta difícil misión. La apuesta en este sentido fue aplicar la política de la zanahoria y el garrote. Mientras se militarizaban las comunidades mapuches en la misma línea de los Gobiernos anteriores, Alfredo Moreno mostraba la mejor cara, invitando a dialogar a comunidades y autoridades ancestrales, incluyendo a ex militantes de la CAM como Aniceto Norín y Víctor Ancalaf. Estos diálogos también incluyeron al empresariado liderados por el clan Matte, uno de los principales responsables del despojo de tierra a comunidades mapuche. Esto dio origen al Plan Impulso Araucanía, que tenía por objeto aumentar las inversiones en la zona, pero también modificar la Ley Indígena para facilitar la privatización de las tierras indígenas. Sin embargo, esta política fracasaría con el asesinato del weichafe Camilo Catrillanca y sólo acabaría agudizando el conflicto.
II
Pérdida de la Agenda: el auto-gol con remontada social
El 24 de septiembre de 2018 será una fecha clave para todo el periodo del segundo gobierno de Piñera. Ese día, cobardemente, Carabineros asesinaba al weichafe Camilo Catrillanca. El Gobierno, sin mediar confirmación alguna de la información, avalaría el montaje realizado por Carabineros para encubrir el asesinato. Pero la verdad asomaría, develando la patética acción política del Gobierno, lo cual le terminará costando la cabeza al Intendente de La Araucanía, Luis Mayol, y al General Director de Carabineros Hermes Soto. El caso también salpicaría a Andrés Chadwick, quien se vio entre las cuerdas, pero fue salvado por la misma Nueva Mayoría que se negó a realizar la acusación constitucional.
El montaje siguió mostrando la putrefacción de Carabineros de Chile, institución corrupta desde la base hasta la Alta Oficialidad. El encubrimiento del asesinato habría sido planificado desde los Altos Mandos de Carabineros, contando con la complicidad de Andrés Chadwick y Rodrigo Ubilla.
Las movilizaciones en repudio al asesinato de Catrillanca se realizaron en distintas ciudades del país, incluyendo grandes niveles de combatividad en las ciudades como Santiago, Concepción y Temuco, pero también grandes niveles de masividad y combatividad en el Wallmapu, donde se cortaron carreteras y caminos rurales, se recuperaron tierras y se realizaron acciones de hostigamiento a empresas forestales y a Carabineros.
El Plan Impulso Araucanía y el rol de mediador de Alfredo Moreno sería desplazado por la lucha de las comunidades. Finalmente, la lápida a esta política será puesta en los rechazos a la consulta indígena promovida por el Gobierno para modificar la Ley Indígena. En los meses de mayo y junio está siendo votada esta materia en las distintas comunas del país, donde ha sido unánimemente rechazada. Lejos de la Paz espuria del Gobierno, el espíritu por la recuperación territorial y la autonomía y libredeterminación del pueblo Mapuche reina en el Wallmapu.
Una segunda movilización que cambió la Agenda del Gobierno fue la levantada por el Movimiento Feminista el 8 de Marzo, en el contexto del Día Internacional de la Mujer Trabajadora. De un rechazo a la huelga y a la marcha, el Gobierno se vio obligado a reconocer la movilización de más de medio millón de mujeres en 60 ciudades de todo el país. Esta fuerza del movimiento feminista no sólo se vio en las calles, sino también en el programa que han levantado, donde se ha comenzado a realizar una síntesis de distintas luchas de nuestro pueblo, transformándose en un actor fundamental para articular la oposición social contra el Gobierno de Sebastián Piñera.
III
Retorna la Agenda Clásica del empresariado y de subordinación imperial
La pérdida de solidez por el gobierno producto del asesinato a Camilo Catrillanca revivió al movimiento social y popular, a pesar de la condescendencia institucional que han tenido grandes sectores de la supuesta oposición parlamentaria.
Las encuestas, a partir del asesinato de Catrillanca, han mostrado un sostenido rechazo al Gobierno de Piñera, sin que esto sea capitalizado por la oposición. Por ello, el Gobierno renunció a los grandes acuerdos nacionales y a la Segunda Transición, aunque mantenga el discurso mediático, tratando simplemente de implementar su agenda clásica que privilegia los intereses de los empresarios, su principal base de apoyo.
En este sentido, la centralidad de la Agenda este primer semestre ha estado marcada por los Proyectos de Ley que establecen la Reforma Previsional, la Reforma Tributaria, la Reforma Laboral y la Reforma a la Salud.
Sobre la Reforma Previsional el gobierno presentó una propuesta que tiene por eje aumentar los recursos administrados por las AFP y un aumento espurio a la Pensión Básica Solidaria, que no se traducirá en un aumento real para las pensiones. Para aprobar la idea de legislar esta Reforma, el Gobierno realizó un acuerdo con las bancadas de la DC y el PR en la Cámara de Diputados, en la cual se comprometió que el aumento de la cotización obligatoria sea administrado por un ente estatal, tal como lo contemplaba la Reforma Previsional presentada por el Gobierno de Michelle Bachelet.
Tal como lo ha planteado la Coordinadora Nacional de Trabajadores/as No+AFP esta reforma no soluciona el problema de las pensiones en nuestro país, toda vez que mantiene el sistema de capitalización individual, lo cual condena a las y los pensionados a pensiones de miseria que en su mayoría seguirán ubicándose bajo el salario mínimo. Por el contrario, el Movimiento No+AFP, ha planteado una propuesta viable que instaura un Nuevo Sistema de Pensiones de Reparto, Solidario y Tripartito, que contempla que ninguna pensión sea inferior al salario mínimo y estableciendo tasas de reemplazo mucho mayores a las del sistema actual. Esta propuesta se cristalizó en una Iniciativa Popular de Ley, en cuyo proceso participaron más de un millón de personas en la aprobación de sus pilares fundamentales (Plebiscito) y más de 20.000 personas en su discusión.
Lamentablemente, las últimas convocatorias no han tenido tanta masividad como las del año 2016 y 2017, sin embargo, tienen la capacidad de desarrollarse coordinadamente en distintas ciudades del país y tiene la potencialidad de volver a movilizar en caso de coyunturas relacionadas con pensiones. Asimismo, en este 30 de mayo propició la articulación entre distintos sectores del pueblo, como estudiantes, pobladores y trabajadores.
Sobre la Reforma Tributaria, esta tiene por objeto reducir el pago de impuestos de los empresarios. Para esto, eliminará el sistema tributario semi-integrado, manteniendo sólo el régimen integrado en materia tributaria, lo cual permitirá que los empresarios descuenten del pago de sus impuestos personales todo lo pagado a través de sus empresas. Una medida que sólo beneficiará al 1% más rico y que reducirá el presupuesto público del Estado. Como contrapartida, las Asociaciones de Funcionarios del Servicio de Impuestos Internos han iniciado la campaña #NoTePasenGatoPorLiebre, donde pretenden informar sobre el impacto que tendrá en las arcas fiscales esta disminución de impuestos a los ricos. Sin embargo, no se ha cuestionado la estructura tributaria de nuestro país, la cual es parte del entramado jurídico que permite grandes desigualdades.
Sobre la Reforma a la Salud, el “Gran Acuerdo por la Salud” tiene una propuesta que se ha denominado “FONASA Plus”, medida que pretende segmentar aún más el derecho a la salud y mantiene la transferencia de los recursos públicos al sistema privado de Salud. Como contrapartida a esta propuesta, gremios de la salud y movimientos sociales por el derecho a la salud se han movilizado para poner fin a este sistema que beneficia a los mercaderes de la salud, en desmedro de garantizar el derecho a la salud.
Sobre la Reforma Laboral, el Gobierno ha anunciados dos objetivos principales. El primero afecta al derecho colectivo del trabajo, reformando la Reforma Laboral de Bachelet ampliando la definición de servicios mínimos, reponiendo el reemplazo en huelga y la regulación sobre los grupos negociadores. En segundo lugar, pretende realizar reformas sobre la jornada de trabajo, flexibilizándola al máximo en beneficio de los empresarios y eliminando derechos básicos como a una jornada máxima de trabajo diaria y semanal. Esta propuesta ya fue presentada y encuentra a la clase trabajadora en un momento de desarticulación y fragmentación, sin capacidad de convocatoria. De todas formas, varios sindicatos han comenzado una ofensiva mediática y formativa en contra de la Reforma Laboral de Piñera, lo cual deberá traducirse en acciones concretas para impedir su aprobación.
Finalmente, ante la baja del Gobierno a nivel nacional, a principios de año y hasta el día de hoy, han puesto la política internacional como un elemento importante en la política nacional, sobre todo respecto a la situación de Venezuela, donde Piñera ha tratado de posicionarse como un líder en la escala regional. Desde el 10 de enero de 2019, la centralidad de la agenda internacional ha estado puesta en la situación venezolana, asumiendo el Gobierno de Chile un rol de subordinación respecto a los mandatos desde Estados Unidos. Así partieron reconociendo – por Twitter – a Juan Guaidó como Presidente Encargado de la República Bolivariana de Venezuela, infringiendo una serie de disposiciones propias del derecho internacional. Acto seguido, Piñera se sumó al show de Guaidó y Almagro (OEA) en Cúcuta planteando el ingreso de “ayuda humanitaria” a Venezuela desde Colombia, que terminó con un rotundo fracaso. Mientras se desarrollaban estas acciones, Chile apostaba por el Grupo de Lima como articulador de la política internacional contra Venezuela, debido al fracaso que sufrieron en la OEA, mientras a la vez, Piñera anunciaba la creación de Prosur, espacio regional que pretendía reemplazar a Unasur. Ninguna de estas acciones tuvo el éxito esperado, y cuando las amenazas de intervención militar por parte de Estados Unidos parecieron adquirir mayor seriedad, mientras que el Gobierno legítimo de Nicolás Maduro resistía al bloqueo económico y mediático, el Gobierno de Piñera dejó de insistir con la misma fuerza.
Además de lo anterior, en materia internacional Chile se ha visto en una situación compleja ante la “guerra comercial” entre China y Estados Unidos. En la visita oficial a China, Piñera prefirió a este país, por sobre los mandatos de Estados Unidos que le pedían que no visitara la empresa Huawei, la cual ha sido el punto caliente este año producto de la disputa internacional por la implementación de la tecnología 5G, elemento clave para desarrollar la llamada Internet de las Cosas y la Revolución Industrial 4.0. No obstante lo anterior, Chile es considerado una pieza clave en la estrategia de Estados Unidos en América Latina y ha sido invitado especialmente al G7.
IV
Se profundiza la crisis del Gobierno y las Instituciones de la Transición
Las fisuras del neoliberalismo se siguen agrietando. Las instituciones de la Transición postdictadura se encuentran en su peor momento desde 1990, según la encuesta CERC-Mori. El Gobierno cuenta con una aprobación de sólo un 27%, cuestión que será ratificada por la Encuesta CEP que obligó a Sebastián Piñera a realizar ajustes ministeriales enrocando a algunos ministros (Fontaine, Sichel y Moreno) y trayendo de regreso a otros (como Jobet, Mañalich y Rivera). Aumenta la percepción de que este Gobierno será peor que el anterior y que no va en la línea correcta. Esta percepción es acompañada de las proyecciones económicas para el país, conforme a las cuales el crecimiento económico no superaré el 3% y las inversiones no crecen como se esperaba. Sumado a lo anterior encontramos la crisis del INE, donde se demuestran manipulaciones respecto a la tasa de inflación, lo cual pone en duda las cifras que aporta el Gobierno. Los tiempos mejores no llegarán.
Pero el Poder Ejecutivo no es el único golpeado. El Congreso sigue sumido en una crisis de legitimidad. Conforme a esta encuesta los políticos tendrían un nivel de aprobación de un 6%, los diputados y senadores un 5%, y los partidos políticos un 7%. Esto significa una profunda deslegitimación de las instituciones de democracia representativa.
El Poder Judicial también se encuentra en una profunda crisis estructural respecto al sistema de nombramiento, que quedó develado en la nominación fallida de Dobra Lusic a la Corte Suprema. Sumado a ello, los casos de corrupción institucional que afectan a la Corte de Apelaciones de Rancagua también han aumentado el descrédito de esta institución. La percepción generalizada, acompañada de la jurisprudencia judicial, nos demuestran que tenemos un sistema judicial profundamente clasista y racista, quedando en mayor evidencia en los casos de impunidad a los delitos económicos.
Ligado a la crisis del Poder Judicial se encuentra el Ministerio Público, quienes han sido cómplices en los casos de montajes policiales y en los casos de impunidad a los políticos que financiaron ilegalmente sus campañas electorales. El nombramiento de Jorge Abbott como Fiscal Nacional por el Senado fue para cumplir este rol y garantizar impunidad para la clase empresarial que incurrió en delitos económicos como en los casos de SQM y Penta.
La Contraloría General de la República no ha estado exenta de esta crisis, quienes han tenido graves problemas producto de la destitución de la subcontralora, implicada en las autorías a Carabineros que no alertaron sobre el mega fraude, quien finalmente fue repuesta por la Corte Suprema en su cargo.
Esta crisis también ha golpeado a la Iglesia Católica y a la principal Iglesia Evangélica Metodista. La Iglesia Católica fue descabezada casi en su totalidad por el Papa producto de los casos de abusos sexuales, predominantemente a niñas, niños y jóvenes, desterrándola de su autoridad moral. La Iglesia Evangélica, que aparecía como reemplazante de la autoridad moral de la Iglesia Católica, ocupando su lugar en las poblaciones de nuestro país, también demostró no tenerla. La crisis de la principal Iglesia Evangélica Metodista liderada por Eduardo Durán, demostró que los pastores evangélicos, en su mayoría, se enriquecen a costa de sus feligreses y viven vidas de millonarios. Asimismo, tampoco son autoridad moral para impulsar su agenda “pro-familia”. Esta situación de declive de ambas Iglesias permitió que fuera aprobada en el Congreso la Ley de Identidad de Género, una de las principales batallas que tenían las Iglesias y los sectores más reaccionarios del Gobierno.
El Ejército también sufre una grave crisis institucional. Sus ex Comandantes en Jefe están siendo procesados por malversación de fondos públicos y en el caso de Fuente-Alba también por lavado de dinero. Toda la alta oficialidad se ha visto comprometida, incluyendo algunas de los altos mandos actuales. La corrupción en las ramas del Ejército se extiende desde la situación de privilegio obtenida a través de la Dictadura, que les permite administrar casi sin ningún control una enorme cantidad de recursos. Si bien el Ejército es la institución que se ha visto más afectada en las Fuerzas Armadas, el mismo General Martínez declaró que estas malversaciones de fondos públicos (Caso de Agencia de Turismo) también son una práctica habitual en la FACH y la Armada.
Esta misma crisis institucional, pero mucho más profunda es la que enfrenta Carabineros de Chile. Los casos de corrupción, montajes policiales y asociaciones con el narcotráfico y bandas delictuales afectan desde la Alta Oficialidad hasta la suboficialidad. Mientras gran parte de la Alta Oficialidad se ha visto involucrada en el mega fraude de Carabineros donde existen más de 100 imputados y más de 50 millones de dólares comprometidos, la Suboficialidad se ha visto asociada en reiteradas veces con bandas delictuales y delitos de bagatela. Tanto suboficialidad como alta oficialidad se han visto comprometidas con casos de montajes policiales, principalmente con el pueblo mapuche y estudiantes secundarios, y altos niveles de represión a las manifestaciones populares. Su crisis es tal que desde que entró el Gobierno de Sebastián Piñera han sido removidos más de 100 cargos de la Alta Oficialidad, cambiando toda la línea de mando y Generales de la institución. La Operación Huracán y el asesinato de Camilo Catrillanca han producido el desmantelamiento de la Unidad de Inteligencia e incluso desde el Gobierno, a pesar de insistir con “poner más Carabineros en la calle”, se plantea una reforma a la estructura de esta institución. Sin embargo, la respuesta desde el gobierno ha sido aumentar la dotación de Carabineros.
Esta crisis de legitimidad y descrédito de las instituciones aún no puede ser considerada como una crisis orgánica, pues el bloque dominante sigue intacto y mantiene su cohesión. Más aún, son capaces de plantear una ofensiva sobre la clase trabajadora en búsqueda de mejorar la situación para la clase empresarial. La propuesta ante esta fisura del bloque dominante ha sido resolver los problemas del capitalismo neoliberal con más neoliberalismo.
Esta crisis se mantendrá en el corto plazo y seguirá profundizándose. No obstante ello, siempre puede ocurrir algún fenómeno que desordene el panorama anterior, tal como una crisis económico mundial de magnitud o una agudización del cambio climático con catástrofes no previstas en el corto plazo.
De no ocurrir esto último, la tarea del movimiento popular sigue siendo profundizar estas fisuras y aumentar la brecha de las grietas para irrumpir con fuerzas, como lo está acostumbrado a hacer el viejo topo a lo largo de la historia.
El análisis del movimiento popular y las fuerzas de las clases subalternas, como sus apuestas programáticas y formas de organización serán la segunda parte de este análisis. De aquí puede surgir una apuesta distinta para resolver el periodo y la coyuntura actual.
