Por Convergencia 2 de Abril
I. El desmantelamiento de la Educación Pública.
El desmantelamiento de la Educación Pública es un fenómeno que hemos enfrentado desde la Dictadura hasta la fecha. Esta tendencia tiene en situación de precarización a las Escuelas y Liceos Públicas, lo cual se manifiesta en problemas de infraestructura, falta de financiamiento y malas condiciones laborales para los trabajadores y trabajadoras de la Educación. En ese sentido, los Gobiernos han generado políticas públicas que privatizan la educación, transfiriendo recursos públicos a sostenedores privados que lucran con la educación.
Esta situación de precarización ha producido distintos estallidos en el mundo educacional a lo largo de estas décadas. La histórica demanda del Colegio de Profesores por la “deuda histórica” desde la dictadura hasta la fecha; el “mochilazo” del 2001, donde la principal lucha radicaba en la gratuidad del transporte para estudiantes; el “pingüinazo” el 2006, que cuestionó la Ley Orgánica Constitucional de Educación (LOCE) aprobada el último día de la dictadura y que luego tendría sus movilizaciones de menor impacto en el 2008 y 2009; la “primavera estudiantil” del 2011, donde se instala la demanda por “educación pública, gratuita y de calidad”, cuestionando el modelo educacional de mercado, cuyas olas expansivas duran hasta el día de hoy; en 2015 fue la “rebelión de las bases docentes”, quienes se movilizaron en contra del Estatuto Docente impulsado por Michelle Bachelet; en 2018 fue la “revuelta feminista”, que logró movilizar a Liceos y Universidad exigiendo una educación no sexista y fin a la violencia machista al interior de los establecimientos educacionales. En este 2019 estamos siendo testigos de la potencialidad de convergencia de estas luchas en una defensa (de lo poco que queda) de la educación pública.
II. La ofensiva del Gobierno de Sebastián Piñera.
El Gobierno de Sebastián Piñera no rompe con la lógica privatizadora de la educación que traían los Gobiernos anteriores, incluyendo al de la Nueva Mayoría. Sin embargo, su apuesta es mucho más ideológica, planteándose sin tapujos la privatización de la educación y el desmantelamiento de lo que queda de educación pública.
En ese marco, podemos hablar que hay una ofensiva sobre la educación pública en torno a dos ejes: (i) ofensiva privatizadora, transfiriendo recursos públicos a empresarios privados y abandonando a la educación pública estatal, o en el mejor de los casos tratando como iguales a instituciones públicas y privadas. Este fenómeno ocurre desde la educación inicial hasta la superior técnica y universitaria; (ii) ofensiva ideológica, mediante la criminalización de los estudiantes secundarios (Ley de Aula Segura y Control Preventivo de Identidad a menores de edad); currículum que abandona pensamiento crítico, cuyo punto más fuerte es la eliminación de historia como curso obligatorio; destrucción de comunidades escolares, enemistando a trabajadores/as de la educación, estudiantes, directivos y apoderados/as. A ello debemos sumar, (iii) las precarias condiciones laborales que enfrentan los trabajadores/as de nuestro país.
c. Sobre la ofensiva privatizadora.
Tal como hemos mencionado, la privatización de la educación es transversal a todos los niveles. En la Educación Inicial, el Gobierno ha presentado dos proyectos de leyes: Sala Cuna Universal y Equidad en la Educación Parvularia. Ambos tienen por eje la inyección de cuantiosos recursos públicos que se entregarán a instituciones privadas, sin importar su calidad educativa, fortaleciendo un mercado incipiente en este nivel, mediante la subvención a jardines infantiles particulares mediante los cuales se puede lucrar.
En la Educación Básica y Media las políticas privatizadoras ya se implementaron desde hace años, por lo cual ahora se sigue en la senda de cerrar colegios públicos y así fortalecer a los colegios particulares subvencionados, quienes reciben la misma cantidad de recursos que los establecimientos del Estado. Gran parte de las Municipalidades sigue negándose al traspaso de sus establecimientos educacionales a los Servicios Locales, pues de esta forma pueden seguir administrando los recursos obtenidos mediante la subvención escolar.
En la Educación Superior, se mantiene la privatización del sistema, que recibió un impulso con la “Beca Gratuidad”, cuyos recursos son recibidos por Universidades Privadas también, sin hacer distinción entre Universidades Públicas Estatales y Universidades Privadas que lucran.
El abandono de la educación pública ha generado condiciones deplorables de infraestructura, sobre todo en el ámbito primario y secundario, lo cual ha producido una serie de movilizaciones de estudiantes secundarios en diversos colegios del país. Aunque esta no ha sido la única causa de movilización.
b. Sobre la precarización laboral docente.
El Colegio de Profesores, desde que las dirigencias del Partido Comunista fueron desplazadas, ha mostrado mayores niveles de combatividad, que ya habían asomado el año 2015, ante las movilizaciones en contra del Estatuto Docente aprobado en el Gobierno de Michelle Bachelet.
Bajo la consigna “Mejores condiciones laborales para mejoras pedagógicas,” en abril de 2018, entregó un petitorio al MINEDUC, cuyo norte son el pago de la deuda histórica; el fin al agobio laboral producto de la rígida planificación clases a clase, el no respeto de las horas no lectivas, el exceso de trabajo burocrático y administrativo, la imposición tareas y responsabilidades que no corresponden por ley, y las agresiones por parte de apoderados; estabilidad laboral, poniendo fin al uso ilegal de la modalidad de contrata; igualdad de trato a todos los profesionales de la educación, incluyendo el pago de las menciones a las educadoras diferenciales, de párvulos y básica cuyo título tenga una mención asociada, nivelación de valor de educadora diferencial, restitución de derecho a la indemnización hasta por once meses en casos de término de relación laboral conforme al artículo 70 del Estatuto Docente; fin al doble proceso de evaluación docente; democratización de las escuelas, con participación de toda la comunidad educativa; carrera directiva; superar la educación estandarizada; correcciones a la carrera profesional docente; cumplimiento laboral en los traspasos desde las Municipalidades a los Servicios Locales y algunas medidas urgentes relacionadas con el no pago de bonos, intervenciones de Corporaciones y fuero a los dirigentes del Colegio de Profesores, entre otras medidas.
No habrá buena educación si es que no hay buenas condiciones de trabajo. Esta consigna ha sido ignorada por el Ministerio de Educación, el cual respondió de forma negativa al Colegio de Profesores, luego de más de un año de una estéril mesa de trabajo en conjunto. Sólo después de multitudinarias marchas el Mineduc, a través del Subsecretario Raúl Figueroa, ha vuelto a sentarse a conversar con los profesores del país.
c. Sobre la ofensiva ideológica.
En este aspecto encontramos, en primer lugar, la criminalización de la juventud y, en especial, de los estudiantes secundarios. La Ley Aula Segura, aprobada por sectores de la ex Nueva Mayoría y el Gobierno, permite la expulsión sumaria de estudiantes acusados por las Direcciones de los establecimientos educacionales, transformándose en una herramienta de represión en contra de estudiantes movilizados. Similar a lo anterior, pero a nivel más general, nos encontramos con el proyecto de ley presentado por el Gobierno sobre el control preventivo de identidad a menores de edad, el cual viene a legalizar una práctica que según información aportada por la misma institución de Carabineros de Chile, alcanzaría a más de 70.000 controles ilegales a menores de edad. Esta medida, a su vez, permite enemistar a las comunidades escolares, principalmente, a los apoderados y apoderadas con los estudiantes acusados bajo la Ley Aula Segura.
En segundo lugar, nos enfrentamos a la propuesta de Reforma Curricular que emanó del Consejo Nacional de Educación (CNED), institución tecnocrática y no democrática donde incluso participa el ex abogado de Augusto Pinochet. Esta propuesta tiene por eje eliminar como asignaturas obligatorias a aquellas que promueven el pensamiento crítico, como lo es Historia. Asimismo, quita la obligatoriedad para 3° y 4° medio de las asignaturas de artes y educación física. Esta medida pretende que las nuevas generaciones no conozcan críticamente lo ocurrido durante la Dictadura Militar y la historia reciente del país. Más aún, curricularmente, la propuesta del CNED es imposible de implementar bajo las condiciones actuales de financiamiento. Lo reaccionario e ideológico de esta medida ha sido expuesto públicamente incluso por intelectuales asociados a la derecha chilena. Al no tener una explicación racional y curricular, esta es una medida ideológica del Gobierno.
III. La Movilización de Estudiantes y Trabajadores por la defensa de la Educación Pública.
La ofensiva del Gobierno de Piñera, continuadora de las políticas en educación de los gobiernos postdictatoriales, ha encontrado resistencia en el “mundo educacional”. Cada ofensiva privatizadora e ideológica se ha encontrado con resistencias, pequeñas algunas, otras más grandes. Todas ellas con el potencial de resistir y de a poco aumentar los niveles de organización y desarrollo programático que permitan la construcción de una Educación Pública al servicio de los pueblos.
A diferencia de otras movilizaciones desde los actores de la educación, esta vez la vanguardia está siendo liderada por los trabajadores y trabajadoras de la Educación, en especial, los profesores y profesoras de las Escuelas y Liceos de nuestro país.
La lucha por mejores condiciones laborales y la exigencia del pago de la deuda histórica han puesto en la palestra el estado deplorable y de abandono de la educación pública y sus trabajadores, cuya situación laboral no escapa de los criterios mercantiles, caracterizando relaciones laborales con altas jornadas de trabajo, salarios bajos, desigualdades salariales entre profesionales e inestabilidad laboral.
Esta movilización iniciada por el rechazo del MINEDUC de las propuestas del Colegio de Profesores ha provocado una de las mayores movilizaciones del gremio en los últimos años. Una paralización que ya va en su segunda semana, involucrando aproximadamente al 80% de los profesores/as de la educación pública de nuestro país y con considerables apoyos por parte de profesores/as de Colegios Particulares Privados y Subvencionados, como ha sido la movilización de la FENATED.
En la primera semana se realizaron marchas regionales, clases públicas, asambleas y una Gran Marcha Nacional que se tomó la Alameda con más de 80.000 profesores/as de todo el país, a los cuales se sumaron estudiantes y organizaciones del mundo social y popular. La segunda demostración de fuerza estuvo en la Marcha Docente que se tomó la Ruta 68 y las calles de Valparaíso, hasta llegar al frontis del Congreso, obligando al Gobierno a sentarse a dialogar. Luego de doce días de paralización y tres reuniones entre los profesores/as y el Gobierno, éste último respondió al petitorio del Colegio de Profesores. Esta respuesta será votada el lunes 17 de junio en un plebiscito convocado por el Colegio de Profesores, en el cual las bases decidirán continuar o declinar la paralización. Entre los puntos críticos, es una respuesta que no incluye la deuda histórica.
Pero estas movilizaciones no sólo han sido por la mejora de las condiciones laborales de los trabajadores de la educación. También se han cruzado con las movilizaciones de los estudiantes secundarios, cuya lucha primordial es en contra de la criminalización a través de la Ley “Aula Segura” y las precarias condiciones de infraestructura en las que tienen que estudiar. Estas movilizaciones han carecido de mayores niveles de coordinación, toda vez que no existe un espacio secundario representativo de estas luchas y de sus estudiantes.
Asimismo, algunas de estas movilizaciones también se han planteado en oposición al cambio curricular que pretende eliminar las asignaturas de historia, artes y educación física como cursos obligatorios para los estudiantes de 3° y 4° Medio. Estas movilizaciones están siendo encabezadas por las comunidades de profesores de historia, educación física y artes, pero también por estudiantes secundarios, como ha sido el caso del Liceo Pablo Neruda en Temuco. También han existido movilizaciones de solidaridad de estudiantes secundarios/as hacia sus profesores, con jornadas reflexivas e incluso paralizaciones parciales.
En cuanto a la privatización de la educación inicial, la resistencia está siendo articulada por las trabajadoras organizadas en los Sindicatos de Integra, VTF y Asociaciones de la JUNJI, quienes han convocado a una movilización en distintas ciudades del país para el día martes 18 de junio.
En estas movilizaciones la CONFECH ha tenido un rol secundario, sólo apoyando las diversas convocatorias provenientes del movimiento secundario y de los profesores/as del país. Excepcionalmente, algunas Universidades han logrado movilizarse a nivel interno, exigiendo mejores condiciones de infraestructura y cumplimiento de los acuerdos sobre educación no sexista alcanzados en las movilizaciones feministas de 2018. También algunas Facultades, principalmente de Historia y Humanidades y de Pedagogía, se encuentran movilizadas por los cambios curriculares anunciados por el CNED. Es momento de que estas luchas aumenten, tanto por motivos de cada Universidad como por una lucha transversal por la educación pública.
IV. ¿Qué hacer?
En este escenario es fundamental articular las fuerzas sociales y del mundo de la educación, como también su programa, en la lucha por la defensa de la educación pública. Este es el eje transversal que debe impulsar las distintas movilizaciones de estudiantes secundarios, universitarios, profesoras/es y trabajadores/as de educación inicial.
Sobre la movilización docente, las profesoras y profesores decidirán el rumbo de la movilización en las votaciones de este lunes 17. La respuesta del Gobierno muestra que debió ceder algunos puntos a los profesores (como la titularidad sobre horas de extensión), sin embargo, deja sin respuesta temas de suma importancia como la deuda histórica y el cambio curricular anunciado por el CNED, por lo cual muestra ser una respuesta insuficiente para ser aprobada.
En cuanto a las movilizaciones estudiantiles, resulta fundamental que se articulen con la lucha de los profesores/as, pero que también busquen ganar algunos puntos que dicen relación con la calidad de la educación y de la infraestructura que tienen.
Asimismo, será de gran importancia movilizarse el martes 18 de junio en contra de la privatización de la Educación Inicial, convocada por las trabajadoras pertenecientes a las Asociaciones de JUNJI, VTF y Sindicatos de Integra.
Finalmente, debemos ser capaces de articular a nivel territorial y nacional a estos actores, para la construcción de un programa que defienda y permita la reconstrucción de la educación pública, que vive procesos de desmantelamiento desde la dictadura hasta la fecha.
¡Estudiantes y Trabajadores/as en Defensa de la Educación Pública!
