El caso Santrich y el intervencionismo de EE. UU. en Colombia

El “caso Santrich” ha revelado la profundidad de la injerencia de EE. UU. sobre la Justicia colombiana y la intención del uribismo por anular los Acuerdos de Paz.

Por Javier Calderón Castillo

(Extraído de CELAG)

 

Los hechos del “caso Santrich”

El 9 de abril de 2018, el exguerrillero Seuxis Paucias Hernández Solarte, más conocido como “Jesús Santrich”, fue detenido por la Fiscalía General de la Nación por un pedido de extradición de la Corte de Distrito de EE. UU. (para el Distrito Sur de Nueva York), que lo acusa de conspirar para enviar diez mil kilos de cocaína a ese país. Santrich fue vocero de las FARC en el proceso de paz y luego designado como uno de sus representantes para ejercer en el Congreso de la República, en el marco de la implementación de los Acuerdos de Paz firmados el 24 de noviembre de 2016. El proceso judicial en su contra resulta muy polémico y se enmarca en la profunda disputa de sectores políticos del país, en especial el uribismo, para desconocer dichos acuerdos, sobre todo los referidos al tribunal de Justicia Especial para la Paz (JEP). Este tribunal fue definido para que comparezcan la guerrilla y los agentes del Estado para declarar la verdad sobre las violaciones al Derecho Internacional Humanitario durante el largo conflicto armado interno, y generar medidas de justicia restaurativa a favor de las víctimas.

El pasado 15 de mayo la Sección de Revisión de la JEP, por medio de una decisión mayoritaria (3 votos a favor, 2 en contra) resolvió aplicar la garantía de no extradición a favor de Jesús Santrich. La decisión se fundamentó en que la Sección no pudo evaluar la conducta para determinar la fecha precisa de la realización del delito endilgado al exguerrillero, y se basó en dos argumentos principales: 1) el Departamento de Justicia de los EE. UU. no remitió las evidencias solicitadas por la JEP y, 2) las interceptaciones telefónicas enviadas como evidencia a la JEP por parte de la Fiscalía no revelaron la conducta atribuida a Santrich. De esta forma, y atendiendo al objetivo central de garantizar la consolidación de una paz estable y duradera, la Sección de Revisión de la JEP le ordenó al Fiscal General de la Nación disponer la libertad inmediata de Jesús Santrich.

La decisión de la JEP desató la renuncia del fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez, quien calificó la decisión del tribunal de justicia transicional como “un desafío al orden jurídico” mostrando, de esta forma, su negativa a dar curso a la decisión tomada por el alto tribunal. El exfiscal Martínez, sobre quien recaen sospechas de participación en la trama de Odebrecht en Colombia, fue más allá y arengó a los ciudadanos a “movilizarse con determinación por el restablecimiento de la legalidad y la defensa de la paz”, mostrándose como hombre fuerte, aliado de los EE. UU., cercano al uribismo y al empresariado conservador. Claramente entró con ello a la arena política de cara al 2022. Mientras, la Embajada de EE. UU. se expidió manifestando la “lamentable decisión” de la JEP, señalando que EE. UU. habría cumplido los requisitos de extradición establecidos con Colombia, que son formales, pues de acuerdo al tratado de extradición vigente, el Gobierno colombiano renuncia a validar el acervo probatorio que justifique el pedido de extradición. Básicamente, Colombia tiene cedida una parte de su soberanía judicial y niega el derecho a la defensa de sus connacionales cuando son pedidos en extradición por parte de EE. UU.[i].

Cuando todo indicaba que Santrich iba a ser liberado -a pesar de dos días de intensas presiones del uribismo y de los EE. UU. en contra de esa decisión-, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca le otorgó un habeas corpus que obligaba su liberación, y después de haberse autolesionado en horas de la mañana -ante la negativa de las autoridades para liberarlo (y quizá a sabiendas de la trama en su contra)[ii]-, el exguerrillero fue capturado por agentes de la Fiscalía, que le leyeron una nueva orden de captura por los mismos delitos ya mencionados, pero para ser procesado por la Justicia colombiana. Fue conducido a las instalaciones de la Fiscalía General con graves lesiones, que obligaron a las autoridades, en la madrugada del sábado, a trasladarlo a un centro hospitalario con un cuadro “somnoliento, confuso, desorientado en tiempo y espacio”; es decir, estaba bajo los efectos de algún calmante al momento de la recaptura.

La Justicia en el centro de la disputa

Resulta evidente que la extradición del vocero y congresista del Partido FARC es un pulso de “honor” del uribismo y de sectores del Gobierno de los EE. UU. Es la medida dirigida a generar la indignación de las y los integrantes de dicho Partido para que desconozcan la institucionalidad y se declaren de nuevo en rebelión. Es la fórmula uribista para destrozar los acuerdos de paz, poniendo la tensión en la cancha de la exguerrilla. El presidente Iván Duque y el exfiscal Martínez encontraron la excusa perfecta para detonar la paz.

El Gobierno del presidente Duque es débil, no cuenta con mayorías parlamentarias y su imagen está por el suelo. Pretende, por tanto, construir gobernabilidad con el respaldo de los EE. UU. Este camino se inició con el compromiso del Gobierno para desarrollar la estrategia del país del norte en la instalación de un Gobierno afín en Venezuela, y contra el proceso de Paz en dos dimensiones: con la extradición de excomandantes de la exguerrilla y con el incumplimiento del pacto sobre sustitución de cultivos de uso ilícito, con el consecuente regreso al punitivismo contra el campesinado. La disputa es contra el Acuerdo de Paz en su conjunto, el desarrollo de la política de EE. UU. contra las drogas, y el establecimiento de una plataforma antiprogresista en el continente.

La disputa actual que se presenta en Colombia, y que lleva a límites insospechados la dimensión de soberanía nacional del Gobierno de Iván Duque, obedece a una estrategia coordinada desde los EE. UU. que consiste en utilizar todas las herramientas legales e ilegales -incluso violatorias de las propias normas establecidas de forma bilateral- para mantener el statu quo:

  • Condicionando los procesos decisorios y la soberanía de judicial por medio de acuerdos ad-hoc para judicializar y perseguir los liderazgos. Se puede decir que, en este caso, la extradición se convierte en una herramienta represiva y de chantaje político para quienes en su momento se rebelaron contra el poder establecido. Jesús Santrich estuvo trece meses preso sin tener proceso abierto en Colombia. Además, la solicitud de habeas corpus fue rechazada en cinco ocasiones después de haberse vencido el plazo de 120 días para resolver una solicitud de extradición (hecha por EE. UU.). El compromiso estatal de apertura democrática y de respeto por la oposición, incluido en el Acuerdo de Paz, queda en entredicho, mucho más cuando coinciden estos hechos con la destitución de otros congresistas opositores.
  • Presionando de forma indebida a la Justicia. En el marco del debate por la legalidad de la Justicia Especial para la Paz promovida en el Congreso por el Gobierno, los EE. UU. acudieron a herramientas de fuerza para presionar a algunos senadores en reuniones de su embajador con los senadores ponentes y de apremios contra algunos magistrados de la Corte Constitucional. La intención de esas presiones estaba orientadas a favorecer la aprobación de las seis objeciones (modificaciones) a la JEP propuestas por el presidente Duque, que dejaban sin garantías judiciales a la exguerrilla. El Departamento de Estado decidió quitarle el visado al senador John Jairo Cárdenas, del Partido de la U, quien filtró las reuniones del embajador de los EE. UU. con congresistas para presionarlos, y le retiró las visas a cuatro magistrados de la Corte Constitucional[iii]. El hecho fue aplaudido por funcionarios del Gobierno, que dejaron entrever su complacencia con la acción de chantaje proferida por los EE. UU. contra los altos funcionarios judiciales.
  • Violando las normas de cooperación internacional en materia de extradición. La Sección de Revisión advirtió que las autoridades norteamericanas pudieron violar las normas de cooperación internacional y asistencia judicial en el recaudo de pruebas en Colombia. Ello debido a que en la declaración jurada del agente de la DEA Brian Witek (incluida en la instrucción) se identificaron serias irregularidades, por cuanto la Fiscalía General no aportó la solicitud de asistencia judicial que debía tramitar la autoridad extranjera. Cuando respondió a la JEP sobre ese requerimiento, justificó la ausencia de la asistencia judicial y del control judicial de las actuaciones de los testigos cooperantes, señalando que éstos intervinieron como particulares. En definitiva, con su accionar, los servidores de la Fiscalía General de la Nación omitieron sus deberes de velar por el respeto de los derechos y garantías fundamentales de los ciudadanos y afectación de la soberanía nacional[iv].
  • Pasando por encima de las normas jurídicas que condicionan el procesamiento de representantes políticos. En tanto el Consejo Nacional Electoral declaró a Santrich como congresista electo, el juez penal es la Corte Suprema de Justicia. Ello supone que las solicitudes siempre deben pasar por dicha corte para que ésta determine y revise si cumplen con los requisitos, como definir que se vaya a extraditar a la persona correcta, que haya un tratado que ampare la solicitud o que el hecho sea delito en Colombia. Es decir, cualquier decisión para extraditar a Santrich ha de pasar por la Corte Suprema[v].
  • Generando climas de tensión de seguridad para instaurar estados de excepción como ultima alternativa de control social. En recientes declaraciones, el senador Álvaro Uribe advirtió públicamente sobre la “crisis de orden público que demuestra una profunda crisis institucional, quizás sin antecedentes en los últimos 60 años. Crisis de destrucción institucional que debe resolverse de fondo”[vi]. Palabras mayores si entendemos que refieren a la definición constitucional de la Conmoción Interior, que el presidente puede convocar con apoyo de todos los ministros “En caso de grave perturbación del orden público que atente de manera inminente contra la estabilidad institucional, la seguridad del Estado, o la convivencia ciudadana”[vii].

  • Forjando presión mediática. Horas después de su renuncia, el ahora exfiscal reveló nuevas pruebas que no fueron enviadas a la JEP para su valoración en el expediente que cursaba en esa jurisdicción. Este ocultamiento de pruebas, posteriormente viralizadas en redes sociales para arengar aun más los ya caldeados ánimos, refleja una nueva avanzada en la presión sin precedentes que se lleva a cabo por todas las vías ilegales y legales para combatir la soberanía judicial de los altos tribunales en Colombia, ejecutando y motivando así juicios públicos, y alentado a la opinión pública para promover la deslegitimación de las propias instituciones.

Algunos escenarios que genera el momento político

Estos hechos develan el intervencionismo que Estados Unidos ejerce sobre la soberanía colombiana y sus instituciones. Los poderes estatales quedan desarmados ante las estratagemas planteadas por los EE. UU. y las agencias como la DEA, que sirven a los intereses de subordinación y dependencia en connivencia con las élites colombianas. La situación se presenta como rupturista del hilo constitucional y del Estado social de Derecho, por las decisiones presidenciales contra el bloque constitucional que decretó la Justicia Especial para la Paz, por los apremios contra los funcionarios de las Altas Cortes, y con el llamado del exfiscal Martínez a movilizarse en contra de las instituciones transicionales de la paz.

El uribismo en crisis pretende generar caos institucional y polarización para recuperar el sentido de respaldo social que no ha podido movilizar, volviendo a reflotar un ambiente de confrontación en el que el expresidente Uribe y sus copartidarios se mueven con facilidad. Su objetivo es socavar el Acuerdo de Paz, porque en éste se encuentran decisiones estatales que van en contravía de sus intereses, como la obligatoriedad para agentes y funcionarios estatales de contar la verdad ante la JEP sobre las violaciones a los DD.HH. y al Derecho Internacional Humanitario, que podría llegar a develar responsabilidades de importantes militantes del uribismo, y del propio Álvaro Uribe.

El escenario incluye una mayor injerencia de los EE. UU. en la agenda nacional, lo que podría agravar la situación de disputa en los territorios por la persecución a campesinos cultivadores de hoja de coca, la fumigación con glifosato y el refuerzo de la militarización en las regiones del país. El impulso de la agenda de lucha contra las drogas bajo la línea de atacar el eslabón más débil de la cadena, es decir, los cultivadores, tendrá efectos sobre la confrontación armada local y podría abrir un escenario de flexibilidad para irradiar la guerra hacia la porosa frontera colombo-venezolana con insospechados resultados.

Los partidos y movimientos políticos que respaldan el Acuerdo de Paz tendrán mayores dificultades para desarrollar sus labores, producto del ambiente polarizado que ha decidido el Gobierno como arena para garantizar su débil gobernabilidad. La JEP estará observada por la opinión pública, y su acción judicial estará altamente condicionada por la injerencia externas sobre el Gobierno nacional, cada vez que tome una decisión que no convenga a los intereses del uribismo o de los EE. UU. La JEP y el sistema judicial están ante un ataque frontal que destruye de facto el sentido de soberanía estatal que subyace al sentido de administrar los derechos y las leyes ciudadanas. Colombia está perdiendo mucho más de lo aparenta: la credibilidad del poder judicial, la garantía de imparcialidad para los ciudadanos y el andamiaje de un estado de paz, que cada vez está más lejos de la escena política.

 

[i] https://www.ambitojuridico.com/noticias/en-ejercicio/administrativo-y-contratacion/el-tratado-de-extradicion-con-ee-uu-tiene

[ii] https://twitter.com/MedLegalColombi/status/1129744768643342336/photo/1?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1129744768643342336&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.semana.com%2Fnacion%2Farticulo%2Fsantrich-fue-hospitalizado-en-la-clinica-mederi-este-sabado-a-la-madruga%2F615941

[iii] https://elpais.com/internacional/2019/05/13/colombia/1557784677_158217.html

[iv] https://www.jep.gov.co/Sala-de-Prensa/Paginas/LA-SECCI%C3%93N-DE-REVISI%C3%93N-DE-LA-JEP-APLICA-LA-GARANT%C3%8DA-DE-NO-EXTRADICI%C3%93N-A-SEUXIS-PAUCIAS-HERN%C3%81NDEZ-SOLARTE.aspx

[v] https://lasillavacia.com/conmocion-duque-exterior-articulo-del-new-york-times-actualizada-71625

[vi] https://www.msn.com/es-co/noticias/otras/sentencia-de-la-jep-demuestra-crisis-institucional-cd/ar-AABqruz

[vii] http://www.constitucioncolombia.com/titulo-7/capitulo-6

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Autor entrada: Convergencia Medios

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