Sobre la reforma tributaria: ¿tenemos algo que decir?

El Gobierno ha tenido un triunfo parcial con la Reforma Tributaria (RT). Gracias a los votos de la Democracia Cristiana, quienes una vez más demostraron estar al lado de los empresarios más ricos del país, se aprobó la idea de legislar la propuesta de RT del Gobierno de Sebastián Piñera.

Esta reforma tiene como centro poner fin al sistema semi-integrado. Este sistema es un “Frankenstein tributario” creado en la cocina del chico Zaldívar, en una reunión a puertas cerradas entre representantes del gobierno de Michelle Bachelet y del empresariado, como Bernardo Fontaine. Los que ayer aprobaron unánimemente la RT de Bachelet, hoy se manifiestan en contra de su propia creación.

Entre conceptos técnicos tributarios y cifras que no alcanzamos a dimensionar, la discusión sustantiva en materia tributaria no existe. Se nos plantea por la oposición y por las organizaciones sindicales del Servicio de Impuestos Internos una defensa al sistema semi-integrado actual porque permite recaudar $800.000 millones de dólares, sin embargo, no hay ningún cuestionamiento a la estructura tributaria de nuestro país, la cual es única en el mundo, fruto de los grandes inventos al servicio de las billeteras de los empresarios creados por la Dictadura.

En nuestra opinión, a veces lo más simple trae las mejores respuestas. En un mar de argumentos técnicos, un concepto fundamental del derecho tributario merece ser destacado: la capacidad tributaria. Quien gana más, debiese pagar más impuestos. Quien gana menos, debiese pagar menos impuestos e inclusive quedar exento del pago de éstos en algunos casos.

Este concepto de capacidad tributaria se traduce en simple que las empresas paguen sus impuestos y las personas ricas paguen sus impuestos. Si tienen plata, que paguen. Para explicar la integración del sistema realizaremos el siguiente ejemplo:

La Empresa LAM, de propiedad Sebastián Piñero, obtiene utilidades por 100 millones al año, debería pagar 27 millones (la tasa del Impuesto de Primera Categoría que pagan las empresas es de un 27%). Si Sebastián Piñero ganara 100 millones de renta al año (considerando que tiene más fuentes de ingreso que la empresa LAM y que retiró las utilidades de dicha empresa), tendría que pagar 35 millones de impuestos personales (la Tasa del Impuesto de Segunda Categoría que “grava a las personas” tiene una tasa máxima de un 35%). Sin embargo, en Chile existe un sistema integrado, lo cual le permite a Sebastián Piñero descontar de los 35 millones que debe pagar como persona natural, los 27 millones pagados por su empresa.

El sistema semi-integrado permite que en lugar de descontar los 27 millones pagados en su empresa a los 35 millones que puede descontar al pago de su impuesto como persona natural, sólo pueda descontar dos tercios, lo cual sería equivalente a 18 millones.  En este caso, el sistema semi-integrado permite acumular 9 millones que no se acumulan en un sistema totalmente integrado, los cuales en la realidad son aproximadamente $800 millones de dólares para el año 2018. Si se elimina el sistema semi-integrado, el Estado deja de percibir esos $800 millones de dólares pagados – hoy en día – por el 1% más rico del país, pues son aquellos que tienen empresas y ganan una renta promedio mensual superior a los 6 millones de pesos.

Sin embargo, como estamos acostumbrados en nuestro país, la defensa del sistema semi-integrado sigue la máxima de defender el “mal menor” o resignarse al “peor es nada”. Si tuviéramos un sistema no integrado, como existe en todos los países del mundo, siguiendo el mismo ejemplo, la Empresa LAM pagaría 27 millones en impuestos y Sebastián Piñero debería pagar 35 millones en impuestos. El Estado recaudaría 62 millones. Con el sistema integrado, el Estado sólo recibe 35 millones y con el semi-integrado 44 millones. Teóricamente, significaría duplicar la recaudación fiscal a través del pago de las personas más ricas del país. Esto significaría tener una estructura tributaria “progresiva”: los que tienen más plata pagan más impuesto.

Pero del dicho al hecho hay un largo trecho. En la práctica, muchas empresas ni siquiera declaran utilidades. Como lo hizo Piñera, se pueden comprar empresas que tengan resultados negativos para descontar en los años sucesivos las utilidades que ganen. O bien, pueden hacerlo como Penta, que mediante una planificación tributaria generaban cero utilidades, pagando cero impuestos. Con sus empresas pagaban desde las cuentas del supermercado de sus familias hasta las campañas de parlamentarios que luego legislaban a favor de sus empresas.

La planificación tributaria va relacionada con el concepto de elusión. La evasión es violar la normativa legal, mientras que la elusión es el “aprovechamiento de los vacíos” dejados por el sistema para no pagar impuestos. En el gobierno de Michelle Bachelet se aprobó una norma “anti-elusiva”, pero que ha tenido una nula implementación, aunque algunos se defienden diciendo que generaría un efecto disuasivo. Lo cierto, es que el Gobierno de Sebastián Piñera quiere dejar sin aplicación práctica dicha norma “anti-elusiva”. Lo que también es cierto, es que las empresas siguen realizando planificación tributaria para no pagar o pagar menos impuestos.

Como los ricos no pagan los impuestos que debiesen pagar y el Estado necesita recaudar, los pobres terminan pagando igual. Esto se traduce en que la mayor parte de la recaudación provenga del Impuesto al Valor Agregado (IVA), que en términos básicos, es el impuesto que pagamos cada vez que consumimos. Como los salarios de los pobres se van en su totalidad a consumir, sin existir capacidad de ahorro, aproximadamente el 20% de sus salarios se van en impuestos. Mientras que los ricos pueden ahorrar, por tanto, el porcentaje de sus recursos destinado al consumo es inferior. Esto se denomina impuesto regresivo (sólo en sus efectos, porque técnicamente no lo es), conforme al cual los pobres terminan pagando más impuestos que los ricos (en términos del porcentaje que pagan de impuestos sobre los ingresos que generan).

Finalmente, es escandaloso que en un país con altas tasas de pobreza multidimensional, hayan familias que concentren más riquezas que millones de personas en el país. En un mundo con recursos limitados no se puede pretender que todos sean extremadamente ricos, pero sí se puede que todas y todos vivan dignamente. La tasa de un 35% a los impuestos personales es bajísima. En países como Estados Unidos llegó a ser de hasta un 90%. Esto significa ponerle un límite a la riqueza. Como contrapartida, frente al argumento de que si limitamos la riqueza limitaremos la innovación y la capacidad creativa de las personas, no necesitamos de mercenarios que sólo inventen por dinero. Y por cierto, los empresarios criollos están lejos de Steve Jobs y de Elon Musk, pareciéndose más a El Padrino y a Pablo Escobar. A uno de los pocos que se le pueden atribuir innovaciones, encontramos a Carlos Cardoen, inventor de las bombas de racimo, prohibidas por el Derecho Internacional Humanitario. Tan creativo era el hombre, que dicen que su empresa le pintaban caritas felices a las bombas, para que en caso de no explotar fueran tomadas por los niños.

En definitiva, en materia tributaria deberíamos tener un programa simple que permita aumentar la capacidad tributaria del Estado:

  • Fin al sistema integrado, pasando a un sistema – como existe en todos los países del mundo – en el cual las empresas pagan sus impuestos y las personas naturales pagan sus impuestos diferenciadamente.
  • Fin a la planificación tributaria y a la elusión. Toda artimaña jurídica que se realice para pagar menos impuestos no sólo debe tener una sanción administrativa, sino también responsabilidad penal de la empresa y personal para quien incurre en dicha práctica. Esto se traduce en un ajuste de la cláusula anti-elusiva que permita ponerla en práctica y discutir sanciones como expropiaciones para aquellas empresas que se nieguen a pagar impuestos como deben.
  • Aumento a la tasa máxima del impuesto de segunda categoría, estableciendo un nivel de ingresos máximo, después de lo cual se pueda aplicar una tasa marginal que llegue hasta el 100% y que se ajusten los tramos actuales.
  • En cuanto al royaltie minero o regalías mineras, que propiamente tal no son un impuesto, sino que es el pago que deben realizar las empresas por saquear nuestros recursos naturales, es necesario aumentarlo en aquellas empresas que no deban ser expropiadas. No hay ninguna justificación razonable para los intereses de la mayoría para entregarle a manos privadas los recursos naturales que pertenecen a nuestros pueblos, sea para explotarlos como para decidir no hacerlo.

Estos elementos debiesen estarse discutiendo por las organizaciones sociales y políticas que dicen construir al lado de las mayorías. No obstante, hemos estado absortos respondiendo a la RT de Piñera, sin capacidad de abrir el debate. Estamos claros que el espacio de discusión no es el Congreso, pues allí sólo se discutirá lo que conviene a los empresarios, y en el mejor de los casos la oposición estará rogándole a la Democracia Cristiana y al Partido Radical que no sigan votando a favor del Gobierno.

Entre tanto número y tanto concepto técnico, la solución – a lo menos teórica – parece ser más simple de cómo la cuentan. No se necesitan tantos argumentos técnicos, sino decisiones políticas. Es momento de dar estas grandes discusiones en las organizaciones del pueblo, dejando de ser reaccionarios a la agenda que nos imponen los empresarios y el Gobierno. La aprobación de esta Reforma no pasará por las organizaciones sociales, sino por las negociaciones parlamentarias que escapan a nuestras manos, donde la Democracia Cristiana – lejos de representar a sectores de la sociedad como lo hizo en antaño – representa a sus funcionarios y militantes, que cada vez se encuentran del lado de los empresarios y no de las históricas “clases medias” que representaban. En estos momentos no sirve de nada el lobby parlamentario, sino construir los pies del pueblo y que desde allí se vaya elaborando el programa que nos permitirá barrer con una legislación elaborada desde la dictadura hasta la fecha, que sólo beneficia a los poderosos.

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Autor entrada: Convergencia Medios

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