La jibia y el conflicto pesquero | Otra pagina del prolongado conflicto por la pesca Chilena

Los recientes acontecimientos relacionados al conflicto pesquero conocido como la “Guerra de la Jibia”, se presentan como un nuevo capítulo dentro de la prolongada disputa por los recursos marinos entre los agentes socio-económicos participes de la extracción pesquera. La pugna que se ha desarrollado en distintas ciudades y caletas pesqueras en la zona centro y sur del país, son un fiel reflejo de cómo las políticas extractivistas y neoliberales continúan aquejando a las poblaciones costeras de Chile. El presente artículo propone un análisis sociohistórico enfocado en las problemáticas de los distintos actores involucrados en la disputa de la Jibia, y especialmente en la contraposición de intereses entre los pescadores artesanales y los industriales.

por Jorge Ayala Córdova, CIPSTRA.

Imagen / movilizaciones de pescadores, 14 de enero 2019. Tomada de Resumen Latinoamericano.

Fuente  / revistarosa.cl


La irrupción de la Jibia en las costas Chilenas y las complejidades del sector Artesanal

La pesca artesanal en Chile desde el inicio del nuevo milenio, enfrenta un escenario que no se había presentado desde la década de los ochenta, cuando la escasez de diversas especies pesqueras afectó la actividad laboral del sector (Dredsner, et al. 2005; Canales, et al. 2013). La situación actual encuentra su origen en la sobreexplotación de los recursos pesqueros (Cox y Bravo, 2014) y en el cambio de corrientes marinas provocado por el cambio climático (Quiñones, et al. 2013), que dio lugar a una disminución de la biomasa marina, la extinción de diversas especies, la disminución de la talla (tamaño) de estas y una depreciación en los ciclos de vida de los peces. Este conjunto de cambios, fueron gatillados también por un patrón de acumulación basado en el despojo de los bienes comunes (Harvey 2007)1 por parte de la industria capitalista nacional. El protagonismo industrial en la actividad pesquera surge durante la dictadura, pero es bajo los gobiernos de la Concertación cuando este sector se desarrolla de forma plena, al asignarse un sistema de cuotas preferencial para los empresarios. Estos elementos llevaron a que tanto los pescadores artesanales como los obreros industriales, tuvieran que enfrentar un nuevo régimen de trabajo, caracterizado por la disminución de faenas pesqueras, la ruptura en los habitus sociales seudo-comunitarios, la baja de ingresos y en suma, la precarización de las condiciones de vida.

En este contexto, desde la década de los 2000 la Jibia se convierte en una alternativa rentable para la pesca, lo cual requirió un aprendizaje para adaptarse a sus formas de captura. La Jibia o “Calamar Rojo”, es un molusco que mide entre 50 y 140 cms. y pesa entre 20 y 50 kilos, teniendo presencia en las costas Chilenas desde la región de Arica y Parinacota hasta la región de Magallanes. Históricamente ha habitado la franja marítima de Chile desde el Siglo XIX, pero su presencia pasa por distintos ciclos, ya que es una especie migratoria que se orienta por el cambio de corrientes marinas (Chong, et al. 2005). La irrupción masiva de esta especie durante este periodo, trajo debates enfocados a analizar en qué medida la Jibia mantenía o rompía el equilibrio del ecosistema marino en las costas chilenas, ya que al ser un molusco de tipo carnívoro y caníbal, en su momento se le consideraba como un recurso dañino para las otras especies (como la merluza o el jurel por ejemplo), y más aun en plena crisis de reproducción. Sin embargo, científicos como el biólogo marino Ciro Oyarzo el año 2007, sostuvieron que a pesar de su naturaleza depredadora, la crisis de la Merluza y otras especies marinas se debió fundamentalmente a la sobreexplotación del recurso pesquero.

Debido a sus ciclos de aparición, durante la década de los 90´ la explotación de la jibia fue casi nula o de muy baja intensidad, lo cual se revirtió durante la década de los 2000 hasta ahora.

FUENTE: Elaboración propia en base a los Anuarios Estadísticos del SERNAPESCA.

A partir de ello, la modificación del escenario productivo, trajo consigo la adaptación a nuevas modalidades de trabajo entre los pescadores artesanales, tanto desde una dimensión laboral como socioeconómica.

La re-estructuración de la dimensión laboral respecto a la captura de la Jibia a partir del año 2004, se reflejó en una modificación del proceso de trabajo ejecutado por los pescadores artesanales. En primer lugar, hay que destacar que el carácter de “artesanal” del sector no está fijado solamente por su capacidad productiva, sino que también por una dinámica laboral específica. En este plano, el pescador artesanal a diferencia de un obrero industrial, diseña el proceso productivo de principio a fin; además que ellos mismos elaboran sus artes de pesca, fabricando sus redes, extrayendo el recurso y en muchas ocasiones también fabricando, reparando y remodelando sus botes.

Lo anterior determina que se hayan desarrollado distintos artes de pesca: la Pesca en red, la línea de cerco, y la línea de mano, por mencionar algunas. Durante décadas, los pescadores artesanales usaron estos métodos para las diversas especies que abundaban en las costas Chilenas. Sin embargo, cuando intentaron capturar la Jibia, al tratarse de un calamar grande y carnívoro, rompía las redes con su pico y, a la vez, disparaba tinta a los trabajadores al momento de extraerla. Esta situación obligó a adoptar como método privilegiado la línea de mano y la potera para que la captura fuera eficiente.

No obstante, pese a la adecuación exitosa del arte de pesca, la dimensión más compleja con la que tuvieron que lidiar fue la socioeconómica-comercial, es decir, la venta del producto y su inserción en el mercado. Según diversos reportajes de la década del 2000 en la revista “Punto Final”, el problema de la comercialización de la Jibia en los mercados locales se debía a que al ser un espécimen desconocido hasta entonces, su consumo era bajo. En este contexto, el histórico líder sindical de la pesca artesanal, Cosme Caracciolo, sostuvo que los artesanales como agentes socioeconómicos sectoriales estaban en una posición de desventaja comercial, ya que el mercado estaba orientado a los productos de los grandes industriales:

Es cierto que podemos pescar jibia. Pero no tenemos mercados. Y el gobierno no lo entiende. El subsecretario Sandoval acaba de enviar otra indicación para autorizar a los barcos extranjeros para entrar al mar territorial o a la zona económica exclusiva para pescar jibia. Cuando hubo una caída de precios del salmón, el gobierno hizo lobby para abrir mercados en Asia y envió una delegación a negociar. ¿Por qué no se hace lo mismo con la jibia, que allí es muy demandada? Si hay barcos extranjeros que pescan jibia es porque tienen mercado. Nosotros podemos pescar toda la jibia que nos quieran comprar. Si se necesitan, por ejemplo, 500 o mil toneladas de jibia, un par de caletas en la zona central puede pescarlas en un día. No necesitamos barcos extranjeros, necesitamos mercados” (Punto Final, edición 569 desde el 11 al 24 de junio del 2004).

Para enfrentar tal situación, los sindicatos de pescadores Artesanales de San Antonio organizaron una “Feria de la Jibia” en plena “Fiesta de San Pedro”, para exponer a la población local las ventajas alimenticias que traía el molusco (Punto Final, edición 572 desde el 23 de Julio al 5 de agosto del 2004). Sin embargo, durante muchos años la Jibia continuó siendo un producto mal valorado.

Según testimonios entregadas en la misma nota de “Punto Final, en San Antonio la Jibia era vendida por los pescadores artesanales a distintas empresas, las cuales compraban a 45 pesos el kilo de tubo, 30 pesos el kilo de ramal y 15 pesos el kilo de aletas, lo cual no era rentable en función de los costos asociados a su captura (bencina, utensilios de pesca y horas de trabajo). Esta situación será constatada gráficamente, por el pescador artesanal de la caleta El Membrillo de Valparaíso durante el año 2007, Leonardo Muñoz, quien explico esta problemática de forma concreta:

La captura de la jibia se hace ‘a pulso’. Hay que luchar con cada ejemplar y subirlo al bote”, dice Leonardo Muñoz. Pero de una tonelada no se obtiene más de 40 mil pesos. “Sólo en combustible y víveres se gastan 30 mil. No alcanza para mantener a una familia”, agrega” (Punto Final, edición 647 desde el 7 al 27 de septiembre del 2007).

Hasta hoy, diversos medios de prensa continúan realizando reportajes sobre cómo se replica la misma situación en distintas caletas, aunque no hay estudios sistemáticos que ratifiquen esta situación a escala nacional. Sin embargo, si uno considera los datos entregados por la ODEPA en cuando a valor comercial del producto en el terminal marítimo de Santiago, se observa que desde el año 2010 sube el valor del producto en contraste a los precios establecidos nominalmente a lo largo de la década de los 2000.

FUENTE: Elaboración propia en base a la Serie Estadística de ODEPA

Los orígenes de la disputa extractiva y el reciente conflicto por la “ley de la Jibia”

La regulación de la explotación de la Jibia, empezó a desarrollarse en la primera mitad de los 2000 cuando la SUBPESCA empieza a fijar un conjunto de normativas específicas. El año 2003, se modificó un decreto supremo del año 1988, el cual autorizaba que su extracción fuera destinada directamente para la elaboración de harina de pescado. En estos años, el recurso era explotado principalmente por los Artesanales, pero a fines de la década, los grandes empresarios empezaron a mirar el producto con interés, trayendo más cambios. En este contexto, los holdings pesqueros presionaron al Estado para exigir mayores cuotas de pesca, logrando así, que el año 2012 se establezca un sistema de explotación redefinido anualmente, basado en cuotas globales no individuales y repartidas entre artesanales e industriales. Este sistema, fue articulado por medio del decreto extento N°190 del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, el cual fijó una extracción máxima de 180.000 (t), designándecreto extento N°190 del Ministerio de Economía, Fomento y Turismodose un 80% (144.000 t) para el sector Artesanal y un 20% (36.000 t) para el industrial.

Esta ley al estipular que la Jibia es un bien común y no un bien individual para cada armador (a diferencia de otras especies como el Jurel, la Merluza o la Sardina), generó que el patrón de explotación del recurso se diera bajo la dinámica popularmente conocida como “La carrera olímpica por la pesca”. Esta modalidad de pesca, predomino durante la década de los 90´, la cual apuntaba a que cada embarcación capturara la mayor cantidad de especies posibles, antes de que se agotara la cuota global anual.

Esta normativa, se volvió a tratar el 29 de julio del 2014, cuando el Concejo Nacional de Pesca ratificó la distribución existente, estipulando que el régimen de explotación tendrá una vigencia de cinco años y no será redefinido anualmente. Este hecho, fue el detonante de un conjunto de protestas públicas por las diversas asociaciones de la pesca artesanal, demandando que la pesca de la Jibia fuera un 100% para el sector artesanal y la prohibición de su extracción por medio de la pesca de arrastre. Sin embargo, considerando distintas fuentes informativas institucionales, se constata que el sindicalismo de la pesca artesanal no tuvo una postura unificada en torno a esta temática. Según el acta de votación del Concejo Nacional de Pesca que dirimió tal reglamentación, los dirigentes representantes de la Confederación Nacional de la Pesca Artesanal de Chile-CONAPACH se pronunciaron a favor, mientras que el presidente del Concejo Nacional de Defensa del Patrimonio Pesquero-CONDEPP (Jorge Bustos) se manifestó en contra. Estas posturas divergentes expuestas en el presente Concejo Nacional de Pesca, solo se pueden entender a partir de las trayectorias sindicales de ambas confederaciones, las cuales serán explicadas en el siguiente apartado.

Una vez aprobada dicha normativa, los sindicatos opositores procedieron a establecer una alianza con los diputados Daniel Núñez del Partido Comunista (del distrito N°5 -Sector costero de la Región de Coquimbo) y Víctor Torres de la Democracia Cristiana (del distrito N°7 -Sector costero de la Región de Valparaíso), los cuales son electos por dos distritos costeros, donde la Jibia es un recurso explotado por las comunidades pesqueras2. A partir de ello, ambos diputados, en conjunto a la Coordinadora Nacional de Jibieros, la CONDEPP y la “Asociación de Pequeños y Medianos Empresarios Pesqueros”, presentaron un proyecto de ley de pesca sustentable de la Jibia en agosto del 2014. Dicho proyecto, fue el causante de los recientes conflictos entre los pescadores artesanales, el ejecutivo y el parlamento, al estipular que solo se reconociera como arte de pesca la línea de mano o potera, generando que los industriales se sintieran amenazados.

Los tambores de la guerra por la Jibia volvieron a sonar el año 2018, cuando en julio el subsecretario de pesca Eduardo Riquelme, sostuvo que no es posible tener una ley que determine las artes de pesca, ya que resultaba perjudicial para la economía Chilena, afirmando que: “Es malo, en general, que la ley empiece determinar cómo se pesca cada uno de los recursos. Si ahora se hace con la jibia, después se podría querer hacer respecto de la reineta, el jurel, el bacalao. Es inconveniente, en primer lugar, porque estas decisiones deben tener un fundamento técnico. El que este aspecto quede regulado por ley, además, establece una rigidez. Porque después, para modificar el arte de pesca, habría que modificar la ley. Si, en cambio, quedan determinadas las artes por vía administrativa, pueden irse haciendo ajustes”. Dichas declaraciones, se presentarían como un espaldarazo para el sector capitalista industrial, con el objetivo de empujarlos para que apelaran a la intervención del Gobierno.

La ofensiva de los empresarios industriales no se hizo esperar, y pronto movilizaron su poder institucional, social y económico-estructural (Schmalz 2017)3 para revertir el proyecto de ley, aprovechando el nuevo escenario que brindaba el gobierno de Sebastián Piñera. Por un lado, la Asociación de Industriales Pesqueros (ASIPES) desplegó ampliamente su Lobby político con el ejecutivo, bajo la tesis de que la ley era inconstitucional. En una entrevista a una representante de ASIPES, Macarena Cepeda, sostuvo que la entrada en vigencia del proyecto de Ley de la Jibia que prohíbe la pesca de Arrastre, pondría a Chile a la altura de Venezuela, ya que dicho país ha sido el único del mundo que ha prohibido la pesca de arrastre por razones de tipo ideológicas (“El Mercurio”, 2 de agosto del 2018. Sección B; Pagina 1). Por otro lado, afirmó que el aumento de la cuota global de la jibia era bienvenida, siempre y cuando no se prohibiera aplicar como arte de pesca el arrastre, ya que las consecuencias que traería esto para el sector se harían notar rápidamente:

Estamos a la espera que el gobierno nos convocara para ver cómo vamos a trabajar las capacitaciones y programas para atender a los más de 900 empleos directos y otros 2.500 indirectos que se van a perder en Talcahuano y Coronel producto del proyecto que se tramita en el congreso para dejarnos fuera de la captura de la jibia”4. (“El Mercurio”, 2 de agosto del 2018. Sección B; Pagina 1).

De esta forma, se fueron articulando las presiones legales, discursivas y económicas, para que el 5 de octubre el gobierno declarara que dicha ley iría al Tribunal Constitucional.

Finalmente, el conflicto se agudizó este año, cuando la ley fue aprobada el pasado 10 de enero y el ejecutivo se manifestó categóricamente en contra de las nuevas regulaciones estipuladas. Por medio del subsecretario de pesca, no trepidaron en afirmar que la ley era “Inconstitucional”, a lo cual le siguió la declaración del ministro de economía José Ramon Valente el 16 de enero, quien afirmó que el ejecutivo vetaría la ley, fundamentando técnicamente que lo que se buscaba regular, es una prerrogativa exclusiva del presidente de la Republica. Tales declaraciones, dieron inicio a una ruptura social en las ciudades costeras y en las relaciones de cooperación con los actores sociales subalternos. A partir de este detonante, el conflicto pasó a una fase explicita entre todos los actores con intereses sobre el recurso Jibia, desarrollando la movilización de los recursos de poder asociativos como estructurales. En este escenario, tanto los sindicatos de pescadores artesanales como industriales, fueron los actores que se movilizaron para legitimar la vía del Veto presidencial o revertir la acción burocrática del Ejecutivo.

El desarrollo del momento actual en la guerra de la jibia: actores, demandas y consecuencias

Para describir el accionar de los actores en esta coyuntura, tenemos que analizar las trayectorias sindicales y su diversidad de posturas, ya que su composición heterogénea como grupos de interés se refleja en la multiplicad de asociaciones. Para ello, describiremos a los actores participes de este conflicto a escala sectorial, considerando a trabajadores del sector pesquero artesanal e industrial.

Un primer actor relevante es la CONAPACH, quien desde el año 2011 ha establecido una alianza con la industria pesquera, apoyando tristemente la célebre “Ley Longueria”. Su silencio ante el rechazo industrial a la nueva ley del a Jibia y su no adhesión a las protestas de los pescadores, responde básicamente a su política de colaboración en esta materia con los empresarios pesqueros, consagrada desde su votación en el Concejo Nacional de Pesca del año 20145. Por este hecho, en el actual escenario de conflicto, el rechazo a este actor se observa cuando un grupo de pescadores movilizados en San Vicente de Talcahuano, atacaron el 21 de Enero una sede gremial de pescadores afiliados a la presente confederación.

Desde otra vereda, la Confederación Nacional de Federaciones de Pescadores Artesanales de Chile (CONFEPACH), se manifestó en contra de la ley de la Jibia. Esta asociación sindical, surge a partir de un quiebre de la CONAPACH en la década del 90´, planteando una posición de disconformidad con la dirigencia de su confederación, la cual desarrollaba en aquel entonces un sindicalismo de oposición a las políticas Estatales. En ese contexto, sus principales dirigentes optan por formar una Confederación paralela, definida por un sindicalismo cooperativista estableciendo una alianza entre el sector industrial y el Estado. Al fijar esta directriz político-sindical, esta asociación nacional apoyó explícitamente las controvertidas leyes de pesca del año 2002 y del 2012. Considerando estos antecedentes, la declaración de apoyo a la reciente ley de la Jibia, se presenta como una acción “anómala” en relación con su actuar histórico. En este plano, su actuar específico en esta movilización, se debería a dos motivos: El recambio generacional de dirigentes sindicales y su exclusión del acuerdo de la Jibia del año 2014 en el Concejo Nacional de Pesca.

Finalmente, una tercera fuerza la constituye la CONDEPP, la cual articulo la ley de la Jibia y asume un rol protagónico en las recientes movilizaciones nacionales. Desde que se funda la presente confederación en el año 2011, se posiciona como una asociación de rechazo a las leyes pesca vigentes. Su posición en este escenario se ve reforzada, por el protagonismo que asume su dirigente nacional (Jorge Bustos) en su rechazo a la propuesta distributiva de dicho recurso en el Concejo Nacional de Pesca durante el año 2014.

Imagen: Acuerdo histórico del de los actores de la pesca para aprobar la ley de pesca del año 2012

En la foto, de izquierda a derecha: Pablo Galilea, subsecretario de Pesca; Zoila Bustamante, presidenta de la CONAPACH; Pablo Longueira, ministro de Economía; Hugo Arancibia, presidente de la CONFEPACH; Rodrigo Sarquis, el presidente de la Sociedad Nacional de Pesca (SONAPESCA).
FUENTE: Revista AQUA, N°151, Octubre del 2011. Página 17.

De forma paralela a las organizaciones de derecho, la agrupación de hecho participe de este proceso, es la Coordinadora de Pescadores de la Jibia. Para para trabajar en la propuesta de la presente ley, los trabajadores de base de los sindicatos independientes como afiliados de las grandes confederaciones sindicales en las distintas regiones donde se explota el recurso, procedieron a organizarse en esta agrupación no institucional. El propósito de su existencia, es trabajar exclusivamente según el interés que los unifica (una ley de la Jibia sustentable), pero no de articular por el momento agrupación nacional de los pescadores artesanal para tratar otras problemáticas asociadas.

Desde la vereda del frente del sector artesanal, los obreros de las plantas pesqueras y los tripulantes industriales en la región del Bio bio, también se hicieron parte del presente conflicto. Este actor laboral, desde el año 2000 hegemoniza sindicalmente una tendencia corporativista, la cual defiende gremialmente los intereses del sector industrial. Dichas organizaciones, tienden a irrumpir públicamente en los mismos momentos que los empresarios pesqueros presionan al Estado en favor de sus intereses. En ámbitos temporales, sus movilizaciones por este tipo de problemáticas se logran observar desde el mes de diciembre del año 2000, cuando en pleno debate parlamentario sobre la ley corta de pesca, protestaron masivamente a favor de dicho proyecto (Tromben, 2018). En este escenario de disputa socio-económica y específicamente con la problemática de la Jibia, sus demandas se caracterizan por la defensa de métodos de pesca no sustentables y por la distribución favorable de los recursos marinos para el empresariado pesquero. En este sentido, su discurso como actor laboral, se ampara a partir de una defensa del empleo, pero no por mejores condiciones laborales.

Este conjunto de actores, gestarán el conflicto social por medio de sus clásicos repertorios de acción (protestas y la acción directa violenta), desarrollándose enfrentamientos en las regiones donde se extrae la Jibia (Desde la región de Coquimbo hasta Los Rios).

Mapa de protestas en regiones en el reciente conflicto de “Guerra de la Jibia”

Elaborado por Jorge Ayala.

En el actual escenario, las asociaciones que se han movilizado contra la ley de la Jibia y a favor del veto presidencial, son la Federación de Sindicatos de la Industria Pesquera-FESIP y el Sindicato Inter-empresa de Patrones, Motoristas y Tripulantes de Pesca del Bio bio. Estas entidades desde comienzos del año 2018, realizaron diversas declaraciones públicas y movilizaciones en contra del presente proyecto, lo cual se replicara el año 2019 en la región del Bio Bio y en Santiago con los distintivos chalecos amarillos.

De forma contraria a esta hegemónica corriente sindical, la Federación de Trabajadores Pesqueros de la Región del Bío Bío-FETRAPES se posiciona como un opositor al sindicalismo corporativista y a favor de la pesca sustentable. Su principal dirigente, Juan Montenegro, ha manifestado de forma permanente que los empresarios de la industria pesquera, movilizan a los trabajadores de acuerdo con sus intereses, denunciando institucionalmente que las empresas obligan a los trabajadores a salir a protestar. A la vez, la presente Federación se ha desmarcado del discurso de defensa gremial de los intereses del sector industrial, planteando de forma explícita que en la presente movilización, “no están paralizando los trabajadores, se está paralizando el empresariado”.

Finalmente, este conflicto donde se desplegó el conjunto de recursos de poder por parte de los distintos agentes socioeconómicos, será consumado con el retiro de la intención de veto por parte del presidente de la república. Ante esto, la reacción de los actores en conflicto, responderá según los intereses en disputa y por su apuesta del modelo pesquero a implementar. Por el lado del sector industrial, el presidente de ASIPES (Roberto Izquierdo) acusó de “populista” al gobierno, por el hecho de ceder a las presiones de los pescadores artesanales. Dicha posición, será reafirmada de forma no tan tajante por parte de la Corporación de la Producción y el Comercio (CORFO), afirmando que el error del gobierno fue escuchar rápidamente la “presión de la calle”. Por otra parte, los sindicatos industriales defensores de los intereses del sector empresarial, procedieron a romper la mesa establecida con el gobierno al enterarse que el veto no se realizaría. De forma contraria a estos actores, el sector artesanal y los defensores de la presente ley, sostienen que esta movilización constituye un logro, ya que desde la década del 2000 han vivenciado solo retrocesos. A la vez, esta ley, queda como precedente de que el parlamento puede legislar en torno a los artes de pesca, lo cual es beneficioso para futuras luchas.

Conclusiones

A partir del presente conflicto denominado “La Guerra de la Jibia”, podemos realizar una serie de reflexiones para encausar el debate para una agenda de trabajo relacionada a la problemática pesquera. Las conclusiones que podemos realizar del presente caso, están relacionadas a las dos dimensiones tratadas en el artículo: La socioeconómica y la socio-laboral.

Partiendo por el problema socioeconómico y el desarrollo del extractivismo, podemos afirmar lo siguientes puntos. Por un lado, el fundamento de la clase dirigente para atacar al sector artesanal, se basa en sostener que el sector industrial es el más eficiente para extraer los recursos. Desde aquella postura, podemos afirmar que la capacidad productiva de la industria pesquera efectivamente es mayor que la artesanal, pero no es ni más rentable ni sustentable en el largo plazo, ya que ésta es la principal responsable de la destrucción de los ecosistemas marinos, poniendo en riesgo la preservación de los recursos. A la vez, si analizamos esta disyuntiva especifica desde el caso de la pesca de la Jibia, la participación del sector industrial no es económicamente sustantiva a nivel nacional, ya que, según las memorias anuales de la SUBPESCA del año 2017, su captura equivale a un 4,5% (39.088 t) del total de las especies que explotan (866.203 t). A la vez, la aprobación de la presente ley resulta favorable para la pesca como actividad económica a nivel nacional, ya que se logra establecer un piso desde el cual poder reformular la legislación pesquera y modernizar los modos de producción. En este último punto, el proceso de modernización industrial, podría permitir que la flota priorice artes de pesca de tipo selectivas y la automatización del sector de las líneas de mano. De esta forma, los actores laborales participes de la producción pesquera, podrán superar la primera barrera de la disputa socioeconómica y abogar por un programa común de reconstrucción sustentable de la pesca nacional.

Desde la dimensión sociolaboral, podemos afirmar que el conflicto socioeconómico, está entrecruzado por la configuración de clases y los intereses sectoriales. En este sentido, la disputa de intereses se estructura por la composición de los sujetos sociales insertos en el campo de disputa, representados por la clase dominante pesquera (los empresarios de la industria) y la clase trabajadora del mar (los sindicatos de los operarios industriales y los pescadores artesanales). En este escenario, donde se entrecruza la disputa sectorial y de clase, los actores se movilizan en post de sus intereses y utilizan sus recursos de poder según su propia orientación sindical y económica. A escala sectorial, el gremio pesquero al momento de disputar el recurso pesquero frente a los artesanales, utiliza al actor sindical de su industria como un recurso de poder económico-estructural. Ante esto, el operario sindical responde al llamado de la industria, debido a la cooptación de sus dirigencias y la influencia que ejerce sobre las bases sindicales el recurso de poder social (el discurso de “defensa del empleo”) elaborado por los empresarios.

En este plano, en vez de que el sindicato se movilice por las condiciones de trabajo que fijan los capitalistas, lo hace a favor de que sus patrones tengan derechos exclusivos de propiedad sobre el recurso de la Jibia y para poder desarrollar un proceso de integración vertical de explotación del recurso (de poder capturar y procesar el recurso en una misma línea de producción). Es por ello, que cabe aclarar que, si existiera un sistema de captura de Jibia exclusivo para el sector artesanal, el operario de la planta procesadora no se ve afectado, ya que la materia prima que procesa es abastecida de todas formas por este último actor.

Bibliografía

Tromben, Carlos. “Pescado Rabioso. Leyes de pesca y luchas de poder en al derecha Chilena”. (Santiago de Chile: Ediciones B, 2018).

Harvey, David. “El nuevo imperialismo”. (Madrid: Editorial AKAL, 2007)

Schmalz, Stefan. “Los recursos de poder para la transformación sindical”. Nueva Sociedad. N° 272 (2017).

Chong, Javier; Oyarzún, Ciro; Galleguillos, Ricardo; Tarifeño, Eduardo; Sepúlveda, Roger; y Ibáñez, Christian. “Parámetros biológico-pesqueros de la Jibia, Docidicus Gigas (Orbigny, 1835) (Cephalopoda: ommastrephidae), frente a la costa de Chile Central (29°S-40°S) Durante 1993-1994”. Gayana (Concepción), N.º 69(2). (2005)

Cox, Francisco y Bravo, Pablo. “Sector pesquero: Evolución de sus desembarques, uso y exportación en las ultimas décadas, Febrero 2014”. ODEPA, Oficina de estudios y política agrarias, https://www.odepa.gob.cl/wp-content/uploads/2014/02/SectorPesca201402.pdf

Dresdner, Jorge; Barriga, Omar; Chávez, Carlos; Henríquez, Guillermo; Cubillos, Luis; González, Nuria; Hernández, Angie; y Baquedano, Marjorie. “Evaluación socioeconómica de la implementación del Régimen Artesanal de Extracción (RAE) en la pesquería de la merluza común. Informe Final”. Subsecretaría de Pesca y Acuicultura. http://www.subpesca.cl/fipa/613/articles-89080_informe_final.pdf

Canales, Cristián; Serra, Rodolfo; Saavedra, Juan Carlos; y Caballero, Nieva. “Informe Final. Estatus y posibilidades de explotación biológicamente sustentables de los principales recursos pesqueros nacionales 2013. Jurel 2013”. Subsecretaría de Pesca y Acuicultura. http://www.subpesca.cl/transparencia/documentos/INFORME_FINAL_Jurel_2013_marzo2013.pdf

Quiñones, Renato; Salgado, Hugo; Montecinos, Aldo; Dresdner, Jorge; y Venegas, Manuela. “Evaluación de potenciales impactos y reducción de la vulnerabilidad de la pesca al cambio climático – El caso de las pesquerías principales de la zona centro-sur de Chile”, “Cambio climático, pesca y acuicultura en América Latina Potenciales impactos y desafíos para la adaptación”, (Roma: Organización de las Naciones Unidad para la Alimentación y la Agricultura-FAO, 2013)

Archivos de Prensa

Revista “Punto Final”

Diario “El Mercurio”.


Jorge Ayala Córdova es Magister de Ciencias Sociales mención en sociología de la Modernización de la Universidad de Chile y estudiante del magister de Historia de la Universidad de Santiago de Chile. Miembro de Centro de Investigación Político-Social del Trabajo – CIPSTRA.

Notas

1El concepto “Definición por despojo”, es desarrollarlo por David Harvey en su Libro “El nuevo imperialismo”, y hace alusión a cómo el capitalismo neoliberal, en distintas partes del mundo, impulsa dinámicas de acumulación en base a la expropiación de los bienes comunes, colectivos o públicos-Estatales mediante una política de privatización. Dicho fenómeno respondería a un proceso histórico continuo en el desarrollo del capitalismo, que Marx observó desde la revolución industrial con la llamada “Acumulación originaria”.

2Ambos diputados provienen de la bancada parlamentaria crítica a la ley “Longueira”, lo cual incide en que ambos políticos asuman tal iniciativa relacionado a la presente ley. Para ver la trayectoria de los diputados y de la postura de los partidos políticos en las votaciones de las indicaciones de la ley de pesca, revisar el presente artículo de CIPER CHILE.

3Los presente tipos de poderes, son definidos por el Sociólogo Steffan Schmalz quien teoriza sobre los recursos de poder de las asociaciones sindicales a partir de la teoría de la movilización. El define que las asociaciones pueden ocupar cuatro tipos de poderes para alcanzar sus objetivos: 1) El poder Económico-Estructural (que deviene del poder de mercado laboral y de producción); 2) Poder Asociativo (Que deviene de la estabilidad o vitalidad de la organización sindical); 3) El poder institucional (que deviene de la influencia en contextos institucionales); 4) El poder social (Que deviene del poder de cooperación y de discurso).

4Cabe recalar que de la misma forma que en la movilización de los años 2000 de los obreros industriales a favor de la ley del Limite Máximo de Captura, el sector y los empresarios sostuvieron que si no se aprobaba la ley, iban haber despidos en el sector debido a que el negocio no iba a ser sostenible. Finalmente, una vez aprobada la ley bajo los parámetros que querían, estos mismos trabajadores que defendieron su posición, fueron despedidos, siendo el Estado quien se hizo cargo de su situación y no la empresa privada del sector.

5Cabe recordar, que el presente Confederación el 29 de julio del 2014 participo con tres representantes en la mesa extraordinaria del Concejo Nacional de Pesca, Zoila Bustamante, Eduardo Beltrám y Miguel Avalos, votaron a favor del proyecto que repartía la cuota global de la Jibia en un 80% para el sector artesanal y un 80% para el industrial. En el siguiente link leer el acta de votación que constata la fijación de posturas ante tal acontecimiento. http://www.subpesca.cl/portal/616/articles-84507_documento.pdf

 

Compártelo en:

Autor entrada: Convergencia Medios

Comentarios

  Suscribete  
Notifíicame de