Defensoras y defensores de DDHH alegan en representación de comunidades y personas envenenadas durante la crisis sanitaria y ambiental que tuvo lugar en Quintero y Puchuncaví el año pasado.
por Equipo de Comunicaciones de la Defensoría Ambiental
Este seis de febrero empezaron los alegatos de los muchos Recursos de Protección que se presentaron a propósito de los envenenamientos masivos y la crisis ambiental y sanitaria que hubo en Quintero y Puchuncaví durante el segundo semestre del año pasado. Con más de 1.700 personas envenenadas con gases tóxicos durante un periodo de aproximadamente dos meses a partir del 21 de agosto de 2018, de los que más de 1.200 se trataba de niñas, niños y adolescentes, no hemos podido saber hasta el día de hoy cuáles son estos gases tóxicos ni desde dónde fueron emitidos.
Durante esa coyuntura, en septiembre del año pasado, la Defensoría Ambiental, FIMA, la Clínica de Justicia Ambiental de la UDP y otras, presentaron Recursos de Protección coordinadamente. Además, varias personas naturales y un senador de la república presentaron los suyos. El petitorio es bien sensato: la paralización del complejo industrial hasta saber cuáles son los gases que están envenenando la población, tener información sobre esos contaminantes, revisón de los proyectos nuevos y antiguos que están en el complejo y que son los fuentes de contaminación, la unificación de normas con las recomendadas por la Organización Mundial de Salud y seguimiento del estado de salud de las personas.
Hasta el día de hoy nadie se ha hecho cargo en serio de esta brutal vulneración de los derechos y la salud de las personas que habitan la bahía de Quintero y Puchuncaví. La extendida crisis fue una explosión, pero una que, dada la tecnología obsoleta y la sobresaturación de las instalaciones industriales que componen el complejo—19 en total, muchas expertas y expertos venían anticipando, y que nadie nos puede decir que no volverá a pasar. Las respuestas de las autoridades estatales y de los gremios industriales frente esta grave situación fueron y siguen siendo insuficientes.
Las y los habitantes de las demás Zonas de Sacrificio a lo largo del territorio nacional están expuestas a estos mismos riesgos porque hay tanta desregulación que esto era totalmente prevesible.
Esta peligrosa realidad actual se puede contrastar con la comunicación que ha dado el gobierno donde, por ejemplo, el Ministro de Salud ha dado entrevistas en la prensa diciendo que no eran necesarios exámenes toxilógicos—hasta el día de hoy no se ha hecho ninguno—porque, según sostiene la autoridad sin ningún respaldo científico, sin haber hecho exámenes a la gente, los envenenamientos masivos no han tenido ninguna consecuencia, que la crisis sanitaria que vieron los hospitales locales y regionales sobresaturados de pacientes gravemente afectados simultáneamente fue más bien inocua. En este sentido se puede decir que la comunicación del gobierno ha sido insuficiente y violenta, bajando el perfil de una catástrofe ambiental donde 1.700 personas de 50.000 que habitan la bahía resultaron afectadas a tal punto que recurrieron al servicio de salud.
Foto: Abogadas y abogados que alegan frente la Corte de Apelaciones de Valparaíso en representación de comunidades y personas afectadas por los envenenamientos masivos que tuvieron lugar entre agosto y octubre del 2018 en Quintero y Puchuncaví, de izquierda a derecha: Eduardo Jara – abogado de Campomar, Roxana Núñez Becerra y Cristobal Correa Yunis – colaboradores de la Defensoría Ambiental, Josefina Correa – abogada de una pobladora y sus 3 hijos, Alejandra Donoso – abogada encargada de justicia ambiental de la Defensoría ambiental, Gabriela Burdiles – abogada de FIMA, Rodrigo Pérez – enviado especial de la Clínica de Justicia Ambiental de la UDP.
