Aportes al debate feminista sobre la prostitución

Por Carolina Sepúlveda, militante de Convergencia 2 de Abril 

Parece ser que el último tiempo ha comenzado a aumentar el interés, de parte de las mujeres que participamos del movimiento feminista, en el debate respecto a la prostitución. Si bien no existe demasiada literatura nacional al respecto, el debate ha sido arduo y lleva ya varias décadas en otras latitudes. En este escrito pretendo simplemente hacer un aporte al debate local, exponiendo los principales argumentos de cada una de las tesis que se contraponen en este tema.   

La discusión feminista en torno a la prostitución es profundamente compleja y tiene varias aristas y dimensiones, por lo cual los argumentos que se esgrimen de una y otra parte de la disputa son variados. De todas formas, es posible afirmar que a este respecto el Feminismo se escinde en dos corrientes, aunque con diversos matices al interior de cada una: la postura abolicionista y la postura regulacionista o reglamentarista.

Algunas autoras plantean que la cuestión que demarca la línea divisoria entre ambas posturas es la pregunta de si la prostitución es una forma de dominación masculina sobre las mujeres o si, en cambio, ejercer la prostitución es fruto de una decisión libre y voluntaria sobre su sexualidad. Sin embargo, la discusión va más allá de la pregunta por la libertad, la autonomía o la voluntad de la decisión de ejercer la prostitución. En realidad, es posible decir que, más bien, lo que divide al Feminismo en dos posturas antagónicas en torno a este tema es la pregunta de qué hacer con la prostitución, interrogante que es respondida teniendo en cuenta una diversidad de factores y razones. Ésta me parece la forma adecuada de formular el problema, ya que plantearlo en términos de si la prostitución constituye una forma de opresión y explotación o si es una decisión libre y voluntaria, reduce al regulacionismo a una postura sumamente liberal, en tanto dicha distinción sugiere que la tesis regulacionista no reconoce o no es capaz de reconocer la medida en que la prostitución efectivamente constituye una forma de trabajo explotado. Esa es una afirmación al menos sesgada, puesto que dentro de esta tesis existen distintas formas de justificar la necesidad de una regulación para el trabajo sexual, que no se limitan a un análisis liberal.

En realidad, las distintas visiones dentro del regulacionismo convergen en la necesidad de la reglamentación legal del trabajo sexual para el reconocimiento de los derechos de las trabajadoras sexuales, mientras que la tesis abolicionista se plantea rotundamente contraria a la regulación del ejercicio de la prostitución –en cualquiera de sus formas, incluso cuando es voluntaria–. A pesar de que estas posturas se muestran claramente irreconciliables entre sí, vale decir que ambas se plantean con el objetivo de velar por los intereses y derechos de las mujeres prostitutas o trabajadoras sexuales, según la denominación que favorezcan.

El abolicionismo

En términos simples, la posición abolicionista es aquella que se plantea siempre y en todo caso contraria a la prostitución, y particularmente a su regulación legal y su reconocimiento como un trabajo. Al interior del feminismo abolicionista, hay diferencias respecto a cuál debe ser la respuesta estatal o jurídica frente a la realidad ineludible de la prostitución en el mundo, pero lo que tienen en común es la idea de que ésta no puede ser reconocida como “un trabajo más”.

La problematización en torno a la prostitución dentro de la “tradición feminista” encuentra sus orígenes en el movimiento sufragista en el Reino Unido durante la segunda mitad del siglo XIX, siendo las mujeres de este movimiento las primeras que se ocuparon de cuestionar críticamente la ideología patriarcal que se veía expresada en la histórica normalización que rodeaba a la prostitución y que la entendía como algo necesario de proporcionar a los ciudadanos varones, aunque por supuesto en este momento histórico aún no se acuñaba el concepto de patriarcado. En este contexto, la feminista inglesa Josephine Butler fue la pionera más importante y destacada, que lideró el proceso de denuncia contra las Contagious Disease Acts (“Leyes de enfermedades contagiosas”), que no eran sino manifestaciones de la “ideología social y sexual victoriana” de la época. Estas leyes regulaban la prostitución en ciudades y puertos militares con el objeto de controlar las enfermedades venéreas que se estaban expandiendo, pues se culpaba a las prostitutas de provocar el deterioro de la salud y del bienestar de toda la población, y otorgaban a los magistrados, policías y médicos el control sobre el cuerpo de las mujeres, con el supuesto objetivo de una mejora en la salud pública. Gracias al movimiento liderado por Butler, las CDAs fueron derogadas en Inglaterra en 1886.

Cabe decir, no obstante, que si bien estas feministas quisieron defender a las prostitutas de las graves vulneraciones que las Acts implicaban para sus derechos, se trató de una “relación de autoridad entre las mujeres adultas de clase media y las jóvenes de clase trabajadora que, aunque protectora y cuidadosa, era jerárquica y de custodia”.

A pesar de la férrea lucha que las feministas de fines del XIX dieron contra las formas de control de la prostitución que claramente vulneraban la dignidad de las prostitutas, fue el feminismo radical a partir de la década de los 70’ del siglo pasado el que retomó y profundizó las críticas a la prostitución, principalmente protagonizadas por Andrea Dworkin, Catherine Mackinnon y Kathleen Barry.

La prostitución es para las feministas abolicionistas un pilar primordial en el sistema de “supremacía masculina” –es decir, el patriarcado–, ya que cumple la función de crear o constituir la “masculinidad”, elevando el estatus de los hombres mediante el acto de usar a la clase subordinada –las mujeres– específicamente para aquello que representan en ese sistema: un sistema de dominación o supremacía masculina. En este sistema, “las mujeres son subordinadas como una clase, en base a su sexo biológico y a través de su sexualidad”, de manera tal que la prostitución de mujeres es la institución que permite a los hombres constituirse como clase dominante justamente mediante el uso de aquella parte del cuerpo de la mujer que indica su estatus de segunda clase.

Kathleen Barry, socióloga estadounidense y fundadora de la ONG abolicionista Coalición Contra el Tráfico de Mujeres (en inglés, CATW), plantea derechamente que la prostitución es en realidad “esclavitud sexual de la mujer”, y cuando habla de esclavitud sexual no distingue entre la prostitución voluntaria y la trata de personas, pues ésta es siempre y en todo caso una forma de dominación sexual y por lo tanto no cabe hacer dicha distinción[1]. Barry reconoce que la prostitución “es a la vez un síntoma de un orden social injusto y una institución que explota económicamente a las mujeres”, sin embargo, plantea inmediatamente que el poder económico no es la variable causal puesto que bajo ese análisis quedan sin identificar ni impugnar las dimensiones sexuales del poder[2].

Así, la prostitución es siempre explotación, denigración y violencia contra las mujeres, razón por la cual no puede ser reconocida como un trabajo[1]. Y, dado que no se concibe la posibilidad de que exista en la prostitución un ejercicio de voluntad propia, toda relación sexual en este contexto de esclavitud sexual será una violación[2]. En este sentido, Andrea Dworkin, una de las teóricas más importantes contra la prostitución y la pornografía, plantea que la prostitución es intrínsecamente abusiva y que se parece a una “violación grupal” (gang rape) más que a cualquier otra cosa[3]. Por esa razón, las abolicionistas se refieren a quienes ejercen el trabajo sexual como mujeres prostituidas, ya que no consideran que pueda haber lugar para el ejercicio voluntario del trabajo sexual[4]

Ana de Miguel, autora española y férrea defensora del feminismo abolicionista más contemporáneo, define la prostitución como “una práctica por la que los varones se garantizan el acceso al cuerpo de las mujeres”, y que en ese sentido implica la materialización más clara del derecho patriarcal, que es el derecho incuestionable de todo varón a disponer del cuerpo de las mujeres a cambio de dinero[5]. Bajo este paradigma, la prostitución constituye una escuela de desigualdad humana que se sostiene sobre lo que Ana de Miguel denomina “ideología de la prostitución”.  

Por todo lo anterior, las abolicionistas se niegan rotundamente a la regulación legal de la prostitución y al reconocimiento de los derechos de las prostitutas en tanto trabajadoras, ya que ello implicaría la legitimación institucional de la explotación y dominación sexual de las mujeres, es decir, la legalización de la ideología de la prostitución. Plantean que la regulación conllevaría la normalización de esta forma de esclavitud sexual porque se abandonaría la reflexión sobre sus raíces, y traería consecuencias más negativas aún.

Por estas mismas razones, las abolicionistas son contrarias a la distinción entre prostitución voluntaria y trata de personas, ya que, como se expuso, no es posible afirmar que el consentimiento o la voluntad puedan constituir la línea divisoria entre ambos conceptos, en tanto aquello que se pretende denominar prostitución voluntaria o trabajo sexual no es más que explotación y dominación sexual, tanto como lo es la prostitución forzada o trata de personas. La propia Barry sostiene que la distinción entre la prostitución “libre” y la “forzada” que se ha institucionalizado mediante la regulación fomenta el tráfico de mujeres[6]. En definitiva, las abolicionistas entienden que entre trata y prostitución existe una relación directa, y que la unánime condena feminista a la trata de personas con fines de explotación sexual debería traducirse a su vez en la condena a la prostitución en tanto institución que la favorece y que, en último término, la hace posible[7]

En suma, el feminismo abolicionista ha sostenido que las prostitutas son las víctimas del patriarcado por excelencia y su situación es expresiva de la posición que todas las mujeres ocupan bajo este sistema.

El regulacionismo

El discurso anti-prostitución y anti-pornografía de las feministas abolicionistas que a partir de los años 70’ prácticamente hegemonizó el debate feminista, en particular en Estados Unidos, no fue apoyado por todas las feministas. Así, el Feminismo estadounidense y europeo se polarizó en torno a estos temas durante los años 80’, desencadenando lo que se ha denominado las “guerras del sexo” (sex wars) al interior del movimiento feminista[8].

Cabe decir también que no sólo las activistas y académicas feministas se involucraron en el debate. De hecho, el impulso del regulacionismo estuvo dado cuando, a partir de los años 70’, las prostitutas empezaron a organizarse incipientemente para que su oficio fuese considerado un trabajo legal y, en consecuencia, les fueran asegurados derechos básicos en tanto trabajadoras[9]. En este contexto, en los últimos años de la década de los 70’, la prostituta Carol Leigh acuñó el término “trabajo sexual” para poder describir la labor que ella y otras trabajadoras desarrollaban en el comercio sexual, esperando que este término pudiera unir a las trabajadoras y ser una alternativa al estigma de la palabra prostituta, además de “reconocer el trabajo que hacemos en vez de definirnos por nuestro estatus”[10].

Por otra parte, el feminismo liberal, dado que no compartía en lo absoluto la matriz de análisis del feminismo radical que predominaba en esta discusión, tampoco compartió su postura en torno a considerar la prostitución siempre y en todo caso como una forma de esclavitud sexual. Las feministas liberales afirman que la prostitución es una forma más de ejercicio de la libertad individual inherente a todo ser humano, y para ellas, entonces, toda la pregunta debe estar puesta en torno a la existencia o inexistencia de consentimiento libre y voluntario en el ejercicio del comercio sexual, puesto que parten de la premisa de que existe tal cosa como un consentimiento verdaderamente libre. Por lo tanto, la prostitución será una opción legítima para las mujeres mientras ésta sea tomada libremente, es decir, sin ser forzadas ni coaccionadas.

Algunas feministas también criticaron a las abolicionistas de ser conservadoras y puritanas, ante lo cual formaron un discurso propio al interior de este debate: el denominado feminismo pro-sexo (pro-sex feminism)[11]. Esta corriente del feminismo regulacionista defiende la posibilidad de las mujeres a explorar y definir su propia sexualidad, lo cual implica también la posibilidad de elegir la prostitución como un trabajo y actividad legítima que no define su estatus personal. Sostienen, también, que el ejercicio del trabajo sexual sería una forma de transgresión de los mandatos patriarcales impuestos a la sexualidad femenina, puesto que contrarían el rol sexual hegemónico que les corresponde en tanto mujeres, esto es, el papel de mujeres decentes[12]

Bajo este enfoque, la voz propia de las trabajadoras sexuales cobra relevancia, ya que consideran que nadie debe decir por ellas si su trabajo es opresivo, dañino o humillante, en tanto no existen verdades absolutas extrapolables a todas las personas sobre el trabajo sexual o el propio cuerpo[13]. El feminismo pro-sexo busca demostrar, además, que el trabajo sexual voluntariamente decidido como estrategia de vida puede empoderar a las mujeres, darles poder y autonomía y, sobre todo, independencia personal y económica, ya que muchas veces ésta es la mejor opción que tienen ante un panorama mundial en que las mujeres ocupan los puestos de trabajo más informales y peor remunerados[14]

Ana de Miguel tilda al regulacionismo de ser una “postura neoliberal”[15]. Sin embargo, esta afirmación puede resultar reduccionista, ya que los argumentos de las feministas regulacionistas van más allá de la mera pregunta por la libertad de la decisión, y en general también se analiza desde esta postura el contexto y las condiciones estructurales en que se inserta el fenómeno de la prostitución. Además, con esta afirmación la feminista abolicionista española desconoce y omite el análisis que algunas autoras han hecho tomando posición a favor del reconocimiento de la prostitución como un trabajo desde una matriz de pensamiento marxista que no sólo supera sino que se opone al punto de vista del feminismo liberal.

Desde este punto de partida, la crítica está puesta en relevar que las feministas abolicionistas parecen olvidar que el problema que reconocen en la prostitución es en realidad un problema universal bajo el capitalismo, consistente en lo que Marx llamaba “la coacción silenciosa de las relaciones económicas”[16]. El problema que detectan algunas regulacionistas, es que parecería no incomodar que las mujeres vendan su fuerza de trabajo en condiciones deleznables, pues únicamente hay escándalo respecto a la explotación sexual y no ante otras formas de explotación de la fuerza de trabajo femenina. El argumento regulacionista puede ser entonces, desde los análisis más recientes del feminismo marxista o socialista, caracterizado como uno en contra del “excepcionalismo del trabajo sexual”[17].

El análisis del feminismo socialista entonces vuelve a poner el foco en el trabajo en términos marxistas, y por lo tanto no niega la explotación implicada en la prostitución; por el contrario, reconoce su carácter de trabajo justamente en virtud de la identificación de aquello, a diferencia de las abolicionistas. Sin embargo, plantean, el trabajo sexual no es explotación debido a algo particular o característico relativo al sexo, sino que lo es porque es trabajo bajo el sistema capitalista. Y en este sentido, el trabajo sexual es un elemento muy relevante para un análisis de la interseccionalidad entre el capitalismo y el patriarcado[18], ya que en realidad, la complejidad del fenómeno de la prostitución no reside meramente en el carácter de mujer de la prostituta, per se, sino que “en el grado en que su pobreza, su género, su raza, su sexualidad, su edad, su religión, su estatus legal, su apariencia, o sus capacidades, pueden ser usados en su contra en la extracción de plusvalor de su trabajo”[19]. Y la pregunta por la manera en que estos factores afectan a las trabajadoras sexuales tiene poco que ver con la presencia o ausencia de libertad formal entre una trabajadora sexual cualquiera y sus clientes. Más bien, la explotación de las trabajadoras sexuales depende de un número variable de “segundas pieles” estructurales de opresión que se conectan y superponen[20].

El aporte de las feministas marxistas en este sentido es que mantener el foco crítico en el trabajo al hablar de trabajo sexual, nos permite movernos de la dicotomía “elección” versus “esclavitud” que entrampa a las liberales, defendiendo la primera, y a las abolicionistas, defendiendo la segunda, y abre paso a una crítica estructural al sistema político-económico capitalista. Y bajo esa mirada estructural, la prostitución no es –como consideran las abolicionistas– un pilar constitutivo del heteropatriarcado o del sistema de supremacía masculina, sino que es una consecuencia de las formas de explotación y opresión, de clase y de género, que concurren bajo el capitalismo patriarcal.      

En este sentido, “Todos nosotros, con excepción de quienes son ricos de manera independiente y los desempleados, recibimos dinero por el uso de nuestro cuerpo (…) Algunas personas reciben un buen salario, y otras no; algunas tienen cierto grado de control sobre sus condiciones laborales, otras tienen muy poco control. Y unas son socialmente estigmatizadas y otras no lo son”[21].

En consecuencia, se reconoce que en el trabajo sexual, como en cualquier otro, hay explotación; el problema es que “la explotación de una actividad de servicios que se encuentra al margen de la regulación laboral se da sin derechos laborales y con formas que generan exclusión y violencia”[22].

Por otra parte, es también especialmente controversial la postura de las regulacionistas en torno a la relación entre trabajo sexual y trata o tráfico de personas, en tanto ellas plantean que es necesario separar y diferenciar ambos fenómenos, ya que pueden y deben ser desligados[23]. Las organizaciones de trabajadoras sexuales y de derechos humanos plantean que si la prostitución se prohíbe o penaliza es imposible establecer estándares laborales y sanitarios, y es precisamente la ausencia de regulación la que alienta formas de trabajo forzado, en parte porque desvía la imprescindible lucha contra el tráfico hacia la finalidad de abolir toda clase de comercio sexual.

Esto también es relevante porque cuando no se distingue entre prostitución forzada y voluntaria, se tiende a invisibilizar la voz y se niega la agencia de las trabajadoras sexuales autoorganizadas, “quienes consideran la prostitución como una opción consentida y cuya dignidad como personas está más ligada al hecho de que sean reconocidas como sujetos de derecho que al uso del sexo”[24].

Otra de las críticas particularmente relevantes que las regulacionistas hacen a las abolicionistas es la afinidad o cercanía que su postura muchas veces tiene con el Estado policial y sus políticas de persecución penal. Porque, ya sea mediante la criminalización de la prostituta, del cliente o del proxeneta, lo cierto es que impulsar la persecución estatal del trabajo sexual implica, de hecho, otorgar a los órganos persecutores del Estado legitimidad en el uso del ius puniendi. De esta forma, la lucha de las abolicionistas de la prostitución tiene frecuentemente, aunque de forma inconsciente, propósitos opuestos a los que defienden las feministas abolicionistas del derecho penal y/o de la cárcel, ya que éstas ven en la criminalización del trabajo sexual un camino más que lleva de la pobreza a la prisión y a las policías como otra fuente de opresión para las trabajadoras sexuales[25]. En esta línea de argumentación, Elizabeth Bernstein –una importante exponente del regulacionismo– considera que, al reformular el comercio sexual como “tráfico de mujeres”, el activismo feminista abolicionista ha transnacionalizado un discurso que alienta una política punitiva, asumiendo el imperativo punitivo neoliberal[26]. Las reflexiones de la criminología crítica parecen concluir, además, que este discurso resulta contraproducente, ya que la excesiva intervención del sistema penal ante problemas sociales termina criminalizando a quienes más los padecen[27].

En resumen, son muchísimos y variados los argumentos que se sitúan de este lado del debate feminista sobre el trabajo sexual. Lo que tienen en común las distintas visiones que en esta sección fueron expuestas es que difieren del feminismo radical-abolicionista que considera que la prostitución es una forma de esclavitud sexual, para pasar a redefinirla como trabajo sexual. Si bien se reconoce que sin duda alguna existen factores sociales, culturales, económicos y de raza, entre otros, que llevan a las mujeres a ejercer esta actividad, se reconoce también, al menos, la posibilidad de que se trate de una elección. Y esta elección no implica una total autonomía, sino simplemente la decisión de optar entre las -muchas veces- reducidas posibilidades que están a su alcance[28].

Tomar una posición regulacionista tampoco implica defender el trabajo sexual como una práctica deseable. Simplemente, se busca aportar herramientas de análisis que posibiliten una mirada que no resulte ni moralizadora ni estigmatizante[29]. Por eso, se sostiene bajo esta postura que, en virtud de los distintos argumentos que fueron expuestos, mantener el ejercicio voluntario de la prostitución en la ilegalidad es una táctica equivocada, y más bien debe propugnarse por el reconocimiento de esta actividad como un trabajo, lo cual conlleva necesariamente el reconocimiento y aseguramiento de derechos laborales a las trabajadoras sexuales que hoy se encuentran en una situación de absoluta desprotección.

 

[1] Lamas, “¿Prostitución, trabajo o trata?”, 164.

[2] Barry, Esclavitud sexual de la mujer, 53.

[3] Andrea Dworkin, “Prostitution and Male Supremacy”, Michigan Journal of Gender and Law 1 (1993: 1-12. 

[4] De Miguel, Neoliberalismo sexual, 157.

[5] De Miguel, Neoliberalismo sexual, 48.

[6] Barry, The Prostitution of Sexuality, 103.

[7] Posada, “Argumentos y contra-argumentos…”, 122.

[8] Lisa Duggan y Nan D. Hunter, Sex Wars: Sexual Dissent and Political Culture, 10th Ed (New York: Routledge, 2006), 1.

[9] Lamas, “¿Prostitución, trabajo o trata?”, 165.

[10] Carol Leigh, “Inventing Sex Work”, en Whores and Other Feminists, coord. Jill Nagle (New York: Routledge, 1997), 203.

[11] Nicolás, “Planteamientos feministas…”, 19.

[12] Cristina Garaizabal, “El estigma de la prostitución”, en La Prostitución a Debate. Por los Derechos de las Prostitutas (Madrid: Ediciones Taiasa, 2007): 48.

[13] Nicolás, “Planteamientos feministas…”, 27.

[14] Garaizabal, “El estigma de la prostitución”, 48.

[15] De Miguel, Neoliberalismo sexual, 49.

[16] Kathi Weeks, The Problem with Work: Feminism, Marxism, Antiwork Politics, and Postwork Imaginaries (Durham, NC: Duke University Press, 2011), 57.

[17] Heather Berg, “Working for Love, Loving for Work: Discourses of Labor in Feminist Sex-Work Activism”, Feminist Studies 40 (2014): 693-721.

[18] Brooke Meredith Beloso, “Sex, Work, and the Feminist Erasure of Class”, Signs: Journal of Women in Culture and Society 38 (2014): 47-70.

[19] Beloso, “Sex, Work, and…”, 62.

[20] Beloso, “Sex, Work, and…”, 62.

[21] Martha Nussbaum, Whether from Reason or Prejudice: Taking Money for Bodily Services, 27 J. Legal Stud. 693 (1998), 1.

[22] Lamas, “Feminismo y prostitución”, 25.

[23] Posada, “Argumentos y contra-argumentos…”, 127.

[24] Debora Daich, “¿Abolicionismo o reglamentarismo? Aportes desde la antropología feminista”, 80.

[25] Beloso, “Sex, Work and…”, 65.

[26] Elizabeth Bernstein, “Carceral politics as gender justice? The ‘traffick in women’ and neoliberal circuits of crime, sex and rights”, en Theor Soci 44 (2012), 233-259. 

[27] Lamas, “Feminismo y prostitución…”, 27.

[28] Lamas, “¿Prostitución, trabajo o trata?”, 177.

[29] Heim, “La prostitución a debate…”, 14.

[1] Kathleen Barry, Esclavitud sexual de la mujer. (Barcelona: LaSal, 1987).  

[2] Barry, Esclavitud sexual de la mujer, 23.

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Autor entrada: Convergencia Medios

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