Por Javier Pineda Olcay, Defensoría Popular de las y los Trabajadores
Este 2018 que termina podemos caracterizarlo como un año de ofensiva y ataque del empresariado – con apoyo del Gobierno – sobre las y los trabajadores para maximizar sus ganancias. Esta ofensiva no ha encontrado a un movimiento de trabajadores/as organizado capaz de hacerle resistencia. No obstante ello, aún con poca fuerza, pero creciendo paulatinamente encontramos expresiones de organización, resistencia y solidaridad de la clase trabajadora. La promesa de los “tiempos mejores” no llegó: la precarización laboral se profundiza y los índices de desempleo han aumentado.
Entre los hitos que podemos encontrar en el año 2018 están el cumplimiento de un año de implementación de la Reforma Laboral; el anuncio de una nueva Reforma Laboral; el intento de precarizar aún más la situación de los jóvenes trabajadores mediante el “Estatuto Joven”; la espuria negociación del sector público y la consecuente ola de despidos y, finalmente, la resistencia y ejemplo de dignidad de la lucha portuaria en Valparaíso.
A un año de la Reforma Laboral de Michelle Bachelet
La grandilocuente Reforma Laboral del Gobierno de Michelle Bachelet mostró sus efectos a un año de ser implementada. Lejos de “igualar la cancha” entre empresarios y trabajadores/as, reveló su carácter pro-empresarial, consiguiendo reducir los niveles de conflictividad, tal como demostró el último estudio del Observatorio de Huelgas Laborales.
Tan frágil fue la Reforma que bastó un dictamen del Nuevo Director del Trabajo para reponer los grupos negociadores. Lo mismo sucedió con el dictamen sobre “beneficios históricos”, que redujo el alcance de la prohibición de extensión de beneficios.
La nueva institucionalidad en materia de derechos colectivos, como los servicios mínimos, demostró ser inservible para garantizar un efectivo derecho a la huelga. Las negociaciones colectivas demostraron seguir la misma tónica de años anteriores: las tasas de reajuste no aumentan y la negociación colectiva está destinada a fracasar en la medida que se siga negociando sólo a nivel de empresas – y en la mayoría de los casos con sindicatos múltiples – sin tener la posibilidad de negociar a nivel de sector o rama.
En definitiva, la Reforma Laboral de Michelle Bachelet – a pesar del apoyo que realizó la CUT en su primer momento – no representó un avance para la clase trabajadora. Más aún, significó una profundización del Plan Laboral, en materias tales como los Pactos de Condiciones Especiales, que permiten flexibilizar aún más la jornada laboral. Tan servil a los patrones fue, que el Gobierno de Sebastián Piñera sólo pretende modificar dos aspectos: (i) reponer los grupos negociadores; (ii) expresar la posibilidad de reemplazo en huelga, realizando ajustes a la figura de los servicios mínimos.
El Estatuto Joven: la punta de lanza para jornadas a la medida de las empresas
El empresariado tiene una máxima en material laboral: eliminar todos los derechos de los trabajadores. Para ello utilizan eufemismos como el de “flexibilización laboral” y “modernización laboral”. Que los trabajadores/as tengan jornadas máximas diarias, semanales y mensuales; o descansos dominicales, son privilegios a los ojos de los empresarios, que representan una rigidez intolerable.
Una de las ofensivas sobre los derechos básicos relacionados a la jornada es el proyecto de Estatuto Joven. Con la excusa de compatibilizar estudio y trabajo, este proyecto de ley que actualmente se encuentra en tramitación en el Senado, busca fragmentar la jornada de trabajo. Si actualmente, cualquier trabajador (jornada full o part time) trabaja en jornada continua, con horarios de colación de una hora máxima (con la excepción del sector hotelero), este proyecto busca que el empresario tenga la posibilidad de fragmentar la jornada cuantas veces sea necesaria. Esto significaría que un trabajador de servicios de alimentación podría trabajar dos horas al desayuno, luego volver para servir almuerzo e, inclusive, volver al turno de cierre.
Esta modalidad también se quiere implementar para el caso de los adultos mayores (con la excusa de que tengan mayores tiempos de descanso entre cada turno) y para las mujeres trabajadoras (con la excusa de hacer compatible con la crianza). Afortunadamente, la resistencia de trabajadores/as y estudiantes a este proyecto, con masivas jornadas de protesta a lo largo del país, permitió aplazar su aprobación. Sin embargo, la última palabra aún no está dicha, pues sólo se quitó suma urgencia al proyecto, pero su tramitación continúa en el Senado.
La Reforma Laboral de Sebastián Piñera: ofensiva de la patronal
Este 2018 fue el año de anuncio de la gran ofensiva de la patronal sobre la clase trabajadora, que tiene por objetivo una nueva “Reforma Laboral”, la cual es una prioridad del Gobierno y de los empresarios. El asesinato de Camilo Catrillanca y las movilizaciones populares provocaron que la Agenda del Gobierno se postergara en esta materia, anunciando que esta Reforma se presentaría a principios de 2019.
Esta Reforma Laboral ha sido construida por una Mesa Técnica convocada por Piñera para este objetivo, la cual está conformada por 13 miembros, quienes en casi su totalidad son economistas Chicago Boys y abogados ex funcionarios de Libertad y Desarrollo. ¿Qué bueno puede salir de ahí?
Sus objetivos son mucho más ambiciosos que la Reforma Laboral de Michelle Bachelet. No sólo busca modificar reglas que dicen relación con los procesos de negociación colectiva, sino que se plantea en torno a 5 ejes: (i) flexibilización laboral, con énfasis en modificaciones a la regulación de la jornada y reducción del precio del despido; (ii) modernización de la Dirección del Trabajo; (iii) aumento de recursos para capacitaciones; (iv) regulación de las nuevas formas de empleo colaborativo o plataformista; (v) modificaciones a la Reforma Laboral de Bachelet. Conforme a los eufemismos y titulares de la Mesa Técnica estos ejes corresponden a: (i) Adaptabilidad y conciliación entre trabajo y familia para una mejor calidad de vida; (ii) Nuevas formas de fiscalización, para proteger de mejor manera a los trabajadores; (iii) Nuevas competencias y mejor formación, para preparar a los trabajadores a los nuevos tiempos; (iv) Nuevas normas para nuevas formas de empleo; (v) Relaciones colectivas más justas, que fomenten el diálogo y la certeza jurídica.
En materia de flexibilización laboral, la propuesta innovadora es una ofensiva sobre la jornada laboral. Tal como un proyecto del Senador Andrés Allamand a mediados de año, se busca crear bolsas de horas, las cuales adquirirían un carácter mensual. Esto significaría que se eliminarían los límites de horas diarias y semanales máximas, y sólo existirían límites mensuales a la jornada de trabajo, eliminando la restricción de 10 horas diarias (considerando horas extras), 45 horas a la semana y la división de la jornada laboral en mínimo 5 días y máximo 6 días. Mientras la discusión que debiésemos tener es sobre cómo reducir la jornada laboral manteniendo sueldos dignos, el empresariado de la mano del Gobierno quiere volver a los tiempos de Subterra, en la cual un obrero del carbón podía trabajar entre 14 a 16 horas diarias para recibir un pago en fichas (tarjeta de crédito para el siglo XXI).
La segunda medida en línea de la flexibilización del mercado laboral es la eliminación o reducción de la indemnización de años de servicios. Con la excusa de “dinamizar el mercado del trabajo”, el empresariado quiere reducir aún más la indemnización por años de servicio, derecho conquistado por la clase trabajadora y que, si bien no permite la estabilidad laboral, a lo menos significa recibir una indemnización cuando son despedidos por necesidades de la empresa, con un tope de 11 años de servicio pagados. Si bien este era el objetivo, ante el rechazo mediático generalizado ante esta medida, la Mesa Técnica optó por proponer un sistema alternativo de indemnizaciones por años de servicio, similar al de las empleadas de casa particular. Para ello recurren a un discurso que sostiene que se mejorará el seguro de cesantía, pero todos sabemos que éste en gran parte es pagado por los propios trabajadores. En definitiva, esta medida busca abaratar el despido y socavar aún más la estabilidad laboral. Nada de moderno.
El segundo eje dice relación con la modernización de la Dirección del Trabajo, cuyo contenido aún no está claro, pero al parecer, vendría a solucionar problemas de la carrera funcionaria al interior del servicio, pero no significaría una mejora en sus capacidades de fiscalización ni mecanismos de sanción para las empresas que incumplen la normativa laboral.
El tercer eje versa sobre inyección de recursos al sistema de capacitaciones, no se corrigen las deficiencias que presenta este sistema actualmente. El sistema de capacitaciones actual, basado en OTEC y exenciones tributarias, tiene como grandes beneficiados a los capacitadores y no a los capacitados. Está demostrado por el mismo SENCE la inutilidad de gran parte de sus capacitaciones, y cómo éstas no sirven para mejorar la empleabilidad de quienes participan en sus cursos. Sin mayor fiscalización de los recursos ni de los programas, las capacitaciones terminan beneficiando a las OTEC, que en la mayoría de los casos son creadas por las mismas empresas para obtener beneficios tributarios. En definitiva, pareciera que la mayor inyección de recursos en estas materias, sólo permitirá apaciguar el ánimo de rechazo de las Centrales, las cuales por un par de millones para Escuelas Sindicales se ponen de rodillas ante el Gobierno. Esto al parecer fue lo que hicieron con la CAT, la UNT y la CTCH.
El cuarto eje de esta Reforma Laboral busca regular el trabajo colaborativo o plataformista. Uber, Rappi, Pedidos Ya, Airbnb y las nuevas plataformas virtuales han sido una fuente de generación de miles de empleos en el mundo y en nuestro país. Efectivamente, el desarrollo tecnológico y el uso masificado del smartphone con conexión a Internet ha cambiado la forma en cómo se desarrollaban algunos sectores del comercio. El foco ha estado en integrar a estos trabajadores al sistema de cotización obligatoria en materia de salud, pero más importante, en el sistema de AFP, tal como lo hizo el Gobierno con la reciente aprobación de la Ley que establece la cotización obligatoria para los trabajadores/as independientes.
A propósito de estos empleos, el empresariado se ha puesto a la cabeza de la discusión, exigiendo que los costos sean asumidos por los trabajadores, aun cuando reemplacen al trabajador por el concepto de socio o colaborador. Extraños socios, por cierto, pues se encuentran bajo una relación de dependencia absoluta a la plataforma, quien les asigna los pedidos, les exige modelos de vehículos, guiones para las entregas, tiempos de entrega, si un usuario se queja los puede eliminar inmediatamente de la plataforma, entre otras medidas. Es un socio que depende absolutamente de la voluntad del dueño de la plataforma y que sólo recibe a cambio un salario, fijado de antemano por la plataforma. ¿Por qué no llamarles simplemente trabajadores/as?
La nueva Reforma Laboral tendrá por objeto dejar sin protección legal a los trabajadores de estas plataformas. En dicho sentido, la regulación en lugar de establecer un sistema de protección, interpondrá requisitos para que estos trabajadores sean considerados como trabajadores «protegidos por el Código del Trabajo», debiendo probar en juicio que es un trabajador bajo vínculo de subordinación y dependencia. Esto busca consolidar la situación de desregulación actual y así evitar el fenómeno que ha ocurrido en España y en el Reino Unido, donde trabajadores han pedido que se declare la relación laboral y que ha generado incertezas para el empresariado, el cual solo gusta de certezas cuando se trata de ellos (sino preguntar por el gusto de los empresarios privados por los contratos de plazo fijo y al Estado por los contratos a honorarios y a contrata).
Finalmente, la Reforma Laboral del Gobierno de Piñera tiene como objetivo modificar la Reforma de Michelle Bachelet. Esta fue tan buena para el empresariado que sólo son detalles los que quieren corregir para esta pasada. El primero de ellos es garantizar la existencia de los grupos negociadores y que lo que éstos negocien sea considerado como un instrumento colectivo para los efectos legales. Hoy pueden existir los grupos negociadores y lo que negocien es obligatorio para los empleadores. El único problema para los empresarios es que lo negociado, al no considerarse un instrumento colectivo, puede generar que los trabajadores se afilien o creen un sindicato y vuelvan a negociar con el empleador. Este interés se da principalmente en el ámbito de la minería, pues en este sector existen altas tasas de afiliación, lo cual le dificulta al empresario crear en algunos casos sindicatos amarillos.
La otra prioridad del Gobierno es garantizar el reemplazo en la huelga, para lo cual fortalecerán la institución de servicios mínimos, los cuales lejos de ser tratados como una excepción, podrían transformarse en una herramienta del empresario para asegurar en caso de huelga un funcionamiento mínimo de la empresa. Asimismo, es probable que vuelvan a ponerle precio en caso de que el empresario reemplace a los trabajadores en huelga. Entre otras medidas, también encontramos reponer el control de la extensión de beneficios en manos del empleador.
Mal año para los trabajadores del Sector Público
En el primer año de instalación de un nuevo Gobierno, los grandes afectados son los trabajadores/as del Sector Público. Este año no fue la excepción. Cientos de trabajadores/as fueron despedidos con la llegada de la administración de Sebastián Piñera, cuestión que se masificó a miles de despidos en noviembre del 2018, de los cuales pocos han sido reintegrados y cuyo futuro dependerá en gran medida de las sentencias de las Cortes de Apelaciones ante los Recursos de Protección presentados. Pero el ámbito judicial no parece ser la herramienta más propicia para la defensa de sus derechos, pues la jurisprudencia de los Tribunales de Justicia se verá fuertemente golpeada por el fallo del Tribunal Constitucional, que declaró inconstitucional – para un caso concreto entre la Municipalidad de San Miguel y un funcionario – la aplicación del procedimiento de tutela de Derechos Fundamentales consagrado en el Código del Trabajo, el cual desde el 2013 venía siendo una herramienta bastante efectiva para proteger los derechos fundamentales de los trabajadores/as del sector público.
En cuanto a la negociación anual del Sector Público, se continuó con la seguidilla de negociaciones anteriores que sólo logran reajustar conforme al IPC, no existiendo un aumento real de las remuneraciones. Esto significará un desafío para el nuevo directorio de la ANEF, elegido hace un par de días, el cual deberá modificar la forma en cómo viene negociando con los Gobiernos, de lo contrario estará condenado a obtener los mismos resultados adversos año a año.
La huelga de los portuarios de Valparaíso y las resistencias de la Clase Trabajadora
Una vez más, las organizaciones de trabajadores que desbordan la legalidad demuestran que sí se puede ganar. Luego de 35 días de huelga, los trabajadores portuarios de Valparaíso le doblaron la mano al empresario Von Appen, y consiguieron beneficios económicos que vinieran a apalear la reducción de turnos que han sufrido en los últimos meses y, más importante aún, lograron que se discutan, tanto por el Ejecutivo como por el Legislativo, las condiciones laborales de los trabajadores portuarios.
Más allá del monto y mecanismo de pago de los beneficios adquiridos, esta huelga demostró que la combinación de todas las formas de lucha y la acción organizada de la clase trabajadora, puede permitir ganar. Así también, demostró la importancia de la solidaridad de clase, que se vio en gran parte de la Unión Portuaria que paralizó en algunos turnos en apoyo a Valparaíso y la solidaridad de diversas organizaciones sindicales y sociales en la recolección de recursos y alimentos para mantener la huelga.
Esta experiencia de dignidad vuelve a poner sobre la mesa el rol que puede tener la Unión Portuaria en la articulación de la clase trabajadora, dado lo estratégico de su sector. En esta misma línea cabe destacar la realización del II Congreso de la Unión Minera en Mejillones, en noviembre de 2018, representando la posibilidad de articular a estos sectores estratégicos en la economía chilena. También en este sector cabe mencionar la huelga de Minera La Escondida, que luego de la experiencia de 2017, logró este año doblarle la mano a BHP Billiton y mantener sus condiciones laborales, incluyendo un millonario bono por fin de conflicto.
En estas mismas experiencias de aumento de organización destaca el aumento de la sindicalización en nuestro país, que alcanzaría un 20 por ciento, en gran medida, encabezada por una nueva generación de jóvenes. En estos esfuerzos de organización también podemos mencionar la fundación de la Central Clasista de Trabajadoras y Trabajadores, el 1 de septiembre de 2018, quienes suman a más de 20.000 trabajadores y levantan las banderas del clasismo y la autonomía sindical. En esta línea también reconocemos el nacimiento de la Coordinadora Feminista 8 de Marzo, que se ha puesto a la cabeza de la convocatoria de la Huelga del 8 de marzo, clasista y feminista, que será uno de los hitos más relevantes para el año 2019 y que ya congregó en diciembre de 2018 a más de 1.500 personas de diferentes organizaciones y ciudades del país para preparar la Huelga y discutir programa feminista y socialista.
¿Y qué se viene para el 2019?
El empresariado tiene clara su hoja de ruta para el año 2019. En la 40ª versión del Encuentro Nacional del Empresario (ENADE), organizada por ICARE y la CPC para cerrar el 2018, se reunieron Ministros del Gobierno, incluyendo al Presidente, con los grandes empresarios del país. Allí reafirmaron que sus prioridades son: (i) la Reforma Laboral; (ii) “Paz en La Araucanía” y; (iii) la Agenda Pro-Inversión. En palabras simples: (i) eliminación de los derechos de la clase trabajadora; (ii) represión del Movimiento Mapuche autonomista; y (iii) desmantelamiento de la institucionalidad ambiental para la aprobación de los proyectos extractivistas en todo el país. Su lema era el de Ubi concordia: ibi victoria, lo que significa “en la unidad está la victoria”. Unidad de su clase, para vencer a la clase trabajadora.
¿Cuál será la ruta de la clase trabajadora? La definición de esta ruta es tarea de la clase trabajadora misma. No obstante, podemos mencionar algunos hitos que marcarán el 2019. Entre ellos encontramos la ofensiva del empresariado para aprobar en el Congreso el Estatuto Joven, el Estatuto Agrícola y la Reforma Laboral, como también la oposición a la Reforma Previsional, que puede ser una oportunidad para volver a instalar la propuesta del Movimiento No+AFP como una alternativa al sistema de pensiones actual que condena a pensiones de miseria a millones de chilenos y chilenas.
Las negociaciones de los Sindicatos de la Minería serán relevantes, como también las negociaciones ante empresas del Estado como lo son CODELCO (sobre todo Chuquicamata) y ENAP (ante la amenaza de cientos de despidos). Asimismo, habrá que estar atentos a la articulación que pueda darse entre organizaciones sindicales de las áreas estratégicas de la economía, como lo son los trabajadores portuarios y los trabajadores de la minería. Eventualmente, podrían sumarse los trabajadores del sector público, quienes tendrán que luchar para que sus derechos fundamentales sean protegidos en el marco de su relación laboral.
Asimismo, la Huelga Feminista del 8 de Marzo se avizora como el primer hito del año 2019, al cual diversas organizaciones – incluyendo la nuestra – estamos apostando y fortaleciendo.
En los aspectos estructurales, la clase trabajadora tiene que dar una lucha contra todas las formas de explotación. Mientras enfrenta los efectos adversos de una automatización que sólo beneficia a los dueños de la máquina en lugar de significar reducción de las horas de trabajo, también lucha contra formas primitivas de explotación como la situación de esclavismo que se da en algunos campos de nuestro país, cuyos empresarios pagan con especies y alojamiento el trabajo de trabajadores/as agrícolas, principalmente, migrantes. El desafío es gigantesco, y no puede ser de otra forma, toda vez que la lucha contra la explotación es una lucha contra los cimientos del sistema capitalista-patriarcal. Al igual que en años anteriores, lo único que se puede afirmar es un futuro de lucha.
Por un 2019 de lucha: ¡Hasta que la dignidad se haga costumbre!
