El problema habitacional y sus actores en la región metropolitana

Por Esteban Serey, militante de Convergencia 2 de Abril

Sin duda alguna, el presente año ha estado atravesado por el retorno de la derecha al Gobierno. En particular, en materia habitacional, el desembarco de profesionales jóvenes y con experiencia en iniciativas habitacionales de corte asistencialista (en su gran mayoría), como también del mundo privado, ha estado caracterizada por una renovación discursiva que ha intentado poner como centralidad el fin de los campamentos a lo largo de Chile, la necesidad de avanzar hacia la construcción de una ciudad más integrada y armónica, como también del impulso a los sectores medios para la adquisición de viviendas y la reactivación del mercado inmobiliario. Ya en el mes de mayo de 2018, en una entrevista para la revista “En Concreto”, publicación de la Cámara Chilena de la Construcción (CChC), el ministro Cristian Monckeberg sostuvo que

tenemos dos grandes divisiones, la División de Política Habitacional y la División de Desarrollo urbano, a las que hemos mandatado para que levanten una serie de propuestas que digan relación con la recuperación de barrios deteriorados para que la gente vuelva a vivir y aquellos donde se quieren mejorar las condiciones de las personas que ya viven ahí, como Bajos de Mena. Esto debe ir acompañado de obras urbanas que otorguen mejor calidad de vida. La ciudad tiene que ser un lugar donde la gente esté feliz, que sea amable, integrada, con viviendas dignas, donde el trabajo quede relativamente cerca del hogar, haya parques y zonas verdes. Eso es lo que estamos buscando.” (Revista En Concreto 14 de mayo de 2018)

Asimismo, sostuvo en agosto del presente año que

se postularon 302 iniciativas de integración social, las cuales equivalen a 51.273 viviendas. Esto supera por mucho los límites y el presupuesto que el ministerio tenía planificado en la ley de presupuesto de este año, ya que los cupos que ofrece el Servicio de Vivienda y Urbanización eran 20 mil para este año.” (EMOL 1 de agosto de 2018)

Cabe señalar, no obstante, que del total de iniciativas un 27% (13.689 viviendas) fue destinado a familias de menores ingresos, mientras que un 73% para los sectores medios (37.548 viviendas).

El estrecho vínculo entre las propuestas de la Cámara Chilena de la Construcción y el Programa de Gobierno en materia habitacional se consagró con anterioridad a las elecciones presidenciales en un documento de propuesta denominado “Desafíos Políticos para el Desarrollo” y que la gremial entregó a cada uno de los candidatos. En este sentido, resulta absolutamente claro el vínculo y posicionamiento de la Cámara en el actual Gobierno, cuestión representativa del cruce entre los intereses del empresariado (específicamente de la construcción) y la conformación política (y técnica) de la actual administración.

En este contexto, el escenario ha experimentado una activación en los niveles de organización de los actores subalternos, lo que evidencia un cambio en las condiciones subjetivas en que se ha venido gestando el rearme de los movimientos de pobladores y pobladoras durante los últimos 30 años y no, como se ha sostenido en algunas instancias de discusión pública, por una modificación relevante en las condiciones objetivas en las que se desarrolla la política habitacional.

En torno a las condiciones subjetivas, el cambio se ha comenzado a gestar hace ya algunos años atrás con la proclamación de consignas que han puesto sobre la mesa la necesidad de atender asuntos más generales que la sola solución a la falta de un techo donde vivir. En este sentido, los comités de vivienda han comenzado a reclamar del Estado el aseguramiento de una calidad de vida superior, cuestión que comienza con –pero no se limita a- la concreción de un proyecto habitacional que albergue a familias sin una vivienda propia. Sin embargo, aún no es posible observar un mínimo común programático entre los actores vinculados a este tema.

Sin perjuicio de los cambios enunciados anteriormente, el consenso dominante permanece incólume, pues el posicionamiento político de los movimientos por la vivienda ha seguido desarrollándose de manera casi exclusiva en torno a la concreción de proyectos habitacionales particulares para sus comités asociados. Esta forma de plantear el problema, aunque sumamente legítima y necesaria cuando de carencia habitacional se trata, tiene la deficiencia de mantener el clientelismo como forma principal de funcionamiento político, pues la relevancia de contar con un aliado o aliada política con presencia institucional (un diputado o diputada, por ejemplo) se vuelve parte central del quehacer de las representantes de dichos movimientos.

Es justamente en virtud de lo anterior que el Frente Amplio no ha logrado constituirse como un actor relevante en la política habitacional para con los movimientos por la vivienda durante su primer año de mayor presencia en el Congreso. Sus diputados, carentes de toda base social que legitime su trabajo como representantes de los movimientos por la vivienda, han debido recurrir al ofrecimiento de contactos y la conveniencia de acelerar procesos gracias a su investidura e influencia, replicando de esta manera la lógica de funcionamiento de la Nueva Mayoría y la derecha. Así, intentando articular a diferentes actores de forma artificiosa, ha intentado suplir su ausencia en el trabajo poblacional con cuadros técnicos con la intención de contribuir a la discusión de la coyuntura política, pero que avanza a un ritmo muy diferente a las urgencias y necesidades legislativas por ellos impuestas.

Es importante notar en este punto que el problema no versa sobre la posibilidad de concretar un determinado proyecto habitacional en beneficio de uno o más comités, sino que de poner en perspectiva cuáles son los aspectos políticamente relevantes para superar la estructura de funcionamiento clientelar con que la Nueva Mayoría y la derecha sobreviven en la estructura del Estado. Se trata de construir una forma de abordar el problema habitacional desde un programa con perspectiva anticapitalista que permita ligar la victoria de un proyecto habitacional con el avance hacia un cambio radical en las posibilidades de vida y dignidad para la clase.

Esta forma clientelar de asumir el problema ha sido caldo de cultivo para cada alcaldía, diputación, senatoria y gobernación que la Nueva Mayoría y la derecha han detentado desde hace más de 30 años a la fecha. La cooptación de dirigentes y dirigentas de los comités y juntas de vecinos ha derivado en un complejo escenario social que en muchas comunas está atravesado por la violencia entre las mismas familias que componen estas instancias, o bien entre familias pertenecientes a diferentes comunas y que se disputan la conquista de un terreno para el éxito de su proyecto habitacional.

Sin embargo, dentro de esta lógica el Partido Comunista ha logrado construir espacios de organización dignos de ser conocidos y analizados, llegando a levantar sendas coordinadoras de vivienda en distintas zonas de la región Metropolitana, las que agrupan cada una entre 700 y 1200 familias asociadas. Estas coordinadoras, con diversidad de nombres y arraigos, comparten como común denominador formación de dirigentas y dirigentes con capacidad crítica, conocimiento de la operatoria de la política habitacional (institucionalizada) y con liderazgos claros a la hora de encabezar procesos de disputa con el Estado para la concesión de recursos extraordinarios o suelo disponible. Si bien cuentan con una amplia red de apoyo de parte de concejales y dirigentes barriales inmersos hace muchos años en el trabajo poblacional, lo cierto es que en la actualidad representan un actor cada vez más relevante en este ámbito.

Por fuera de estas coordinadoras, es posible mencionar otros espacios de organización y lucha que han crecido considerablemente durante los últimos años. En primer lugar, Ukamau corresponde a una organización que comenzó en 1987 como una agrupación cultural en la comuna de Estación Central, pero que prontamente asumió una disputa por la concreción de un proyecto habitacional en San Bernardo y jugó un activo rol en las movilizaciones de otros espacios de lucha (como ocurrió el año 2011 con el movimiento estudiantil y más recientemente con el movimiento NO+AFP).

En segundo lugar, el Movimiento de Pobladores en Lucha, a partir del año 2006, ha impulsado desde entonces la combinación de espacios tradicionales peticionistas/clientelares con el Estado (enfocado principalmente en la obtención de recursos para financiar los proyectos), con una política de autogestión centrada en la conformación de una entidad patrocinante propia (denominada “Entidad de AutoGestión Inmobiliaria Social”) como también de una “Constructora de Pobladores”. Es interesante analizar que su experiencia de autogestión no ha tenido una difusión importante en la discusión pública, como tampoco ha logrado permear la estructura peticionista de los demás movimientos aquí señalados.

En tercer lugar, cabe mencionar a la Federación Nacional de Pobladores, constituida como tal en el año 2010 (aunque es posible rastrear sus antecedentes en el movimiento “Andha Chile a Luchar”, el “Movimiento de Pobladores Sin Techo” y el “Movimiento de Pobladores en Lucha por la dignidad de Lo Barnechea”). De esta organización es importante destacar que ya desde el año 2011 planteaban como demandas la constitución de un banco de suelo, con el objeto que se facilitara el proceso de acceso al mismo para la construcción de proyectos habitacionales, como también la construcción de políticas participativas en diálogo abierto y directo con el Ministerio que permitiera encontrar una salida participativa y democrática a los problemas de una política habitacional subsidiaria como la chilena. (El Ciudadano 23 de octubre de 2011)

Finalmente, es posible encontrar actores con un menor número de familias adherentes, entre las cuales vale la pena destacar –para efectos de este análisis- al Movimiento de Pobladores Vivienda Digna (MPVD). Este, agrupa alrededor de 500 familias en la ciudad de Santiago, y perspectiva un crecimiento en el marco del Campamento Rene Schneider II, en la ciudad de Antofagasta.

Tanto Ukamau como el MPVD, junto a otros múltiples actores inmersos en la lucha por la vivienda, apoyados por ciertos profesionales pertenecientes al Frente Amplio como también a sus comisiones técnicas dieron forma a lo que se denominó el Frente de Resistencias Urbanas (FRU), a partir de este año. 

El FRU ha impulsado demandas que, según su declaración constitutiva, están orientadas hacia (i) la recuperación de los recursos naturales y el suelo; (ii) el derecho a la vivienda digna; (iii) la creación de un banco de suelos fiscales; (iv) el fomento a la propiedad colectiva y construcción cooperativa de proyectos inmobiliarios; (v) el derecho a vivir en la ciudad y redefinirla participativamente de forma vinculante en los instrumentos de planificación urbana; (vi) la generación de una reforma urbana como elemento consagratorio de los puntos anteriores.

Ahora bien, este movimiento que es posible observar en torno a la configuración de espacios de reunión y discusión entre los actores por la vivienda y que, como se ha dicho, ha evidenciado cambios en las condiciones subjetivas en la que se desarrolla el problema habitacional, no se condice con un cambio en las condiciones materiales.

Por una parte, según los últimos resultados del censo (corrección de 2017), se observa que el déficit cuantitativo de viviendas (número de viviendas versus número de personas sin techo) ha disminuido en un 24,6% respecto al 2002. Por otra, ha habido un aumento más o menos constante en el presupuesto anual orientado, desde el 2011 a la fecha, a la recuperación de barrios (Programa Chile Barrios; Quiero Mi Barrio; Barrios), como también a la restauración de viviendas en mal estado (Condominios sociales; cités; vivienda económica; etc.), cuestión que permite considerar que el déficit cualitativo está bastante bien catastrado y abordado por la política habitacional actual.

A la luz de lo anterior, es posible plantear algunas hipótesis, conclusiones y/o comentarios respecto a cuál es la coyuntura en la que es posible situar la disputa política más relevante en esta materia:

  1. Desde 1965 en Chile no se ha promulgado una sola ley relativa a la vivienda. En dicho momento, con la Ley 16.391, se creó el Ministerio de la Vivienda y Urbanismo, al que se entregó la facultad para “refundir, recopilar y codificar en uno o varios textos legales, todas las disposiciones actualmente vigentes y las que se dicten de acuerdo a esta ley y que digan relación con los fines del Ministerio de la Vivienda y Urbanismo y las demás instituciones que se relacionan con el Gobierno a través de él…”

En consonancia con lo anterior, tras el golpe militar se mantuvo radicado en el ejecutivo la facultad para dictar la normativa en materia habitacional, cuestión que ha permanecido inalterada hasta nuestros días. El problema fue, que con la proclamación de la Constitución Política de 1980, se consagró el derecho de propiedad individual en el artículo 19 Nº 24, estableciéndose que [s]óla ley puede establecer el modo de adquirir la propiedad, de usar, gozar y disponer de ella y las limitaciones y obligaciones que deriven de su función social.

Así las cosas, desde entonces la política habitacional se ha centrado en la función regulatoria ejercida por el Poder Ejecutivo, por medio de la División de Política Habitacional del Ministerio de la Vivienda y que, como hemos revisado, cumple con promocionar y promover los fines establecidos por el programa de la Cámara Chilena de la Construcción. Sin embargo, al no ser facultad del Ejecutivo la posibilidad de discutir y promulgar normativas de rango legal, la regulación de los programas habitacionales mediante Decretos Supremos ha suprimido la posibilidad real de abordar el problema del suelo como parte integrante del problema por la vivienda y la ciudad, pues este último, según lo establecido en la constitución, solo puede ser abordado por una ley propiamente tal.

Sin discusión legislativa, además, se ha perpetuado una lógica de construcción en torno a los Comités de Vivienda que privilegia la lógica clientelar antes que la conformación de un espacio solidario, pues la posibilidad de incidencia que los movimientos de pobladores y pobladores tengan sobre la normativa vigentes y las condiciones reales de mejora para la clase se encuentran supeditadas a la fuerza con que sea posible negociar con el Gobierno. Es en este juego donde los operadores políticos consagran su posicionamiento como facilitadores al calor de su conveniencia político-electoral.

  1. En el marco de lo anterior, es posible afirmar que el cuestionamiento a la especulación inmobiliaria y a la estructura de la actual política habitacional basada en el respeto irrestricto a la propiedad individual, junto a la generación de un espacio solidario y cooperativo en el seno de las organizaciones por la vivienda es el marco mínimo para plantear un programa de transformación en esta materia. Este programa, entonces, debe ser asumido en una perspectiva anticapitalista, reconociendo la perspectiva de lucha más allá del proyecto habitacional en particular, como también antipatriarcal, transformando la lógica de las relaciones en que se basa su funcionamiento interno. Al respecto, no podemos olvidar que los espacios de trabajo en esta lucha son, la mayoría de las veces, los lugares de desarrollo personal más importantes para muchos pobladores y pobladoras.

En la perspectiva de concretar este programa, volver a hablar de una ley de vivienda que se haga cargo de los aspectos necesarios para la materialización de la función social de la propiedad es una cuestión de primer orden si lo que se quiere es evitar diluir en el Congreso las consignas durante años construidas y trabajadas por los movimientos de vivienda, pero que siguen haciendo alusión a conceptos abstractos y muchas veces ajenos a la evolución histórica del movimiento de pobladores y pobladoras a lo largo del territorio nacional.

  1. Lo anterior exige el desarrollo de un planteamiento estratégico que aborde la discusión sobre el carácter de la lucha por la vivienda como un derecho social propio de un proyecto anticapitalista y antipatriarcal, que dispute la noción de propiedad individual, la priorización de familias de conformación tradicional-conservadora como principal objeto de subsidio, así como también la conformación de comités de vivienda que siguen escondiendo, en lo privado de cada familia, las lógicas patriarcales; todo esto exige una ardua y larga tarea: en primer lugar, de carácter formativa, acompañando y fomentando el debate horizontal y la construcción cooperativa de un proyecto social que vaya más allá de la consecución de un techo bajo el cual vivir; en segundo lugar, con pretensión de unificar multisectorialmente las luchas, reconociendo el espacio territorial como el lugar donde las contradicciones del neoliberalismo se viven de manera ardua y directa, tanto en lo privado (en cada casa) como en lo público (en los Comités, Juntas de Vecino, campamentos).

  1. Finalmente, se requiere de una elaboración táctica orientada a la apropiación del contexto de vida inmediato en cada una de las comunidades, ya sea que esto se materialice mediante el apoyo a tomas de terreno, la conformación de espacios sociales de interacción vecinal en vecindarios, el control de los recursos naturales, la constitución de espacios seguros como asambleas de mujeres, como también de un trabajo territorial que apunte hacia la apropiación y –por qué no- control de los planes reguladores para ser dueñas y dueños de nuestra vida.

Autor entrada: Convergencia Medios

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