Chile y Bolivia en La Haya: élites, intereses y estrategias dominantes

Por Sergio González Pizarro, militante Convergencia 2 de Abril y Doctorando Estudios Americanos USACH

Cuatro años después de la resolución de la Corte Internacional de Justicia de La Haya (CIJ) en el caso chileno-peruano, respecto al límite marítimo, y su eventual derrota para la posición jurídica chilena: nuevamente nuestro país se encuentra ad portas de enfrentarse a un nuevo fallo internacional  de la CIJ, pero en este caso, en relación a una histórica demanda boliviana.

Los últimos años, la figura argumental de la demanda boliviana ha sido sometida a lato análisis por parte de los actores ligados a las relaciones exteriores. Esta figura argumental no ha sido fácil de abordar por los clásicos internacionalistas, jurídicos y políticos chilenos, puesto que los denominados derechos expectaticios responden a una dimensión social invisibilizada y desvalidada por los principios ontológicos y epistemológicos tradicionales de las Relaciones Internacionales y del Derecho Internacional, es decir, pertenecientes a la faceta ideacional y afectiva de las relaciones entre Estados, bajo la premisa que las relaciones son entre personas y grupos sociales, y no entre Estados racionales, unitarios y objetivados.

Las percepciones, las identidades, los intereses, y sobre todo en este caso, las emociones, no han tenido un espacio, ni teórico, ni político suficiente en las relaciones exteriores de Chile para comprender la clave idiomática de la novedosa demanda boliviana. Probablemente, desde esos sesgos de formación y práctica tradicional y canónica de los equipos de elite en política exterior, se puede entender la posición rígida chilena al principio pacta sunt servanda respecto a la inviolabilidad de los tratados bilaterales de límites geográficos con sus vecinos, a pesar de haber sido consecuencia de trágicas guerras pasadas.

En aquel contexto de defensa jurídica chilena, este lunes 1 de octubre, la CIJ fallará en una demanda que ya consideró de antemano admisible, desencadenando múltiples reacciones en las élites políticas de ambos países, como en la percepción y comprensión de este conflicto por parte de sus habitantes. En el caso de Chile, se ha producido un pesimismo generalizado basado principalmente por el antecedente del caso del límite marítimo chileno-peruano del 2014, como también por el tácito y progresivo entendimiento que, el argumento boliviano se impone cada vez más a la concepción tradicional, jurista, ahistórica y errática de la estrategia chilena.

En ese contexto, se puede anticipar diversos escenarios para el fallo final de la CIJ, siendo la primera opción, un potencial rechazo total a la demanda boliviana de obligar a Chile a negociar un paso soberano al Océano Pacífico, en base a los derechos de negociación adquiridos por las expectativas generadas por las históricas promesas chilenas transcurridas en el siglo XX. O la segunda posibilidad, sería fallar a favor de esta demanda en tres escenarios distintos: a) negociación bilateral con un resultado que necesariamente considere traspaso de soberanía y con un tiempo limitado de diálogo; b) negociación bilateral dentro de un marco de posibilidades consensuadas entre las partes, según estimen conveniente, y que no necesariamente significaría traspaso de soberanía futura y un tiempo limitado de negociación; y c) la posibilidad de que solo considere uno de esos dos criterios: o un tiempo limitado, o traspaso soberano de territorio en el resultado final de negociación, lo que probablemente se acerque a la alternativa más probable.

Dicho eso, cabe  destacar que si fuera por probabilidades matemáticas y un análisis de cantidad de alternativas posibles para la CIJ: Chile acierta en sus preconcepciones pesimistas. Sin embargo, más allá de las sensaciones e intereses de las elites políticas de los países involucrados, es necesario preguntarse: ¿para quiénes es finalmente esta demanda, en función a qué y cuáles actores dominantes? Claro está que los actores transfronterizos de la zona en cuestión, sea de la Región de Antofagasta, o de las Regiones de Arica y Parinacota, y de Tarapacá, no han sido considerados como interlocutores válidos, o potenciales protagonistas de esta disyuntiva histórica entre naciones.

Las voces predominantes provienen de los gobiernos centrales y sus respectivas capitales, y si bien, en el caso boliviano, es más manifiesta la aspiración histórica en las diversas capas sociales de su población, es una elite la que ha movilizado las fuerzas políticas hacia esa dirección. Pero aquello, se ve aún más marcado en el caso de Chile que, a través del control de los medios de comunicación de masas, ha exacerbado el clásico sentimiento nacionalista de tipo centralista y chovinista chileno. Cabe recalcar de acuerdo a ello, la inagotable decisión editorial del matinal de Canal 13, en donde no ha existido día, desde el lunes pasado, que no se le haya dado al menos dos horas de discusión a esta problemática internacional. En ese contexto, es pertinente preguntar ¿cuál es el actor interesado? ¿Quién es dueño de la gran minería nortina afincada en el territorio en disputa? ¿Qué empresariado se puede ver perjudicado por una potencial negociación de la soberanía de las regiones del norte?

Cuando se van respondiendo esas preguntas, es cuando realmente es posible interiorizarse en los verdaderos intereses detrás de este conflicto: la economía neoliberal y el extractivismo como modelo estructural de producción para las clases nacionales dominantes. Esa exacerbación valórica por el territorio, pareciera en muchos casos, apegarse a un idealismo militar y nacionalismo irracional clásico del realismo político, que considera la soberanía territorial como un organismo biológico vivo que se arraiga en la identidad de sus habitantes como un fetiche. No obstante, esta ideología geopolítica-tradicional, no es precisamente la motivación y la identidad de las clases dirigentes, su discurso y práctica política es sin matices en función a la integridad territorial, entendida como recurso natural para la producción capitalista, lo que para los románticos liberales puede que aquello se apegue a las condiciones de desarrollo del país, y he ahí su relevancia, pero al mismo tiempo, significando el inviolable derecho a la propiedad privada de la burguesía nacional y trasnacional involucrada en la falsa soberanía nacional.

En consecuencia ¿por qué es importante el territorio? Pregunta que ningún matinal, noticiero, o programa de discusión política de los medios de comunicación han realizado; todo análisis circula en las ahistóricas variables coyunturales de la demanda y sus potenciales soluciones a futuro, concluyendo en todos sus casos, sin la entrega de soberanía territorial al vecino boliviano, pero sin un explícito argumento del por qué es imposible, inviable, y perjudicial llegar a esa alternativa. Es parte del imaginario socioespacial y colectivo de la nación, es parte de un entramado ideológico irracional y fantasmagórico implementado por medio de un proceso top-down, es decir, de arriba hacia abajo en la constitución de la identidad nacional.

En definitiva, el pueblo chileno, y más en específico, la izquierda y la clase obrera chilena ¿qué debe hacer, pensar y socializar respecto a este conflicto? Seguramente es la pregunta más compleja de responder, pero que sin duda, el abordaje debe ser con base histórica, perspectiva de futuro, e implicando en el análisis y la acción a actores subalternos, en especial a los involucrados en la temática, principalmente los habitantes transfronterizos, las comunidades originarias, y los trabajadores directamente conectados con la actividad productiva de la zona, de los tres países involucrados: Chile, Bolivia y Perú.

En base al diálogo y la hermandad entre pueblos que comparten una historia y una funcionalidad de subordinación en el orden mundial, se pueden plantear soluciones como la Arica Trinacional, o el canal con soberanía al norte de esta misma ciudad, pero probablemente, podría ser imponer abstracciones a los pueblos que, en primera instancia deben problematizar las condiciones históricas de este conflicto, sus correlaciones de fuerzas, necesidades actuales, y proyectos futuros como clase articuladamente en sus procesos de empoderamiento político frente a sus elites nacionales.

Es por ello que, las posibilidades de la izquierda son de primero comenzar a dar un paso cualitativo en el ámbito de las relaciones exteriores y sus intrínsecas variables internas, como la identidad nacional, los intereses económico-políticos de las clases en disputa, así como los factores ideacionales e intersubjetivos, generalmente olvidados por la política exterior de Chile, en virtud de la necesidad no solo política, sino que social, cultural, ecológica y económica, de resolver una lucha que se encuentra en el seno de la construcción nacional de dos países periféricos que, probablemente invirtiendo las estrategias y los objetivos, las condiciones de conflicto y desgaste se pueden transformar en condiciones de cooperación, solidaridad y fortalecimiento.