Sebastián Piñera rodeado de Fuerzas Especiales de Carabineros y vehículos anfibios de última generación. Esa fue la postal que quedó en las retinas de millones de chilenas y chilenos, luego del paso del Gobierno por la Región de La Araucanía. Armamento de guerra para anunciar el Acuerdo Nacional por la Paz en La Araucanía. ¿De qué paz estamos hablando?
La denominada «Operación Huracán» demostró las debilidades del sistema de “Inteligencia Chileno”, donde, como mínimo, existió participación de la ANI y de Carabineros de Chile. Luego del ridículo en que quedaron los Carabineros era necesario reestructurar – a lo menos mediáticamente – los encargados de la política represiva contra el pueblo mapuche, que lucha por la recuperación y autonomía de sus territorios y por la revitalización de su cultura.
Esta reestructuración se da con la bullada Unidad Antiterrorista: unidad del GOPE conformada por Carabineros preparados en Colombia y en Estados Unidos, a la que se ha llamado “Comando Jungla”. El Ministro del Interior Andrés Chadwik, orgulloso, anunciaba que los 40 Carabineros que se prepararían en Colombia estarían en las mejores manos, dada la experiencia de la Policía Nacional de Colombia “combatiendo el crimen organizado” y dada las «semejanzas geográficas” entre la selva colombiana y los valles centrales entre el Bíobio y Río Bueno.
Esta semana lo que hizo Piñera no fue anunciar la paz, sino anunciar la guerra. Y aunque insista en que es una guerra en oposición a los terroristas, no es más que una guerra contra el movimiento autónomo mapuche. Una policía militarizada como lo es Carabineros de Chile, sumado a un armamento de guerra para desplegar desde Biobio hacia el sur, no se diferencia al levantamiento de un equipo de contrainsurgencia que están aprendiendo de los peores: del Ejército y Policía de Colombia y del FBI, agencias reconocidas por la brutalidad en su actuar, que no han tenido ningún éxito combatiendo la criminalidad organizada y en muchos casos – como lo es el colombiano – estas mismas fuerzas policiales son quienes cometen los actos criminales.
Este escenario de lucha de contrainsurgencia, que no es nuevo en el Wallmapu, viene a reforzar el Estado de Excepción permanente que se vive en este territorio, donde Carabineros y latifundistas actúan impunemente No hay que hacer mucha memoria para recordar los asesinatos cometidos por Carabineros a Matías Catrileo, Jaime Mendoza Collío y Alex Lemún, como también el caso de Gallardo, quien asesinó a Luis Marileo y Patricio, sin ser siquiera formalizado.
Este anuncio presidencial, sumado al indulto de un violador de derechos humanos hace unos días, viene a revelar el carácter del Gobierno de Sebastián Piñera – que ha tratado de jugar posicionándose como un político de “centro» – pero que no es más que un instrumento al servicio de la derecha cavernaria de este país.
Como contrapartida a la declaración de guerra, el Gobierno anunció millones de dólares de financiamiento para el desarrollo de la Araucanía. Esto devela una nueva mentira, ya que probablemente este dinero nunca llegue a las familias más pobres de este país, sino que sea inyectado al empresariado fracasado de la zona, que necesita del subsidio estatal para sobrevivir.
La presencia de Alfredo Moreno, Ministro de Desarrollo Social, va en dicha línea. Las principales formas de inyección de recursos por parte del Gobierno a la zona han sido a través de la compra de tierra de la CONADI a latifundistas de la región y los actuales fondos a las “víctimas de la violencia rural”.
Los empresarios de la zona, agrupados en la Multigremial de La Araucanía, representan a un sector de la clase dominante que ha quedado relegado del desarrollo económico, debido a su incapacidad de proyectarse en un escenario globalizado. Nunca fueron capaces de industrializarse ni producir a niveles competitivos, debiendo mantenerse gracias a los apoyos por parte del Estado.
Es así como, para gran parte de estos latifundistas, en lugar de combatir a empresas transnacionales de lácteos o a empresas forestales que depredan los recursos hídricos, no les ha quedado nada más que vender sus tierras a las forestales o a la CONADI para mejorar su posición económica. Estos serán los grandes beneficiados de los subsidios estatales en la zona.
Por lo demás, resulta preocupante que el Gobierno siga fortaleciendo a una institución en crisis como lo es Carabineros, la cual representa los peores elementos de la sociedad chilena: una alta oficialidad corrupta que está siendo investigada por el mayor desfalco de recursos públicos en la historia de Chile; una institución que replica la violencia patriarcal al interior de su organización, con innumerables casos de violencia sexual hacia las propias funcionarias de Carabineros, como también a mujeres detenidas; y un racismo institucionalizado, que menosprecia a los pueblos indígenas, y que abusa impunemente de mapuche en comunidades, como lo es el caso de la Comisaría de Pailahueque, responsable de la violencia policial en la zona de Malleco.
El Gobierno de Chile, al recurrir a la Policía de Colombia y sus métodos, no está haciendo nada más que condenar al fracaso todo intento de contención del conflicto. Incluso en dicho país se demostró que la única posibilidad de evitar el enfrentamiento directo entre guerrillas y Ejército, pasaba por acuerdos de carácter político.
Estos anuncios de militarización del Wallmapu, que hace sentido incluso en sectores populares debido a la alta criminalización mediática del Pueblo Mapuche, deben ser combatidos por las organizaciones populares. Debemos rechazar todo intento de profundizar el Estado de Excepción permanente en el Wallmapu y debemos construir una alianza anti-militarista entre pueblos, que busque una solución política al conflicto y no una solución militar. Asimismo, no se pueden seguir entregando recursos y armas a una institución corrupta como lo es Carabineros de Chile, la cual debiese ser desmilitarizada y regulada en serio, luego de tantos casos de violencia y corrupción.
El armamento de guerra no trae paz; el financiamiento a la clase empresarial de la región tampoco. Lo elemental resulta entender que no hay paz sin justicia. Y justicia en el Wallmapu significa que las tierras usurpadas por las forestales, el Estado y los colonos sean recuperadas y devueltas a sus dueños: las comunidades mapuche.
