El siguiente artículo sintetiza un análisis de la coyuntura política por parte de Flor, integrante del colectivo de abogadas/os populares La Ciega y parte del frente de Derechos Humanos de Acción Socialista Libertaria
Por José Carlos Flores.
El día jueves 26 de julio se realizó una multitudinaria manifestación y movilización en contra del decreto 683 firmado por el Presidente de Argentina y publicado en el boletín del 24 de julio por el gobierno de Mauricio Macri. Este decreto modifica los casos en que las FFAA pueden accionar, permitiéndoles su intervención al interior del territorio nacional, tal cual fue la tónica de las dictaduras latinoamericanas del siglo pasado bajo la tesis del enemigo interno, política tristemente recordada, la cual fue impulsada por Estados Unidos en la Escuela de las Américas.
De este modo, el gobierno empresarial de Macri, da inicio a un escenario cruzado por la instalación de las políticas del FMI, asumiendo al parecer, que serán incapaces de controlar la economía local y el descontento popular, tal cual lo prometieron en su momento, generando las condiciones previas para evitar y reprimir sobre todo el descontento social, tal cual ocurrió el 2001.
El decreto en cuestión modifica el accionar de las Fuerzas Armadas, permitiendo la actuación conjunta, si así lo desea el Ministerio de Defensa, con las policías nacionales. Esto se agrava dado que la amplitud de dicho decreto y la vaguedad del lenguaje, le daría carta blanca al Ministerio para actuar indistintamente para enviar militares a las calles para reprimir a las personas, siendo que dicho ministerio está fuertemente cuestionado por sus diversas políticas de represión, persecución y asesinato de militantes de los sectores en lucha.
Situación muy compleja dado el terrible contexto que se vive actualmente en Argentina.
A esto se le suma la leyes antiterroristas, muy similares a las chilenas, que basándose en frases tan amplias y vagas como el decreto cuestionado, crean figuras penales y agravantes con varios años de prisión como consecuencia, como sería el injusto caso de los hermanos Tralcal, vinculados por la Fiscalía en función de un testimonio construido bajo torturas, o poderes tan amplios como sería el caso de la Operación Huracán donde el general de inteligencia chileno, Gonzalo Blu, es actualmente acusado de asociación ilícita por construir una organización que operaba para inculpar al Pueblo Mapuche Autonómico.
En los barrios populares argentinos, se estigmatiza y criminaliza a las personas. Las policías, la prefectura y gendarmería están todos involucrados en denuncias por violencia, detenciones ilegales, tortura y asesinatos por gatillo fácil, las cuales son pan de cada día. El gobierno felicita abiertamente a las policías que asesinan y que llevan adelante estas violaciones sistemáticas a los Derechos Humanos.
Esto igualmente repercute en las cárceles, dado que la violencia que se sufre allí es contante y agravada, restringiendo cada vez más las visitas e intervenciones de organizaciones sociales.
En paralelo, los Pueblos Originarios, continúan con sus legítimas demandas de recuperación de sus tierras que habitan, pero viven amenazados por órdenes de desalojo y constantes represiones.
Todos los días se ven procesos de represión en el Sur en contra de los Mapuches en el Wallmapu, a casi un año de la desaparición forzada y asesinato de Santiago Maldonado. A lo que se le suma el asesinato ya hace 8 meses de Rafael Nahuel. De igual forma, al dirigente mapuche Facundo Jones Huala, le sostienen una causa política irrisoria, llena de irregularidades, donde recién lo pasan a arresto domiciliario, siendo que debió ocurrir hace tiempo.
En el norte se reprime fuertemente también a las comunidades Wichi de manera constante
De forma simultánea, se instalan bases militares de Estados Unidos en territorio argentino, sosteniendo la política de patio trasero del Imperialismo más agresivo, generando un descontento general, reprimiendo los levantamientos de las organizaciones populares ante la pérdida evidente de soberanía en función de los intereses de los grandes capitales, asegurados por las políticas de represión más brutales.
Las y los militantes argentinos están siendo fuertemente perseguidos, criminalizados, reprimidos, encarcelados y asesinados constantemente, debiendo tomar muchas precauciones antes de salir a reuniones y movilizaciones, ya que pesan sobre ellos, las peores condenas, detenciones y diversas consecuencias por intentar organizarse y afrontar la cruda realidad impuesta por el modelo neoliberal, profundizada por el actual gobierno del capital trasnacional.
El nefasto reajuste económico se hace insostenible y eso el gobierno de Macri lo sabe, ya que el Pueblo sale permanentemente a la calle. Las mujeres, organizaciones, movimientos sociales, sindicatos, gremios, estudiantes, etc., están movilizados y parando el país reclamando lo que les corresponde, sin temblarles el pulso.
Es por eso que se intentan todas estas políticas represivas. Tienen una clara intención de acallar al pueblo y empujar a un retroceso en sus derechos y sus legítimos intereses.
Por desgracia, los grandes medios de comunicación mantienen una mirada cómplice con los intereses económicos, desvirtuando los hechos y trastocando la realidad en pos de resguardar los negocios de las grandes empresas y capitales especulativos, tal y cual ocurre en Chile con la concentración de los Mass Media en manos de los empresarios más poderosos del país.
El devenir de los intereses populares solo dependerá de que los Pueblos organizados puedan sortear estos desafíos, demostrando en la realidad, que el modelo capitalista patriarcal no solo trae miseria y devastación, sino que genera relaciones humanas desechables y que está destruyendo con todo a su paso, debiendo afrontar ese modelo con un programa que ponga en el centro a la humanidad, una nueva institucionalidad, derechos sociales y una democracia acorde a los intereses de las verdaderas mayorías populares.
