Resumen Semanal N°85

PEDRO PABLO KUCZYNSKI: SACÁNDOSE LA CARETA DE DEMÓCRATA

El actual Presidente de Perú, Pedro Pablo Kuczynski (PPK), otorgó el pasado 24 de diciembre – como “regalo de Navidad” – el indulto a Alberto Fujimori, ex Presidente del Perú, condenado por delitos de lesa humanidad, corrupción y ejercicio ilegal del poder. Un golpe de Estado, asesinatos en masa de inocentes como en Barrios Altos (declarado así por la Comisión Internacional de Derechos Humanos), más de 250.000 esterilizaciones forzadas a mujeres campesinas e indígenas, millones de dólares robados al pueblo peruano en beneficio de su patrimonio y el de sus seguidores como Vladimiro Montesinos, son los fundamentos de las condenas sobre Alberto Fujimori. A pesar de ello, PPK dijo indultarlo por “razones humanitarias” fundados en su estado de salud aún cuando existen varios políticos presos en estado mucho más graves – incluyendo a Abigail Guzmán, fundador de Sendero Luminoso, quien lleva más de 25 años tras las rejas –. ¿Por qué PPK tomó esta decisión?

La razón principal por la que PPK fue electo el 2016 fue la de impedir que los Fujimori, esta vez encabezados por Keiko, volvieran al poder e indultaran a su padre. Si bien PPK prometió que no indultaría a Alberto Fujimori, lo cierto es que la voluntad de quedarse en la presidencia fue mayor.

Hace unas semanas el líder del grupo económico Odrebecht, imputado por casos de corrupción en Brasil como en Sudamérica, dijo que PPK fue financiado por esta empresa, al igual que casi todos los candidatos presidenciales peruanos de los últimos años, entre quienes se cuenta a Alan García, Ollanta Humala (en prisión preventiva), Alejandro Toledo (extradición en trámite desde EEUU) y Keiko Fujimori. Ante estos antecedentes, parlamentarios de oposición a PPK, pidieron la vacancia presidencial por incapacidad moral. Como los fujimoristas cuentan con la mayoría del Congreso, existía la posibilidad de destituirlo de Presidente por corrupción. Sin embargo, “sorpresivamente” un grupo de congresistas fujimoristas liderados por Kenji Fujimori, se abstuvieron en la votación del jueves 21 de diciembre, lo cual impidió declarar la vacancia presidencial.

En la víspera de Navidad, PPK indulta a Fujimori como moneda de cambio a su permanencia en el poder. Como resultado, PPK se queda en la presidencia por ahora (pues el Congreso podría volver a pedir la vacancia presidencial en caso de que sigan descubriendo nuevos antecedentes), pero debilita la frágil institucionalidad peruana. Sumado a las medidas neoliberales que se esperaban por parte de PPK, el “Estado de Derecho” peruano se ve gravemente afectado, pues se otorga la más desvergonzada impunidad a delitos de lesa humanidad. La incertidumbre ronda en la clase política y empresarial putrefacta del Perú. Las movilizaciones del pueblo peruano pasan a la ofensiva. Queda esperar una consolidación del pacto de los 90 en Perú entre el sector de PPK y el de Fujimori, o bien, una situación de inestabilidad que sea aprovechada por el pueblo y la izquierda peruana. Aún no está claro, pues las revelaciones de Odrebecht anuncian que queda mucha basura debajo de la alfombra por limpiar.

RESULTADOS DE LA PRUEBA DE SELECCIÓN UNIVERSITARIA: FILTRO DE CLASE Y DE GÉNERO

El filtro de clase y género que constituye la Prueba de Selección Universitaria (PSU) se mantiene en nuestro país. Esta semana se conocieron los resultados de 261.987 estudiantes que rindieron esta prueba, entre los que saltan a la vista las brechas entre clases sociales y género.

El sesgo de clase se manifiesta tanto entre los mejores puntajes nacionales como en el panorama general de los resultados arrojados por la evaluación. En cuanto a los mejores puntajes promedio por establecimiento educacional, casi la totalidad de ellos – exceptuando al Liceo Augusto D’Halmar y al Instituto Nacional – son colegios particulares pagados. De los resultados obtenidos, podemos considerar que en la práctica los padres pagan por los resultados de sus hijos. En el caso de The Grange School, el precio anual para ingresar a estudiar a ese colegio equivale a 11.414.156 de pesos. En el caso de los colegios top ten, con la excepción de los mencionados, ninguno baja de un total de 3.500.000 pesos, lo cual es equivalente al arancel de una carrera universitaria. No existe la libertad de los padres para elegir el establecimiento educacional de los hijos: dicha elección es entregada al mercado, el cual discrimina conforme al dinero que tiene cada familia.

En cuanto a la brecha de género, esta quedó en evidencia con los resultados generales y con los puntajes nacionales. En la prueba de Historia y Ciencias Sociales el 93% de los puntajes nacionales fueron hombres, mientras que en la prueba de Ciencias fueron el 90% y en la Matemáticas un 84%. En cuanto a los puntajes promedio, la diferencia asciende hasta 16 puntos en la prueba de Matemáticas. Esto contrasta con los resultados de las mujeres en el puntaje asignado al Ranking y al NEM, donde las mujeres superaron a los hombres en 36 y 30 puntos respectivamente.

De todas formas, si bien la PSU es un mal instrumento para medir conocimiento, también deja en evidencia otro factor: las desigualdades existentes en el conocimiento adquirido por los estudiantes en colegios municipales, particulares y particulares-subvencionados. Aun cuando contáramos con un mejor instrumento, las desigualdades seguirían existiendo, pues el debilitamiento de la educación pública ha permitido que la mayoría de los colegios municipales – exceptuando a los emblemáticos y bicentenarios – no tenga posibilidades de competir con un colegio particular pagado. Urge el fortalecimiento de la educación pública, cuestión contraria a lo que vienen haciendo todas las administraciones desde la dictadura cívico militar.

PROPUESTAS DE SEBASTIÁN PIÑERA PARA EL MUNDO DEL TRABAJO

Esta semana se conocieron las principales propuestas concretas del futuro Gobierno de Sebastián Piñera en materia del trabajo: aumentar la calificación de los servicios mínimos para disminuir la potencia del derecho de huelga y permitir el regreso de los grupos negociadores.

Primero, vale la pena destacar que estas no son grandes medidas. Lo que plantea Piñera es profundizar el criterio pro-empleador de la Reforma Laboral aprobada por Michelle Bachelet, la cual contó con el apoyo de la CUT. Esto es tan así, que las medidas que quiere adoptar Piñera no requieren aprobación legal y bastaría dictámenes del Director del Trabajo, autoridad que será nombrada directamente por Piñera.

Segundo, que el Gobierno de Piñera – como es archiconocido – carece de una visión de derechos laborales y toda su visión gira en torno a cómo mejorar la explotación y aumento de las ganancias de los empresarios. En este sentido, ampliar la interpretación de lo que se entiende como servicios estrictamente necesarios permitirá que las empresas cuenten con mayores servicios mínimos en la huelga. Esto es, que el sindicato, a través de los equipos de emergencia, deba cumplir con sus propios trabajadores aquellas funciones consideradas por la autoridad de turno (Dirección del Trabajo) como servicios mínimos.

Por otra parte, reponer los grupos negociadores permitirá debilitar la “titularidad sindical”, pues ahora cualquier grupo de trabajadores podrá celebrar un contrato colectivo con el empresario. Esto generará, como ya viene pasando desde la aprobación del Plan Laboral hace más de 30 años, que los empresarios incentiven a que algunos trabajadores formen un grupo negociador al cual le darán mejores beneficios que al sindicato. De esta forma, se desincentiva la afiliación sindical.

Sólo la movilización de los trabajadores permitirá que sus derechos no sigan siendo arrebatados por los empresarios, quienes han contado con el apoyo de todos los Gobiernos sin distinción en los últimos 40 años. Ante la ofensiva del empresariado no cabe más que la resistencia y lucha del movimiento de trabajadores, que ha comenzado a reconstituirse en los últimos años.