Por ContraCorriente, organización de estudiantes en lucha.
El sábado 25 de noviembre de 2017, una breve nota de prensa informaba de la reunión que sostuvieron los voceros de la CONFECH y representantes del comando de Alejandro Guillier, candidato presidencial de la Nueva Mayoría, para dialogar sobre las demandas históricas del movimiento estudiantil. Dos días después, el lunes 27, la misma organización estudiantil emite una declaración apoyando a las fuerzas políticas que se enfrentan a Sebastián Piñera en la segunda vuelta. Finalmente, el 29 de noviembre distintos dirigentes de las universidades penquistas realizan un llamado similar. Todo viene a coronarse con la conferencia de prensa del 11 de diciembre, en la que la CONFECH llama a participar en la segunda vuelta presidencial y a no votar por Piñera, dándole un apoyo implícito a Guillier.
Como estudiantes de base organizados consideramos que estos son actos que atentan directamente contra la autonomía del movimiento estudiantil en cuanto actor social y político. Significa hipotecar frente a la Nueva Mayoría y la sociedad en su conjunto el lugar que como estudiantes nos hemos ganado en el espacio y debate público, y todo sin ninguna garantía de que efectivamente signifique un avance para las demandas históricas que tanto ha costado posicionar. Quienes a lo largo de más de 10 años de movilizaciones nos hemos arriesgado en la calle luchando contra la educación de mercado sabemos bien que la Nueva Mayoría, antigua Concertación, no es un proyecto en el que podamos confiar. No confiamos en ellos porque tenemos memoria, recordamos que por más de 20 años legitimaron y profundizaron la herencia neoliberal de la dictadura y por lo tanto son cómplices y responsables de la miseria generalizada de nuestro pueblo. Con esto también queremos emplazar a las y los dirigentes estudiantiles que se han prestado para esto, y que en su mayoría son parte de la orgánica Frente Amplio.
Somos enfáticos/as en criticar la instrumentalización que se ha hecho de nuestras Federaciones y espacios de representación, entregándolas en bandeja a la candidatura de Guillier sin respetar la democracia interna del movimiento estudiantil. ¿En cuántas universidades hubo espacios de resolución de base para discutir esta posición? ¿Cuántos plenos o consejos de presidentes efectivamente discutieron esto? Entendemos que ninguno, por lo cual esto no puede ser entendido como la posición del movimiento estudiantil hacia la segunda vuelta, sino que al contrario, es sólo la posición de ciertos dirigentes que al parecer entienden sus federaciones como una extensión de la propiedad de sus organizaciones, profundizando la baja participación estudiantil entre tantas otras cosas.
Para defender nuestra postura nos basaremos en 2 aspectos:
a) las diferencias programáticas entre las demandas históricas del movimiento estudiantil y las reformas que ha impulsado la Nueva Mayoría.
b) La experiencia negativa que ha tenido el movimiento social al momento de dialogar y negociar con este conglomerado político.
Finalmente propondremos nuestra visión sobre cuáles deben ser las prioridades del movimiento estudiantil en su conjunto, y qué camino apostamos recorrer en este periodo.
Hacemos un llamado a fortalecer la base social, a profundizar programáticamente y articularse con el conjunto de los movimientos sociales pues entendemos que son los únicos que permitirán un avance contundente para los sectores estudiantiles y populares.
a) Diferencia programática:
“Entre la Demanda Histórica y la Reforma de Contención”
El movimiento estudiantil tuvo el mérito de remecer la estabilidad política heredada de la transición a la democracia, abriendo un enorme cuestionamiento al discurso que mostraba a Chile como el ejemplo a seguir dentro de la región latinoamericana. Bajo la apariencia del crecimiento económico, el sistema educativo escondía sus bases de desigualdad, endeudamiento masivo, mala calidad en la enseñanza y autoritarismo. Desde la crítica a esos puntos, fue capaz de realizar un ejercicio propositivo, trazando algunas líneas centrales para un nuevo modelo de educación. Esta propuesta dejaba de lado los intereses del mercado y ponía el acento en las necesidades de nuestro pueblo y sus estudiantes. La acumulación de años de lucha nos heredó un núcleo central de demandas, que podemos identificar como el programa histórico del movimiento estudiantil. Lo que aquí sostenemos es que esas demandas históricas poco tienen que ver con los actuales intentos de reforma de la Nueva Mayoría.
La crítica del movimiento estudiantil tuvo el alcance de cuestionar el proceso educativo en términos históricos, la concepción restringida y limitada de las clases dirigentes, además de la función social del Estado chileno, el cual fue transformado completamente en el período dictatorial. El modelo neoliberal instalado desde los años 80’ consagra constitucionalmente el rol subsidiario del Estado, que significó el desmantelamiento de las instituciones públicas, y la apertura de nichos de mercado en su lugar. Para cada servicio, función o prestación social, la primera cobertura está entregada a la empresa privada, a las lógicas del mercado y su brutal desigualdad.
En un inteligente y hábil acto de maquillar lo superficial para mantener el fondo, el gobierno de la Nueva Mayoría tomó las consignas que se levantaron desde la movilización social, las vació de su crítica y contenido político, y las tradujo en proyectos de ley que mantuvieran el privilegio empresarial por sobre los intereses del estudiantado, dejando intacto el mercado de la educación. A nuestro juicio, esto se ve reflejado en los siguientes aspectos:
i. El Financiamiento a la Demanda o Voucher
Una de las principales demandas del movimiento era frenar el grave deterioro en el que se encontraba la educación pública. Para esto, era crucial asegurar un aporte fiscal directo a los planteles públicos de educación, reemplazando el actual sistema de financiamiento a la demanda o voucher. Esto significa que el Estado entregará recursos en función del número de estudiantes matriculados, sin distinguir entre las instituciones públicas y privadas de educación. Como consecuencia, impide la formación de un plan de desarrollo nacional en materia de educación, que sea coherente con las necesidades del pueblo, la realidad de sus distintas regiones y las necesidades de las instituciones educativas en ellas. El impulso reformista de la Nueva Mayoría no cambia una coma de este problema.
Por el contrario, profundiza el modelo de mercado en la Educación, financiado a grandes empresarios de la educación como Teodoro Rivera Neumann, ex Ministro de Justicia de Sebastián Piñera, cuya Universidad Autónoma es la que recibe más aportes por concepto de “gratuidad”. Asimismo, no existe ninguna fiscalización respecto a los recursos que se entregan, los cuales en lugar de ser destinados a la educación de sus estudiantes probablemente van a parar al pago de arrendamiento de infraestructura, modelo utilizado por los empresarios para sacar el dinero de las Universidades.
En el nivel de educación básica y media, el proyecto de ley ingresado a fines del 2015 por la Nueva Mayoría significó una enorme decepción para el gremio docente y el estudiantado organizado, en tanto que el proyecto de ley de Nueva Educación Pública no sólo mantiene lo que hemos descrito arriba, sino que hace modificaciones incluso más perjudiciales para quienes trabajan y estudian en los colegios y liceos de nuestro país, que son los niños, niñas y jóvenes, hijas e hijos del pueblo trabajador.
La NEP no establece un financiamiento estatal de base a los establecimientos públicos. Cada año, los establecimientos públicos deberán competir por las matrículas estudiantiles en evidente desigualdad con los colegios particulares y subvencionados, manteniendo la tendencia de debilitamiento de la red pública de educación, reflejado en el cierre y fusión de establecimientos por falta de recursos, afectando a los sectores populares.
La NEP no devuelve las escuelas, liceos y jardines al Estado. En contra de la demanda histórica de estudiantes y docentes, se crea una nueva institucionalidad (Servicios Locales de Educación y la Dirección de Educación Pública) que mantiene alejado al MINEDUC de la administración efectiva de los establecimientos; no se avanza hacia un sistema nacional de educación estatal; se mantiene la lógica de los sostenedores y tampoco se anuncia un plan de creación de nuevos liceos o escuelas públicas.
La NEP no soluciona la deuda histórica con el gremio docente. La reforma de la NM no devuelve a los profesores la calidad de funcionarios públicos, al mismo tiempo que desconoce la deuda histórica del gremio desde los tiempos de la dictadura. Incluso, podría dejar impagos los saldos que varios municipios deben actualmente por el bono de Subvención Adicional Especial (SAE), por cotizaciones impagas y sueldos congelados por todo el país.
ii. Carrera Docente.
El proyecto significó la división de la población docente en 5 tramos de calificación, lo cual se define a partir de la antigüedad laboral, pero fundamentalmente de su desempeño en un agobiante sistema de evaluación docente. Si bien es cierto que implica un aumento de remuneración que puede llegar a ser importante, es a costa de una lógica que pone la competencia y el desarrollo individual por sobre el trabajo colectivo. Por otra parte, tampoco se aborda el problema del agobio laboral. La demanda del gremio de que existan 50% de horas lectivas (en aula) y 50% de horas no lectivas (trabajo fuera de aula) finalmente sólo quedó en la proporción 65 – 35, sin dar una solución real al problema, generando una nueva alternativa para desvincular docentes con motivos de su evaluación y hacer más inestable el trabajo en este sector.
iii. Pruebas estandarizadas: SIMCE y PSU intactas.
Una de las demandas centrales del movimiento era barrer con la estandarización en los procesos de evaluación y selección en la educación, mecanismo que consagra la desigualdad y las claras diferencias entre los sectores más acomodados y el resto del pueblo. Su mantención impide pensar un modelo educativo integral que contemple la interculturalidad y las realidades diferentes, ni tampoco aborda las aspiraciones de sus estudiantes. En el caso de la PSU: ¿es justo que una persona que quiere estudiar ingeniería rinda exactamente la misma prueba de matemática que alguien que quiere estudiar pedagogía o medicina?
iv. Beca de gratuidad.
La demanda por otra forma de financiamiento (gratuidad) fue quizás la que más hizo sentido en la población chilena. Como mercancía, el servicio educativo significa hasta el día de hoy altísimos aranceles y mensualidades a las cuales sólo se puede acceder mediante el endeudamiento con la banca privada. Frente a este abuso, el movimiento estudiantil declara que la educación es un derecho humano, de acceso universal e incompatible con cualquier tipo de cobro. El financiamiento colectivo (la gratuidad) es parte esencial del reconocimiento del derecho social.
Contrario a ello, el maquillaje de la Nueva Mayoría mantiene el sistema de pago por los programas de educación superior, resolviendo el problema del acceso con la creación de la Beca de Gratuidad que, en la práctica, mantiene la lógica de subsidio del Estado por alumno matriculado, privilegiando especialmente a los planteles privados en desmedro de las instituciones estatales1: ¿no era que estas reformas pretendían fortalecer la educación pública? Además, como toda política asistencial, la beca está focalizada a cierta parte de la población, y en sus características es tremendamente restrictiva con el o la estudiante beneficiada. ¿No es contradictorio que haya que postular y acreditar pobreza para obtener lo que supuestamente es un derecho universal?
Sin perjuicio de lo anterior, no es posible desconocer que esta política ha abierto oportunidades para varios compañeros y compañeras que actualmente estudian en la educación superior. En ese sentido, efectivamente es un alivio a una de las dolencias más terribles del sistema de mercado en educación, pero entre un alivio y un avance hay un par de diferencias significativas. En primer lugar, el eje central de la crítica es que la reforma no cambia la forma mercantil de la educación chilena, tampoco el rol del Estado y su función educativa. Al contrario, se regulan algunas condiciones del mercado y se aminora uno de sus problemas, sin ninguna intención de cuestionar su existencia ni menos plantearse un modelo alternativo. Por otro lado, financiar a quienes se matriculan en la educación superior no se hace cargo en ninguna forma de quienes quedan rezagados en los filtros de las pruebas estandarizadas. Avanzar en gratuidad sin una reforma al acceso es conservar la educación como un bien de privilegio.
Reafirmamos por tanto que esas familias del Pueblo saben en carne propia que cada peso que ahorran es gracias a miles de estudiantes que han luchado en América Latina y Chile en particular, desde el grito de Córdoba hasta nuestros días. Cada mejora en nuestras condiciones de vida y estudio proviene de la fuerza y el avance de las posiciones del movimiento estudiantil y su programa histórico. La reacción del sistema político y sus agentes fue desactivarla por la vía de la violencia y de la reforma marginal. La verdadera causa de toda ganada, por pequeña que sea, proviene de nuestra capacidad de organización y lucha. Esa lucha nos ha costado, esfuerzos, persecución y golpes, precio que siempre vale la pena en la conquista de una vida plena.
v. Créditos Universitarios con Aval del Estado y Fondo Solidario.
La ambigüedad de la postura de la NM respecto del CAE da razones suficientes para tomar los debidos resguardos: cuatro meses antes de anunciar la eliminación de la deuda, el gobierno mantuvo el CAE dentro del Proyecto de Ley de Reforma a la Educación Superior, y propuso su reemplazo por otro crédito con administración estatal, declarando abiertamente que la condonación de la deuda era imposible, propuesta similar a la que entregó Sebastián Piñera y su Ministro de Educación Harald Beyer hace algunos años atrás.
Conforme avanzamos a la segunda vuelta, los ofertones vienen de todos los sectores políticos, sin que ninguno se comprometa a la condonación total y definitiva de la deuda, ni mucho menos si el Estado se liberará de esos títulos fraudulentos o seguirá pagando millones de pesos al empresariado de la banca, único actor económico beneficiado y las instituciones de mercado.
vi. Sobre el fin social de la educación y las comunidades educativas.
El eje de la libertad empresarial en la educación y la precarización educativa han permitido que los agentes empresariales dirijan el negocio educativo con terribles resultados para nuestro pueblo.
La lógica que gobierna la actividad empresarial es la búsqueda permanente de ganancia, dentro de la cual no entra ninguna consideración con el desarrollo armónico del país ni con las condiciones reales del mercado de trabajo donde irán a caer los y las egresadas. Esta falta de coherencia entre la oferta y la realidad social ha producido verdaderos fraudes educativos, donde los empresarios extraen hasta el último peso de sus alumnos para luego entregar un título que no asegura empleabilidad en sus áreas de estudio ni buenas remuneraciones si logran ingresar a ellas. El fenómeno de los “cesantes ilustrados” demuestra que los ejemplos de esto son numerosos.
La falta ausencia de una institucionalidad educacional pública financiada por medio de los impuestos, las obliga a participar de la lógica de autofinancimiento para sobrevivir. Esto significa que las Universidades del Estado deben ofrecer sus servicios e instalaciones al mercado para obtener recursos y continuar sus funciones. Esta necesidad genera una dependencia al empresariado que le permite controlar a su antojo los contenidos de la educación y su sentido práctico, dirigiendo la función educativa contra los intereses de las comunidades. La discusión sobre el ‘rol público’ sólo ha sido una excusa para que planteles privados puedan acceder al financiamiento estatal.
Por último, vemos que de parte de la Nueva Mayoría no existe ningún tipo de reflexión política que aborde el problema de la educación en términos de totalidad, es decir, que se pregunte acerca del tipo de sociedad que se quiere construir, y cuál es el tipo de sistema educativo que se requiere para ello. Consideramos que esta es la base para cimentar un nuevo sistema educativo, orientado a las necesidades del pueblo, del país y de sus territorios.
Nosotros y nosotras queremos construir un modelo educativo donde se amplíe de manera real el conocimiento, donde el saber tenga una perspectiva feminista y que esté organizado de manera democrática, dirigida y planificada por el colectivo.
b) Aprendizaje político.
El historial negativo de las relaciones con la NM.
Otro aspecto de nuestro análisis es el que tiene relación con la experiencia reciente que se ha tenido en espacios comunes entre el movimiento social y las entidades de gobierno. Sostenemos que esta relación ha sido sumamente negativa, pues no ha significado ningún avance concreto en términos de las demandas, ni tampoco una mejor posición a la hora de poder influir contundentemente en las transformaciones en curso.
i. Diálogos con la institucionalidad: conversando con la pared.
No hay que volver muy lejos en el tiempo para recordar las múltiples veces que el movimiento estudiantil bajó paros y tomas para sentarse a conversar en las ya famosas ‘mesas de diálogo’ con el Ministerio de Educación. Cada vez que las vocerías se sentaron junto a las autoridades en este tipo de instancias vimos cómo estos espacios se mostraron infértiles para producir cualquier tipo de acuerdo sustantivo que avanzar el conflicto. La táctica ha sido siempre la misma: condicionar el diálogo a la bajada de las formas de presión y reducir el debate a aspectos técnicos, dejando de lado el contenido político del conflicto. Una tras otra estas reuniones fueron dilatando el conflicto, permitiéndole al gobierno apostar al desgaste de la movilización. Situación similar se vivió cuando la reforma ingresó al Parlamento, y en vez de reuniones ministeriales, los voceros fueron a exponer a las comisiones legislativas. Este ejercicio resultó tan testimonial como inútil, puesto que a la hora de elaborar las políticas de educación, la vocería estudiantil pesa muy poco. La misma CONFECH reconoció en agosto de este año, que de un total de 71 indicaciones, 60 fueron inadmisibles por no contar con el apoyo del MINEDUC (dirigido por la Nueva Mayoría), 8 rechazadas y sólo 3 aprobadas. Ninguna de las indicaciones aprobadas se refería a los puntos identificados como prioritarios (Educación Pública, Gratuidad, Fin al Lucro, Fin a la Deuda y Calidad a través de marco regulatorio)
La consecuencia de haber dirigido la atención del movimiento estudiantil hacia los espacios institucionales, sin haber establecido vínculos reales con las fuerzas motrices de toda transformación social (la clase trabajadora), fue encerrar al movimiento estudiantil a un espacio que se dedicó a pautearnos los tiempos a su antojo, los cuales obviamente no coincidían con los de nuestra movilización. En vez de mirar a los otros actores sociales, se miró al parlamento y cual Medusa, nos convirtió en piedra.
ii. Carrera Docente: la máquina contra los profesores.
En el año 2015 el gobierno impulsaba su proyecto de Nueva Carrera Docente, el cual debía venir a mejorar las paupérrimas condiciones laborales en las que se desempeñan los profesores y profesoras. Sin embargo, las expectativas del gremio se estrellaron contra una pared autoritaria e intransigente. Un primer punto a remarcar es que el MINEDUC llevó adelante un proyecto de ley que siempre fue total y absolutamente rechazado por los docentes2. El motivo de este rechazo tenía que ver con que el proyecto venía a configurar una nueva estructura laboral acorde a los principios del mercado y la meritocracia. En el desarrollo del conflicto quedó en evidencia como la Nueva Mayoría operó en conjunto a las cúpulas del gremio para desactivar la movilización de las bases docentes. Para esto, Jaime Gajardo, entonces presidente del CPCh, no tuvo escrúpulos en pasar por encima de los acuerdos democráticos de su gremio. Esto le pasaría la cuenta en la última elección. Por su parte, el Ministro Eyzaguirre desconoció la postura de rechazo hacia el proyecto de ley, llegando incluso a levantar en paralelo “jornadas de reflexión” artificiosas y sin base social. En definitiva, el MINEDUC y los dirigentes afines apostaron al desgaste de la movilización, sin mostrar jamás ninguna voluntad de incorporar en el proyecto de ley los puntos que levantaba el profesorado.
iii. La Represión: vengan de donde vengan, los palos duelen igual.
El actual movimiento estudiantil nació dentro de la férrea camisa de fuerza de la Concertación de Partidos por la Democracia, la coalición política que utilizó sin ningún problema las amplias atribuciones policiales que dejó el gobierno militar al poder ejecutivo. En efecto, desde el año 1983 que está vigente el Decreto N° 1086 del Ministerio del Interior, que le permite al Ejecutivo anular completamente el derecho de reunión y de manifestación política. Desde las movilizaciones del 2001, 2005 y el inicio de las masivas movilizaciones del año 2006, el gobierno de Michelle Bachelet no dudó en usar el mandato reglamentario y dirigir en contra de estudiantes secundarios y universitarios a las brutales y desmedidas Fuerzas Especiales de Carabineros, criminalizando con ayuda de los medios tradicionales el movimiento social y la protesta.
La Política de Seguridad Pública vigente desde entonces ha significado un asfixiante control sobre cualquier intento de proponer una propuesta desde abajo. El pueblo mapuche en resistencia, las comunidades que han levantado la voz desde los territorios olvidados por el Estado centralista, el movimiento de trabajadores organizados del puerto, del cobre y las forestales, entre muchos otros actores y movimiento sociales que se han atrevido a levantar la voz, conocen bien el dolor que significa el furioso silencio represivo.
El control social por medio de la violencia y el terror no distingue entre los gobiernos de la derecha patronal o su faceta más amigable, Nueva Mayoría. Ambos grupos han utilizado las atribuciones del Ministerio del Interior atacar y perseguir a quienes participan de la movilización social. No conformes con la vergonzosa libertad con la que actúan los funcionarios de Carabineros en ciudades y zonas rurales, el último gobierno de Michelle Bachelet fortaleció enormemente las atribuciones policiales e hizo más robusta su infraestructura y equipamiento militar. En efecto, durante el último período se avanzó con la llamada Agenda Corta contra la Delincuencia, que dentro de otras cosas, amplía el control de identidad a menores de 18 años y por motivos preventivos. Además, el presupuesto de las fuerzas policiales no ha parado de crecer hasta llegar a proporciones completamente desmedidas, Sólo a modo de referencia, el presupuesto de carabineros llegó a ser de 988.828 millones de pesos para el año 2016, suma casi equivalente al gasto de las tres ramas de las Fuerzas Armadas en conjunto.
iv. Sobre el Rol CONFECH y la perspectiva del movimiento estudiantil.
Lo que hemos desarrollado anteriormente nos permite concluir con seguridad que la Nueva Mayoría no es, en lo absoluto, una alternativa real para impulsar las transformaciones sociales que nuestro pueblo necesita. Por ello es que reiteramos la gravedad de las acciones de campaña que han realizado durante las últimas semanas los dirigentes de la CONFECH.
La función de vocería del CONFECH no es una herramienta neutra, tiene el potencial de ser parte esencial de un proyecto general para la política estudiantil. El debate dentro de la izquierda debe ser por el contenido de ese proyecto, y las acciones que lo van configurando. Hablar de la agenda es también hablar de los objetivos estratégicos que se plantean para este momento, por eso es que es especialmente grave que se haya instrumentalizado la vocería estudiantil para prestar apoyo al representante de uno de sus mayores adversarios, como lo es la Nueva Mayoría.
Antes de cerrar nos gustaría dar paso a algunas de las tesis políticas que como organización identificamos para el mundo educativo.
Nuestras Propuestas
i. Comunidades Educativas. Reconocemos que el sector estudiantil tiene su política específica, que le sirve para construir organización y fuerza propia dentro de sus bases. El contenido de esta política para nuestros centros sociales debe guiarse por líneas similares a las descritas arriba. La constitución de comunidades educativas donde estén representados y protegidos los derechos de los y las trabajadoras, la representación política para los estamentos y un vínculo efectivo con la realidad social a su alrededor significará una lucha constante con cada margen donde el capitalismo haya impuesto formas precarias de trabajo; violencia machista por sexo y género; discriminaciones raciales o étnicas; autoritarismo y represión. El avance de la organización estudiantil en cada una de estas áreas formará un sujeto atento y útil a la movilización social general. El cogobierno y triestamentalidad debe ser uno de los pilares de organización y los medios para erradicar el subcontrato y la externalización de servicios en las universidades y liceos. Sin igualdad laboral no puede haber democracia real y efectiva.
ii. Disputa del Conocimiento. En concordancia con lo anterior, otro ámbito muy relevante es problematizar el propósito que tiene el conocimiento que producimos en el acto de estudiar. Esto en el contexto de que los intereses del capital también han penetrado en nuestras universidades, llegando a financiar proyectos de investigación, asegurarse mano de obra barata mediante prácticas profesionales, entre otros. Por ello es que debemos salir al paso de esta realidad, y entrar a discutir con la academia conservadora las bases mismas del sistema universitario y la sociedad que pretende forjar ¿Queremos una educación al servicio de las grandes empresas (Celulosa Arauco, ENEL, Antofagasta Minerals) o al servicio de las necesidades de nuestro pueblo?
iii. Discusión sobre la esfera de lo público. Entendemos que la discusión sobre educación no se debe solo a la estructura y el financiamiento, sino que el acto de la enseñanza contiene un potencial social liberador, y por tanto, se alza en defensa de los más altos anhelos de la humanidad. Este debe ser el verdadero sentido del rol público, y no la acumulación de horas de investigación o absurdas actividades de extensión universitaria. El tema aquí es preguntarse por el contenido del acto de estudiar y cuál debe ser la relación entre las instituciones educativas y la sociedad en su conjunto.
Nuestra Propuesta Estratégica
Por un Movimiento Estudiantil Multisectorial y Popular
Necesitamos una vocería dirigida hacia el encuentro de los sectores populares, de los grupos que sirven de motor al avance real del movimiento social y popular y que represente a las bases, a las asambleas del mundo estudiantil.
Es urgente integrar al sujeto estudiantil dentro de las luchas del pueblo en su conjunto, que busque el encuentro con las plataformas sociales que hoy en día enfrentan otras formas de injusticia. Existe un amplio número de conflictos sociales desarrollándose, entre estas el conflicto previsional, la crisis por la salud, desde las comunidades en las zonas de sacrificio ambiental, las comunidades del Wallmapu en conflicto contra el Estado y el capital extractivo. Cada una de estas experiencias muestra dónde crece el esqueleto del movimiento popular, avanzando en su poder de organización y lucha.
Atendiendo a estas razones, como ContraCorriente sostenemos que el lugar del movimiento estudiantil debe estar junto a quienes hoy están luchando. La organización nacional estudiantil y su vocería deben asegurarse de crear y fortalecer vínculos con las organizaciones del pueblo trabajador. El momento exige coordinaciones efectivas e inmediatas con la CNT No + AFP, el Movimiento Salud para Todos y Todas, las Comunidades Mapuche en resistencia, la Coordinadora por la defensa del Agua y los Territorios, las organizaciones feministas, el gremio docente organizado, la fuerza sindical de todos los sectores y las mujeres que luchan por el reconocimiento de su trabajo.
No es posible perder de vista que los momentos donde la movilización estudiantil adquirió más sentido (en extensión, masividad y profundidad de contenido) fue cuando utilizó la coordinación multisectorial para plantear su política. Sus mejores herramientas fueron los paros con otros sectores productivos, donde llegó incluso a exigir la nacionalización del cobre o la paralización de los sectores portuarios con las uniones portuarias de Chile.
Además, es prioritario que la desde la organización universitaria recupere la composición del movimiento estudiantil-educativo en un sentido amplio, recobrando el tejido que lo unía a las organizaciones del mundo secundario y del gremio docente. Pero también con quienes aún no ha tendido lazos, como los estudiantes técnico- profesionales o los trabajadores de otras instituciones del quehacer educativo.
En este marco agregamos la certeza de que el principio de la independencia de clase sólo es posible a través de la fidelidad entre quienes nos encontramos en la honesta lucha por transformar radicalmente la vida. Por eso, la verdadera autonomía no está en los espacios compartidos con el gobierno y su continuidad, sino en la unión del conjunto del movimiento popular.
¡Solo el Pueblo Movilizado transformará el Modelo!
¡A crear, avanzar, al Poder Popular!
¡Todas las Luchas Una Sola Lucha!
